Ciudad
Real, 4 de julio de 2007- El único
representante ecologista que hay en el Consejo
del Agua de la Cuenca del Guadiana ha votado
hoy en contra del PEAG en la reunión
celebrada en Ciudad Real. La cesión
de 200 hm3 de agua anuales para regadío
no garantiza el cumplimiento de los objetivos
de recuperación de los acuíferos.
Las asociaciones Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO-BirdLife y WWF/Adena consideran
que la Confederación ha cedido en exceso
ante las presiones de la Junta de Castilla-La
Mancha y de los regantes. Ahora se debe abrir
un nuevo proceso hasta la presentación
del PEAG ante el Consejo Nacional del Agua
en el que los grupos ecologistas confían
para reconsiderar, en su caso, la posición
adoptada.
El único voto ecologista,
emitido hoy por José Manuel Hernández,
en el Consejo del Agua de la Cuenca del Guadiana
ha sido en contra del documento del Plan Especial
del Alto Guadiana que se ha presentado a votación
por parte de la Confederación Hidrográfica.
Dicho texto, redactado a partir de la revisión
del que se sometió a información
pública hace unos meses, no recoge
casi ninguno de los aspectos que las organizaciones
ecologistas consideran cruciales para garantizar
la consecución de los objetivos ambientales
del PEAG en un plazo de tiempo razonable.
A partir de la concesión
para regadío de 200 hm3 que plantea
el PEAG es imposible cumplir con el requisito
fundamental de recuperar los acuíferos
ni siquiera en el año 2027, año
de referencia en segundo plazo de prórroga
que ofrece la Directiva Marco de Agua para
poder conseguir alcanzar el buen estado ecológico
de la cuenca. Incluso suponiendo que no hubiera
extracciones ilegales, ni concesiones a abastecimientos
ni a otros usos, dada la disponibilidad de
recursos renovables que el propio PEAG sitúa
entorno a los 300-320 hm3, no habría
posibilidades de recuperar el acuífero
en menos de 25 años contando a partir
de que las medidas se pusieran en marcha,
lo que nos lleva a 2035-2040.
Por otra parte, el PEAG
ha evitado fijar criterios e indicadores objetivos
que permitan evaluar el proceso de recuperación
de los acuíferos y no reflejado tampoco
mecanismos de reversión de los cuantiosos
fondos con los que se pretende subvencionar
a los regantes en el caso de que no cumplan
con las medidas de reducción de consumo
de agua.
Aún peor, sigue la
impunidad ante el uso ilegal del agua. En
el último año sólo se
han cerrado seis pozos ilegales en una cuenca
con más de 60.000 perforaciones no
autorizadas y además se han negociado
los expedientes sancionadores con los infractores.
Según las ONG, falta
realismo en el PEAG y credibilidad en las
instituciones, en particular, en la Junta
de Castilla-La Mancha, que será entidad
corresponsable de la ejecución del
PEAG a partir de la constitución del
Consorcio. Precisamente el amplio margen de
maniobra que se concede al Consorcio que gestionará
el PEAG, constituido a partes iguales por
Junta y CHG, es otro de los motivos que hacen
desconfiar a las organizaciones ecologistas.
Los ecologistas demandan
que se reduzcan a 130 desde los actuales 200
hm3 anuales de agua para regadío y
que se establezcan escenarios transitorios
evaluables, entre la actualidad y 2027, evitando
hacer depender el régimen anual de
explotación de los acuíferos
y la lucha contra los ilegales de cuestiones
políticas, tal y como ocurre hasta
ahora.
Los ecologistas consideran
que la única oportunidad que le queda
al PEAG para recuperar la credibilidad es
su tramitación ante el Consejo Nacional
del Agua.
Artículo: Guido Schmidt
