SANTIAGO, ene (IPS) -
Mientras en Chile los mapuches denuncian que
el Estado ha "criminalizado" sus
actos de protesta por demandas territoriales,
en México y Perú muchos indígenas
están encarcelados porque no hubo un
traductor que les explicara de qué
estaban acusados.
Los números no demuestran
una persecución judicial contra la
población indígena de Chile,
México y Perú. La proporción
de nativos presos en esos tres países
es muy baja, menor inclusive que la de población
carcelaria sobre el total de habitantes.
Pero las causas, condiciones
y duración del encarcelamiento y los
testimonios de expertos revelan que su marginación
los hace más vulnerables a los abusos
del sistema y a las fallas habituales del
debido proceso en la región.
En Chile, hay nueve etnias
reconocidas por el Estado. Según estadísticas
de 2006, el pueblo mapuche está conformado
por 922.833 personas, que representan 87,2
por ciento de la población indígena
del país.
De acuerdo con un estudio
de Gendarmería (guardia de prisiones),
en 2005 había 1.207 indígenas
encarcelados en cinco regiones: 82,9 por ciento
eran mapuches.
En las cárceles chilenas
hay 43.000 personas en una población
nacional superior a los 16 millones. Mientras
6,6 por ciento de los habitantes son indígenas,
los nativos constituyen 2,8 por ciento del
total de reclusos.
Los principales delitos
cometidos por los indígenas fueron
contra la propiedad (50,2 por ciento) y contra
las personas (15,9 por ciento), además
de tráfico de drogas e infracción
a la ley de armas (15,2 por ciento).
Aunque los mapuches presos
están vinculados mayoritariamente a
delitos contra la propiedad, las estadísticas
no especifican cuáles fueron cometidos
en el marco del conflicto ancestral que mantiene
ese pueblo originario con el Estado, por sus
demandas de mayores derechos territoriales,
políticos y culturales.
Según estimaciones
de la agrupación mapuche de Santiago
Meli Wixan Mapu, al comenzar 2008 hay 15 "presos
políticos mapuches" en las cárceles
del sur del país, la mayoría
de ellos juzgados por la severísima
ley antiterrorista impuesta durante la dictadura
(1973-11000) y modificada en democracia.
Desde 11000 a la fecha cerca
de 500 mapuches habrían sido procesados
por su participación en actos de protesta
social. Hoy estarían encausados cerca
de 150. Algunos delitos imputados son usurpación
de tierras, atentados incendiarios a predios
agrícolas y forestales, amenazas y
daños a dueños de latifundios,
robo de animales y madera y desórdenes
públicos.
En su libro "Los mapuches
ante la justicia. La criminalización
de la protesta indígena en Chile",
el investigador Eduardo Mella plantea que
los cuatro gobiernos de centroizquierda en
el poder desde 11000 han postergado la resolución
del conflicto que mantiene el Estado chileno
con el pueblo mapuche desde fines del siglo
XIX, cuando comenzó la usurpación
de tierras, traspasándolo al ámbito
judicial para desmovilizar a las comunidades.
La teoría de la "judicialización"
y "criminalización" de la
protesta mapuche tomó fuerza a partir
de 2001, cuando el entonces presidente Ricardo
Lagos (2000-2006) invocó la mentada
ley antiterrorista, hecho criticado por numerosos
organismos nacionales y extranjeros, entre
ellos el relator especial sobre la Situación
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen,
en su informe sobre Chile (2003).
"Casi todos los comuneros
quedan en prisión preventiva (medida
que sólo se debe aplicar en casos excepcionales)
dos o tres meses, independiente de que sean
absueltos o que no perseveren las causas.
En muchos casos la prisión preventiva
es la pena en sí", señaló
a IPS Mella.
Hay comuneros que prefieren
permanecer en la clandestinidad por considerar
que no existen garantías en los procesos
judiciales. Las comunidades en conflicto también
denuncian graves atropellos policiales en
allanamientos en busca de pruebas y prófugos.
En 2006, el Observatorio
de los Derechos de los Pueblos Indígenas
documentó 18 casos de violencia policial
y en 2007 otros 26. Este año se inauguró
con el asesinato del joven universitario Matías
Catrileo, baleado por la policía mientras
participaba junto a un grupo de comuneros
en la toma de un predio privado.
En las prisiones mexicanas
hay unas 250.000 personas, y 8.767 son indígenas.
La población de México asciende
a 104 millones y la aborigen se calcula en
12 ó 13 millones.
En un país donde
12 por ciento de los habitantes son indígenas,
los nativos tras las rejas constituyen apenas
3,5 por ciento del total de encarcelados.
Desde mediados de los años
90, el gobierno asumió que la encarcelación
indígena era un grave problema social
y definió programas de apoyo para los
involucrados.
Según estudios de
la gubernamental Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), la mayoría están detenidos
por agresiones, robo y delitos contra la salud
como siembra de enervantes y transporte de
droga.
En 2007, el gobierno destinó
unos 900 millones de dólares para seguir
estos casos, dar asesoramiento a los detenidos
y lograr, si es posible, su excarcelación.
Según la CDI, en
la mayoría de los casos los indígenas
permanecen recluidos por falta de recursos
para cubrir fianzas o cumplir financieramente
con la llamada "reparación del
daño".
Los estados con mayor concentración
de presos indígenas son el sureño
Oaxaca, con 1.602, el central Puebla con 1.525,
Chiapas con 686, Veracruz con 576 y Yucatán
con 563.
Entre enero y noviembre
de 2007, el programa de la CDI logró
la liberación de 620 indígenas,
principalmente hombres.
"Desgraciadamente cometen
alguna falta en contra de la sociedad, a veces
una falta menor, que puede ser el robo para
poderse alimentar, y los privan de la libertad",
alertó Jesús King, director
de Promoción de Convenios en Materia
de Justicia de la CDI.
"Es una barbaridad
lo que pasa con muchos hermanos. Están
presos simplemente porque no hubo un traductor
y un abogado que les explicara bien de qué
se les acusaba. Eso está cambiando,
aunque lentamente", dijo a IPS Gilberto
Rivera, abogado de la etnia nahua que asesora
privadamente a presos indígenas.
"Estar preso para un
indígena representa un escalón
más en la cadena de discriminación.
Hablo de racismo, pero también de pobreza,
ignorancia y falta de nivel educativo. Como
es el caso de toda América Latina,
aquí los indígenas son la última
rueda del coche, pero, eso sí, somos
muy orgullosos de nuestro pasado precolonial",
acotó el jurista.
Algo similar ocurre en Perú,
donde 176 indígenas permanecen recluidos
al comenzar 2008, según estadísticas
del gubernamental Instituto Nacional Penitenciario.
Aunque la cifra es pequeña
si se la compara con los 41.428 presos del
ámbito nacional y con los más
de 8,7 millones de indígenas peruanos,
las razones de la reclusión dan cuenta
del grado de vulnerabilidad en que vive la
población originaria.
Sin embargo, se acentúa
la misma tendencia de Chile y México:
con una población indígena de
32 por ciento de los 27 millones de habitantes
de Perú, los presos nativos son apenas
0,42 por ciento del total nacional de encarcelados.
En la mayoría de
los casos, los indígenas son recluidos
porque las "autoridades judiciales no
consideran sus características culturales
y tampoco ofrecen las garantías procesales
como la participación de un intérprete
en el idioma originario del aborigen durante
el juicio", dijo a IPS la responsable
de la Defensoría del Pueblo de Ucayali,
Margot Quispe.
Como en la región
amazónica de Ucayali se concentra el
mayor número de aborígenes detrás
de las rejas, Quispe impulsa una mesa de diálogo
con las autoridades de la Organización
Regional de la Asociación Interétnica
de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Sólo el Centro Penitenciario de Pucallpa
de Ucayali alberga a 101 indígenas
entre sentenciados y procesados. Quince por
ciento de esos casos se deben a enfrentamientos
con colonos o empresas extractivas que amenazan
sus territorios.
Los indígenas presos
son mayoritariamente hombres. El principal
delito que se les imputa es violación
sexual, un delito cuyo alcance colisiona con
la costumbre de las comunidades nativas de
iniciación sexual muy temprana: una
mujer a los 13 ó 15 años de
edad ya puede concebir hijos y formar una
familia. Le siguen el tráfico de drogas
y el homicidio.
La responsable del área
legal de la organización regional indígena
de Ucayali, Carla Pizarro, explicó
a IPS que muchos nativos son acusados en venganza
por colonos o madereros ilegales cuando aquéllos
se oponen a sus actividades.
"Los denuncian de violar
a mujeres de las comunidades o de robo cuando
los líderes de las comunidades detienen
las embarcaciones de madera ilegal que extraen
de sus bosques", asegura Pizarro.
Milton Silva, un dirigente
indígena histórico de Ucayali
recluido en Pucallpa, está acusado
de homicidio porque supuestamente habría
instigado a los aborígenes de la comunidad
Nuevo San Juan a asesinar a golpes a un colono
que usurpaba sus tierras y que mandó
a balear a uno de los nativos.
Pero Silva niega haber estado
en el lugar de los hechos. "Fui convocado
por los hermanos indígenas pocos días
antes para brindarles asesoría legal
porque yo trabajaba con la abogada de la organización
indígena. Pero nunca les pedí
que recurrieran a la violencia", declaró
a IPS que lo visitó en la cárcel.
*Con aportes de Diego Cevallos
(Ciudad de México) y Milagros Salazar
(Lima y Pucallpa). (FIN/2008)