02 abril 2008 -
DF, México — El pacto campesino y social,
firmado en febrero pasado, es el resultado
de una de las más amplias alianzas
logradas hasta ahora entre diferentes organizaciones,
sin embargo el gobierno federal lo ha subestimado,
al publicar el Reglamento de la Ley de Bioseguridad
de Organismos Genéticamente Modificados
El gobierno mexicano traicionó las
demandas de las organizaciones campesinas,
sociales y ambientalistas que firmaron el
"Pacto Político por la Soberanía
Alimentaria y Energética, los Derechos
de los Trabajadores y las Libertades Democráticas".
Una prueba de ello fue la
publicación del Reglamento de la Ley
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM) con el que se pretende
autorizar las siembras de maíz transgénico
en nuestro país, señaló
la campaña nacional Sin maíz
no hay país, ¡Pon a México
en tu boca!
El pacto campesino y social, firmado en febrero
pasado, es el resultado de una de las más
amplias alianzas logradas hasta ahora entre
diferentes organizaciones y demanda al gobierno
federal la prohibición total de las
siembras experimentales de maíz transgénico
en México.
Además, propone un
proyecto político para remontar la
profunda crisis del sector agropecuario brindando
un futuro posible, no sólo a los 30
millones de mexicanos que habitan en el campo
sino a toda la población, al ofrecer
una alimentación sana y a costos accesibles.
En el inciso “K” del Pacto
“se exige el reconocimiento del carácter
multifuncional del sector agroalimentario
con un desarrollo ecológicamente sustentable,
defendiendo nuestros recursos naturales, tierra,
agua, bosques, biodiversidad y germoplasma
nativo, y rechazando la siembra de transgénicos”.
Sin embargo, esta demanda fue ignorada por
el gobierno federal al publicar el Reglamento
de la LBOGM, el pasado 19 de marzo, sin cumplir
con los elementos necesarios en materia de
bioseguridad.
Los principales instrumentos
de bioseguridad a los que hace referencia
la LBOGM son: el Régimen de Protección
Especial del Maíz (RPEM), la determinación
de centros de origen y de diversidad genética,
las zonas libres de transgénicos, así
como el resguardo de la producción
orgánica y de aquellos productores
que quieren evitar la contaminación
de sus cultivos con transgénicos. Pero
estos instrumentos fueron relegados en el
Reglamento de la Ley de Bioseguridad, ya que
sólo se mencionan en sus artículos
transitorios.
“El gobierno federal pretende
dar luz verde a los cultivos transgénicos
pasando por encima de la propia ley. En aplicación
al Principio Precautorio, todos los países
que sean centro de origen y diversidad genética
de algún cultivo, deberían de
adoptar las medidas legales para prohibir
la introducción de variedades transgénicas
de esos cultivos”, dijo Cati Marielle del
Grupo de Estudios Ambientales (GEA).
“Los transgénicos
no cuentan con estudios que demuestren su
inocuidad en la salud humana y animal, por
lo que la propagación de este tipo
de productos en los alimentos de los mexicanos
genera una gran incertudumbre. ¿Por
qué no se ha autorizado la siembra
de trigo transgénico en Estados Unidos?
La respuesta es sencilla: porque el trigo
es la base de la alimentación de los
consumidores estadounidenses y canadienses”,
explicó Marielle.
Desde 2005, cuando fue publicada
la LBOGM, también llamada Ley Monsanto,
ha sido fuertemente criticada por su carácter
servilista hacia la industria biotecnológica,
porque fomenta el uso riesgoso de las semillas
transgénicas de los monopolios sin
proteger al campo mexicano, la salud y la
biodiversidad. El Reglamento de la LBOGM reproduce
y profundiza esa tendencia de complicidad
y subordinación hacia empresas como
Monsanto.
“Las carencias del Reglamento
imposibilitan la siembra inmediata de transgénicos,
a pesar de que funcionarios irresponsables
de la secretarías de Agricultura y
Medio Ambiente afirmen lo contrario. En la
publicación del Reglamento tampoco
se respetaron las observaciones realizadas
por múltiples actores a través
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,
entre las que destaca la necesaria inclusión
de medidas de bioseguridad antes de permitir
las siembras experimentales, denunció
Adelita San Vicente de Semillas de Vida.
“Es indispensable que en
el RPEM se tomen en cuenta los planteamientos
del Manifiesto por la protección del
Maíz Mexicano (1) publicado en septiembre
de 2006 por científicos, investigadores
y organizaciones, en el que se concentran
una serie de medidas para proteger al maíz”,
exigió San Vicente.
En lo que respecta al procedimiento,
el Reglamento no fue dado a conocer con anticipación
a los órganos de consulta obligatoria
que señala la LBOGM en sus artículos
20 y 21. El Dr. Alejandro Espinosa Calderón,
coordinador del Consejo Consultivo Científico
de la CIBIOGEM (CCC-CIBIOGEM) expresó
su inconformidad porque no se tomó
en cuenta el señalamiento y posición
del CCC y porque se violó el artículo
20 de la LBOGM (2).
“Una tecnología tan
incipiente como la de los transgénicos
y en manos de empresas transacionales, lejos
de significar una solución para los
campesinos mexicanos, los haría más
dependientes y encarecerá el insumo
fundamental que es la semilla, la cual a lo
largo de la historia de la humanidad ha sido
de libre acceso. La adopción de esta
tecnología en México debe estar
sujeta al escrutinio de los productores”,
declaró Aleira Lara, coordinadora de
la campaña de agricultura sustentable
y transgénicos de Greenpece México.
Científicos como
la Dra. Elena Alvarez Bulla, del Instituto
Nacional de Ecología, señalan
que “la liberación de semillas patentadas,
que podrían introducirse por flujo
génico a las variedades criollas de
maíz debido la polinización
abierta que caracteriza a este cultivo y al
intercambio de semillas, abren el paso a que
las empresas dueñas de los transgenes
exijan derechos sobre acervos de semillas
de maíz criollo a cualquier agricultor.
Ni la Ley de Bioseguridad ni el actual Reglamento
establecen responsabilidades por contaminación
para los dueños de las semillas patentadas.
Además, la actual
legislación podría cancelar
la posibilidad de acceder a mercados órganicos
que exigen ausencia de transgénicos
a los productores que actualmente cultivan
sin insumos”.
“México, por ser
centro de origen del maíz, debe mantener
la moratoria a las siembras experimentales,
pues las investigaciones científicas
y las experiencias en otros países
que han implementado este tipo de tecnologías,
han demostrado la imposible coexistencia de
maíces convencionales y maíces
transgénicos”, concluyó Lara.
