La
organización ecologista considera que
el urbanismo es la gran asignatura pendiente
de las administraciones y que será examinado
en las próximas elecciones municipales
y autonómicas
12 marzo 2007 - España
— Greenpeace ha presentado hoy diez medidas
para conseguir un urbanismo sostenible concebido
para aumentar la calidad de vida de la población
y el respeto al territorio donde se desarrolla.
La acumulación de escándalos,
investigaciones y procesos judiciales relacionados
con el urbanismo ponen de manifiesto que en
España el funcionamiento efectivo del
control de la edificación (disciplina
urbanística) es la gran asignatura pendiente.
La organización ecologista
considera que la situación actual del
urbanismo en España se ha venido gestando
desde hace mucho tiempo, por lo que resulta
incomprensible que todavía no se hayan
planteado fórmulas para poner freno a
la destrucción del territorio en la que
nos hayamos inmersos. A pesar de que existe
suficiente legislación para actuar de
forma contundente contra la ilegalidad, una
gran parte de las infracciones urbanísticas
se acaban consolidando, en gran parte debido
a la prescripción de las mismas por el
transcurso del tiempo sin actuación por
parte de la Administración.
Los problemas derivados del
urbanismo actual se acrecientan en la franja
litoral debido a los movimientos de asentamiento,
temporal o definitivo, de habitantes de las
zonas del interior de la península y
de ciudadanos del Norte de Europa, especialmente
hacia la costa mediterránea. Estos desplazamiento,
que se iniciaron hacia mediados de los años
60 del pasado siglo, se han incrementado desde
entonces favorecidos por la mejora de las infraestructuras
de comunicación, por la entrada de España
en la Unión Europea y, posteriormente,
por la unificación de la moneda europea
y la bajada de los tipos de interés.
“Desde Greenpeace consideramos
que sólo será posible un cambio
de tendencia de la situación urbanística
actual mediante un pacto real entre todos los
partidos políticos y, sobre todo, mediante
una mayor implicación de la ciudadanía
en la concienciación de los graves perjuicios
que se derivan de esta situación y la
actuación más efectiva de quienes
pueden contribuir a la erradicación del
problema” ha declarado María José
Caballero, portavoz de Greenpeace.
Propuesta para una mejora
del planeamiento urbanístico
Greenpeace considera que no existen fórmulas
mágicas para solventar el grave problema
de crecimiento descontrolado en el que está
inmerso el territorio español. Sin una
concienciación colectiva y sin una erradicación
inmediata del modelo de crecimiento pronto la
situación será irreversible. Por
tanto, es necesaria una voluntad colectiva de
cambio, especialmente en dos aspectos: la redacción
de los planeamientos urbanísticos (territoriales,
generales o municipales), así como la
disciplina urbanística.
1. Deben modificarse los
criterios de planificación urbanística,
partiendo de la protección de todo el
suelo no urbanizable y de la obligación
de demostrar la necesidad y racionalidad de
modificación de esa protección
por necesidades de crecimiento de los núcleos
de población.
2. Los modelos territoriales
del planeamiento deben tener un marco de referencia
supramunicipal que dé una coherencia
territorial y de funcionamiento de los servicios,
del abastecimiento y de los equipamientos.
3. El crecimiento urbanístico
debe limitarse al 10% de incremento en cada
planeamiento. Al mismo tiempo debe impedirse
la recalificación de suelo hasta que
no se haya ejecutado, al menos, el 90% del suelo
clasificado en el planeamiento general en vigor.
Es imprescindible acabar con el urbanismo concertado
a través de los convenios urbanísticos,
contratos privados entre los constructores y
el ayuntamiento para hacer modificaciones a
los planes de ordenación urbana.
4. En los municipios litorales,
tanto las comunidades autónomas como
los municipios deben decretar la prohibición
de construcción en la franja no ocupada
de los primeros 500 metros de costa.
5. Los planeamientos territoriales
y generales o municipales nunca deben responder
a intereses privados de promotores, grupos de
presión o de personas próximas
a quienes ostentan la facultad de decisión
en el proceso de tramitación y aprobación
del planeamiento urbanístico o su ejecución.
6. Deben articularse los
mecanismos necesarios para establecer procesos
efectivos de participación ciudadana
y control del urbanismo, tanto en la fase de
redacción de los planes territoriales,
como para los planes generales o municipales,
así como en el proceso de desarrollo
y ejecución de éstos.
7. Deben reducirse las posibilidades
de cambios de clasificación de suelos
no urbanizables a urbanos o urbanizables, así
como de los cambios de uso e incremento de edificabilidad
y densidad, circunscribiendo dichos cambios
exclusivamente a las revisiones o adaptaciones
de los planes generales o municipales. Deben
prohibirse expresamente cambios a través
de modificaciones puntuales de los planes urbanísticos.
8. La planificación
urbanística debe priorizar el mantenimiento
del paisaje, así como de la estructura
y tipología de los núcleos urbanos.
Asimismo debe priorizarse la concentración
urbana mediante la rehabilitación de
los núcleos urbanos existentes y la remodelación
de los degradados, evitando ocupar nuevas superficies
de suelo en el exterior de los cascos urbanos.
9. La planificación
urbanística debe identificar las necesidades
de los recursos básicos: energía,
agua, etc. y establecer para ellos fórmulas
de gestión sostenible. Los informes de
la Administración en materia de agua
(garantía de abastecimiento) y de energía
deben ser obligatorios y vinculantes antes de
la aprobación de un plan urbanístico
o de realizar una modificación del mismo.
Además, los planes urbanísticos
deben contemplar obligatoriamente la demanda
de servicios que generará (depuración
de aguas residuales, recogida y reciclaje de
residuos…).
10. Deben prohibirse
los proyectos edificatorios de tipo residencial
ligados a instalaciones insostenibles tales
como los campos de golf, canales fluviales o
marinos y nuevos puertos deportivos.