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mayo 2007 - España — En septiembre
de 2005, estando aún reciente el escándalo
del grave suceso ocurrido en la central nuclear
Vandellós-2, cuya pésima gestión
por parte del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) ocasionó un serio descrédito
a este organismo, el grupo parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds (IV-IU-ICV), a instancias
de Greenpeace, planteó en el Pleno
del Congreso de los Diputados la toma en consideración
de una propuesta para reformar la Ley de Creación
del CSN, el organismo oficialmente encargado
de velar por la seguridad de las instalaciones
nucleares y radiactivas.
En aquel momento, el PSOE
se apresuró a apoyarla y votó
a su favor en el dicho Pleno. Después,
el propio Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha venido
reiterando en varias comparecencias públicas
su inequívoco compromiso en tramitar
de forma urgente la propuesta y hacer del
CSN un organismo verdaderamente independiente
y al servicio de los ciudadanos.
Sin embargo, transcurridos
casi dos años desde esa votación,
la proposición de Ley sigue inédita
y su tramitación no ha avanzado significativamente.
El grupo parlamentario socialista la ha tenido
prácticamente aparcada en todo este
tiempo, y ahora se corre el riesgo de que
la legislatura termine sin que esa Ley haya
sido aprobada.
“Además de demorarla
injustificadamente, el PSOE, a instancias
del Ministerio de Industria, ha aprovechado
este tiempo para negociar con otros grupos
parlamentarios defensores de la energía
nuclear y contrarios a la reforma del CSN,
importantes recortes a la propuesta original,
sobre todo en materia de información
y de participación publica”, ha afirmado
Carlos Bravo, responsable de la campaña
de Energía Nuclear de Greenpeace.
Es más, el PSOE ha
aprovechado esta coyuntura para tramitar en
paralelo otras reformas en materia de energía
nuclear que van en dirección contraria
al espíritu de transparencia, participación
pública y de rigor en la aplicación
de la normativa en los que se inspiraba la
propuesta.
“Parece ahora evidente que
desde el nombramiento de Carmen Martínez
Ten como presidenta del CSN, el PSOE se da
por contento con haber retomado el control
del organismo y ya no ve necesaria una reforma
que nació del impulso de los grupos
ecologistas después de la lamentable
actuación del CSN ante los graves sucesos
ocurridos en la central de Vandellós
2 en agosto del 2004”, añadió
Bravo.
En realidad poco o nada
ha cambiado en el CSN desde la llegada de
la socialista Martínez Ten. De hecho,
en buena medida se ha repetido la misma historia
que en su día protagonizó la
anterior presidenta, María Teresa Estevan
Bolea, cuando desembarcó en el CSN
colocando en los puestos clave del organismo
a personas de su confianza política
y con poca o nula experiencia en seguridad
nuclear. En esta nueva etapa con Martínez
Ten, la relación del CSN con las asociaciones
ecologistas y con el público en general
sigue estando en las antípodas de lo
que cabría esperar y demanda la sociedad.
La proposición de
reforma de la Ley del CSN que el Gobierno
y el Grupo socialista guardan en el cajón
desde septiembre del 2005 es un paso fundamental
para demostrar a la ciudadanía su compromiso
real y no teórico con la transparencia,
la neutralidad, el rigor y la participación
pública, elementos de los que ha adolecido
el funcionamiento del CSN desde su creación
en el año 1980. También para
actualizar el contenido de una Ley que, aunque
cuenta con elementos positivos, se redactó
de forma apresurada y sus deficiencias se
han visto reflejadas en los repetidos escándalos
que ha protagonizado el Organismo desde su
creación como consecuencia de su evidente
parcialidad en favor de la industria nuclear.
Entre las reformas que el
Gobierno ha decidido ligar a la tramitación
de la proposición de Ley para la reforma
del CSN está la del obsoleto régimen
sancionador en materia de energía nuclear.
Greenpeace había reclamado su tramitación
urgente y apoyaba que se hiciera en paralelo,
pero se ha visto muy decepcionada cuando ha
constatado que el CSN de Martínez Ten
ha cambiado en sentido negativo algunas de
las iniciativas más importantes que
sí estaban en la propuesta de régimen
sancionador que remitió Estevan Bolea
al Gobierno en abril del 2006.
Especialmente grave es que
mientras que en la propuesta remitida por
Estevan Bolea segunda se preveía la
posibilidad de sancionar a las instalaciones
nucleares que se hubiesen beneficiado con
el incumplimiento de las normas de seguridad
con el doble del beneficio económico
obtenido, a demanda del Ministerio de Industria,
en la nueva propuesta remitida por Martínez
Ten hace unos meses esa alternativa ha quedado
eliminada, argumentando que vulneraba el principio
de proporcionalidad por el que las sanciones
deben adecuarse a las infracciones cometida.
Sin embargo, tal como Greenpeace
ha demostrado fehacientemente, esta afirmación
se contradice con el hecho fácilmente
verificable de que los regímenes sancionadores
de un buen número de ámbitos
estatales y autonómicos contemplan
exactamente esta misma disposición.
Además, la base de sancionar hasta
con el doble del beneficio precisamente persigue
esa proporcionalidad que debe existir entre
las sanciones y las infracciones, que ni se
da en el régimen vigente ni, según
todo apunta, se dará en el nuevo régimen
que propone ahora el PSOE, lo que conducirá
a que a las centrales nucleares les siga resultando
rentable pagar multas antes que parar cuando
se ha descubierto un problema.
Ya no se trata sólo
de que el Gobierno socialista no termine de
cumplir los compromisos que pueden resultar
técnicamente más complejos,
como es aprobar un calendario de cierre programado
de las centrales nucleares o el cierre inmediato
de la obsoleta central de Santa María
de Garoña, es que ni siquiera los compromisos
cuya tramitación se inició muchos
meses atrás terminan de ver la luz.
Greenpeace exige al Gobierno que cumpla sus
compromisos y pase de las palabras a los hechos.
