Los
socialistas proponen un régimen sancionador
favorable a la industria nuclear, que sustrae
competencias a las CC.AA. y limita los derechos
de los ciudadanos
19 junio 2007 - Madrid,
España — Greenpeace denuncia que el
PSOE ha decidido incumplir su compromiso y
el del propio presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, de llevar
a cabo una profunda reforma legal del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) para convertirlo
en un organismo transparente, independiente
de la industria nuclear, participativo y al
servicio de los ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Socialista
presentará mañana miércoles
en la Comisión de Industria, Turismo
y Comercio del Congreso de los Diputados una
serie de enmiendas transaccionales a la Proposición
de Ley de Reforma del Consejo de Seguridad
Nuclear presentada por el Grupo Parlamentario
Izquierda Verde (IV-IU-ICV) que establecerá
un régimen sancionador beneficioso
para la industria nuclear, sustraerá
algunas competencias a las CC.AA. y no penalizará
poner en riesgo el medio ambiente.
Los socialistas, en sus
enmiendas transaccionales, dinamitan el espíritu
de la Proposición de Ley, la cual reconocía
de forma expresa toda una serie de derechos
de los ciudadanos frente al CSN como acceder
a los registros, archivos y, en general, a
todos los documentos que formen parte de los
expedientes administrativos del CSN; solicitar
que se investiguen los supuestos de mal funcionamiento
de las instalaciones nucleares y radiactivas;
interponer recurso de reposición contra
las resoluciones del Pleno... Las enmiendas
socialistas también eliminan los deberes
del CSN con los ciudadanos como la obligación
de resolver motivadamente las solicitudes
formuladas por los ciudadanos; de notificar
a los interesados las resoluciones y actos
administrativos que afecten a sus derechos
e intereses,… La enmienda del PSOE limita
todos estos derechos y deberes al de acceso
a la información que recoge la Ley
27/2006.
“Gracias al PSOE, a las
centrales nucleares les seguirá resultando
más rentable pagar multas (si es que
finalmente son descubiertas) antes que parar
cuando descubran un problema de seguridad,
como sucedió en el accidente de Vandellós-2
en 2004”, ha declarado Carlos Bravo, responsable
de la campaña de energía nuclear
de Greenpeace.
En septiembre de 2005, estando
aún caliente el grave suceso ocurrido
en 2004 en la central nuclear Vandellós-2
(cuya pésima gestión por parte
del CSN -que entonces presidía Mª
Teresa Estevan Bolea- ocasionó un serio
descrédito a este organismo), el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde, a instancias
de Greenpeace, planteó en el Pleno
del Congreso de los Diputados la toma en consideración
de una propuesta para reformar la Ley de Creación
del CSN.
Esta Proposición
de Ley planteaba y concretaba en términos
jurídicos un compromiso real y no teórico
con la transparencia, la neutralidad, el rigor
y la participación pública,
elementos de los que ha adolecido el CSN desde
su creación en 1980. El PSOE apoyó
la proposición con sus votos a favor.
Desde entonces, el Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
ha reiterado en varias comparecencias públicas
su compromiso de tramitar de forma urgente
la propuesta y hacer del CSN un organismo
verdaderamente independiente y al servicio
de los ciudadanos.
Tras tenerla prácticamente
aparcada casi dos años desde esa votación,
el PSOE parece haber decidido ahora impulsar
la tramitación de esta Proposición
de Ley, pero sólo después de
haber negociado importantes recortes a la
propuesta original, sobre todo en materia
de información y de participación
publica, con otros grupos parlamentarios defensores
de la energía nuclear y contrarios
a la reforma del CSN.
Entre las reformas que el
Gobierno ha decidido ligar a la tramitación
de la Proposición de Ley para la reforma
del CSN está la del régimen
sancionador en materia de energía nuclear.
El PSOE ha ignorado la propuesta inicial de
régimen sancionador que remitió
el CSN de Estevan Bolea al Gobierno en abril
del 2006 y lo ha sustituido por otro mucho
más al gusto de la industria nuclear.
La propuesta de Bolea preveía la posibilidad
de sancionar a las instalaciones nucleares
que incumpliesen las normas de seguridad con
multas del doble del beneficio económico
obtenido durante el periodo en el que hayan
estado incumpliéndolas.
La nueva propuesta remitida
por la ahora presidenta del CSN, la socialista
Carmen Martínez Ten, ha eliminado esta
posibilidad, a demanda del Ministerio de Industria,
argumentando que vulneraba el principio de
proporcionalidad por el que las sanciones
deben adecuarse a las infracciones cometidas.
Sin embargo, los regímenes sancionadores
de un buen número de leyes en el ámbito
estatal y autonómico multan exactamente
de esta manera. La base de sancionar hasta
con el doble del beneficio persigue precisamente
la proporcionalidad entre las sanciones y
las infracciones, que ni se da en el régimen
vigente ni, según todo apunta, se dará
en el nuevo régimen que propone ahora
el PSOE.
En cuanto a la calificación
de sanciones muy graves, el PSOE hace referencia
al establecimiento de dosis de radiactividad
con efectos deterministas. Esto impedirá
que en la práctica se puedan poner
sanciones muy graves. Para Greenpeace, es
esencial que los límites de dosis tengan
una referencia objetiva, tomando como base
las establecidas en el Reglamento de Protección
Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes.
El régimen sancionador
que propone el PSOE exige que exista daño
al medio ambiente para poder sancionar. Esto
dejará sin castigar prácticas
que aunque no hayan producido daño
efectivo hayan puesto en riesgo a la población
y al medio ambiente. Greenpeace ha propuesto
utilizar como criterio objetivo el riesgo
de emisiones al medio ambiente que supere
en cinco veces la dosis media anual (1 mSv).
El PSOE además mantiene
la criticada figura del “apercibimiento”.
Greenpeace considera que esta figura, una
especie de amonestación sin consecuencias
para la instalación infractora y que
el CSN utiliza cada vez con más fruición,
es totalmente negativa y va en contra de la
seguridad y de la aplicación rigurosa
del régimen sancionador, y por lo tanto
debería eliminarse.
Además, el régimen
sancionador que avala el PSOE no contempla
que en todos los casos se notifique a la autoridad
competente (al Ministerio de Industria o las
Comunidades Autónomas con competencias
transferidas en instalaciones radiactivas),
lo cual podría ser incluso anticonstitucional.
