29 noviembre 2007 - Buenos
Aires, Argentina — La organización ambientalista
celebra la inclusión de la moratoria
a los desmontes hasta
que cada provincia realice su ordenamiento territorial
y la obligatoriedad de efectuar estudios de
impacto ambiental antes de aprobar un desmonte.
La Cámara de Diputados
aprobó este miércoles la Ley de
Bosques. Greenpeace celebró que la norma,
apoyada por un millón y medio de argentinos,
cuente con la suspensión a los desmontes
hasta que cada provincia realice un ordenamiento
territorial de sus bosques nativos. Además,
establece la obligatoriedad de efectuar estudios
de impacto ambiental y audiencias públicas
antes de aprobar un desmonte, y protege los
bosques utilizados por comunidades campesinas
e indígenas.
La norma había sido
aprobada en general hace quince días
por el Senado, y suspendido su tratamiento en
particular debido a la fuerte presión
ejercida por algunos senadores de las provincias
del norte que intentaron hasta última
hora desvirtuar la moratoria que detiene los
desmontes.
El miércoles pasado,
21 de noviembre, después de varios días
de negociaciones, y gracias a la presión
de cientos de llamados de la gente a sus despachos,
los senadores aprobaron, artículo por
artículo, la Ley de Bosques. Luego debió
pasar a la Cámara de Diputados, ya que
sufrió algunas modificaciones, como la
creación del fondo de compensación
a las provincias que cuiden sus bosques.
La Ley de Presupuestos Mínimos
de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos suspende la emisión de permisos
de desmonte por un año para que cada
provincia realice un ordenamiento territorial
de sus bosques nativos. Cumplido ese lapso de
tiempo, aquellas jurisdicciones que no hayan
realizado el ordenamiento territorial no podrán
autorizar desmontes ni aprovechamientos productivos
en zonas boscosas.
Para realizar el ordenamiento
territorial, la ley establece diez criterios
ecológicos y categorías de conservación
que apuntan a planificar las actividades forestales,
agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación
y degradación del bosque nativo, y señala
como prioritario cuidar a los bosques que actualmente
ocupan y utilizan comunidades indígenas
y campesinas.
La norma reconoce los servicios
ambientales que brindan los bosques: conservación
de la biodiversidad, del suelo y de la calidad
del agua, regulación hídrica,
fijación de emisiones de gases de efecto
invernadero y la defensa de la identidad cultural.
Además establece la obligatoriedad de
realizar estudios de impacto ambiental y audiencias
públicas antes de aprobar un desmonte,
y prohíbe la quema a cielo abierto de
los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos
de bosques.
“El ordenamiento territorial
que establece la ley es esencial para solucionar
la emergencia forestal en la que nos encontramos.
La aprobación de esta norma es un gran
avance en materia ambiental y salda una deuda
pendiente”, declaró Juan Carlos Villalonga,
Director Político de Greenpeace.
La Ley de Bosques fue presentada
el año pasado en la Cámara de
Diputados por el diputado Miguel Bonasso e impulsada
por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas,
como la Fundación Vida Silvestre Argentina,
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) y la Fundación Proteger, y fue
apoyada por organizaciones sociales, como el
Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE) y la Organización de Naciones
y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA)
y del sector productivo, como la Asociación
Forestal Argentina (AFOA).
A fines de 2006, se trató
por primera vez en Diputados y en el mes de
marzo de 2007, luego de una larga sesión,
la Cámara Baja le otorgó la media
sanción y la giró para su discusión
a seis comisiones del Senado: Presupuesto y
Hacienda, Legislación General, Justicia
y Asuntos Penales, Industria y Comercio, Ambiente
y Desarrollo Sustentable y Agricultura, Ganadería
y Pesca.
La fuerte presión ejercida
por los representantes de las provincias del
norte, que se oponen a distintos artículos
de la Ley impidió que se discutiera en
las comisiones y que llegara a ser tratada en
el recinto. A esto se sumó el parate
en el que estuvo en Congreso durante el tiempo
que duró la campaña electoral.
Debido al retraso en el tratamiento
de la Ley, Greenpeace, junto a más de
treinta organizaciones de todo el país
impulsó la campaña “Un millón
de firmas por los bosques”, con el objeto de
sumar las adhesiones de los ciudadanos para
exigir a los senadores el tratamiento de la
Ley. El número previsto inicialmente
se vio ampliamente superado y un millón
y medio de personas sumaron su respaldo.
“La Ley de Bosques es un logro
gigante para la defensa del medio ambiente,
porque le pone un freno al avance descontrolado
de las topadoras. Un millón y medio de
argentinos lo hicimos posible: salvamos los
últimos bosques nativos”, afirmó
Hernán Giardini, coordinador de la campaña
de Bosques de Greenpeace.
A principios del mes de octubre
las organizaciones entregaron en el Senado las
planillas que contenían las firmas junto
con un petitorio formal para exigir la aprobación
de la Ley de Bosques.
La presión de la gente
hizo que, una semana más tarde, el presidente
del bloque oficialista de la Cámara Alta,
Miguel Ángel Pichetto junto con la Secretaria
de Ambiente y Recursos Naturales, Romina Picolotti
dieran una conferencia de prensa en la que el
oficialismo se comprometió a tratar la
Ley en la primera sesión posterior a
las elecciones del 28 de octubre.
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Renovables 100% en la Presidencia del Gobierno
España podría
liderar la lucha contra el cambio climático
siguiendo las recomendaciones del informe para
optar por la solución renovable
29 noviembre 2007 - España — Greenpeace
ha presentado hoy en la Oficina Económica
del Presidente del Gobierno, en el Palacio de
la Moncloa, el informe Renovables 100%. Un sistema
eléctrico renovable para la España
peninsular y su viabilidad económica.
Con ello se logra que su análisis pionero
sea conocido y debatido por todos los máximos
responsables de la política energética
en España. El informe demuestra que sustituir
completamente las energías sucias por
renovables en España es viable técnica
y económicamente, garantizando la seguridad
del suministro.
Con este acto se culminan
varias decenas de presentaciones de alto nivel
realizadas tras su lanzamiento el pasado mes
de abril, entre los que se incluyen: España
Solar, Centro Nacional de Energías Renovables,
Foro Permanente de la Sostenibilidad, Parlamento
de Catalunya, Consellería de Economía
de Catalunya, Ente Vasco de la Energía,
Cámara de Comercio de Barcelona, Club
Español de la Energía, Asociación
de Productores de Energías Renovables,
Día Europeo del Viento (Asociación
Empresarial Eólica), Energy Forum (Barcelona),
Conferencia de la Industria Solar, Cumbre de
la Energía Termoeléctrica Concentrada,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad del
País Vasco, Universidad de Santiago de
Compostela, Universidad de A Coruña,
Universidad de Lugo, Escuela de Organización
Industrial, Fundación para el Análisis
y los Estudios Sociales, Encuentro Solar, así
como el Encuentro de Verano organizado por Greenpeace
con la Universidad Complutense de Madrid. Además,
está prevista su presentación
en un acto organizado por la Comisión
Nacional de Energía el próximo
11 de diciembre.
“Estamos logrando que los
máximos responsables de la política
energética en España, tanto de
las administraciones públicas como de
las empresas privadas, conozcan que un modelo
100% renovable es perfectamente posible”, ha
declarado José Luis García Ortega,
responsable de la campaña de energía
de Greenpeace. “Ahora lo que hace falta es que
esa información se traduzca en compromisos
más ambiciosos para sustituir las energías
sucias por renovables. Ya no valen excusas”.
El informe demuestra que es
viable plantearse un sistema de generación
basado al 100% en energías renovables,
tanto para cubrir la demanda eléctrica
como la demanda de energía total, a unos
costes totales perfectamente asumibles y muy
favorables respecto a los que podemos esperar
en 2050 si seguimos con el actual modelo de
energías sucias. Y no hay una única
respuesta, sino muchas formas posibles, con
distintas combinaciones de sistemas de generación
eléctrica basados en fuentes renovables,
para satisfacer la demanda proyectada en 2050.
Para hacerlo realidad, Greenpeace
pide al Gobierno español que establezca
objetivos de obligatorio cumplimiento de planificación
energética de medio y largo plazo, principalmente
que la contribución de las energías
renovables a la generación de electricidad
alcance un 50% en 2020 y un 100% en 2050. Los
ecologistas quieren que estos objetivos se reflejen
en la planificación que el Gobierno está
preparando para el horizonte 2030.
