Ecologistas, agricultores
y científicos
corroboran las amenazas de los organismos
modificados genéticamente para la salud
y el medio ambiente
16 enero 2008 - España
— Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas en
Acción y Greenpeace, con la colaboración
de Científicos por el Medio Ambiente
(CIMA) e investigadores, han presentado la
Declaración de personalidades y organizaciones
de la sociedad civil sobre las aplicaciones
de la biotecnología en la modificación
genética de plantas, ante la amenaza
que representan para la agricultura y la sostenibilidad.
Democracia, precaución y medio ambiente.
Este documento cuenta con
el apoyo de una gran representación
de la sociedad, que incluye investigadores,
docentes universitarios, organizaciones profesionales
agrarias, asociaciones ecologistas, de consumidores,
de productores de agricultura ecológica,
ONG de desarrollo y entidades privadas entre
otras.
Frente a las promesas de
la industria de los transgénicos, esta
Declaración denuncia los peligros e
impactos de su introducción en el medio
ambiente y en nuestros platos. El amplio apoyo
social evidencia que los transgénicos
son una cuestión que afecta al conjunto
de la sociedad. La clase científica
es una parte importante del debate y la sociedad
en su conjunto es además quien debe
tomar las decisiones que afectan a la agricultura,
la alimentación, las aplicaciones de
los transgénicos y el derecho a producir
y consumir en libertad.
Éste es un momento
clave en el debate sobre los transgénicos.
Mientras Francia se suma a los países
de la UE que prohíben el cultivo de
maíz transgénico, basándose
en una serie de informes científicos
que alertan sobre los impactos ambientales
sobre la flora y la fauna y las incertidumbres
sanitarias, España sigue siendo el
principal productor de maíz transgénico,
con más de 75.000 hectáreas
cultivadas en 2007.
Los elementos científicos
que han originado la decisión del Gobierno
galo muestran una serie de consecuencias de
los maíces tipo Bt (entre ellos el
que se cultiva en España, el MON 810)
sobre el medio ambiente y la salud, como la
imposibilidad de evitar la contaminación
a otros agricultores, la generación
de resistencias en plagas y los efectos tóxicos
sobre varios tipos de organismos presentes
en los ecosistemas, el cambio en la caracterización
molecular (el gen que se comercializa no es
el que se aprobó en 1998, ha variado,
y por lo tanto muchos efectos sobre el medio
ambiente se desconocen), los impactos sobre
los polinizadores, la toxicidad a largo plazo
sobre seres humanos, la persistencia de las
toxinas producidas, etc.
Recientemente en Bruselas,
el Comisario Europeo de Medio Ambiente Stavros
Dimas ha propuesto la prohibición de
dos maíces transgénicos por
los riesgos que suponen para el medio ambiente,
basándose en las evidencias de los
potenciales daños ambientales. Ya durante
la disputa comercial con Estados Unidos ante
la Organización Mundial del Comercio
(OMC) sobre productos transgénicos,
la propia UE argumentó que los cultivos
Bt no deberían ser hoy por hoy cultivados
por la falta de conocimientos sobre sus impactos
ambientales en el largo plazo.
Las organizaciones promotoras
de esta Declaración esperan que sirva
para impulsar un debate fundamental como es
el de la introducción de los transgénicos,
que el Gobierno tome nota de la abrumadora
oposición social frente a su imposición
en la agricultura y la alimentación
y que el Ministerio de Agricultura reconsidere
su apuesta transgénica y oriente la
agricultura española hacia soluciones
ambiental y socialmente sostenibles.
+ Más
Greenpeace considera muy
positiva la prohibición de Francia
a la siembra de los mismos transgénicos
que se cultivan en España
El gobierno francés
toma la decisión a raíz de nuevas
evidencias científicas y ante la acumulación
de incertidumbres tecnológicas y medio
ambientales
13 enero 2008 - España — El gobierno
francés anunció en la noche
del viernes la puesta en marcha de una moratoria
sobre el maíz transgénico MON
810, el único que se siembra actualmente
en la UE, lo cual significa que este cultivo
queda provisionalmente suspendido en el país
vecino.
Esto ocurre después
de varios meses de intenso debate social y
político y como consecuencia de un
documento entregado al gobierno por la “Alta
autoridad sobre transgénicos”. Los
nuevos datos científicos (que no existían
cuando se autorizó el MON 810 en 1998)
y las incertidumbres tecnológicas y
ambientales reflejadas en el documento hacen
que la única alternativa para un gobierno
responsable haya sido impedir el cultivo de
este maíz.
El ejecutivo de Sarkozy se acoge para ello
a la “Cláusula de Salvaguardia” de
la directiva sobre transgénicos 2001/18,
prevista para aquellos casos en que un estado
miembro disponga de datos según los
cuales un organismo modificado genéticamente
(OMG) constituya un riesgo para la salud o
el medio ambiente.
Esta cláusula ha
sido invocada hasta en diez ocasiones: tres
por Austria, dos por Francia y una por Alemania,
Luxemburgo, Grecia, El Reino Unido y Hungría.
Con respecto al maíz transgénico
MON 810, cuatro países la tienen activada:
Francia, Austria, Hungría y Grecia.
“Es sorprendente para Greenpeace
en España que mientras el gobierno
conservador del mayor estado agrícola
de la UE ha tomado esta decisión responsable,
ateniéndose a informaciones científicas,
el Gobierno de España ha sucumbido
al poder de los gigantes de la química
y los transgénicos y sigue sin mostrar
valentía política para situarse
del lado de los intereses de los ciudadanos
y del medio ambiente”, ha declarado Juan-Felipe
Carrasco, responsable de la campaña
contra los transgénicos de Greenpeace.
Los nuevos elementos científicos
que han originado la decisión muestran
una serie de consecuencias de los maíces
tipo Bt (entre ellos el MON 810) sobre el
medio ambiente y la salud, como la kilométrica
capacidad de dispersión del polen de
estas plantas (reconociendo la imposibilidad
de evitar la contaminación a otros
agricultores, un argumento que Greenpeace
lleva años esgrimiendo), la generación
de resistencias en insectos, plagas o efectos
tóxicos sobre varios tipos de organismos
presentes en los ecosistemas. Además,
el documento de la Alta Autoridad aporta una
serie de datos sobre insuficiencias técnicas
y cuestiones no resueltas, como el cambio
en la caracterización molecular de
estos maíces (el gen que se comercializa
no es el que se aprobó en 1998, ha
variado, y por lo tanto muchos efectos sobre
el medio ambiente se desconocen), los impactos
sobre los necesarios insectos
polinizadores, la toxicidad a largo plazo
sobre seres humanos, la persistencia de las
toxinas producidas, etc.
Esta decisión es
altamente importante dado que, además
de permitir a los legisladores franceses trabajar
con toda serenidad sobre la futura ley francesa
que garantice el derecho a producir y consumir
sin transgénicos, permitirá
a Francia trabajar para que los procedimientos
de evaluación y autorización
actuales de transgénicos en la UE sean
realmente transparentes y antepongan el interés
general al de las multinacionales del sector.
“Cuando quedan escasas semanas
para el final de la legislatura, es el momento
perfecto para que el Gobierno de España
tomara una decisión similar y anteponga
los intereses de la sociedad y del medio ambiente
a los oscuros intereses de las multinacionales
agroquímicas“, ha añadido Carrasco.
Recientemente en Bruselas,
el Comisario Europeo de Medio Ambiente ha
propuesto la prohibición de dos maíces
transgénicos por los riesgos que suponen
para el medio ambiente (Syngenta Bt11 y Pioneer/Dow’s
1507). Stavros Dimas ha planteado por primera
vez la prohibición de dos OMG basándose
en las evidencias científicas de que
estos cultivos transgénicos tienen
el potencial de causar daños ambientales.
Ya durante la disputa comercial con Estados
Unidos ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC) sobre productos transgénicos,
la propia UE argumentó que los cultivos
Bt no deberían ser hoy por hoy cultivados
por la falta de conocimientos sobre sus impactos
ambientales en el largo plazo. “Y mientras
este es el ambiente político en la
UE, el gobierno de nuestro país ha
tolerado y defendido la presencia de 75.000
hectáreas de estos peligrosos cultivos
en nuestro territorio. Ni los datos científicos,
ni el principio de precaución, ni la
protección de la seguridad pública
ni el respeto por el medio ambiente han llevado
a la Administración a afirmar que esto
vaya a cambiar en 2008”, añade Carrasco.
