Panorama
 
 
 

GREENPEACE CONSIDERA DECEPCIONANTE LA PROPUESTA SOCIALISTA DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR NUCLEAR

Panorama Ambiental
Internacional
Marzo de 2007
 

Las multas deberían ser equivalentes al doble del beneficio obtenido ilícitamente por las instalaciones

13 marzo 2007 - España — Greenpeace califica de muy decepcionante la propuesta de nuevo régimen sancionador de la energía nuclear que el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados quiere aprobar a través de una enmienda a la Proposición de Ley de Reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que actualmente se discute en el Congreso a propuesta del grupo Izquierda Verde-IU-ICV.

Aunque las enmiendas socialistas aumentan la cuantía de las multas, llegando hasta los 10 millones de euros en caso de sanción muy grave (actualmente la multa máxima es de 3 millones de euros), Greenpeace considera que el nuevo regimen sancionador propuesto sigue siendo demasiado benévolo con la industria nuclear, cuyo comportamiento irresponsable quedó claramente de manifiesto en el grave suceso que protagonizó la central nuclear Vandellós-2 en 2004-2005, y que supuso que la central estuviera funcionando en “condiciones de seguridad degradada” durante varios meses, violando las normas de seguridad.

Este suceso de Vandellos-2, que fue calificado por el propio CSN como “el más grave” después del accidente que sufrió en 1989 la central nuclear Vandellós-1 (y que llevó al cierre definitivo de esta central) se produjo por varios motivos. En primer lugar, como reconoció el propio CSN, porque la compañía propietaria de Vandellós-2 (50% Endesa, 50% Iberdrola) antepuso sus intereses económicos a la seguridad, llegando incluso a ocultar información al CSN sobre la degradación de sus sistemas de seguridad. Y en segundo lugar, por la connivencia del CSN con la central nuclear una vez descubierto el problema.

El CSN se vió obligado a parar la central tras las denuncias de Greenpeace, a principios de 2005, y la difusión pública de este escándalo, que motivó la creación de una ponencia de investigación en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados. A pesar de ellos, Vandellós-2 estuvo casi 6 meses funcionando violando la normativa de seguridad.

En ese tiempo, la central nuclear obtuvo unos beneficios por la venta de electricidad de más de 100 millones de euros (una nuclear gana 600.000 euros al día, según fuentes del sector), y sin embargo la multa que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio le impuso, a propuesta del CSN, fue de tan sólo 1,6 millones de euros.

“Tanto con el actual régimen sancionador como con la nueva propuesta realizada por el PSOE, a las centrales nucleares les sale más rentable funcionar violando las normas de seguridad y luego, si les pillan, pagar la multa correspondiente”, afirmó Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace. “Está claro que el PSOE no ha aprendido ninguna lección del grave suceso de Vandellós-2, o quizá sea que el lobby nuclear les impone sus reglas”, añadió Bravo.

Uno de los elementos claves para que el nuevo régimen sancionador sea un instrumento realmente eficaz a la hora de desincentivar comportamientos irresponsables de los operadores de instalaciones nucleares y radiactivas (como el referido de la central nuclear Vandellós-2) es que las multas sean equivalentes al doble del beneficio obtenido ilícitamente por esas instalaciones, cuando éstas estuvieran funcionando violando la normativa.

No hay ningún impedimento legal que no permita establecer multas del doble del beneficio obtenido durante el periodo de infracción de la ley.

De hecho, hay numerosos casos de leyes, estatales y autonómicas, que así lo establecen. Por ejemplo, la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, la Ley 2/2002, de 25 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico en Extremadura, la nueva Ley de Sanidad Animal, remitida por el Gobierno a las Cortes o la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia establecen la posibilidad de sancionar en función del beneficio obtenido ilícitamente.

También la Proposición de Ley de financiación de partidos políticos que ha elaborado el PSOE, todavía en discusión, establece que cuando un partido obtenga donaciones que contravengan los límites y requisitos de esta ley, el Tribunal de Cuentas impondrá una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida.

Además de la cuestión de la cuantía de las sanciones, muchos de los cambios que los socialistas proponen podrían impedir aplicar con el rigor necesario el régimen sancionador que se establece. La propuesta socialista es insuficiente en asuntos como la calificación de las sanciones, los apercibimientos, las sanciones por no comunicar deficiencias, las infracciones a instalaciones que funcionan sin autorización, etc.

Por otro lado, las numerosas enmiendas planteadas por el grupo parlamentario socialista a la Proposición de Ley para la reforma del CSN la desvirtúan de tal manera que no tendrá capacidad efectiva alguna para impulsar el cambio que la sociedad reclama desde hace muchos años de la organización y el funcionamiento del CSN.

El Gobierno, particularmente a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pero también del de Economía y Hacienda y el de Administraciones Públicas, ha tratado de obstaculizar la reforma y ha mediatizado el debate parlamentario entorno a la Proposición de Ley de reforma del CSN en los meses precedentes al inicio del trámite de enmiendas, informando negativamente de todas las propuestas que pudiesen conllevar algún cambio en el actual status-quo del organismo, tanto en lo que respecta a las relaciones con el Parlamento, como a modificaciones que supongan un incremento de recursos o un cambio en la actual estructura administrativa.

 
 

Fuente: Greenpeace – Internacional (www.greenpeace.org)
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