Nueva
parada de Ascó-2, tras detectarse un
grave fallo de diseño
30 mayo 2007 - España
— La posibilidad de que se produzca un grave
accidente nuclear de consecuencias aún
peores que el de Chernóbil de 1986,
la mayor catástrofe nuclear hasta ahora
conocida, se ha incrementado en los últimos
años, debido a la confluencia de una
serie de factores que afectan negativamente
a la seguridad. Ésta es la conclusión
del informe titulado “Los peligros de los
reactores nucleares. Los riesgos continuos
que entraña la tecnología nuclear
en el siglo XXI”, realizado por expertos en
seguridad nuclear por encargo de Greenpeace
Internacional.
El incremento del riesgo
de accidente nuclear se debe a la combinación
de una serie de factores como el envejecimiento
de los reactores, los fallos propios de una
tecnología intrínsecamente peligrosa,
la cada vez menor cultura de seguridad de
los operadores como consecuencia de la falta
de competitividad de la energía nuclear
en un mercado eléctrico liberalizado,
la amenaza creciente del terrorismo y la vulnerabilidad
de las instalaciones nucleares ante los efectos
del cambio climático.
“España no es una
excepción en un panorama internacional
de deterioro sin precedentes de la seguridad
nuclear. Nuestra seguridad y nuestro bienestar
están en riesgo por culpa de las centrales
nucleares. Pedimos al Gobierno que ponga en
marcha el prometido plan de abandono de la
energía nuclear”, ha declarado Mario
Rodríguez, director de Campañas
de Greenpeace.
El informe analiza todos
los tipos de reactores actualmente en funcionamiento,
recordando que todos los diseños de
reactores, independientemente de su origen,
tienen serios fallos de seguridad inherentes,
que no pueden eliminarse mediante programas
de mejoras. Además, existen una serie
de factores internos y externos que pueden
reducir aún más los márgenes
de seguridad:
Los problemas derivados
del envejecimiento y el agotamiento de la
vida útil de los reactores. La media
de vida de los reactores en operación
en el mundo es de unos 22 años, lo
que significa que la mayoría están
ya al final de su vida útil técnica
(en torno a 25 años). Las consecuencias
del envejecimiento de una central nuclear
pueden describirse a grandes rasgos como dobles.
En primer lugar, aumentará el número
de incidentes y de sucesos reseñables
-incremento del número y frecuencia
de las paradas no programadas, fugas, grietas,
cortacircuitos debidos a daños en los
cables, etc.-.
Las centrales nucleares
españolas han batido en lo que va de
año el récord de fallos de seguridad,
en una tendencia creciente en los últimos
años. Desde el 1 de enero de 2007,
se han producido al menos (el secretismo del
Consejo de Seguridad Nuclear no permite conocer
la cifra exacta), 47 sucesos significativos
de seguridad en las centrales nucleares españolas,
de los cuales, 10, como mínimo, han
provocado la parada forzosa del reactor.
El proceso de envejecimiento
está llevando a un debilitamiento gradual
de los materiales que podría provocar
fallos catastróficos de algunos componentes,
causando un escape radiactivo de enorme gravedad.
El más notorio de estos procesos es
la fragilización de la vasija de presión
del reactor, que aumenta el riesgo de que
ésta se rompa, fracasando así
en su función de aislar la radiactividad
del exterior y llevando al reactor a una situación
gravísima en cuanto a seguridad se
refiere.
En España, la media
de edad de todas las centrales es de casi
25 años y todas presentan, en mayor
o menos medida problemas de envejecimiento.
Garoña, la más antigua en funcionamiento,
sufre graves problemas de corrosión
y agrietamiento.
La desregulación
(liberalización) de los mercados de
electricidad ha empujado a las empresas con
centrales nucleares a disminuir las inversiones
en seguridad y a reducir plantilla. Como demostró
el escándalo de Vandellós-2
en 2005, la disminución de costes lleva
aparejada una reducción de los márgenes
de seguridad.
La falta de independencia
de los organismos reguladores en materia de
seguridad nuclear (como el Consejo de Seguridad
Nuclear español)
Los reactores nunca podrán
estar suficientemente protegidos contra la
amenaza terrorista. Existen diversos escenarios
–además de la colisión de un
avión comercial sobre el edificio del
reactor- que podrían provocarun grave
accidente.
Los impactos del cambio
climático, tales como inundaciones,
sequías extremas o el aumento del nivel
del mar incrementan seriamente el riesgo nuclear.
Por ejemplo, en agosto de 2006, la central
nuclear de Santa María de Garoña
tuvo que parar a causa de las elevadas temperaturas
de las aguas del río Ebro del cual
depende su refrigeración.
En cuanto a los futuros
reactores, denominados de “cuarta generación”,
aún en fase de diseño, el informe
demuestra que, además de tener sus
propios y específicos problemas de
seguridad, requerirían enormes sumas
de dinero para hacer posible su desarrollo,
por lo que se duda de su viabilidad comercial.
El Ejecutivo tiene el compromiso
electoral y de Gobierno de abandonar gradualmente
la energía nuclear en España
y sustituirla por “energías más
limpias, más seguras y menos costosas[que
la energía nuclear]”, tal y como recogía
el propio programa electoral del PSOE.
“En 1989, con el accidente
de Vandellós-1 nos libramos casi de
milagro de una catástrofe nuclear.
No podemos seguir corriendo el riesgo al que
nos someten las centrales nucleares y sus
irresponsables propietarios. Ayer mismo se
ha producido una nueva parada en Ascó-2
tras detectarse un grave fallo de diseño”,
ha declarado Carlos Bravo, responsable de
la campaña de nuclear.
Los costes humanos, de salud,
medioambientales y económicos de un
accidente nuclear, como nos viene demostrando
la tragedia de Chernóbil, serían
tremendamente altos. Por ello, ante el peligro
que implica la utilización de la energía
nuclear y, con más razón, ante
el incremento del riesgo en la actualidad,
el Gobierno debería imponer a las compañías
propietarias de centrales nucleares un régimen
de responsabilidad civil ilimitada por los
daños causados por accidentes nucleares,
tal y como el que ya se encuentra en vigor
en Alemania y otros países.
Sin embargo, en el Anteproyecto
de Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños
Nucleares elaborado por el Ministerio de Industria
se reconoce que las compañías
de seguros no quieren cubrir los riesgos de
las empresas con centrales nucleares en caso
de accidente nuclear (y ello, a pesar de que
la responsabilidad queda limitada en dicho
Anteproyecto a sólo 1.200 millones
de euros). (Ver NOTAS). Ante la ausencia de
interés del mercado de seguros en esta
cuestión, el Gobierno pretende utilizar
la tarifa eléctrica para subsidiar
de forma encubierta al sector nuclear y cubrir
su obligación legal de hacer frente
a los daños nucleares. Así,
el Ministerio de Industria incluye en su Anteproyecto
el establecimiento de un mecanismo en la tarifa
eléctrica para “ofrecer dicha garantía
para los daños no asegurables por las
entidades de seguros”.
Greenpeace exige al Gobierno
que retire este Anteproyecto de Ley y establezca
un régimen que imponga la responsabilidad
civil ilimitada de los operadores de instalaciones
nucleares.
NOTAS
(1) El citado Anteproyecto, en su Exposición
de Motivos, dice literalmente: “Sin embargo,
durante la tramitación de la presente
Ley se ha constatado que el mercado de entidades
de seguros que opera en el territorio nacional
no dispone de capacidad suficiente para prestar
la garantía requerida, ni tampoco puede
ofrecer a los titulares, en el momento presente,
aseguramiento para algunos de los daños
contemplados dentro de la definición
de daño nuclear, en particular de los
medioambientales y de los personales que se
reclamen después de transcurridos 10
años después de la fecha del
accidente”.
