Madrid,
17 de julio de 2007- Comisiones Obreras, El
grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds (IU-ICV), Los Verdes, WWF/Adena, Greenpeace
y Ecologistas en Acción ha presentado
hoy una Proposición de Ley de Movilidad
Sostenible (se adjunta a este comunicado),
que incluye una batería de propuestas
concretas para gestionar la movilidad de las
personas y del transporte de mercancías
dirigidas a la sostenibilidad y la seguridad
en la lucha contra el cambio climático
y destinadas a la reducción significativa
de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El objetivo final de esta ley es que antes
de ocho años el Ministerio de Fomento
pase a destinar solamente el 50% a infraestructuras
y el 50% restante a la gestión de la
movilidad sostenible.
Esta iniciativa parlamentaria
se ha presentado en rueda de prensa esta mañana
en el Congreso de los Diputados, con la asistencia
de secretario confederal de Medio Ambiente
y Salud Laboral de CCOO, Joaquín Nieto;
el portavoz de IU-ICV en el Congreso, Joan
Herrera, junto al diputado Francisco Garrido
de Los Verdes; la responsable del programa
de cambio climático de WWF/Adena, Mar
Asunción; la responsable de Energía
y Cambio Climático de Greenpeace, Raquel
Montón; y Francisco Segura, responsable
de transporte de Ecologistas en Acción.
Con la Ley de Movilidad
Sostenible, en cuya elaboración han
participado las diferentes organizaciones
mencionadas, se tiene la voluntad política
de que es posible implementar medidas efectivas
para la lucha contra el cambio climático.
El Gobierno la había prometido desde
el principio de la legislatura, pero no ha
tomado ninguna iniciativa al respecto. En
este sentido, los diferentes representantes
presentes en la rueda de prensa han instado
al Gobierno español a pasar de “las
palabras a los hechos” apoyando esta Proposición
de Ley en el Congreso.
La iniciativa parlamentaria
–que se registrará en los próximos
días en el Congreso- busca impulsar
el transporte colectivo, el transporte no
motorizado y la puesta en marcha de directivas
de movilidad sostenible en coordinación
con las entidades locales y de las comunidades
autónomas. Asimismo, se pretende que
el Ministerio de Fomento cambie la denominación
por el de Ministerio de Transporte y de Movilidad.
Esta proposición
se registrará pocos días antes
de que el Consejo de Ministros anuncie la
aprobación de un real decreto de medidas
urgentes contra el cambio climático.
Joaquín Nieto, secretario
de medio ambiente y salud laboral de Comisiones
Obreras, ha asegurado que ésta es “una
ley de reducción de costes” puesto
que la mala calidad del aire provoca graves
problemas sanitarios y ambientales. En este
sentido, Nieto ha recordado que cada año
se registran en España 16.000 muertes
prematuras por la contaminación. Además,
ha recordado que se producen 400 muertos anuales
en desplazamientos al trabajo. Nieto ha explicado
las líneas básicas de la proposición
de ley y los compromisos que deben asumir
la Administración Central, las comunidades
autónoma, los ayuntamientos y las empresas.
Por su parte, Joan Herrera
ha instado al Gobierno a recoger los planteamientos
de esta proposición de ley en las propuestas
que piensa impulsar, comprometiéndose
a presentar un Real Decreto Ley que permita
un desarrollo legislativo en temas como movilidad,
ahorro y eficiencia, ley de energías
renovables y fiscalidad verde. “El Gobierno
se ha apalancado con los últimos datos
de reducción de emisiones”, ha dicho
Herrera.
Para Paco Segura, responsable
de Transporte de Ecologistas en Acción,
hasta hoy en España ha existido “una
clamorosa ausencia de planificación”
en infraestructuras y “una inexistente planificación
sostenible”, una opinión compartida
por Mar Asunción, responsable de cambio
climático de WWF/Adena y por Raquel
Montón, de Greenpeace.
La proposición de
ley registrada hoy recoge la necesidad de
que a partir de los planes movilidad urbana
los ayuntamientos deben desarrollar planes
de movilidad sostenible a los polígonos
industriales o empresariales, así como
a las grandes áreas comerciales, parques
de ocio o campus universitarios de ámbito
territorial. Los ayuntamientos y, en su caso,
las autoridades de transporte público
(ATP) establecerán las formas y porcentajes
de financiación por parte de las empresas
del transporte público o colectivo.
También se recoge que las empresas
que dispongan de servicios de transporte colectivo
para sus trabajadores que cubran al menos
un 25% de sus viajes al centro de trabajo
estarán exentas de esta contribución.
Asimismo, las empresas o
administraciones públicas con centros
de trabajo de más de 200 trabajadores
elaborarán y desarrollarán en
los mismos planes de transporte de empresa
que reduzcan la utilización del automóvil
en el transporte de sus trabajadores y fomenten
otros modos menos contaminantes. Las empresas
presentarán estos planes al ayuntamiento
correspondiente.
A través de esta
ley se crearía el Consejo Nacional
de la Movilidad Sostenible como órgano
consultivo, asesor y de concertación
y participación de las administraciones,
organismos, corporaciones, entidades y sectores
sociales vinculados a la movilidad.
Artículo: Mar Asunción
