Madrid,
26 de marzo de 2007.- El Defensor del Pueblo
da la razón a WWF/Adena tras haberle
sido denegada la información ambiental
que solicitó sobre el proyecto de mejora
de las accesos marítimos al Puerto de
Sevilla por parte del Ministerio de Fomento.
WWF/Adena solicitó
en 2004 al Ministerio de Fomento los informes
elaborados para la financiación europea
del proyecto de mejora de los accesos marítimos
al puerto de Sevilla, infraestructura que incluye
el dragado del río Guadalquivir y su
posible afección al Parque Nacional de
Doñana. Estos informes le fueron denegados
a la organización por considerar que
no se trataba de información ambiental.
Ante esta actuación,
WWF/Adena interpuso recurso, y fue rechazado,
por lo que presentó una queja ante el
Defensor del Pueblo. WWF/Adena acumuló
otros casos en esta queja, como la solicitud
de la resolución por la que se autoriza
el puerto de A Coruña, que también
le había sido denegada.
El pasado 20 de marzo WWF/Adena
recibió la resolución del Defensor
del Pueblo en la que se afirma que las informaciones
de carácter técnico, económico
o financiero que acompañan a una decisión
que afecta al medio ambiente son información
ambiental.
El Defensor del Pueblo declara
que no comparte la interpretación que
hace la Secretaría General de Transportes
del Ministerio de Fomento:
“... Dicho de otro modo, carece
de respaldo normativo excluir del concepto de
información ambiental la de carácter
técnico, económico o financiero,
de modo que estaríamos ante una motivación
no apta y, en consecuencia, ante una decisión
arbitraria...."
Tras reconocer el derecho
de los ciudadanos a participar en los asuntos
públicos, y en especial a las asociaciones
representativas de intereses colectivos, reconocido
en la Constitución, El Defensor del Pueblo
concluye que:
" ... En este sentido,
parece claro que los informes que solicitaba
WWF/Adena cumplían los requisitos y,
por tanto, la Secretaría General de Transportes
del Ministerio de Fomento y la Autoridad Portuaria
de A Coruña debían haber facilitado
el acceso a los mismos. ... La conclusión
lógicamente es que la denegación
... no se considera(n) por esta Defensoría
ajustada a Derecho".
El Defensor del Pueblo termina
sugiriendo a dichas administraciones que revoquen
la denegación y la desestimación,
respectivamente, de las solicitudes de información
... dictándose de nuevo resolución
por la que se de acceso - a WWF/Adena -a los
informes solicitados".
Rita Rodríguez, Directora
del Departamento Legal de WWF/Adena, ha declarado:
"Esta resolución es un espaldarazo
a la lucha que WWF/Adena mantiene por el libre
acceso a la información ambiental. Hoy
tenemos importantes normas que protegen el medio
natural, pero hace falta que las Administraciones
se esfuercen por aplicarlas. La resolución
del Defensor del Pueblo al exigir su cumplimiento
es un paso adelante para el logro de la transparencia
en el medio ambiente."
Artículo: Rita Rodríguez
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La política de regadíos
es la principal responsable de la sobreexplotación
del agua en España
Madrid, 21 de marzo de 2007.-
Mientras el Ministerio de Medio Ambiente prevé
una considerable disminución de las precipitaciones
por el cambio climático, el de Agricultura
proyecta extender aún más el regadío
con un nuevo Plan Nacional de Regadíos.
En el Día Mundial del Agua, WWF/Adena
advierte que para afrontar la escasez del agua,
ambas administraciones deben coordinarse más
y promover un cambio hacia una política
de regadío sostenible.
El Ministerio de Medio Ambiente
alerta de una disminución de hasta el
40% del agua disponible en cien años,
por efectos del cambio climático. Además,
advierte que la sequía se está
convirtiendo en un fenómeno habitual.
Mientras, desde el Ministerio
de Agricultura se anuncia un proceso para “programar”
la expansión del regadío a partir
de 2009. Este sector, que apenas ocupa un 15%
de la superficie total cultivada en nuestro
país, consume el 75% de los recursos
hídricos. Según una respuesta
parlamentaria del Gobierno1, actualmente se
están transformando 31.113 hectáreas
de secano a regadíos. Si bien el riego
puede aumentar la producción en las explotaciones,
en muchas ocasiones sólo sirve para producir
alimentos que no tienen salida en el mercado.
Además, la falta de
control sobre el uso del agua en el sector ha
llevado a la proliferación de pozos ilegales
(más de 500.000 según el Ministerio
de Medio Ambiente) y a la desaparición
de más del 60% de la superficie de humedales.
Algunos de estos humedales afectados son de
importancia internacional, como el Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel.
De igual modo, esta planificación
inadecuada del regadío es también
responsable del actual estado de degradación
de ríos como el Guadiana o el Segura.
Los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente
proponen como solución la modernización
de regadíos. Para ello, elaboraron hace
un año un ambicioso Plan de Choque, con
un presupuesto público de más
de 1.800 millones de euros. Su objetivo era
ahorrar 1.200 hm3/año. Para que dicho
ahorro se produzca, es necesaria la actuación
conjunta de ambos ministerios en las zonas modernizadas,
cosa que parece no haber ocurrido hasta el momento.
Por ello, un año después
de aprobarse este Plan todavía no hay
constancia de ningún tramo de río
o población beneficiada de esta importante
inversión. El propio Gobierno reconoce
este hecho en la mencionada respuesta parlamentaria.
Ante esta situación WWF/Adena solicita
a los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente
una mayor coordinación y un cambio real
en las políticas que determinan el uso
del agua en España, comenzando por la
de regadío.
Guido Schmidt, coordinador
del Programa Agua de WWF/Adena, señala:
“Antes de seguir aumentando la superficie de
regadío, debe elaborarse un Plan Estratégico
para este sector, analizando de manera realista
sus impactos positivos y negativos. El objetivo
es que, al final, se mantengan sólo aquellas
explotaciones de regadío que cumplan
objetivos socioeconómicos y ambientales
y, de no ser así, se busquen otras alternativas
viables de desarrollo para las zonas rurales”.
WWF/Adena considera, además, que la sostenibilidad
del regadío pasa por el control del uso
ilegal del agua, evitando que regantes ilegales
reciban subvención pública alguna.
Artículo: Celsa Peiteado