Madrid, 25 de octubre de
2007.- El Juzgado de Ciudad Real condena a
dos arrendatarios y al guarda de un coto en
Torre de Juan Abad por utilizar cebos envenenados.
La organización WWF/Adena, acusación
particular en el procedimiento, celebra este
nuevo espaldarazo a la
lucha contra el veneno. La sentencia obliga
a los acusados, Francisco de Asís Millán
Chamizo y Rafael Cordero Adame, a pagar una
multa de 9.000 euros cada uno y a tres años
de inhabilitación para la caza. De
igual forma, ambos tendrán que reparar
el daño causado por la muerte de las
especies afectadas. Por otra parte, el guarda
del coto también ha sido condenado
al haber repartido estos cebos masivamente.
La sentencia recoge que
el guarda actuó cumpliendo órdenes
recibidas de sus empleadores y procedió
al reparto de cebos envenenados de forma masiva,
en fechas anteriores al 6 de marzo de 2005,
cuando fueron descubiertos por los Agentes
de Medio Ambiente y Seprona. En los días
sucesivos, estos cuerpos policiales hallaron
en el campo un total de 227 cebos en 87 localizaciones
diferentes. Además, encontraron envenenados
a un zorro, un águila ratonera y un
cernícalo vulgar.
WWF/Adena destaca que los
terrenos del coto de caza “Pozo Esteban” (CR
11431) son parte de la Zona de Importancia
para el Lince ibérico, según
el Plan de Recuperación de esta especie
en Castilla-La Mancha y, también, de
la Zona de Importancia del Buitre negro. De
igual forma, constituyen una Zona de Importancia
y Dispersión para el Águila
imperial ibérica, según los
respectivos Planes de Conservación
y Recuperación regionales. Cabe recordar
que el águila imperial es una especie
catalogada en peligro de extinción,
al igual que el lince. Igualmente, en la zona
del coto se dan cita otras numerosas especies
que pudieron verse afectadas por el veneno,
produciendo un daño en el ecosistema
aún mayor.
Además, la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla
La Mancha (a través de su Delegación
de Ciudad Real) dictó resolución
de 16-11-2005 de suspensión de la actividad
cinegética del coto, como medida recuperadora
del daño ocasionado (de naturaleza
no sancionadora), así como Resolución
Sancionadora de 14-02-06 contra el titular
del coto por infracción de la Ley 9/99
de Conservación de Castilla La Mancha.
Esta recogía la suspensión de
la actividad cinegética por dos años
y una sanción económica de 18.000
euros, por negligencia a la hora de evitar
la aparición de los cebos en el medio
natural. Este último expediente no
se ha dirigido contra ninguno de los ahora
condenados, sino contra el titular cinegético,
sin que exista por tanto identidad de sujetos,
objeto y procedimiento.
El Juzgado de Instrucción
de Villanueva de los Infantes suspendió
cautelarmente la actividad cinegética
del coto el día 12 de abril de 2006.
Esta suspensión ha sido ahora confirmada
por el juzgado nº 2 de Ciudad Real hasta
final de año.
WWF/Adena quiere felicitar
a la Fiscalía de Ciudad Real, a la
Delegación provincial de Medio Ambiente
y, en especial, a sus servicios técnicos
y agentes forestales, por la resolución
de este importante caso. Carlos Cano, responsable
del Proyecto contra el veneno de esta organización,
resalta la eficacia del trabajo que este servicio
provincial está llevando a cabo en
Campo de Montiel, y anima a sus responsables
a no desfallecer y a ampliar las actuaciones
a todo el ámbito provincial.
Artículo: Carlos Cano
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Los ecologistas rechazan
la invitación a acudir a la firma del
protocolo del plan especial del Alto Guadiana
Madrid, 23 de octubre de
2007- Las organizaciones Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF/Adena no apoyarán
ni asistirán al acto de presentación
y firma del protocolo general de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la
Presidencia de Castilla-La Mancha para el
desarrollo del Plan Especial del Alto Guadiana
(PEAG), por no haber dispuesto con antelación
de la información sobre la versión
definitiva del texto y contenidos del Plan
Especial y para mostrar rechazo a la falta
de compromiso de la Junta de Castilla-La Mancha
y a la tardía invitación recibida
de la CHG.
Las organizaciones declinan
participar en el acto, que se celebrará
mañana día 23 en Ciudad Real
y cuyo objetivo es la firma de un protocolo
para la gestión compartida del PEAG
entre el Ministerio de Medio ambiente y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
que pretende la recuperación de humedales
y de los acuíferos manchegos sobreexplotados,
especialmente el denominado nº 23, “Mancha
Occidental”.
Por lo que las ONG conocen
por el momento del PEAG, éste no garantiza
que se vayan a cumplir sus objetivos de recuperar
los niveles freáticos de forma que
el agua aflore en Los Ojos del Guadiana y
exista aportes subterráneos a Las Tablas
de Daimiel, a pesar de que el Ministerio va
a invertir más de 3.000 Millones de
euros hasta 2027.
En dicho documento no existe
un compromiso realista para acabar con las
extracciones de agua ilegal y no va acompañado
con un cambio de la política agraria
de Castilla-La Mancha hacia la necesaria reducción
y reconversión del regadío,
única forma de revertir la situación
de sobre- explotación de los acuíferos
y completar el ascenso de los niveles freáticos
para 2027 a más tardar.
La firma del Protocolo surge
en un momento en el que todavía siguen
abiertos la inmensa mayoría de los
pozos ilegales existentes en la cuenca, responsables
de una buena parte de las extracciones de
los acuíferos.
Las ONG ambientales lamentan
haber sido convocadas con menos de 24 horas
de anticipación al acto por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, lo que interpretan
como una voluntad de que no acudiesen representantes
de estos colectivos que se oponen al PEAG
tal como se encuentra redactado en la actualidad.
Por último, señalar
que las ONG desconfían del papel que
el Consorcio que coordinará y gestionará
las medidas del PEAG pueda tener a la hora
de fijar los volúmenes de extracción
anual y de compra de derechos a la hora de
conseguir resultados que permitan alcanzar
los objetivos del PEAG a 2027. Las ONG se
oponen a que sea un Consorcio MIMAM-Castilla-La
Mancha el que establezca el control de la
ejecución y gestión de las medidas
del PEAG, y menos en la situación actual
de exclusión de las medidas agrarias
y de desarrollo socioeconómico del
PEAG, competencia de la Junta, ya que el consumo
de agua que esta pretende mantener impide
conseguir los objetivos temporales que exige
la Directiva Marco del Agua.
Artículo: Alberto Fernández
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Organizaciones ecologistas
y ciudadanas solicitan la creación
de un parque litoral en el Rompido, Cartaya
(Huelva)
Cartaya (Huelva), 23 de
octubre de 2007.- La Plataforma en Defensa
del Río Piedras, Ecologistas en Acción,
IU-Los Verdes por Andalucía de Cartaya,
La Asociación de Vecinos del Rompido,
Greenpeace, WWF/Adena y más de 1.500
ciudadanos solicitan a la Junta de Andalucía
y al Ayuntamiento de Cartaya la creación
de un parque litoral en el Rompido, Cartaya
(Huelva).
Estas organizaciones y los
ciudadanos firmantes han propuesto a la Junta
de Andalucía y al Ayuntamiento de Cartaya
la creación de un parque litoral en
el lugar denominado la Barreta en el río
Piedras (El Rompido-Cartaya), ubicado en Huelva.
En este enclave la empresa
pública de Puertos de Andalucía
y el Ayuntamiento de Cartaya pretenden construir
una dársena para 500 embarcaciones
de recreo. El proyecto tiene un impacto ambiental
crítico e irreversible, y, por tanto,
inadmisible desde el punto de vista ecológico,
biológico y paisajístico. Además,
vulnera la normativa europea, en concreto,
las Directivas 92/43/CEE (Hábitats)
y 79/409/CEE (Aves).
El paraje natural de la
Barreta está protegido como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) y es un paisaje
litoral de interés preferente, que
da cobijo a numerosa fauna y flora protegida,
alguna de ella catalogada “en peligro de extinción”.
Por estas razones, alberga valores suficientes
para su declaración como Parque Litoral.
Estas organizaciones consideran
que el proyecto planteado, que contempla la
excavación de 500.000 m3 de marismas
protegidas, es innecesario, por lo que proponen
una alternativa. Esta opción consistiría
en colocar una marina flotante dentro del
propio río Piedras, tal y como se ha
hecho en otras ocasiones por la Junta de Andalucía,
incluso en el mismo Rompido. La marina flotante
daría el mismo servicio a las embarcaciones,
sin ser una estructura permanente e irreversible,
resultando más acorde con el desarrollo
sostenible del entorno del río Piedras.
Para las organizaciones
promotoras del Parque Litoral: “el proyecto
del puerto deportivo no es justificable, es
manifiestamente insostenible y no se puede
llevar a cabo a costa de la destrucción
de una zona LIC. Asimismo, sólo responde
a la presión de varias empresas inmobiliarias
de la zona, que piensan que su instalación
sería una oportunidad para vender más
viviendas y a un precio mayor que el actual”.
Artículo: Juanjo Carmona
