18 octubre 2007 - Huelva,
España — Tras el accidente de Acerinox
en 1998, se enterraron en las marismas de
Huelva más de 7.000 toneladas
de materiales contaminados por cesio-137 radiactivo.
Greenpeace acusa al Consejo de Seguridad Nuclear,
al Ministerio de Industria y a la Junta de
Andalucía de haber instalado una “bomba
de relojería radiactiva” en las inmediaciones
de la ciudad de Huelva.
Greenpeace ha descubierto
fugas del isótopo radiactivo cesio-137
al río Tinto, en las marismas de Huelva,
a escasos centenares de metros de la ciudad
de Huelva, procedentes de las más de
7.000 toneladas de material contaminado radiactivamente
por el accidente de Acerinox en 1998. Éstas
se enterraron de forma incontrolada en el
denominado Centro de Recuperación de
Inertes (CRI) nº9, ubicado en las Marismas
de Mendaña.
Este importante hallazgo
se debe a un grupo de expertos internacionales
en materia de protección radiológica
pertenecientes a la organización ecologista,
que a instancias de Greenpeace España
se han reunido desde el pasado lunes en la
ciudad de Huelva para analizar la problemática
de la contaminación radiactiva que
sufren las marismas de los ríos Tinto
y Odiel.
Mediante la utilización
de equipos especializados de medición
de la radiactividad, este grupo de expertos
ha descubierto la vía de escape al
medio ambiente del cesio-137 de ese depósito
incontrolado. A través de filtraciones
del terreno, el cesio-137 está incorporándose
a las aguas de un afluente (estero) de la
Rivera de la Nicoba, que poco después
confluye en el río Tinto.
El cesio-137 es un elemento
radiactivo altamente peligroso, incluso en
cantidades muy pequeñas, cuyos perniciosos
efectos para la salud son sobradamente conocidos.
Greenpeace acusa al Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN), a la Empresa Nacional
de Residuos Radiactivos (ENRESA), dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
y a la Junta de Andalucía de haber
actuado de forma altamente irresponsable al
verter esos residuos de forma incontrolada
y, con ello, haber provocado un grave problema
de contaminación radiactiva por cesio-137
en las aguas del río Tinto, en las
inmediaciones de la ciudad de Huelva.
El 12 de junio de 1998,
tras ocultarlo a la opinión pública
durante dos semanas, el CSN se vio forzado
a reconocer que la nube del isótopo
radiactivo cesio-137 que estaba recorriendo
media Europa y había hecho saltar todas
las alarmas en el viejo continente, se debía
a un accidente en la factoría que Acerinox
tiene en Algeciras (Cádiz). En sus
instalaciones se había fundido accidentalmente
una fuente de cesio-137 días antes,
el 25 de mayo, que se liberó a la atmósfera
y contaminó a su vez las escorias de
la fundición, los hornos y otros equipos
de la planta.
Las autoridades nucleares
de Francia, Suiza, Italia, Alemania llevaban
días preguntándose por el origen
de la contaminación detectada, que
en algunos puntos había llegado a ser
de hasta 1.000 veces superior a la radiactividad
de fondo natural.
La tardía reacción
de Acerinox y del CSN, sumado a la nefasta
gestión del accidente, provocó
a su vez la contaminación radiactiva
de la Planta de Inertización de Palos
de La Frontera, a donde fueron enviadas las
cenizas de los hornos de Acerinox.
El total de materiales contaminados
por cesio-137 ascendió finalmente a
7.131 Tn, según datos del CSN, quien
reconoce que este material presenta niveles
de radiactividad equivalentes a más
de 3.500 veces los permitidos por la legislación.
Por oscuras razones completamente
ajenas a los criterios de seguridad y protección
radiológica, el CSN, ENRESA/Ministerio
de Industria y Junta de Andalucía,
acordaron no considerar estos materiales como
residuos radiactivos y por lo tanto no confinarlos
en el cementerio nuclear de El Cabril.
En su lugar se decidió,
como hemos visto, verterlos en el CRI-9, tratando
de camuflarlos entre la radiactividad de los
fosfoyesos vertidos por Fertiberia en las
marismas (ver NOTA), y recubrirlos de una
capa de arcilla, lo que sería, para
el CSN, la “actuación más adecuada”.
En 2001, Acerinox se vio obligada, mediante
sentencia judicial, a pagar unos 3 millones
de euros a EGMASA, empresa pública
dependiente de la Junta de Andalucía,
en quien recayó la responsabilidad
de poner en marcha un Plan de Vigilancia para
controlar con la supervisión del CSN,
durante al menos 30 años, la evolución
de este vertido de materiales contaminados
por cesio-137 y evitar su intrusión
en el medio ambiente. Este Plan de Vigilancia
se puso en marcha, oficialmente, a finales
de 2001.
“La decisión de enterrarlos
de forma descontrolada se ha demostrado claramente
errónea y peligrosa para la salud pública
y el medio ambiente, y desde luego la gestión
de la empresa EGMASA y la supuesta supervisión
del CSN han fracasado estrepitosamente”, ha
declarado Carlos Bravo, responsable de la
campaña de energía nuclear de
Greenpeace.
Greenpeace estudia en estos
momentos posibles actuaciones legales con
el fin de que se depuren responsabilidades
en este asunto.
NOTAS:
A escasos 500 metros de
la ciudad de Huelva se acumulan actualmente
más de 120 millones de toneladas de
fosfoyesos radiactivos generados principalmente
por la empresa Fertiberia, vertidos directamente
y sin ningún tipo de control sobre
una extensión de 1.200 hectáreas.
Ésta fue en su día un maravilloso
espacio natural de enorme biodiversidad creado
por la confluencia de los ríos Tinto
y Odiel.
Debido a los altos niveles
de radiactividad en las balsas de fosfoyesos,
y en particular en el llamado CRI-9, Greenpeace
ha solicitado al Gobierno que declare de forma
urgente estas acumulaciones de residuos como
instalación radiactiva. Asimismo elevó
el pasado mes de junio al Comité de
Peticiones del Parlamento Europeo una denuncia
para que éste revise la vulneración
de las Directivas sobre radiaciones ionizantes,
gestión de residuos tóxicos
y peligrosos y protección de las aguas
que se está dando en las marismas de
Huelva.
