El
Plan financia un trasvase desde el Tajo y
es una amnistía de facto para los 60.000
pozos ilegales que sobre explotan el agua
de la zona
15 junio 2007 - Madrid,
España — Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena dedican
este año el “Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la
Sequía” a denunciar el Plan Especial
del Alto Guadiana (PEAG), por ser un paradigma
de cómo las Administraciones pueden
diseñar una política que llevará
a desertificar un área rica en humedales
de importancia Internacional.
Según Naciones Unidas,
España es el país más
árido de Europa. Un tercio de su superficie
sufre una tasa muy elevada de desertificación
y un 6% ya se ha degradado de forma irreversible.
Las zonas más afectadas hasta ahora
son la vertiente mediterránea y las
islas Canarias.
La desertificación es un proceso de
degradación de tierras por efecto directo
de la acción humana. Las principales
causas de este proceso son la sobre explotación
de los recursos hídricos, la agricultura
intensiva, la tala indiscriminada de bosques,
el sobre pastoreo, los incendios y la ocupación
del suelo por el negocio inmobiliario.
Los ecologistas denuncian hoy que el PEAG
fomentará un incremento significativo
de la desertificación en la mayor área
de humedales del centro de la península,
unos ecosistemas imprescindibles para el equilibrio
del clima y la conservación de los
cada vez más escasos recursos hídricos
y la biodiversidad que albergan.
Para las organizaciones ecologistas, el PEAG
no sólo no corregirá el desastre
ecológico de sobreexplotación
y de falta de gestión hídrica,
sino que promoverá un proyecto medioambiental
ineficaz con la excusa de recuperar las Tablas
de Daimiel y otros humedales de la zona. Ecologistas
en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife
y WWF/Adena piden la profunda rectificación
modelo de consumo de agua del PEAG y exponen
alternativas para la elaboración de
un nuevo plan para la recuperación
hídrica de la zona, entre otras razones,
porque:
- Otorga a Castilla-La Mancha más de
3.900 millones de euros, el presupuesto más
alto que se ha dado jamás a un proyecto
“ambiental”. Sin embargo, el dinero, en su
mayor cuantía, no se utilizará
en la recuperación del Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel ni del resto de humedales,
sino en mantener una agricultura insostenible
y la sobreexplotación ilegal del agua
de los acuíferos disfrazado en forma
de “reconversión agrícola”.
Las ONG ambientales proponen que la mayor
parte del presupuesto se dirija a reconvertir
el regadío y sus servicios hacia otro
tipo de desarrollo económico, industrial
y social, y a la recuperación del patrimonio
natural.
- No cumple la Directiva Marco del Agua (DMA)
y consolida el alarmante déficit de
los acuíferos sobre explotados. Por
exigencia de Castilla-La Mancha, el PEAG mantendrá
una extracción legal de 200 Hm3/año
en el acuífero 23 (según el
PEAG, actualmente se consumen hasta 400 Hm3/año
por las extracciones ilegales). Pero este
volumen no reduce la sobreexplotación,
pues es el mismo que ya exige en la actualidad
la Confederación Hidrográfica
del Guadiana a los regantes legales en su
Régimen anual de explotación.
Esta falta de compromiso real y de falta de
transparencia en la toma de decisiones para
cambiar la situación llevará
a que no se cumplan las obligaciones que exige
la DMA ni en su segunda prórroga de
2027. Conseguir la recuperación mediante
el PEAG nos llevaría en el mejor de
los casos hasta 2042. Por ello, se debería
realizar un esfuerzo conjunto de todas las
partes implicadas, y la Junta y los regantes
tendrían que bajar de 130 Hm3/año
su pretensión de consumo si se quieren
cumplir realmente los objetivos pretendidos
en el Plan.
- Subvenciona la consolidación de usos
ilegales del agua en el Guadiana. El Plan
prevé comprar derechos de riego a los
que los poseen legalmente. Pero al incluir
al mismo tiempo la exigencia de Castilla-La
Mancha de mantener la misma superficie de
regadío, implicará que se siga
usando la misma cantidad de agua que hasta
ahora y en buena parte por los regantes ilegales,
que no serán eliminados por el proceso
de compra. Para las ONG, el Ministerio de
Medio Ambiente debería prioritariamente
comprar derechos sin admitir la superficie
regada que reconoce Castilla-La Mancha y que
ha fomentado con su política agraria
(i.e. viñedo en espaldera).
- Es una amnistía de facto para los
pozos ilegales. Las medidas del PEAG para
la sanción de los regantes ilegales
no son creíbles pues son similares
a las actuales. La Confederación Hidrográfica
del Guadiana no realiza ningún tipo
de medida eficaz contra los 60.000 pozos ilegales.
Si la Confederación admite que los
2.000 expedientes que ha abierto están
paralizados y que sólo han cerrado
6 pozos en el último año, ¿Dónde
está el resto?. Las ONG solicitan que
el Gobierno incremente los mecanismos de sanción,
pero ello pasa porque La Junta cree un entorno
socioeconómico propicio activando de
inmediato las alternativas de reconversión.
- Encubre y paga un nuevo trasvase desde el
Acueducto Tajo-Segura (ATS) a la Llanura Manchega
que afectaría negativamente a las provincias
de Toledo y Guadalajara, a Extremadura y Portugal.
Con la pérdida de caudal empeorará
la sequía en el alto Tajo y secará
el cauce en La Sagra y Talavera. También,
aumentará la contaminación del
agua de los embalses que ya están bastante
eutrofizados aguas abajo de Toledo. Las ONG
consideran que no puede justificarse el aumento
de la oferta de agua a la zona, pues el trasvase
reactivará el consumo de agua.
- Provocará una contaminación
irreversible de las aguas subterráneas.
El PEAG no introduce medidas que ayuden a
disminuir el vertido continuado de nitratos,
fosfatos y pesticidas procedentes de las aguas
de retorno de la agricultura intensiva, que
está contaminando los acuíferos.
(nuestras reservas estratégicas de
agua). Los acuíferos 23 y 24 están
seriamente afectados y los niveles de nitratos
ya superan en algunos puntos los 50mg/l, el
límite establecido por la legislación
(Directiva 91/676, Real Decreto 261/96).
- No reducirá suficientemente el consumo
de agua. Los regadíos de la zona de
los acuíferos sobre explotados del
Alto Guadiana son en estos momentos los mayores
consumidores de agua de España en proporción
a sus recursos, pues utilizan más del
93% del agua disponible.
- No tiene en cuenta suficientemente los efectos
del cambio climático. En la cabecera
del Tajo las aportaciones medias naturales
se han reducido desde finales de los años
setenta a la actualidad en un 50,16%. La situación
en el Alto Guadiana es similar.
- Castilla-La Mancha quiere usar el PEAG con
fines políticos para reivindicar el
agua del Acueducto Tajo-Segura y dar un paso
adelante hacia la declaración de su
caducidad. El PEAG esconde la pretensión
del Gobierno de Castilla-La Mancha de que
el Alto Guadiana sea considerada una cuenca
con déficit hídrico en 2008.
De conseguir esta clasificación podría
utilizarse como argumento para restar derechos
del trasvase a Murcia.
Notas para el editor:
Los humedales del Alto Guadiana juegan un
papel esencial en el ciclo hidrológico
y la conservación de la biodiversidad.
Por ejemplo, en el almacenamiento de recursos
hídricos y en la recarga de acuíferos.
Precisamente, las reservas de agua subterráneas
han permitido que existieran en el Alto Guadiana
106 humedales. Algunos de gran extensión,
como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel,
con más de 2.000 hectáreas inicialmente
inundadas. El alto valor ecológico
de estas zonas húmedas llevó
a incluirlos en el conjunto denominado “Mancha
Húmeda”, declarado Reserva de la Biosfera
por la UNESCO.
La sobreexplotación de los acuíferos
23 y 24 ha provocado ya la desaparición
del 60,38% de la Mancha Húmeda. El
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel mantiene
en estos momentos y después de las
intensas lluvias de esta primavera 26 ha inundadas,
todas ellas artificialmente gracias a los
bombeos desde pozos profundos. El PEAG sería
la sentencia definitiva para la desaparición
de este último reducto de la biodiversidad
manchega: En definitiva, un paso irreversible
hacia la desertificación
