Greenpeace pide a la Junta
de Andalucía y al CSN los resultados
del Plan de Vigilancia de los residuos radiactivos
de CESIO-137 de Acerinox
EGMASA y el CSN deben explicar
qué medidas urgentes van a tomar para
evitar que continúen los vertidos de
cesio-137 al río Tinto
22 octubre 2007 - España — La Junta
de Andalucía y el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) deben explicar qué medidas
urgentes van a adoptar para evitar que continúen
los vertidos de cesio-137 radiactivo al río
Tinto en las Marismas de Huelva. El cesio-137
es un elemento radiactivo altamente peligroso,
incluso en cantidades muy pequeñas,
cuyos perniciosos efectos para la salud son
bien conocidos.
El pasado jueves 18 de octubre,
un equipo de expertos internacionales de Greenpeace
hizo público la existencia de estos
vertidos radiactivos al río Tinto,
procedentes de las más de 7.000 toneladas
de material contaminado radiactivamente por
el accidente de Acerinox en 1998 y que se
enterraron de forma incontrolada en el Centro
de Recuperación de Inertes (CRI) nº9,
ubicado en las Marismas de Mendaña,
dentro de las marismas de los ríos
Tinto y Odiel, en Huelva.
Como Greenpeace ha denunciado,
por razones completamente ajenas a los criterios
de seguridad y protección radiológica,
el CSN, ENRESA y la Junta de Andalucía,
acordaron no considerar estos materiales como
residuos radiactivos y por lo tanto no confinarlos
en el cementerio nuclear de El Cabril. En
su lugar se decidió verterlos en el
CRI-9 (probablemente tratando de camuflarlos
entre la radiactividad de los fosfoyesos vertidos
por Fertiberia en las marismas) y recubrirlos
de una capa de arcilla, lo cual era, para
el CSN, la “actuación más adecuada”.
Finalmente recayó
en EGMASA, empresa pública dependiente
de la Junta de Andalucía, con la supervisión
del CSN, la responsabilidad de poner en marcha
un Plan de Vigilancia para controlar durante
al menos 30 años la evolución
de este depósito incontrolado de materiales
contaminados por cesio-137 y evitar la intrusión
de este elemento radiactivo en el medio ambiente.
Este Plan de Vigilancia se puso en marcha,
oficialmente, a finales de 2001.
“Este tipo de chapuzas temerarias
pueden tener un alto coste para la salud y
el medio ambiente: enterrar esos residuos
radiactivos fue una decisión lamentable
y esto, a la luz de los hechos, ha quedado
demostrado. Además es evidente que
el supuesto Plan de Vigilancia ha fracasado
por completo”, ha declarado Carlos Bravo,
responsable de la campaña de energía
nuclear de Greenpeace.
Para conocer la realidad
de ese Plan de Vigilancia y de los análisis
efectuados en esa zona desde su puesta en
marcha, Greenpeace ha solicitado al CSN y
a la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía (a la cual pertenece
EGMASA), acogiéndose a la Ley 27/2006
de libre acceso a la información ambiental,
copia del citado Plan de Vigilancia, de todos
los informes realizados en el desarrollo de
dicho Plan tanto por EGMASA como por el CSN.
Asimismo Greenpeace ha solicitado
a estos organismos un mapa detallado con la
localización georeferenciada de depósito
incontrolado en el CRI-9 de los materiales
contaminados procedentes del accidente de
Acerinox.
Debido a los altos niveles
de radiactividad en las balsas de fosfoyesos,
y en particular en el llamado CRI-9, Greenpeace
ha solicitado al Gobierno que declare de forma
urgente estas acumulaciones de residuos como
instalación radiactiva.
En este sentido, Greenpeace
elevó además el pasado mes de
junio al Comité de Peticiones del Parlamento
Europeo una denuncia para que éste
revise la vulneración de las Directivas
sobre radiaciones ionizantes, gestión
de residuos tóxicos y peligrosos y
protección de las aguas que se está
dando en las marismas de Huelva.
+ Más
El Gobierno se resiste a
dar el impulso definitivo a una Ley que garantice
la transparencia en el comercio de armas
Amnistía Internacional, Intermon Oxfam,
Greenpeace y la Fundació per la Pau
envían una carta abierta al presidente
del Gobierno por vía de urgencia
23 octubre 2007 - Madrid,
España — Madrid.- El Gobierno y el
Grupo Parlamentario Socialista se están
resistiendo a apoyar en el Congreso un texto
que garantice la transparencia en el comercio
español de armas, en contra del compromiso
anunciado por el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, en el debate sobre
el Estado de la Nación, de “alentar
e impulsar” una ley de armas que detenga la
falta de control en las exportaciones españolas.
El pasado 13 de septiembre
Amnistía Internacional, Intermon Oxfam
y Greenpeace pidieron a los grupos parlamentarios
-en especial al Socialista, que ostenta la
presidencia de la Comisión de Defensa
y es el grupo mayoritario en ella- que desbloquearan
y agilizaran al máximo el trámite
de la ley, de forma que pueda aprobarse antes
del final del curso parlamentario, previsto
para diciembre.
A día de hoy, esta
Comisión de Defensa no ha sido convocada
para este fin, y el tiempo para la tramitación
de la ley de armas se agotará en pocos
días.
Las organizaciones han denunciado
en numerosas ocasiones que el texto de la
ley que se debate en el Congreso carece de
las medidas necesarias para garantizar que
el gobierno informe con detalle de las armas
que se exportan, por lo que si no se modifica
en el trámite parlamentario seguirá
siendo imposible saber qué se está
vendiendo y a quién. Además,
se seguirá permitiendo vender armas
a países que violan gravemente los
derechos humanos, que sufren conflictos o
que están sumidos en la pobreza.
El principal problema es
que, con el proyecto de ley que tienen los
diputados sobre la mesa, el comercio de armas
seguirá siendo oscurantista, porque
no se regula la obligación de dar detalles
sobre cada producto que se exporta como sí
lo hacen países como EEUU y Reino Unido,
entre otros.
Ante el plazo que se agota,
las organizaciones han remitido por vía
de urgencia una carta abierta al presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, en la que manifiestan su profundo
malestar por esta situación y le exigen
cumplir con los compromisos adquiridos.
Adjunta: Carta abierta al
presidente del Gobierno de Esteban Beltrán,
director de Amnistía Internacional
España, Ariane Arpa, directora de Intermón
Oxfam, Juan López de Uralde, director
de Greenpeace, y Jordi Armadans, director
de la Fundació per la Pau.
