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mayo 2007 - DF, México — A una semana
del asesinato de Aldo Zamora, campesino defensor
de los bosques, su padre, Ildefonso Zamora
Baldomero exigió justicia y denunció
que las autoridades no han actuado para detener
a los talamontes que el 15 de mayo mataron
a su hijo e hirieron a su hermano Misael,
cuando iban a Santa Lucía, Ocuilan,
Estado de México.
“Pido al presidente Calderón
y al gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, que se aplique
la ley y se detenga a Luis Encarnación,
Alejo Encarnación, Fernando Jacinto
Medina y Silvestre Jacinto Medina, identificados
como los atacantes de mis hijos Aldo y Misael.
¿Tenía que suceder esto para
que ahora sí nos hagan caso o van a
dejar el asesinato de mi hijo también
en la impunidad?”, cuestionó Ildefonso
Zamora, presidente de bienes comunales de
San Juan Atzingo.
El indígena tlahuica
fue acompañado por los comuneros Alejandro
Ramírez Raymundo, Paulino Neri Carlos
y Nicolás Hernández Alberto,
y miembros de organizaciones como el Centro
de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez
(PRODH), la Red de Organismos de Derechos
Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
(RedTDT) y Greenpeace.
Los comuneros denunciaron
que las autoridades ministeriales de Tenancingo,
Estado de México, dejaron pasar 24
horas antes de presentarse en el sitio donde
fue asesinado Aldo, para recoger evidencia
e iniciar la averiguación previa TENA/III/690/2007.
Así mismo, dejaron pasar tres días
para buscar a los agresores de Aldo y Misael,
tiempo suficiente para que escaparan, por
lo que la autoridad incumplió lo establecido
en el Código de Procedimientos Penales
del Estado de México (ver anexo).
“De nueva cuenta enfrentamos
un sistema de justicia mexicano que es altamente
ineficiente, discriminatorio y corrupto. En
este caso las evidencias son más que
suficientes y lo que encontramos es una marcada
negligencia de las autoridades. La sensación
que vive don Ildefonso Zamora y los otros
comuneros es que la justicia en este país
no existe. Hoy exigimos que la impunidad no
prevalezca y para eso las autoridades deben
actuar de inmediato tanto en el caso de Aldo
Zamora como en otras denuncias que tienen
que ver con la explotación irregular
de los bosques”, señaló Edgar
Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos
los Derechos para Todas y Todos.
Desde 1998, Ildefonso Zamora
ha denunciado la tala ilegal y desmedida de
los bosques de San Juan Atzingo en el Parque
Nacional Lagunas de Zempoala (PNLZ) y sus
alrededores, sin que hasta la fecha haya una
respuesta de las autoridades para detener
esta situación. En diciembre de 2005,
Ildefonso y otros comuneros presentaron un
denuncia penal acompañada de videos
y fotos que mostraban a los talamontes en
flagrancia. En noviembre de 2006 el ministerio
público solicitó 47 órdenes
de aprehensión contra taladores, incluidos
los atacantes de Aldo y Misael, mismas que
fueron denegadas por el juez cuarto de Distrito
en Materia de Procesos Penales Federales del
Estado, Gerardo Eduardo García Anzures,
quien argumentó que no había
elementos constitutivos de delito. El propio
Feliciano Encarnación, padre de dos
de los atacantes, fue detenido hace sólo
dos semanas en un operativo realizado por
la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa), pero fue liberado bajo
fianza.
“Hemos trabajado con Ildefonso
y San Juan Atzingo desde 2004 y hemos sido
testigos de su compromiso con la defensa de
los bosques. De hecho, Aldo y Misael han sido
indispensables para llevar a cabo una evaluación
de los impactos de la tala en los bosques
de su comunidad. También hemos sido
testigos de la total impunidad con la que
han sido asesinados, encarcelados o torturados,
quienes se enfrentan a taladores y defienden
los recursos naturales de todos los mexicanos.
Ejemplos de esto son Rodolfo Montiel, Teodoro
Cabrera, Felipe Arreaga y Albertano Peñaloza,
en Guerrero; así como Isidro Baldenegro
y Hermenegildo Rivas, en Chihuahua. ¡Ya
basta!, pedimos a Felipe Calderón justicia
para los bosques y para quienes los defienden”,
señaló Patricia Arendar, directora
ejecutiva de Greenpeace México.
Las organizaciones ratificaron
su llamado a Felipe Calderón para que:
Se esclarezca inmediatamente
este atentado y se castigue a los responsables
del homicidio calificado de Aldo Zamora, así
como de las lesiones provocadas a Misael Zamora,
y demás delitos que se deriven.
Se garantice la seguridad de Ildefonso Zamora
y su familia, así como la de todos
los comuneros que han luchado contra la tala
ilegal en Lagunas de Zempoala, en particular
Paulino Neri , Nicolás Hernández
y Alejandro Ramírez y sus familias.
Se tomen medidas inmediatas en coordinación
con los estados de México y Morelos,
para detener la tala ilegal en la zona y para
castigar a los responsables.
De acuerdo con la Profepa,
el PNLZ es considerado una de las 15 zonas
críticas que en conjunto albergan 60
por ciento de la tala ilegal en el país.
Análisis preliminares hechos por Greenpeace,
muestran que los talamontes han deforestado
completamente más de 250 hectáreas
de bosques de oyamel y afectado una zona de
más de mil hectáreas.
Esta región forma
parte del Gran Bosque de Agua, el cual alberga
dos por ciento de la biodiversidad mundial
y proporciona agua a la región central
de México; su destrucción contribuye
a que se produzcan efectos más severos
y devastadores del cambio climático
en nuestro país.
Por su parte Irasema Zavaleta,
coordinadora del Área Internacional
del Centro Prodh, señaló que
es necesario que el Estado mexicano reconozca
y respete la labor de los defensores de los
derechos ambientales, pues hasta ahora se
ha dedicado a descalificarlos. Como ejemplo
de ello, señaló que inclusive
en un caso tan publicitado como el de los
campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo
Montiel y Teodoro Cabrera, el Estado no ha
modificado con el paso de los años
su política de descalificación,
pues apenas en octubre pasado, durante la
audiencia celebrada en la Comisión
Interamercicana de Derechos Humanos, su postura
consistió en desconocer el carácter
de defensores de derechos humanos de los señores
Montiel y Cabrera. A la luz del asesinato
de Aldo Zamora, tales descalificaciones muestran
que el nulo reconocimiento a la labor de los
activistas ambientales es sistemático.
Por ello -destacó- es imprescindible
que los hechos de esclarezcan mediante una
investigación seria, imparcial, expedita
y eficaz de los mismos.
Las organizaciones y los
miembros de la comunidad concluyeron reiterando
su demanda de justicia y protección
para los campesinos que cuidan los bosques
de nuestro país.
Código de procedimientos
penales para el Estado de México:
Artículo 108.- Tan
luego como los servidores públicos
encargados de practicar diligencias de averiguación
previa tengan conocimiento de la probable
existencia de un delito que deba perseguirse
de oficio, dictarán todas las providencias
necesarias para proporcionar seguridad y auxilio
a las víctimas; para impedir que se
pierdan, destruyan o alteren las huellas o
vestigios del hecho delictuoso y los instrumentos
o cosas, objeto o efectos del mismo; para
saber qué personas fueron testigos
del hecho y en general, impedir que se dificulte
la averiguación y, en los casos de
flagrante delito, para asegurar a los responsables.
Artículo 141.- El
Ministerio Público, bajo su responsabilidad,
al practicar diligencias de averiguación
previa, está obligado a proceder a
la retención o, en su caso, detención
material de los indiciados en un hecho posiblemente
constitutivo de delito, sin necesidad de orden
judicial, en los casos siguientes:
I. En caso de flagrancia; o
II. En casos urgentes.
Artículo 142.-...
Se equipara a la existencia de flagrancia,
cuando la persona es señalada como
responsable por la víctima, algún
testigo presencial de los hechos, o por quien
hubiera participado con ella en su comisión...
Artículo 143.- Habrá
caso urgente, cuando concurran las siguientes
circunstancias:
II. Exista riesgo fundado de que el indiciado
pueda sustraerse a la acción de la
justicia, entendiéndose por tal cuando,
en atención a las circunstancias personales
del indiciado, sus antecedentes penales, sus
posibilidades de ocultarse para no ser sorprendido
al tratar de abandonar el ámbito territorial
de jurisdicción de la autoridad que
estuviere conociendo del hecho, o en general,
a cualquier indicio que haga presumir fundadamente
que pueda sustraerse a la acción de
la justicia...
Para mayor información comunicarse
con Raúl Estrada en los teléfonos
04455 27463236 y 5530-2165 ext. 220 o la página
greenpeace.org.mx.