Bogotá,
4 de enero de 2007 (MAVDT) - La siguiente es la
versión de las declaraciones del ministro
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Juan Lozano Ramírez, y del gerente Liquidador
del Inurbe, Jorge Serna, acerca de la investigación
periodística adelantada por el subdirector
de la FM de RCN Radio, Carlos Chica, respecto a
algunos de los subsidios de vivienda de interés
social entregados por el antiguo Instituto Nacional
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
(Inurbe).
Ministro Juan Lozano Ramírez:
“La historia del país en materia de ejecución
de recursos para la vivienda de interés social
registra hechos muy dramáticos como éste,
que producen indignación y exigen correctivos.
En buena medida, la decisión de liquidar
el INURBE –tarea que ha venido adelantando con mucha
diligencia el doctor Jorge Serna–, obedeció
a la necesidad de encontrar un esquema institucional
transparente en el que la plata de los subsidios
no se convirtiera en botín de bandidos y
en un aliciente para defraudar al Estado. Los correctivos
apuntan a evitar que en el futuro se entreguen certificaciones
falsas, se trafique con influencias, se den elegibilidades
a proyectos que nunca podrán tener los servicios
públicos y que vulneran la dignidad humana.
La vivienda de interés social tiene que respetar
los derechos de la gente.
Los correctivos han estado encaminados
a que la transparencia sea la norma a la hora de
hacer las elegibilidades con criterio técnico;
evitar intermediaciones o peajes como se ha venido
haciendo; y pedirles a las autoridades competentes
que hagan las investigaciones y las lleven hasta
las últimas consecuencias, para que los responsables
efectivamente reciban el peso de la Ley.
Por eso, en coro con ustedes,
pedimos respetuosamente a la Fiscalía que
acelere los procesos para que no vaya a prescribir
ninguna acción; sería imperdonable
que prescribieran las acciones para que las personas
puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa
y para que los culpables de estas infamias puedan
ser condenados.
¿Cuál es la realidad
de la gente que esperaban estas viviendas? En muchos
lugares de Colombia no las tienen, tienes unos lotes,
unas platas dilapidadas en estructuras que nunca
podrán ser habitadas con dignidad por seres
humanos. Uno mi voz a la de ustedes y voy a pedir
respetuosamente a la Fiscalía que tome todas
las medidas necesarias para que aquí no vaya
a ocurrir una prescripción, para que a los
pobladores de Galapa y de otros municipios les podamos
decir quienes fueron los responsables de estos episodios
espantosos.
A futuro tenemos que evitar que
se nos formen carteles mixtos en los que Alcaldes
y Directores de Planeación entregan documentación
falsa o incompleta para que constructores o sociedades
de construcción accedan a los recursos de
los subsidios para que, luego de obtener los recursos,
se quedan con la plata y la gente se quede viendo
un chispero.
Lo que han mostrado hoy en La
FM es, efectivamente, un signo de lo que puede suceder
cuando el Estado obra capturado en procesos de construcción
de vivienda de interés social -aunque esto
lo tendrá que demostrar la Fiscalía-
y cuando se abstienen las entidades de planeación
de certificar con la verdad sobre qué se
puede hacer efectivamente en un Municipio o cuál
es la disponibilidad real.
La historia de las urbanizaciones
piratas ha sido justamente esa. Muchas veces la
mezcla de ánimos políticos con intereses
económicos mandan a la gente a un lote en
el que no podrán tener servicios y la hace
armar unos cambuches. Luego los constructores se
amparan en normas que hacen muy difícil que
las personas puedan ser retiradas de esos predios
y empiezan, con la fuerza política que dan
las votaciones de las personas que han inducido
a esta práctica irregular, a tramitar en
los Concejos Municipales la disponibilidad de los
servicios públicos. Epílogo: ciudades
mal planificadas, comunidades enormes sin servicios
públicos, particulares enriquecidos con fortunas
igualmente enormes por esta tráfico de las
ilusiones de la gente con recursos públicos.
En el caso de la Urbanización
Mundo Feliz de Galapa esperamos que la Fiscalía
avance y establezca con toda precisión quiénes
fueron los responsables y caiga todo el peso de
la Ley sobre ellos. De manera general, debemos establecer
una dinámica en los procesos de suerte tal
que no se corra el riesgo de girar recursos de subsidios
a proyectos que no reúnan las condiciones
básicas de estabilidad, de acceso a servicios
públicos y de respeto a la dignidad del ser
humano.
En su último periodo de
sesiones, el Congreso de la República aprobó
un proyecto de Ley de origen gubernamental para
incrementar los recursos destinados a la vivienda
de interés social. De $150 mil millones pasamos
a $410 mil millones, este es el salto presupuestal
más importante en la historia de la vivienda
social en el país.
Esa Ley nos permitirá enfrentar
de manera muy seria –aunque quedarán faltando
recursos—el déficit habitaciones en Colombia.
Esos recursos los tenemos que aplicar con un sistema
que hemos construido con base en el aprendizaje
dejado por todos estos horrores y con casos como
el de Galapa; con una intervención de Findeter
para hacer las elegibilidades técnicas de
las Cajas de Compensación; para asegurar
la transparencia y las suficiencias de ingeniería
y arquitectura; y acometer una tarea metódica
y responsable con los Alcaldes para construir vivienda
de interés social de buena calidad, mejorar
las que hoy tienen condiciones precarias y legalizar
títulos.
Lo que hace que a uno le hierba
la sangre con estos casos es que traficaron con
la ilusión, los sueños y derechos
de gente muy humilde. A esa gente le robaron el
derecho a tener una casa digna, le arrebataron la
posibilidad de tener un techo para sus hijos, y
no lo hicieron personas que andan por la calle corriendo
por la calle con chuzo o una puñaleta. Lo
hicieron quienes tenían conocimiento de las
normas, se aprovecharon de ellas y de un acceso
privilegiado a los recursos del Estado.
Estos son delitos sociales que
agravan la situación de pobreza y miseria
y por eso tenemos que exigir el peso de la Ley,
cumpliendo el trámite de las investigaciones,
pero con todo rigor.
Deplorablemente en muchos de estos
casos ni siquiera se cumplió con la exigencia
de una póliza de seguros para subsanar las
deficiencias de las viviendas. El Estado tiene la
obligación ética de buscar la forma
de solucionarles a estas personas sus problemas.
Mi posición frente a estos
casos y otros similares es que quienes recibieron
subsidios para viviendas inhabitables no pierden
su derecho a recibir un nuevo subsidio porque en
la práctica su derecho a la vivienda digna
no se satisfizo.
Lo que tenemos que ver con las
autoridades de Galapa, del Departamento del Atlántico
y con todas las entidades del Gobierno Nacional
es cómo a esas personas se les habilita para
tener una construcción digna. Lo que se pueda
enmendar habrá de enmendarse, pero ellos
tienen derechos a su subsidio; ellos no han recibido
su vivienda digna.
Gerente Liquidador del INURBE,
Jorge Serna: “Creo que hubo ligereza en una gran
cantidad de proyectos y sobre todo en las Alcaldías.
Tenemos identificados cerca de 10 mil subsidios
en todo el país con inversiones del Inurbe
por cerca de $57 mil millones en los cuales se violaron
todo tipo de normas y los procesos para obtención
y entrega de las licencias fueron irregulares. Lo
hacían con celeridad para sacar los subsidios
con algún político o económico.
Pero hubo ligerezas.
Todo arranca, de alguna manera,
con la expedición de una licencia de construcción.
Si el constructor presentó bien o mal los
documentos era obligación del Municipio revisarlos.
Ahí hay un concierto de varias situaciones
que nos obliga a preguntarnos lo que hoy están
investigando la Fiscalía, Procuraduría
y Contraloría. Contraloría tiene un
gran número de procesos de investigaciones
de responsabilidad fiscal; Fiscalía está
trabajando –aunque son procesos un poco lentos—
pero ya se están viendo los resultados; y
Procuraduría ha sancionado ya a gran parte
de los funcionarios que participaron en estos procesos.
Cuando uno revisa los expedientes
–incluso de subsidios ya entregados-- ve irregularidades
ante las cuales uno se pregunta si los Municipios
no fueron conscientes o cómo actuaron. En
algunos casos, en la documentación entregada
se hace referencias a normas de 1995 cuando la Ley
388 había derogado esas normas para licencias
de construcción; hubo licencias en 1998 con
base en esas normas. Por eso uno no sabe lo que
pasó allá y que es parte de lo que
están investigando los entes de Control.
El proceso de liquidación
del INURBE tiene que dejarle esta historia al país
para que no se repita. Es lo que estamos haciendo:
revisando esas situaciones, poniéndolas sobre
la mesa de los entes de control. El país
tiene que aprender a corregir todo esto y es el
empeño en el que hemos estado desde el 2000
hasta hoy.
Como Inurbe en Liquidación
tuvimos restricciones. Solo podemos concluir actuaciones
que venían a cargo de la entidad, como la
inhabilidad para ASOVIS durante 10 años.
El resto de las investigaciones
administrativas fueron puestas en conocimiento de
los entes de control que, al final, tendrán
que definir las situaciones. El Inurbe perdió
su competencia cuando fue expedido el Decreto 554/2003.
La tarea de investigar y sancionar está por
eso en manos de Fiscalía, Procuraduría
y Contraloría”
