Amnistía Internacional,
Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón
Oxfam, celebran que finalmente España empiece
a controlar por ley las exportaciones
de armas - 19 diciembre 2007 - Madrid, España
— Tras más de diez años de campaña
por un mayor control y transparencia del comercio
español de armas, Amnistía Internacional,
Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón
Oxfam han celebrado hoy la aprobación definitiva
de la Ley de Comercio de Armas como un avance importante
para poner fin al enorme coste humano que tienen
las transferencias irresponsables de armas. El comercio
descontrolado de armas causa en el mundo una muerte
cada minuto.
La ley sobre el control del comercio
exterior de material de defensa y de doble uso obligará
al Gobierno a aplicar los criterios del Código
de Conducta de la Unión Europea que no permiten
transferencias de armas a países en conflicto
o donde se violen los derechos humanos, entre otras
limitaciones.
Las cuatro organizaciones instan
al Gobierno español a cumplir escrupulosamente
con el espíritu y la letra de la nueva ley,
incluyendo el envío de información
puntual y detallada al Parlamento sobre qué
material de defensa exporta España y a qué
destinos. En este contexto, las organizaciones recuerdan
que todavía está pendiente el envío
al Congreso de los Diputados de las estadísticas
de exportaciones de armas relativas al primer semestre
de 2007.
Los aspectos más positivos
de la ley:
Se prohíben las ventas
a países en conflicto, donde se violen los
derechos humanos o que estén sometidos a
embargos internacionales, entre otros criterios.
Se incluye, entre el material
sujeto a control, las armas y municiones para caza
y tiro deportivo.
En el momento de denegar una transferencia
a un país se tendrán en cuenta los
informes de organismos de Naciones Unidas en materia
de derechos humanos, así como los de organizaciones
y centros de investigación sobre paz, desarme
y derechos humanos.
Entre los documentos de control
que se deben adjuntar a las solicitudes de exportación,
se incluyen cláusulas de no reexportación,
por las que el país receptor se compromete
a no vender o transferir estos productos a un tercer
país. También debe incluirse la información
sobre países de tránsito y métodos
de transporte, una medida importante para evitar
“desvíos” de armas. Se podrán denegar
esas autorizaciones cuando se trate de países
sobre los que hay evidencia de desvío de
armas.
El Gobierno se compromete a promover
y a apoyar la prohibición de las bombas de
racimo. Asimismo, el Gobierno establece el compromiso
de apoyar la aprobación de un Tratado Internacional
sobre Comercio de Armas.
En materia de transparencia, se
elimina la referencia a la Ley de Función
Estadística Pública, que era hasta
ahora el principal argumento eximido por el Gobierno
para no ofrecer mayor información pública
sobre el tipo de producto exportado. Este cambio
abre la puerta a que parlamentarios y ciudadanos
dispongamos de información detallada de qué
material de defensa y doble uso exporta España.
Se amplia el control parlamentario.
El Congreso, además de recibir semestralmente
y anualmente la información relativa a las
exportaciones oficiales, tendrá capacidad
para evaluarla a través de un dictamen con
recomendaciones, a las que el Secretario de Estado
deberá dar respuesta en su comparecencia
anual.
Los aspectos más negativos
de la ley:
En materia de transparencia, la
ley no menciona de forma explícita la obligación
del Gobierno de dar información detallada
del producto exportado, haciendo únicamente
referencia a “categorías descriptivas”.
La JIMMDU1 (el organismo interministerial
que autoriza o deniega las autorizaciones) conserva
la capacidad de eximir a los exportadores de la
presentación de los documentos de control
en ciertos casos. Sin embargo, es positivo que la
ley incluya la obligación del Gobierno de
informar sobre los criterios utilizados en la aplicación
de las exenciones.
No se contempla la obligatoriedad
de documentos de control como el certificado de
destino y uso final.
En materia de intermediación
o corretaje, no se aplica el principio de extraterritorialidad,
que ampliaría su ámbito de aplicación
a los nacionales o residentes españoles que
operen desde el extranjero.
Más de diez años
de campaña para exigir mayor transparencia
y control de las exportaciones españolas
Hace poco más de una década,
la información relativa al comercio exterior
de material de defensa era secreta y las transferencias
de armas no estaban sujetas al control político
ni de la opinión pública. La toma
de conciencia de los ciudadanos y el trabajo de
diferentes organizaciones y de distintas fuerzas
políticas parlamentarias han permitido combatir
el secretismo y avanzar hacia una mayor transparencia
y control. Desde el lanzamiento de la campaña,
cientos de miles de personas y decenas de instituciones
han apoyado esta petición.
El primer logro de la campaña
fue la aprobación en 1997 de una Proposición
no de Ley en el Congreso en la que se pedía
al Gobierno que hiciera públicos los datos
esenciales de las exportaciones de armas. Hasta
1996, la información oficial sólo
ofrecía el total de esas exportaciones a
cada país, sin detalle alguno de qué
se vendía.
A finales de 2006 el Consejo de
Ministros aprobó el proyecto de ley sobre
comercio de armas dando cumplimiento a una proposición
no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso
de los Diputados el año interior. Las organizaciones
acogieron con satisfacción esta aprobación
al tratarse de una demanda histórica. Sin
embargo, el proyecto presentado decepcionó
por no introducir apenas avances con respecto a
la normativa existente, ignorando además
las buenas prácticas de otros países
para un control efectivo de las exportaciones.
En febrero de 2007, las organizaciones
publicaron el informe “Comercio de armas en España:
Una ley con agujeros”, en el cual se analizaron
las debilidades de la propuesta gubernamental y
se presentaron una serie de recomendaciones a los
grupos parlamentarios para mejorarla.
A lo largo de este año,
activistas de las organizaciones han realizado actos
de campañas y recogidas de firmas en toda
España para pedir a diputados del Congreso
que priorizaran el debate de esta ley y tuvieran
en cuenta las peticiones de las organizaciones.
Amnistía Internacional,
la Fundació per la Pau, Greenpece e Intermón
Oxfam valoran positivamente las modificaciones añadidas
al texto inicial aunque lamentan que no se haya
conseguido el consenso necesario en el Congreso
para que la ley obligue explícitamente al
Gobierno a dar información detallada sobre
el tipo de producto exportado. Por ello, las cuatro
organizaciones darán seguimiento al desarrollo
reglamentario de esta ley y a su aplicación
para que suponga un verdadero avance en materia
de control y transparencia de las exportaciones
españolas de armas e impida transferencias
irresponsables.
Exportaciones de armas de 2006
a destinos preocupantes
Según los últimos
datos oficiales, España vendió el
pasado año material de defensa por valor
de más de 845 millones de euros, lo que le
sitúa en el octavo puesto entre los mayores
exportadores de armas del mundo. Una tendencia al
alza en volumen de exportaciones, confirmada por
el Secretario de Estado de Comercio en su comparecencia
ante la Comisión de Defensa el pasado 11
de diciembre, que se debería revertir en
los próximos años.
España vendió 441.000
euros en material de defensa a Israel, un millón
de euros a Pakistán, más de 16 millones
de euros a Marruecos y más de 3 millones
de euros a Venezuela. El informe oficial explica
que España ha vendido a estos países
productos de distinto tipo entre los que figuran
aquellos de la categoría 4 “bombas, torpedos,
cohetes y misiles”. Sin embargo, no se conoce con
precisión qué se exporta y en qué
cantidad.
En el caso de Marruecos, los datos
oficiales ofrecieron información solamente
sobre la mitad de las ventas, de las que se dice
que son “vehículos todo terreno para transporte”.
Se sigue sin tener más información
sobre el resto de los productos exportados. En relación
con las ventas de material y tecnologías
de doble uso, entre los destinatarios figuran países
como Irán, Colombia, China o Israel. Estos
destinos difícilmente cumplirían con
los requisitos establecidos por la ley para autorizar
una exportación de armas.
En años anteriores,
España vendió munición a Ghana
por valor de 3,2 millones de euros. A pesar de su
posible impacto negativo, así como el riesgo
de tráfico ilícito de esas armas a
países vecinos- algunos de ellos inmersos
en situaciones de conflicto o posconflicto armado-
las ventas de estos productos no han estado sujetas
a ningún control por parte del Gobierno hasta
la fecha. Con la nueva ley, el Gobierno deberá
no sólo someter a control las ventas de armas
de caza, tiro deportivo y sus municiones sino informar
al Congreso de las mismas.