Las
multas deberían ser equivalentes al doble
del beneficio obtenido ilícitamente por
las instalaciones
13 marzo 2007 - España
— Greenpeace califica de muy decepcionante la
propuesta de nuevo régimen sancionador
de la energía nuclear que el grupo parlamentario
socialista en el Congreso de los Diputados quiere
aprobar a través de una enmienda a la
Proposición de Ley de Reforma del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) que actualmente se
discute en el Congreso a propuesta del grupo
Izquierda Verde-IU-ICV.
Aunque las enmiendas socialistas
aumentan la cuantía de las multas, llegando
hasta los 10 millones de euros en caso de sanción
muy grave (actualmente la multa máxima
es de 3 millones de euros), Greenpeace considera
que el nuevo regimen sancionador propuesto sigue
siendo demasiado benévolo con la industria
nuclear, cuyo comportamiento irresponsable quedó
claramente de manifiesto en el grave suceso
que protagonizó la central nuclear Vandellós-2
en 2004-2005, y que supuso que la central estuviera
funcionando en “condiciones de seguridad degradada”
durante varios meses, violando las normas de
seguridad.
Este suceso de Vandellos-2,
que fue calificado por el propio CSN como “el
más grave” después del accidente
que sufrió en 1989 la central nuclear
Vandellós-1 (y que llevó al cierre
definitivo de esta central) se produjo por varios
motivos. En primer lugar, como reconoció
el propio CSN, porque la compañía
propietaria de Vandellós-2 (50% Endesa,
50% Iberdrola) antepuso sus intereses económicos
a la seguridad, llegando incluso a ocultar información
al CSN sobre la degradación de sus sistemas
de seguridad. Y en segundo lugar, por la connivencia
del CSN con la central nuclear una vez descubierto
el problema.
El CSN se vió obligado
a parar la central tras las denuncias de Greenpeace,
a principios de 2005, y la difusión pública
de este escándalo, que motivó
la creación de una ponencia de investigación
en la Comisión de Industria del Congreso
de los Diputados. A pesar de ellos, Vandellós-2
estuvo casi 6 meses funcionando violando la
normativa de seguridad.
En ese tiempo, la central
nuclear obtuvo unos beneficios por la venta
de electricidad de más de 100 millones
de euros (una nuclear gana 600.000 euros al
día, según fuentes del sector),
y sin embargo la multa que el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio le impuso, a propuesta
del CSN, fue de tan sólo 1,6 millones
de euros.
“Tanto con el actual régimen
sancionador como con la nueva propuesta realizada
por el PSOE, a las centrales nucleares les sale
más rentable funcionar violando las normas
de seguridad y luego, si les pillan, pagar la
multa correspondiente”, afirmó Carlos
Bravo, responsable de la campaña de energía
nuclear de Greenpeace. “Está claro que
el PSOE no ha aprendido ninguna lección
del grave suceso de Vandellós-2, o quizá
sea que el lobby nuclear les impone sus reglas”,
añadió Bravo.
Uno de los elementos claves
para que el nuevo régimen sancionador
sea un instrumento realmente eficaz a la hora
de desincentivar comportamientos irresponsables
de los operadores de instalaciones nucleares
y radiactivas (como el referido de la central
nuclear Vandellós-2) es que las multas
sean equivalentes al doble del beneficio obtenido
ilícitamente por esas instalaciones,
cuando éstas estuvieran funcionando violando
la normativa.
No hay ningún impedimento
legal que no permita establecer multas del doble
del beneficio obtenido durante el periodo de
infracción de la ley.
De hecho, hay numerosos casos
de leyes, estatales y autonómicas, que
así lo establecen. Por ejemplo, la Ley
2/1981, de 25 de marzo, de regulación
del mercado hipotecario, la Ley 2/2002, de 25
de abril, de Protección de la Calidad
del Suministro Eléctrico en Extremadura,
la nueva Ley de Sanidad Animal, remitida por
el Gobierno a las Cortes o la Ley 1/1995, de
8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente
de la Región de Murcia establecen la
posibilidad de sancionar en función del
beneficio obtenido ilícitamente.
También la Proposición
de Ley de financiación de partidos políticos
que ha elaborado el PSOE, todavía en
discusión, establece que cuando un partido
obtenga donaciones que contravengan los límites
y requisitos de esta ley, el Tribunal de Cuentas
impondrá una multa de cuantía
equivalente al doble de la aportación
ilegalmente percibida.
Además de la cuestión
de la cuantía de las sanciones, muchos
de los cambios que los socialistas proponen
podrían impedir aplicar con el rigor
necesario el régimen sancionador que
se establece. La propuesta socialista es insuficiente
en asuntos como la calificación de las
sanciones, los apercibimientos, las sanciones
por no comunicar deficiencias, las infracciones
a instalaciones que funcionan sin autorización,
etc.
Por otro lado, las numerosas
enmiendas planteadas por el grupo parlamentario
socialista a la Proposición de Ley para
la reforma del CSN la desvirtúan de tal
manera que no tendrá capacidad efectiva
alguna para impulsar el cambio que la sociedad
reclama desde hace muchos años de la
organización y el funcionamiento del
CSN.
El Gobierno, particularmente
a través del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, pero también del
de Economía y Hacienda y el de Administraciones
Públicas, ha tratado de obstaculizar
la reforma y ha mediatizado el debate parlamentario
entorno a la Proposición de Ley de reforma
del CSN en los meses precedentes al inicio del
trámite de enmiendas, informando negativamente
de todas las propuestas que pudiesen conllevar
algún cambio en el actual status-quo
del organismo, tanto en lo que respecta a las
relaciones con el Parlamento, como a modificaciones
que supongan un incremento de recursos o un
cambio en la actual estructura administrativa.