Greenpeace celebra el triunfo
de la campaña “Queremos saber para
poder elegir”, pero lamenta que la Comisión
Nacional de Energía haya rebajado los
criterios sobre el impacto ambiental de la
energía en el nuevo etiquetado eléctrico
23 febrero 2008 - España
— Greenpeace ha celebrado la entrada en vigor
del etiquetado eléctrico (1) como un
triunfo de la campaña “Queremos saber...
para poder elegir”, impulsada por ecologistas,
consumidores y sindicatos desde 2003. A partir
del próximo mes de abril, todas las
compañías eléctricas
tendrán que acompañar las facturas
de una etiqueta, con un diseño uniforme
y oficial, que indique con claridad el origen
de la electricidad vendida al consumidor y
el impacto ambiental producido en su generación.
No obstante, Greenpeace
pide que en la próxima Ley de Energías
Renovables, que todos los partidos prometen,
se refuercen las exigencias para calificar
el impacto ambiental en el etiquetado eléctrico
y se cierre la puerta a cualquier intento
de “engaño verde”.
“Ahora tendremos un etiquetado
eléctrico estándar, con lo que
los consumidores podrán recibir la
información fiable sobre el origen
de la electricidad que compran, condición
necesaria para ejercer su derecho a elegir”
-ha declarado José Luis García
Ortega, responsable de la campaña de
Cambio Climático y Energía de
Greenpeace España-. “Las compañías
eléctricas que pretendan engañar
al consumidor con energía falsamente
verde lo van a tener más difícil”.
El etiquetado eléctrico
finalmente aprobado recoge los principales
requisitos básicos propuestos en el
informe de Greenpeace El etiquetado eléctrico.
¿De dónde viene la electricidad
que consumimos?:
• El etiquetado contiene la información
sobre el origen de la electricidad definido
con un listado estándar de fuentes
de energía.
• La información sobre el impacto ambiental
se presenta con un formato ranking de menor
a mayor impacto, de fácil interpretación.
Lamentablemente, el menor impacto considerado
no será el cero, sino simplemente el
inferior a un 35% de la media nacional.
• El contenido y formato de la etiqueta es
estándar a nivel nacional para permitir
la comparación entre proveedores y
la elección de los consumidores.
• Para garantizar la veracidad de los datos,
la elaboración y verificación
de este etiquetado corresponde a un organismo
independiente, la Comisión Nacional
de Energía.
Greenpeace lamenta que la
Comisión Nacional de la Energía
(CNE) haya rebajado los criterios para calificar
el impacto ambiental de la energía
en la etiqueta, para contentar a las grandes
empresas consumidoras de energía (contrarias
a que el etiquetado eléctrico indique
el impacto ambiental de la energía).
Finalmente, la clasificación de “mínimo
impacto ambiental” (nivel A) aparecerá
en cualquier etiqueta cuyo nivel de emisiones
de CO2 o de residuos radiactivos producidos
sea inferior a un 35% de la media nacional,
y el nivel B en las que estén por debajo
del 65%. En la propuesta original de la CNE,
el nivel A exigía que emisiones y residuos
estuviesen por debajo del 5% y el nivel B
por debajo del 50% de la media nacional (existe
hasta el nivel G, que sería el más
contaminante). La propuesta de Greenpeace
es que el nivel A se aplique únicamente
a las etiquetas en que las emisiones de CO2
y los residuos radiactivos sean cero, ya que
esto es perfectamente posible con cualquier
energía renovable.
Otro grave defecto del sistema
aprobado es que deja abierta una peligrosa
puerta al “engaño verde”. Una empresa
que quiera edulcorar artificialmente la etiqueta
de la energía que vende, para hacerla
parecer más limpia de lo que realmente
es, podría hacerlo simplemente adquiriendo
“papelitos” (garantías de origen) que
alterarían la combinación de
energías que se ve en la etiqueta sin
tener que haber cambiado en nada la energía
que realmente está suministrando. (2)
A pesar de todo, el etiquetado
eléctrico ha quedado mucho mejor de
lo que inicialmente pretendía el Ministerio
de Industria, cuyas primeras propuestas permitían
a las compañías inventarse la
etiqueta que indique el origen de la electricidad,
con lo que los consumidores no podrían
comparar entre lo que les ofrecen distintas
compañías, y lo que es peor,
equivaldría a haber legalizado el engaño
“verde” de las eléctricas. Las primeras
propuestas de Industria no establecían
una etiqueta uniforme, ni en su forma ni en
su contenido, con lo que cada compañía
eléctrica podría presentar como
quisiera la información sobre el origen
de la electricidad que venden. Además,
según dichas propuestas, esa etiqueta
no tendría que contener la información
sobre el impacto ambiental de la electricidad
suministrada ni habría ningún
órgano independiente que controlase
la fiabilidad de la información proporcionada.
Finalmente, la aprobación de la Ley
de Impulso a la Productividad introdujo una
enmienda obligando al Gobierno a modificar
sus pretensiones, para exigir un formato uniforme
de la etiqueta eléctrica.
NOTAS:
(1) Circular 1/2008, de
7 de febrero, de la Comisión Nacional
de Energía, de información al
consumidor sobre el origen de la electricidad
consumida y su impacto sobre el medio ambiente.
BOE núm. 45, 21 de febrero de 2008.
(2) Esto podría ocurrir
si una empresa comercializadora compra una
garantía de origen (que no es más
que un documento o una entrada en una base
de datos) sin a su vez adquirir la energía
a la que se refiere dicha garantía
de origen; en este caso la mezcla de comercialización
de esa empresa realmente no ha cambiado, y
no se debe permitir que se utilicen las garantías
de origen como forma de “lavar” la imagen
de esa empresa, pues constituiría un
fraude. Para evitarlo, la regulación
del etiquetado debe evitar cualquier posible
confusión entre la energía con
garantía de origen y las garantías
de origen mismas. Para que la información
contenida en el etiquetado sea veraz, deberá
referirse siempre a energía real, especificando
aquella que dispone de garantía de
origen, pero hay que evitar que se contabilicen
aquellas garantías de origen que no
hayan ido acompañadas en todo momento
de la electricidad a la que garantizaban.
