19
julio 2007 - DF, México — Por violar
las leyes ambientales, dañar una reserva
ecológica y poner en peligro la fuente
de agua dulce de Los Cabos, la organización
ecologista Greenpeace presentó ante
la Procuraduría General de la República
(PGR) una denuncia de hechos en contra de
Eduardo Sánchez-Navarro, dueño
de la empresa Grupo Questro y desarrollador
del proyecto Puerto Los Cabos, en Baja California
Sur, junto con otros posibles responsables.
Esta denuncia obedece a
las acciones que realizó esta empresa
la noche del pasado 10 de julio, cuando faltando
a su palabra, violando la ley, entre protestas
de los habitantes de La Playita e incluso
agrediendo a las autoridades del ayuntamiento
de Los Cabos, decidió iniciar las obras
de apertura de la marina sin el permiso del
ayuntamiento, sin contar con estudios serios
y avalados por especialistas, tal y como había
ofrecido.
Entre los hechos denunciados
se encuentran:
• La apertura de una marina al comunicarla
con el mar, lo que puede ocasionar que se
salinice el acuífero de San José
del Cabo.
• La contaminación del estero San José,
la única reserva ecológica declarada
a nivel estatal en Baja California Sur, por
el vertido de lodos producto de desecho de
dragado y vaciado de aguas residuales hacia
el mar, por parte de puerto Los Cabos, ambas
actividades no incluidas en la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA).
• Relleno del Estero San José, el cual
según el Código Penal Federal
(art. 420 bis) se puede imponer una pena de
dos a diez años de prisión y
por el equivalente de trescientos a tres mil
días multa, a quien ilícitamente
dañe, deseque o rellene humedales,
manglares, lagunas, esteros o pantanos.
Algunos de los presuntos
responsables son Eduardo Sánchez Navarro
Redo y/o Eduardo Sánchez Navarro Rivera
Torres, integrantes del Consejo de Administración
de Grupo Questro; Jorge Buch Braniff, como
Director General del Mega-Proyecto Puerto
Los Cabos, Gerardo Prieto Treviño,
como exfuncionario de Fonatur, quien posteriormente
se integró al corporativo de Grupo
Questro; Diego Martín del Campo y Souza,
miembro propietario de Marina La Playita,
S.A. de C.V., quien además es integrante
del Consejo de Administración de Home
Mart de México, S.A. de C.V.; y Agustín
León de la Barra Coppel, entre otros.
“Solicitamos a la PGR que
actué de forma inmediata, ya que la
reserva ecológica y la principal fuente
de agua de la región están en
un riesgo inminente. El daño se da
todos los días, por ello, seguiremos
recurriendo a la vía legal para prevenir
y detener los daños a este ecosistema”,
dijo Alejandro Olivera, coordinador de la
campaña de océanos de Greenpeace
México.
Cabe señalar que
hace dos meses, Grupo Questro, reconoció
públicamente que carecía de
información científica suficiente
para garantizar que la apertura de la marina
no afectaría al acuífero y a
la reserva ecológica de la zona, y
se comprometió a realizar nuevos estudios
científicos y a someter los resultados
de los mismos a una revisión de expertos,
a fin de acabar con la incertidumbre sobre
los posibles daños como consecuencia
de la apertura de la marina. Estos compromisos
los hizo luego de que Greenpeace instalara
de manera pacífica un campamento-oficina
en la franja de arena que evitaba la infiltración
de agua marina al estero y al acuífero
San José.
El pasado 10 de julio, minutos
antes de abrir la marina, Puerto Los Cabos
envió a Greenpeace un estudio geohidrológico
incompleto, poco serio e insuficiente, ya
que se basa en un análisis realizado
hace 10 años, del cual no presentan
copia. Este trabajo es tan deficiente, que
la empresa decidió no someterlo a la
revisión de una terna de especialistas,
aunque sí le bastó a la empresa
de Sánchez-Navarro para decidir unilateralmente
que no hay riesgo alguno y que la obra debía
llevarse a cabo.
“Con esto la empresa ha
comenzado la cuenta regresiva para la contaminación
de la principal fuente de abastecimiento de
agua dulce de Los Cabos. No estamos contra
el turismo, pero los desarrollos deben respetar
el medio ambiente y las leyes. Exigimos a
Puerto Los Cabos que cierre la marina y detenga
las obras, para salvaguardar el acuífero
y el estero de San José del Cabo”,
finalizó Olivera.