Nuevo
informe de Amnistía Internacional, Intermón
Oxfam y Greenpeace sobre el proyecto de ley de comercio
de armas en España06 febrero 2007
Madrid/Barcelona, España
— La Ley de comercio de armas que ha propuesto el
Gobierno, reclamada durante años por Amnistía
Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace
con el apoyo de cientos de miles de personas, ha
defraudado las expectativas de las organizaciones,
según afirma el informe que han hecho público
hoy "Comercio de Armas en España: una
ley con agujeros".
La principal conclusión
de este documento es que el proyecto de ley, si
no se modifica durante su tramitación parlamentaria,
no supondrá un verdadero avance para impedir
que las armas españolas lleguen a destinos
equivocados, incluyendo países donde se violan
los derechos humanos o inmersos en situaciones de
pobreza.
“Elevar a rango de ley la normativa
sobre comercio de armas es un avance importante.
Pero si la ley no mejora sustancialmente la transparencia
de la información oficial sobre esta materia
y no deja claros los criterios para autorizar o
no las exportaciones, no supondrá ningún
cambio importante sobre la situación actual”,
afirman las organizaciones.
En la actualidad no es posible
saber qué se ha vendido exactamente desde
España a un determinado país, cuál
será el uso final del producto exportado,
ni cómo se interpretan los criterios del
Código de Conducta de la Unión Europea
sobre exportación de armas, según
el cual no deben exportarse armas a países
con graves violaciones de derechos humanos, en situación
o riesgo de conflicto armado o cuando haya riesgo
de desvío, entre otras situaciones.
Tampoco es posible saber con qué
garantías cuenta el Gobierno al autorizar
una venta de que la misma no tendrá un impacto
negativo en el país de destino o en un país
tercero, y por qué se deniega una licencia
de exportación. Además, las actas
de las reuniones de la JIMDDU1, el organismo interministerial
que decide sobre las transferencias de armas, continúan
siendo secretas.
Esta situación es la que
ha permitido que entre los destinos habituales de
las armas españolas de los últimos
años se encuentren países como Colombia,
Israel, Marruecos, China o Indonesia, entre otros.
En algunos de estos países se cometen graves
violaciones de los derechos humanos. Algunos de
ellos están sumidos, desde hace décadas,
en conflictos armados y en otros impera la pobreza.
“Esta Ley no debe ser una ley
“colador” que permita las transferencias de armas
a destinos equivocados. Si hay voluntad política
para ello, hay muchos aspectos de la ley que pueden
ser reforzados, siguiendo el ejemplo de las mejores
prácticas de otros países. Esta es
una oportunidad única para que España
tenga la mejor ley de comercio de armas”, añaden
las organizaciones.
El informe que hoy se presenta analiza el proyecto
de ley del Gobierno, compara la legislación
y la práctica en materia de comercio de armas
de diez países (entre ellos Alemania, Estados
Unidos, Finlandia, Italia y Reino Unido) y hace
recomendaciones concretas que deberían ser
tenidas en cuenta por los grupos parlamentarios
para reforzar la ley durante su tramitación
y poner fin al comercio irresponsable de armas.
Las organizaciones destacan como
aspecto positivo del proyecto de ley la inclusión
de las armas de caza y tiro deportivo, así
como sus municiones, como material sujeto a control.
Otra medida en la dirección correcta es la
obligación del Gobierno de informar sobre
la naturaleza del usuario final de las armas exportadas.
Muy pocas novedades positivas para un proyecto que
debería ser mucho más ambicioso.
Recomendaciones de las organizaciones
para mejorar el proyecto de ley
Los grupos parlamentarios tienen ahora la responsabilidad
de aprovechar esta oportunidad única de aprobar
en España una ley que regule de manera exigente
y eficaz el comercio de armas, mejorando el proyecto
de mínimos presentado por el Gobierno. Para
las organizaciones, una ley eficaz de comercio de
armas debe:
- Asegurar la máxima claridad
y concreción y corregir las disposiciones
ambiguas o incompletas en materia de exportación
y criterios de autorización.
- Establecer mayores controles
al comercio exterior de material de defensa y doble
uso, teniendo en cuenta las buenas prácticas
de otros países
- Aumentar los niveles de transparencia
de la información oficial.
- Limitar la discrecionalidad
de la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora
del Comercio Exterior de Material de Defensa y de
Doble Uso).
- Desarrollar nuevos mecanismos
de control parlamentario para poder parar, en su
caso, una exportación de armas a un lugar
equivocado antes de que se produzca.
Por otro lado, las organizaciones
lamentan no haber tenido acceso al borrador del
proyecto de ley para hacer comentarios, como sí
lo ha tenido la industria armamentística.
Por último, Amnistía
Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace
piden al Gobierno español que informe con
puntualidad sobre las exportaciones de armas españolas:
todavía no se han enviado al Congreso de
los Diputados las estadísticas oficiales
sobre el primer semestre de 2006. Además,
el Gobierno debe incorporar ya los avances en control
y transparencia que se proponen en el informe de
las organizaciones, sin tener que esperar a la aprobación
de la ley.
