08 febrero
2008 - España — La organización
ecologista demanda a la Generalitat de Catalunya
un seguimiento exhaustivo de la investigación,
y la aplicación de las leyes e imposición
de sanciones a los responsables del vertido
de aguas residuales contaminadas con sustancias
muy tóxicas, al río Francolí.
Las malas prácticas
de la empresa Repsol están poniendo
en peligro la salud de la población,
lo que se ha puesto de manifiesto en este
último caso con el alto riesgo de contaminación
de aguas destinadas al consumo humano.
Sin embargo, Repsol tiene
un largo histórico de agresiones ambientales,
que dan muestra de su despreocupación
por el medio ambiente, la salud humana y las
consecuencias legales que pudieran conllevar.
“La empresa Repsol parece
gozar de impunidad ante sus delitos ambientales.
Realmente muestra un desprecio por las instituciones
públicas y aún más por
el medio ambiente y la salud pública”,
ha declarado Julio Barea, responsable de la
campaña de contaminación, “es
necesario que esta ocasión marque un
antes y un después en la forma de actuar
de estas empresas contaminadoras”.
Sólo en los últimos
cuatro años la empresa ha provocado
varios episodios contaminantes graves:
12 de febrero de 2004: la
plataforma Casablanca, de RepsoL-YPF, originó
un vertido de hidrocarburos que alcanzó
una superficie de dos kilómetros de
largo y unos 75 metros de ancho.
8 de octubre de 2004: Repsol
provocó un vertido químico al
río Francolí que mató
a miles de peces en Tarragona (según
la Agencia Catalana del Agua, se recogieron
1000 kilos de peces muertos). El agente tóxico
era sulfato de amonio, que Repsol Química
produce en su factoría de la Pobla
de Mafumet.
31 de agosto de 2006: se
detecta una fuga de entre 5.000 y 20.000 litros
en una tubería de fuel una planta de
Repsol y el Puerto de Tarragona. Se detectaron
manchas de hidrocarburos frente a las costas
de Tarragona, Cambrils y Salou.
5 de enero de 2007: un barco
que descargaba crudo en la monoboya que Repsol
tiene en el puerto de Tarragona originó
un vertido en el mar.
23 de octubre de 2007: Repsol
YPF comunicó que el vertido de unos
500 litros de crudo registrado en la monoboya
del Puerto de Tarragona mientras se realizaban
tareas de reparación. Las manchas de
crudo derivadas del vertido obligaron a cerrar
la playa de La Pineda y movilizaron efectivos
del Ministerio de Medio Ambiente, Salvamento
Marítimo y de la Generalitat.
+ Más
ACCIÓN.- Greenpeace
marca en Tarragona los vertidos al mar del
Polo Químico a través de emisarios
submarinos
La organización denuncia el proyecto
de la Asociación de la Industria Química
de Tarragona de aunar ocho emisarios en uno,
lo que dificultaría aún más
el control de los vertidos
13 febrero 2008 - España
— Greenpeace ha marcado sobre el agua, esta
mañana, varios puntos de vertido de
diferentes plantas de la industria química
de Tarragona, que se realizan a través
de emisarios submarinos para denunciar la
grave contaminación que provocan y
la falta de control de las Administraciones.
Dentro de la campaña
que Greenpeace está realizando contra
la contaminación, bajo el lema ¿Quién
contamina?”, la organización ha querido
hacer su primera parada en Tarragona, uno
de los puntos más contaminados de España
y que la Agencia Europea de Medio Ambiente
señala como “Punto de Alarma” por vertidos
industriales.
Los emisarios submarinos
son tuberías ocultas bajo el agua y,
por tanto, de difícil control. De hecho,
las coordenadas facilitadas por la Agencia
Catalana del Agua sitúan en tierra
el emisario submarino de ASESA, uno de los
diez que existen oficialmente en Camp de Tarragona.
Las empresas que vierten
las aguas contaminadas directamente al mar
son ASESA, REPSOL (con dos emisarios), BASF
(con dos emisarios), CLARIANT, BAYER, SOLVAY,
AISCONDEL y ARAGONESAS. Greenpeace realizó
ayer martes varias inmersiones en la zona
para recoger sedimentos y continuará
haciéndolo durante el día de
hoy. Estas muestras saldrán esta tarde
para el laboratorio de la Universidad de Exeter,
quienes se encargarán de realizar las
analíticas.
El polo industrial de Tarragona
es el mayor emplazamiento químico de
toda España. Acumula casi el 25% de
la producción total. Tarragona además
es la provincia donde se ha desarrollado la
industria del cloro de forma más extensa.
Los vertidos de este tipo de industria son
especialmente contaminantes dado que liberan
sustancias que son muy peligrosas por su persistencia,
capacidad de acumularse en los tejidos de
los seres vivos y por su alta toxicidad. Entre
ellas se encuentran varios metales pesados
como el mercurio, el cadmio o el plomo, y
varias sustancias organocloradas como el hexaclorobenceno
o el cloruro de vinilo; y otras sustancias
utilizadas como aditivos para la fabricación
de materiales clorados como el PVC.
Desde que estas sustancias
se liberan al medio, se van acumulando, en
el agua, en el suelo, en los animales, en
los alimentos y en nuestros cuerpos, principalmente,
a través de la comida. Con el tiempo
estas sustancias pueden provocar efectos graves
para la salud, como por ejemplo alteraciones
en el sistema hormonal, problemas de reproducción
y cáncer. Cataluña se encuentra
a la cabeza de cáncer de encéfalo
y mieloma junto al País Vasco.
Greenpeace ha denunciado
también que uno de los casos más
preocupantes entorno a los vertidos químicos
en Cataluña es la construcción
de un gran emisario submarino que sustituiría
a ocho de los que existen actualmente. El
argumento de la Asociación de la Industria
Química de Tarragona es que: verter
los residuos en un único canal hace
que cualquier incidente quede diluido al existir
un mayor caudal y se evitan afectaciones locales
más graves.
“Un emisario no vierte menos
contaminación porque vaya diluida con
otros vertidos. Lo que de verdad nos preocupa
es que es todavía un paso más
allá de permisividad con las empresas.
Lo que se diluye en este proyecto es la responsabilidad
de los vertidos ya que se ocultarán
más fácilmente las irregularidades
de las empresas”, ha afirmado Sara del Río,
responsable de la campaña de contaminación
de Greenpeace.
+ Más
Greenpeace denuncia que
la Junta de Andalucía quiere legalizar
el hotel de El Algarrobico
La organización ha pedido al Presidente
Chaves que impida la legalización y
demuela el hotel antes de las elecciones andaluzas
y generales
01 febrero 2008 - España
— Greenpeace ha remitido hoy una carta al
Presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, expresando su más profunda
decepción ante las intenciones de la
Administración andaluza de legalizar
el hotel que la empresa Azata construyó
ilegalmente en la playa de El Algarrobico
mediante la aprobación de un nuevo
Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar (Almería).
El nuevo texto que pretende
aprobar la Consejería de Medio Ambiente
transforma la parcela donde se ubica el hotel
de “área natural de interés
general” (según consta en el PORN aprobado
en 1994 y donde no está permitida ningún
tipo de construcción) a “núcleo
habitado existente”, legalizando así
el famoso hotel ilegal, símbolo de
la destrucción practicada en el litoral
andaluz.
Los planes de la Junta de
Andalucía no sólo incluyen legalizar
el hotel convertido en símbolo de la
destrucción de las costas. La aprobación
del nuevo texto supondría la urbanización
de otras 200 hectáreas dentro del parque
natural en núcleos como La Isleta del
Moro, Agua Amarga, Rodalquilar o San José.
Ante estos hechos, Greenpeace
ha recordado al Presidente Chaves que en reiteradas
ocasiones él mismo ha afirmado que
se iba a demoler el hotel, declaraciones recogidas
por muchos medios de comunicación.
El Director de Greenpeace, Juan López
de Uralde, con quien Chaves se comprometió
verbalmente a “hacer todo lo posible para
demoler el hotel” el pasado mes de julio,
ha pedido al jefe del Ejecutivo andaluz que
tire el hotel antes de las elecciones andaluzas
del próximo 9 de marzo.
“La Junta de Andalucía
está intentando engañar a todos
los ciudadanos diciendo una cosa y haciendo
otra. El cambio de clasificación de
los terrenos del Algarrobico terminará
en la legalización del hotel a pesar
de las declaraciones de Fuensanta Coves en
sentido contrario” ha declarado María
José Caballero, responsable de la campaña
de Océanos de Greenpeace. “El Presidente
Chaves todavía está a tiempo
de rectificar y anunciar la demolición
del hotel antes de las elecciones si no quiere
perder toda su credibilidad política”
añadió Caballero.
Greenpeace ha recordado
al Presidente de la Junta que presentó
hace más de un año alegaciones
al texto del nuevo PORN y que éstas
no obtuvieron ninguna respuesta. Entre otros
aspectos destacaban: la vulneración
de los artículos 24 y 45 de la Constitución
Española por la falta de legalidad
y oportunidad jurídica y porque el
texto propuesto no cumple con el fin de defender
y restaurar el medio ambiente y proteger los
recursos naturales. Igualmente el nuevo PORN
vulnera la Directiva europea 92/43/CEE de
Hábitats al no haberse sometido al
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
El nuevo documento tampoco tiene en cuenta
las recomendaciones y especificaciones que
establece la Ley 28/1988 de Costas y además,
es contradictorio e inoperante al prever la
urbanización de 200 hectáreas
consolidando un desarrollo urbanístico
desmesurado e incompatible con la declaración
del Cabo de Gata como Parque Natural, Reserva
de la Biosfera, Zona Ramsar, Zona Especialmente
Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM), Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC).
+ Más
Greenpeace denuncia que
el Ministerio de Medio Ambiente no está
defendiendo la ilegalidad del hotel del Algarrobico
ante el Supremo
El Tribunal ha amonestado
al Ministerio por no entregar el expediente
que acredita la ilegalidad del edificio
06 febrero 2008 - España
— Greenpeace ha tenido conocimiento de que
la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha amonestado
al Ministerio de Medio Ambiente por no haber
remitido el expediente administrativo relativo
al recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la constructora Azata del Sol contra el
Acuerdo del Consejo de Ministros que declaró
la utilidad pública de los terrenos
de la playa de El Algarrobico donde se edifica
ilegalmente el hotel de 21 plantas y 411 habitaciones
desde el año 2003.
Greenpeace considera esta
actitud escandalosa y ha remitido un escrito
al Ministerio de Medio Ambiente recordándole
que tiene la obligación de defender
el medio ambiente y que la no remisión
del expediente administrativo que obra en
poder del Ministerio causa graves perjuicios
a la defensa del derecho al medio ambiente.
Además, la organización
ecologista añade en su escrito que
la no remisión por parte del Ministerio
de Medio Ambiente del expediente administrativo
al Tribunal Supremo vulnera varios artículos
de la Constitución Española,
tales como el Art.45.1 que establece el derecho
a la defensa del medio ambiente, el Art. 118
al no estar cumpliendo la obligación
de colaborar con la justicia y cumplir los
requerimientos judiciales o el Art. 24 de
la CE al vulnerar el derecho de defensa y
el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
“El Ministerio de Medio
Ambiente debe explicar a toda la ciudadanía
por qué ha renunciado a defender la
playa de El Algarrobico y el medio ambiente”
-ha declarado Maria José Caballero,
responsable de la campaña de costas
de Greenpeace.
