06 septiembre
2006 - Buenos Aires, Argentina — Carta publicada
en el Diario Perfil el día Domingo 27 de
agosto de 2006 por Juan Carlos Villalonga, Director
Político de Greenpeace Argentina.
La decisión de retomar
las obras de la inconclusa central atómica
Atucha II es una nueva muestra de las decisiones
poco sensatas que el Gobierno Nacional viene adoptando
en materia energética. La reducción
vertiginosa de los horizontes de reservas de combustibles
fósiles obliga a nuestro país a adoptar
medidas inteligentes y pensadas para el largo plazo.
Este no es el caso con la caprichosa decisión
de concluir una central nuclear que está
más para formar parte de un museo tecnológico
antes que ser parte del menú energético
para este siglo.
Concluir Atucha II es parte de
un plan energético que el Gobierno ha armado
con muy poca creatividad, recurriendo a opciones
que están estancadas por su propia inconsistencias.
Atucha II es una central eléctrica de enorme
costo (una de las más caras del mundo) y
es resultado de una decisión adoptada por
la dictadura militar a fines de los ’70. No sólo
esta decisión fue adoptada en un marco político
completamente diferente del actual, sino que además
es sustancialmente diferente el contexto energético
y tecnológico a más de dos décadas
de diferencia.
Con un costo originalmente evaluado
en 1.600 millones de dólares por la empresa
alemana Siemens, la empresa proveedora de la tecnología,
la obra fue permanentemente postergando sus plazos
de ejecución y elevando sistemáticamente
sus costos. Hoy, los cálculos más
conservadores indican que se han gastado en ese
proyecto inconcluso unos 3.300 millones de dólares.
Los cálculos incluyendo intereses de deuda
y demás rubros ascenderían a cifras
que superan holgadamente los 4.000 millones dólares.
Para concluir la obra ahora se estima que aún
son necesarios unos 500 millones de dólares,
hasta hace unos años se estimaba en 400 millones
lo faltante, hoy algunas fuentes mencionan la cifra
de 700 millones de dólares. Esto es una muestra
que el agujero económico continuará
agrandándose.
Finalizar Atucha II demorará
más de cuatro años, lo que hace que
semejante gasto no alcance para contribuir a paliar
el cuello de botella que sufre en el corto plazo
la oferta del suministro eléctrico del sistema
nacional. El costo por kilovatio instalado convierte
a Atucha II en una planta que no presenta una mínima
racionalidad económica. Para el largo plazo,
Atucha II no nos conduce al desarrollo de una industria
nuclear sustentable. El flujo de dinero para mantenerla
viva deberá ser incesante y sus problemas
ambientales nos acompañarán toda la
vida.
A los riesgos propios de una planta
nuclear y el sumar más problemas y costos
por la multiplicación en la producción
de residuos nucleares, debemos sumar los riesgos
de intentar finalizar una obra para la cual la empresa
que originalmente la diseñó hace más
de 25 años, Siemens, ya abandonó la
actividad nuclear. De esta situación surgen
buena parte de los problemas que hoy se enfrentan
quienes intentan terminar la obra ya que los equipos
técnicos que pertenecían a Siemens,
quienes fueron los diseñadores de esta central,
no existen más en dicha compañía.
La empresa Framatome que ha tomado los negocios
nucleares que la empresa alemana dejó no
opera ni diseña plantas como la de Atucha,
cuyo diseño es único, sólo
comparable a su predecesora Atucha I.
A escala global las tecnologías
disponibles para producir electricidad están
teniendo, desde hace años, una evolución
que permite tener esperanzas y comprender que enfrentar
el cambio climático y el agotamiento de los
recursos energéticos no renovables es factible
y podemos aspirar a construir un futuro totalmente
diferente al actual. Un claro síntoma de
esto es que la moderna tecnología eólica
es la fuente que más rápido crece
a escala global. El ejemplo de Siemens vale destacarlo,
luego de su salida del negocio nuclear, se ha volcado
hace tres años a la energía eólica
y durante el año pasado proveyó cerca
del 6% de las turbinas eólicas vendidas a
escala global.
La decisión de terminar
Atucha II se asemeja más a un capricho y
un producto del lobby antes que una decisión
racional basada en fundamentos tecnológicos,
económicos y ambientales. Cuando el Secretario
de Energía justificó en el 2005 el
enorme gasto para terminar la planta atómica
dijo que para lograr que el Tesoro Nacional disponga
del dinero para Atucha II se postergarían
"aportes a las áreas de salud, educación,
seguridad y justicia, entre otras". Una decisión
temeraria cuando es posible movilizar inversiones
en energía que no requieran semejante distracción
de recursos y que permitirían el desarrollo
de actividades que pueden autofinanciarse.
Con un plan de incentivos mucho
menor que lo que demandaría continuar subsidiando
industrias sucias y peligrosas como la nuclear,
Argentina podría desarrollar rápidamente
una poderosa industria eólica. Desarrollaríamos
así una fuerte industria local y mejoraríamos
notablemente la matriz energética proyectándonos
en un sendero correcto de desarrollo energético
para este siglo. Sin embargo, hasta ahora, la política
energética nacional está signada por
una visión que atrasa varias décadas.
Atucha II es un claro ejemplo.
Juan Carlos Villalonga
