22
marzo 2007 - Santarem, Brasil — Las instalaciones
de Cargill en Santarem, en el corazón
de la Amazonia, acusadas por Greenpeace de haber
sido construidas ilegalmente, han sido cerradas
por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente
(IBAMA) por haber sido construidas sin Evaluación
de Impacto Ambiental.
Estas enormes instalaciones,
que incluyen una planta de procesado de soja
y un puerto, han estado envueltas en polémica
desde que Greenpeace hiciera público
que enormes extensiones de selva amazónica
estaban siendo destruidas para cultivar soja
que, desde estas instalaciones, eran embarcadas
hacia Europa para proveer de soja barata al
mercado del pienso. La carne de los animales
alimentados con estos piensos acababa en nuestros
supermercados y restaurantes de comida rápida.
El cierre efectuado por el
IBAMA es resultado de una solicitud del Ministerio
Público Federal de Pará de “inspeccionar
y detener inmediatamente las operaciones del
puerto de Cargill” que condena a la multinacional
norteamericana por operaciones ilegales. El
Tribunal Regional Federal confirmó la
decisión (1). Según Felipe Friz
Braga, Fiscal Federal, “esta es una decisión
histórica y supone un cambio de tendencia
al respecto de la ausencia de gobernanza en
la región”.
La suspensión de las
actividades del puerto de Cargill en Santarem
es la culminación de varios años
de demandas por parte de las comunidades locales
de Santarem y de todos los que han luchado contra
la expansión de la soja en la Amazonia.
La soja y otros productos agrícolas están
siendo elementos muy importantes en la deforestación,
amenazando a la biodiversidad de la región
y agravando el cambio climático.
“Este es un día importante
para la selva tropical amazónica y sus
habitantes. Gracias a los esfuerzos del Ministerio
Público Federal del estado de Pará
se ha dado un gran paso adelante hacia un uso
responsable de los recursos naturales y el aumento
de la gobernanza en la Amazonia”,- afirmó
Miguel Ángel Soto, responsable de la
campaña de Bosques de Greenpeace;- “confiamos
en que Cargill respete la orden judicial y acabe
realizando la Evaluación de Impacto Ambiental,
de la cual saldrán medidas concretas
para minimizar el impacto del puerto y la expansión
de la soja en la región. En ese sentido,
la empresa deberá confirmar su compromiso
con la moratoria anunciada por el sector de
la soja en Brasil el año pasado sobre
nuevas deforestaciones para plantar soja”.
El informe de Greenpeace Devorando
la Amazonia (2) demostró cómo
la demanda mundial de soja ha estado alimentando
la deforestación del mayor bosque tropical
del planeta. En mayo del año pasado Greenpeace
lanzó una campaña en la región
con el barco Arctic Sunrise que incluyó
una acción contra las instalaciones de
Cargill (3).
La fecha límite para
las inspecciones del IBAMA en el puerto de Cargill
concluía el 12 de marzo pero fue prorrogada
por el Ministerio Público Federal a solicitud
del IBAMA. Dicho ministerio lleva peleando legalmente
desde 2000 para conseguir una Evaluación
de Impacto Ambiental minuciosa. Sin embargo
Cargill, en vez de cumplir la legislación
medioambiental brasileña, ha exprimido
los defectos del complejo sistema legal brasileño
y, mediante una larga batalla judicial, consiguió
tiempo para construir y poner en funcionamiento
la terminal portuaria sin valorar su enorme
impacto medioambiental.
En un último intento
por retrasar el embargo del puerto, Cargill
presentó el 7 de marzo un requerimiento
judicial intentando entorpecer la actuación
del Ministerio Público e impedir que
se publicara el acta de cierre del puerto. Con
ello también intentaba dificultar la
inspección del IBAMA y el consiguiente
embargo del puerto, pero el Juez Federal de
Santarem, Francisco de Assis Garcés Castro
Junior, le negó a la empresa la solicitud
una semana más tarde.
Notas:
(1) El juez del Tribunal
Regional Federal, Souza Prudente, ordenó
el cumplimiento completo de la decisión
tomada en 2000, que suspendía todos los
permisos expedidos al puerto de Cargill en Santarem.
El puerto no cumplía con la legislación
brasileña que exige una Evaluación
de Impacto Ambiental para este tipo de iniciativas.
Según el Ministerio Público, “la
orden judicial obliga a la multinacional a asumir
su incumplimiento del requerimiento judicial,
impide sus actividades en la región y
asegura que para que el puerto continúe
funcionando, se deberá realizar la Evaluación
de Impacto Ambiental”.
(2) Disponible el informe de Greenpeace Devorando
la Amazonia
(3) Greenpeace realizó una acción
de contra las instalaciones de Cargill.
