El
Gobierno pretende subsidiar de forma encubierta
a través de la tarifa eléctrica
la responsabilidad civil de las nucleares
Las compañías
de seguros no quieren cubrir los riesgos,
aún de cuantía limitada, de
las empresas propietarias de centrales nucleares
en caso de accidente
16 mayo 2007 - Madrid, España
— El Gobierno reconoce, en el Anteproyecto
de Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños
Nucleares elaborado por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo (MITyC), que las compañías
de seguros no quieren cubrir los riesgos,
incluso limitados en su cuantía a tan
sólo 1.200 millones de euros, de las
empresas con centrales nucleares en caso de
accidente nuclear.
Ante esa situación,
el Gobierno pretende utilizar la tarifa eléctrica
para subsidiar de forma encubierta la ausencia
de interés del mercado de seguros en
realizar pólizas al sector nuclear
para cubrir su obligación legal de
hacer frente a los daños nucleares.
El Gobierno hace así un nuevo favor
a la industria nuclear, utilizando un mecanismo
para trasladar a los consumidores los costes
que la industria atómica no quiere
asumir, en una demostración de que
la energía nuclear no puede subsistir
sin recibir subsidios estatales.
Greenpeace considera inaceptable
que el Gobierno pretenda seguir subvencionando
la energía nuclear limitando la responsabilidad
de los propietarios de las centrales nucleares,
como se hace actualmente y mantiene el nuevo
Anteproyecto de Ley. La organización
ecologista exige al Gobierno que retire este
Anteproyecto de Ley y opte por establecer
un régimen que establezca la responsabilidad
ilimitada por los daños causados por
accidentes nucleares, tal como el que ya se
encuentra en vigor en Alemania y otros países.
El Anteproyecto de Ley sobre
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares
establece que, en aplicación de nuevas
disposiciones establecidas por el Convenio
de París y el Convenio de Bruselas
sobre responsabilidad civil nuclear, de los
que España es parte, el titular de
instalaciones nucleares establezca una cobertura
de responsabilidad civil por una cantidad
de 1.200 millones de euros.
Es al respecto cuando el
citado Anteproyecto, en su Exposición
de Motivos, dice literalmente: “Sin embargo,
durante la tramitación de la presente
Ley se ha constatado que el mercado de entidades
de seguros que opera en el territorio nacional
no dispone de capacidad suficiente para prestar
la garantía requerida, ni tampoco puede
ofrecer a los titulares, en el momento presente,
aseguramiento para algunos de los daños
contemplados dentro de la definición
de daño nuclear, en particular de los
medioambientales y de los personales que se
reclamen después de transcurridos 10
años después de la fecha del
accidente”.
Para solventar esta situación,
el Ministerio de Industria incluye en el Anteproyecto
el establecimiento de un mecanismo en la tarifa
eléctrica para “ofrecer dicha garantía
para los daños no asegurables por las
entidades de seguros”.
“Es muy decepcionante comprobar
que el Gobierno se inclina por mantener subsidiada
a una industria que, además de peligrosa,
no sería capaz de sobrevivir si no
fuera por la ayuda del Estado, en lugar de
seguir el ejemplo de otros países que
también son parte de los mismos Convenios,
y que han optado por establecer una responsabilidad
civil ilimitada por los daños que causen
las instalaciones nucleares” -ha declarado
Carlos Bravo, responsable de la campaña
de energía nuclear de Greenpeace- “La
legislación que el Gobierno propone
sigue limitando la responsabilidad de los
titulares de centrales nucleares hasta una
cifra que, si bien se ha incrementado con
respecto a la actual (de 150 M€ a 1.200 M€),
está a años luz de los costes
que habría que sufragar en caso de
un accidente nuclear importante”.
Las empresas nucleares deberían
ser las únicas responsables de establecer
las garantías necesarias y si no pueden
conseguirlas de las empresas de seguros, tendrán
que asumirlo inmovilizando fondos propios
por un valor igual o superior a la responsabilidad
atribuida, tal como hacen, por ejemplo, las
centrales nucleares alemanas.
“¿Por qué
motivo todos los ciudadanos tienen que corresponsabilizarse
a través de la tarifa eléctrica
del pago de unas indemnizaciones por unos
daños de los que no han tenido culpa
alguna y menos todavía si tiene la
opción de obtener el suministro de
electricidad de fuentes de energía
limpias como las renovables y no sucias como
la energía nuclear?”, ha añadido
Carlos Bravo.
En realidad, en contra de
lo que se ha hecho creer a la ciudadanía,
tanto la legislación que se propone
como la vigente no tienen como objetivo proteger
a las víctimas, sino proteger a las
empresas eléctricas, limitando las
indemnizaciones a las que tendría que
hacer frente en caso de accidente. Es más,
resulta incongruente que, cuando se ha tramitado
en el Parlamento un Proyecto de Ley de Responsabilidad
Medioambiental que consagra la responsabilidad
ilimitada de las empresas por los daños
medioambientales, el régimen nuclear
que se propone siga protegiendo los intereses
de las empresas propietarias de centrales
nucleares.
En opinión de Greenpeace
es urgente establecer un régimen de
responsabilidad civil por daños nucleares
ilimitada, especialmente dado el estado de
seguridad de nuestro parque nuclear. Desde
el 1 de enero de 2007, se han producido la
cifra récord de más de 30 sucesos
de seguridad en las centrales nucleares españolas,
de los cuales, aproximadamente un tercio han
provocado la parada forzosa del reactor.
Estos sucesos han sido ocasionados
en su mayoría por problemas técnicos
y fallos de equipos, a los que hay que sumar
un número nada despreciable de errores
humanos. Todo ello es una demostración
palpable del creciente deterioro de nuestro
envejecido parque nuclear y también
de la progresiva degradación de la
cultura de seguridad de los operadores nucleares,
más preocupados de rebajar costes y
maximizar beneficios que de priorizar la seguridad
de sus instalaciones atómicas.
