11 agosto
2006 - Ayotzintepec, Oaxaca, México — Greenpeace
y Circlemakers, grupo de diseñadores profesionales
de figuras del Reino Unido, dibujaron un signo de
interrogación gigante sobre un cultivo de
maíz en Oaxaca, estado en el que hace cinco
años se detectó la contaminación
del maíz nativo por variedades de maíz
transgénico procedente de Estados Unidos.
El signo de interrogación
busca sembrar la duda sobre el alcance de la contaminación
genética del maíz en México,
ya que hasta la fecha y a 5 años de que se
descubrió que maíces criollos de Oaxaca
estaban contaminados por variedades transgénicas,
aún no se cuenta con un diagnóstico
nacional de esta situación. Greenpeace demanda
al gobierno federal monitorear “estado por estado
y milpa por milpa” la contaminación actual
de las variedades de maíz criollo y revertirla.
México, por ser centro de origen y diversidad
de este cultivo, debe mantenerse libre de maíz
transgénico.
El grupo inglés Circlemakers
es famoso en Europa ya que desde hace 15 años
realiza dibujos en los cultivos y ha sido contratado
para películas, programas de televisión
y campañas publicitarias. Uno de sus diseños
más conocidos son los anillos olímpicos
que realizaron con motivo de la postulación
de Inglaterra como sede de los Juegos. Es la primera
vez que participan con una organización ambientalista.
A través del dibujo en
el cultivo, de más de 4 mil metros cuadrados,
Greenpeace llamó a las autoridades mexicanas
para que realicen un monitoreo amplio y exhaustivo
en territorio nacional, tendiente a establecer el
grado de contaminación genética que
existe en las variedades de maíz y a tomar
medidas efectivas para resolver este problema.
Ante la presión que las
empresas transnacionales ejercen sobre el gobierno
federal para que se permita la siembra de maíz
transgénico en México, Greenpeace
envió desde Oaxaca un mensaje demandando
que se realicen estos monitoreos, instrumento fundamental
del régimen especial de protección
de maíz que establece la Ley de Bioseguridad,
y que a la fecha no ha sido desarrollado.
“Las autoridades federales deben
destinar los recursos necesarios para llevar adelante
estos monitoreos, pues nadie sabe a ciencia cierta
qué tan contaminadas están las variedades
criollas de maíz, ya sea en Oaxaca, Tamaulipas,
Chiapas o Veracruz”, demandó Gustavo Ampugnani,
coordinador de la campaña de transgénicos
de Greenpeace México.
La contaminación genética
puede estar extendida en todo el territorio nacional
como consecuencia de varios factores, entre ellos
la importación de maíz transgénico
desde Estados Unidos, mismo que es transportado
por el país sin ningún control, y
por la conocida porosidad de la frontera norte que
permite el ingreso ilegal de semilla transgénica
desde Estados Unidos, entre otros.
“A pocos meses de que finalice
la gestión del presidente Fox, vemos con
preocupación que las autoridades están
más interesadas en facilitarle a las empresas
transnacionales la siembra de maíz transgénico
que en promover un estudio riguroso sobre la contaminación
de las variedades criollas en el país. Es
inadmisible que el gobierno federal quiera “celebrar”
los 5 años de la contaminación en
Oaxaca otorgando a Monsanto el visto bueno para
sembrar sus semillas patentadas”, dijo Ampugnani.
Greenpeace advirtió que
las siembras experimentales que las industrias buscan
realizar en México son el primer paso para
que las corporaciones transnacionales comercialicen
y siembren sus semillas patentadas en nuestro país.
A través de una constante
presión pública de parte de unos cuantos
productores de maíz del norte del país
y de funcionarios de los gobiernos locales, las
empresas como Monsanto, Pioneer o Dow Agrosciences
buscan convencer a las autoridades federales de
que sus productos son la solución a los problemas
del campo mexicano. Sin embargo, evitan mencionar
que detrás de las semillas transgénicas
están los contratos de uso de propiedad intelectual,
la mayor aplicación de pesticidas y los impactos
al ambiente.
“El gobierno federal debe dejar
de actuar como agente de ventas de las empresas
transnacionales y cumplir con su función
de garante del interés público, impulsando
el monitoreo del alcance de la contaminación
genética en el país”, estimó
Ampugnani.
“Las corporaciones buscan
aprovechar la incertidumbre política que
impera en el país para sacarle a las autoridades
salientes permisos de siembra de maíz transgénico,
aún cuando no sabemos la extensión
de la contaminación genética en el
país. En caso de aprobarse las siembras de
maíz transgénico en el norte ¿cómo
podrá el gobierno asegurar que no se contaminarán
las variedades del sur, dado que no hay programas
de monitoreo que cubran todo el país?”, preguntó
Ampugnani.
