22 diciembre 2007 - Argentina
— Greenpeace consideró este viernes “poco
efectivo” el cambio del huso horario y reclamó
un programa agresivo de iluminación
eficiente en los edificios públicos.
Si bien Greenpeace le dio la bienvenida
a la preocupación del Gobierno Nacional por
introducir medidas de eficiencia y uso racional
de la energía, demandó objetivos claros
para abandonar una prédica que hasta ahora
ha sido sólo voluntarista.
“La iluminación es una
porción importante del impuesto eléctrico
en el sector público y domiciliario. Para
comenzar un proceso de incorporación de políticas
de eficiencia energética es necesario comenzar
con el cambio de lámparas incandescentes
por lámparas que ofrecen la misma iluminación
consumiendo un 75% menos de energía”, sostuvo
Rosario Espina, coordinadora de campaña contra
el Cambio Climático de Greenpeace.
En este sentido, Espina explicó
que “para dar el primer, además de generar
condiciones favorables para el cambio domiciliario
de lámparas, la administración pública
debe reemplazar en forma total estas lámparas
durante el primer semestre de este año”.
“Además de atender a la
coyuntura, se deben adoptar medidas que cambien
un modo de consumo irracional que nos lleva a una
mayor dependencia de fuentes energéticas
sucias que además agravan la crisis climática
que atraviesa el planeta”, sostuvo Espina.
Por otra parte, Greenpeace consideró
“poco efectiva” la medida de cambiar el huso horario,
anticipó que no tendrá efectos relevantes
y que sumará complicaciones en muchas provincias,
como ha sucedido en la última experiencia
del 2004. Greenpeace propone que todos los edificios
públicos en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario
y Córdoba realicen un completo reemplazo
de lámparas incandescentes por las de bajo
consumo durante el primer semestre de 2008.
Nuestra organización impulsa
como objetivo que a partir del 2010 se prohíba
totalmente la comercialización de lámparas
incandescentes. Este es un proceso que ya se está
dando en diversas partes del mundo. “Argentina debe
dar ese primer paso hacia lo que para Greenpeace
debe ser una “Revolución Energética”
para construir un modelo energético sustentable
que enfrente la dramática situación
que representa el Cambio Climático”, señaló
Espina.(1)
Greenpeace también señaló
que el Gobierno debe tener en cuenta en su idea
de importar lámparas de bajo consumo el estudio
realizado en el 2006 por el INTI (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial) que demostró
que diversas marcas de estas lámparas en
el mercado, particularmente las de origen chino,
no cumplían con los valores de eficiencia
y de vida útil.(2)
Según un considerable número
de estudios y de expertos en relación al
Cambio Climático, se reconoce que quedan
pocos años para cambiar la peligrosa tendencia
que siguen hoy las emisiones de gases que provocan
el cambio climático. “No tenemos mucho más
que unos 8 años para provocar ese cambio,
por eso debemos empezar hoy mismo con medidas que
estén a la altura del desafío que
representa la amenaza global del cambio climático”
planteó Espina.
(1) “[R]evolución Energética” es la
propuesta que Greenpeace y el Consejo Europeo de
Energías Renovables (EREC) han desarrollado
para que se logre evitar una suba de la temperatura
global no más allá de 2°C generando
una reducción del 50% de las emisiones globales
para el 2050.
(2) “Resultados de un estudio
del INTI sobre el desempeño de lámparas
de bajo consumo”, Por Laboratorio de Luminotecnia
del Centro INTI – Física y Metrología.
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El Consejo de Estado da la razón
a Greenpeace frente al Consejo de Seguridad Nuclear
y al Ministerio de Industria
El Ministerio de Industria y el
Consejo de Seguridad Nuclear pretenden dejar sin
efecto la obligación de los trabajadores
de las instalaciones nucleares de denunciar los
problemas de seguridad
27 diciembre 2007 - Madrid, España — El Consejo
de Estado ha dado la razón a Greenpeace frente
al Consejo de Seguridad Nuclear y al Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo y por lo tanto
deberá incluirse expresamente en el nuevo
Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas
(RINR) la obligación de los trabajadores
de las instalaciones nucleares de denunciar los
problemas de seguridad que conozcan, obligación
que establece la nueva Ley 33/2007 de reforma del
Consejo de Seguridad Nuclear.
El pasado mes de noviembre el
Parlamento del Estado aprobó la Ley 33/2007
de reforma de la Ley 15/1980 de creación
del Consejo de Seguridad Nuclear, impulsada por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde (IV-IU-ICV)
en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de
Greenpeace.
Entre los avances conseguidos
en la nueva Ley de reforma del Consejo de Seguridad
Nuclear (a pesar de que el texto original fue finalmente
desvirtuado por el Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso) se incluye la obligación
de los trabajadores de las instalaciones nucleares
y radiactivas de poner en conocimiento de los titulares
y, si estos no toman medidas, del Consejo de Seguridad
Nuclear, las deficiencias en la seguridad de las
centrales nucleares y demás instalaciones.
La Ley 33/2007 remite a un ulterior desarrollo reglamentario
la concreción del procedimiento para que
los trabajadores puedan ejercer este derecho que,
además, queda establecido expresamente en
la Ley 33/2007 como un deber incuestionable.
Sin embargo, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (MITYC) y el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN), desoyendo el mandato
legal, están tramitando una reforma del reglamento
que regula las instalaciones nucleares y radiactivas
(el RINR) para que incluya un procedimiento que
dejaría al libre albedrío de los trabajadores
el ejercicio de esta obligación. Las alegaciones
que planteó Greenpeace al ministerio en el
Trámite de Audiencia de la norma fueron desoídas
y la versión del RINR remitida por el ministerio
al Consejo de Estado, para su tramitación
por la vía de urgencia, mantiene un procedimiento
de carácter voluntario.
Conocido el texto final del Reglamento
de forma extraoficial, Greenpeace se personó
ante el Consejo de Estado como parte interesada
con el fin de reiterar las alegaciones que planteó
en su día al MITYC y que fueron desoídas
entonces. El dictamen del Consejo de Estado no deja
lugar a dudas, reconociendo expresamente que dicho
derecho-deber es uno de los aspectos fundamentales
de la nueva Ley del CSN y que así se debe
reflejar en el Reglamento y se requiere al MITYC
para que se haga eco del carácter de deber
para las personas al servicio de las instalaciones
nucleares que tiene la obligación de denunciar
las deficiencias en la seguridad.
“Resulta evidente que el Consejo
de Seguridad Nuclear, con la connivencia del Ministerio
de Industria, está haciendo todo lo posible
para dejar sin efecto uno de los avances más
importantes de la Ley de reforma del CSN, que se
ha discutido durante más de dos años
en el Parlamento. Este hecho es de una extrema gravedad”,
afirma Carlos Bravo, responsable de la campaña
de energía nuclear de Greenpeace.
“El derecho-deber que plantea
el nuevo artículo 13 de la Ley del CSN no
pretende, ni mucho menos, perseguir a los trabajadores.
Todo lo contrario. Por supuesto que los trabajadores
ahora y siempre han tenido el derecho de denunciar
situaciones que pueden poner en peligro su salud
e incluso su vida, pero también tienen la
ineludible obligación de proteger la salud
de las personas que viven en los alrededores de
estas peligrosas instalaciones y no pueden permanecer
ajenos a algo que es responsabilidad de todos, tanto
de los propietarios como de los trabajadores. Se
trata, por tanto, de buscar la colaboración
y la complicidad de quienes conocen de primera mano
el estado de las instalaciones, para evitar situaciones
tan graves como las que se dieron en el 2004 en
el accidente de Vandellós II y en otros muchos
sucesos ocurridos en centrales nucleares españolas”,
añade Bravo.
Greenpeace denuncia el reiterado
trato de favor que el CSN mantiene hacia las empresas
que explotan las centrales nucleares, haciendo todo
lo posible para que la reglamentación que
se les aplica no sea suficientemente rigurosa y
aplicando con laxitud el régimen sancionador,
como viene ocurriendo reiteradamente cuando sustituye
multas por meras cartas de apercibimiento, que se
limitan a recriminar al titular sus incumplimientos.
En este sentido, Greenpeace reafirma
su compromiso de denunciar ante la opinión
pública este tipo de actitudes por parte
del CSN y del MITyC, ya que es contrario a toda
lógica que algo como la denuncia por los
trabajadores de deficiencias en la seguridad, que
es una obligación que lleva decenas de años
implantada en la legislación americana y
que ha servido para detectar a tiempo multitud de
situaciones de riesgo, no resulte beneficioso también
en el contexto español, donde, por ejemplo,
aún siguen en funcionamiento 8 peligrosas
centrales nucleares.
Greenpeace exige firmemente al
Gobierno que tenga en cuenta en toda su extensión
el dictamen del Consejo de Estado, ya que, de otra
forma, sería cómplice de un fraude
de Ley que, naturalmente, sería objeto de
recurso ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.
