13 abril 2007 - Orán,
SALTA, Argentina — Greenpeace denunció
maniobras de boicot a la Ley de Bosques en
el Senado Nacional - La Comunidad salteña
de Orán se movilizó hoy en contra
del proyecto de desmonte de 1.670 hectáreas
dentro de una finca ubicada en un área
de Selva de Yungas que la UNESCO calificó
en el año 2000 como reserva mundial
de biósfera.
Al mismo tiempo, Greenpeace
denunció que el avance de los desmontes
en las provincias del norte se produce en
coincidencia con el boicot que están
realizando los senadores de la región
al tratamiento de la ley de bosques en el
Senado de la Nación.
Las 1.670 hectáreas
de Selva de Yungas que la firma "Los
dos ríos" está solicitando
desmontar para realizar actividades de agricultura
pertenecen a la finca "Abra Grande y
Abra Chica", que tiene una superficie
de unas 26.000 hectáreas, de las cuales
cerca de 6.500 ya fueron desmontadas en los
últimos años para cultivos.
“La posible autorización
del desmonte de 1.670 hectáreas de
Selva de Yungas dentro de los límites
de la Reserva Mundial de la Biosfera implicará
el incumplimiento por parte de nuestro país
de acuerdos internacionales y una grave amenaza
para la biodiversidad”, sostuvo Hernán
Giardini, coordinador de la Campaña
de Bosques de Greenpeace.
Esta mañana, unas
200 personas, en su mayoría artistas,
docentes y alumnos de la comunidad de Orán,
se manifestaron en contra de que se autorice
el proyecto de desmonte y reclamaron la sanción
de la Ley de Bosques que se encuentra en trámite
en el Senado de la Nación y que permitiría
detener los desmontes hasta tanto se realice
un plan de ordenamiento territorial en los
bosques de todo el país.
Mientras Salta intenta desmontar
un área protegida a nivel internacional,
en el día de ayer debió haberse
tratado el proyecto de Ley de Bosques en comisiones
del Senado y la masiva ausencia de Senadores
Nacionales no permitió que hubiese
quórum.
“Se trató claramente
de un boicot a la Ley de Bosques organizado
por un grupo de provincias muy comprometidas
con los desmontes”, explicó Juan Carlos
Villalonga, Director Político de Greenpeace
Argentina.
“Es vergonzoso que senadores
que presentaron urgentes proyectos alternativos
a la Ley de Bosques no se hayan hecho presentes
para defender sus propios proyectos, como
es el caso de la senadora Nacional por Misiones
Elida Vigo, lo que hace elocuente que se trata
simplemente de maniobras de dilación
y boicot”, sostuvo Villalonga.
De la audiencia realizada
en Orán participaron también
el subsecretario de Ambiente de la Nación,
Miguel Pellerano, un delegado del Instituto
Nacional de Lucha contra la Discriminación
(INADI), el cacique de la comunidad wichi
de Gral. Pizarro, Donato Antolín y
dirigentes de la comunidad Tinkunako.
En su exposición,
Pellerano sostuvo que “Salta es una de las
provincias más comprometidas en el
avance de la deforestación” y sostuvo
que la Secretaría de Recursos Naturales
de la Nación “no apoya que se apruebe
este proyecto dentro de una reserva protegida
por la UNESCO”.
“No podemos seguir atendiendo
caso a caso, porque así estamos perdiendo
todo, tenemos que tener una mirada regional,
por lo que se hace imprescindible realizar
un ordenamiento territorial”, agregó
el funcionario.
Greenpeace señaló
que este proyecto de desmonte se enmarca en
una descontrolada emisión de permisos
de eliminación de bosques nativos por
parte de Salta, ya que, tan sólo en
los últimos cuatro meses, el gobierno
de Salta convocó a audiencias públicas
para autorizar desmontes por un total de 155.855
hectáreas más de la mitad de
lo que se desmonta por año en todo
el país.
El proyecto de ley, que
ya cuenta con media sanción, es un
instrumento de política ambiental nacional
fundamental, cuyo objetivo es regular las
actividades productivas mediante la realización
de un ordenamiento territorial, con el fin
de lograr la protección del medio ambiente
a partir del uso sustentable de los bosques
nativos, tras una evaluación de las
unidades presentes en cada provincia.
NOTAS:
(1) El proceso de diseño
e implementación del Proyecto de Reserva
de Biosfera de Yunga fue el resultado de un
acuerdo entre los gobiernos de las provincias
de Salta y Jujuy y la Administración
de Parques Nacionales (APN), en el año
2000, y contó contando con el apoyo
de la Universidad Nacional de Salta, la Universidad
Nacional de Jujuy, el Instituto de Geografía
de la Universidad de Buenos Aires; y de organizaciones
no gubernamentales como Greenpeace, la Red
Yaguareté y la Fundación Pro
yungas.
