Las
explicaciones de la causa del escape son incompletas
y poco convincentes y los cálculos
de radiactividad sumamente simplistas. - 08
abril 2008 - España — El informe, pretendidamente
exhaustivo, que el Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) publicó ayer lunes por la tarde
sobre el accidente de la central nuclear de
Ascó que produjo la liberación
al medio ambiente de partículas de
material radiactivo (cobalto-60 y otros),
es a juicio e Greenpeace un documento simplista
y falto de rigor en sus cálculos sobre
la radiactividad liberada y no aporta explicaciones
convincentes sobre la causa del escape de
radiactividad al exterior de la central.
En cuanto a sus cálculos
de la radiación emitida, el CSN intenta
minimizar la gravedad, contribuyendo de esta
forma a encubrir las malas prácticas
y la pésima cultura de seguridad de
la central nuclear de Ascó.
Según el CSN, la
actividad total de las 150 partículas
radiactivas recogidas hasta ahora, dentro
y fuera del emplazamiento de la central, suma
235,000 Bequerelios (Bq), y afirma que la
radiación emitida está muy por
debajo de los límites reglamentarios.
Asimismo el CSN afirma en su informe que las
operaciones que condujeron a la introducción
de agua radiactiva en el sistema de ventilación
del edificio de la piscina ocurrieron durante
la última recarga de la unidad 1 de
la central, a finales del mes de noviembre
de 2007, y que la emisión de la radiactividad
a la atmósfera se inició cuando
se conectó el sistema de ventilación
normal, concretamente el 29 de noviembre de
2007.
Es evidente que si la contaminación
radiactiva se empezó a emitir hace
algo más de cuatro meses, lo que la
central y el CSN han medido en estos últimos
días es una mínima fracción
de lo que en realidad se vertió al
medio ambiente en noviembre del 2007, a través
de una alta chimenea. Es evidente, que todo
lo que el CSN no ha podido medir, porque ya
no está en el emplazamiento de la central,
se habrá difundido en el entorno, dentro
y fuera de los terrenos de la central, arrastrado
por el viento y la lluvia de estos últimos
meses.
Además, el CSN no
tiene en cuenta otro aspecto relevante: algunos
de los isótopos radiactivos emitidos,
que también producen radiación
ionizante de alta intensidad, tienen vida
media de desintegración cortas o muy
cortas, lo que supone que cuatro meses después
ya habrán liberado al medio ambiente
la mayor parte de su radiactividad y no estarán
contribuyendo a las medidas recientes realizadas
por la central y el CSN, aunque sí
deberían computarse en el total de
la radiación emitida desde el mes de
noviembre de 2007. Sería el caso, entre
otros muchos ejemplos, del Cobalto-58 (Co-58),
que tiene un periodo de semidesintegración
de 70’8 días, por lo que 4 meses después
del accidente restaría muy poca cantidad,
a comparar con el período del Co-60,
que es de 5’27 años.
“La falta de rigor del CSN
es inadmisible y pone en cuestión su
ya de por si escasa credibilidad. Es inaceptable
que el CSN trate de confundir al público
dando por buenas las medidas de un centenar
y medio de partículas, cuando desde
el mes de noviembre del año pasado
se han podido emitir miles y miles de ellas
al medio ambiente”, ha declarado Carlos Bravo,
responsable de la campaña nuclear de
Greenpeace.
Greenpeace exige al CSN
que compute las dosis no sobre los valores
medidos cuatro meses después del accidente
sino sobre la radiación vertida al
sistema de ventilación durante la recarga,
ya sea estimando la cantidad de líquido
vertido o a partir de la caracterización
radiológica de los tramos contaminados
del sistema de ventilación de emergencia.
Por otro lado, en la comparación
de la radiactividad medida más de cuatro
meses después de la emisión,
que es 235.000 Bq según el CSN, con
los límites de dosis reglamentarios,
la nota vuelve a mostrar falta de rigor. En
este caso, tampoco aclara que los límites
de incorporación anual dependen, según
la reglamentación, además del
isótopo de que se trate, de la vía
de incorporación (inhalación
o ingestión), del tramo de edad de
la persona que lo ingiere, así como
de la velocidad de salida del pulmón
de la partícula inhalada. De hecho,
los límites de incorporación
anual para niños en un tramo de edad
entre 1 y 2 años son un orden o más
de magnitud inferior a los correspondientes
a adultos.
La nota del CSN es aún
menos clara cuando habla sobre origen del
suceso que dio lugar a la emisión de
radiactividad. Lo primero que llama la atención
es que la ventilación estuviese funcionando
en modo de emergencia. Parecería lógico
que estuviese la ventilación normal,
a no ser que, en realidad, hubiese una causa
que justificase el arranque de la ventilación
de emergencia, como bien podría ser
una contaminación del sistema producida
por la negligencia o un error inadvertidos
de los operarios, tal como viene a reconocer
el CSN, explicando que el titular sólo
descontaminó parte del sistema después
del incidente.
En ese supuesto, ¿por
qué no se informó al público
del accidente que provocó la actuación
del sistema de emergencia? ¿Cuáles
fueron exactamente las maniobras que lo causaron?
¿Por dónde entró el agua
al sistema y por qué podía entrar
por donde entró? Si el CSN sabía
que el sistema de ventilación estaba
contaminado, ¿por qué no exigió
y se aseguró de que todo el sistema
estaba completamente limpio antes de que se
conectase la ventilación normal, que,
según dice el CSN, emite aire al medio
ambiente sin ningún tipo de filtrado?
¿Por qué el CSN no exigió
un refuerzo de las medidas del Plan de Vigilancia
Radiológica Ambiental de la central
cuando era conocedor de que se había
producido una contaminación del sistema
de ventilación? Estas preguntas no
tienen respuesta en la nota del CSN.
En la misma tampoco se da
una explicación convincente de cómo
ha pasado el aire de la atmósfera del
edificio de combustible, mezclado con agua
radiactiva del sistema primario, primero hasta
el sistema de ventilación de emergencia
y después desde éste al sistema
de ventilación normal. Esto también
lo deberá explicar el CSN, ya que no
parece que esto debiera ser así, a
no ser que en la central de Ascó el
aire contaminado pueda ir de un sitio a otro
sin ningún control. “Es como si en
una casa el agua que circula por las bajantes
del agua del inodoro pudiera acabar apareciendo
en los grifos de los lavabos o en la ducha.
Esto es, desde luego, bastante extraño
y el CSN deberá dar explicaciones detalladas
de este interrogante, que habrá que
sumar a todos los anteriores”, añadió
Bravo.
La secuencia de fechas del
comunicado también refuerza la falta
de transparecia del CSN: el 26 de noviembre
la contaminación, el 29 la emisión,
el 14 de marzo la primera detección
de una partícula radiactiva, el 2 de
abril se detectan más partículas,
y, al fin, el 3 de abril se entera el CSN.
La noticia sale a la luz pública sólo
cuando Greenpeace informa de los hechos el
día 5 de abril porque algunos trabajadores
responsables confían más en
esta vía que en las autoridades supuestamente
encargadas de garantizar la seguridad de las
centrales nucleares.
+ Más
Acción. Greenpeace
pide a Gallardón que se comprometa
contra la tala ilegal
Activistas de Greenpeace protestan frente
a la sede del Ayuntamiento de Madrid bajo
el lema “Banco ilegal, crimen forestal”
10 abril 2008 - Madrid,
España — Desde primera hora de la mañana,
activistas de Greenpeace protestan frente
al Ayuntamiento de Madrid por el incumplimiento
del Gobierno de Alberto Ruíz Gallardón
de sus compromisos de no utilizar madera ilegal
en el mobiliario urbano. Los activistas han
entregado a la Administración municipal
varios bancos procedentes de las calles y
parques de la ciudad madrileña y han
desplegado una pancarta con el lema “Banco
ilegal, crimen forestal”. Al mismo tiempo,
la organización ecologista está
señalando los bancos próximos
al Consistorio con la advertencia “No te sientes
en madera ilegal”.
Con esta acción,
la organización ecologista denuncia
que el Ayuntamiento no está poniendo
medidas suficientes para garantizar una política
real de compra verde.
Greenpeace ha investigado
a las principales empresas suministradoras
de mobiliario urbano al Ayuntamiento de Madrid
y ha encontrado madera de compañías
especializadas en tala ilegal (1), así
como madera procedente de regiones donde la
actividad forestal está fuertemente
vinculada a la tala ilegal, la violencia,
la ocupación de territorios indígenas
e, incluso, los conflictos bélicos.
“En la candidatura olímpica
Madrid 2012 Gallardón prometió
que sólo se utilizaría madera
certificada en las obras de Madrid. Antes
ya había prometido lo mismo en un acuerdo
de la Junta de Gobierno y, posteriormente,
en un manual de buenas prácticas. La
última promesa ha venido en forma de
decreto. Pero mientras Gallardón sigue
prometiendo, los impuestos de los madrileños
podrían estar financiando la tala ilegal
y la deforestación” ha señalado
Miguel Ángel Soto, responsable de la
campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace ha documentado
en su informe “Sentados sobre la destrucción.
Tala ilegal y contratación pública.
El caso del mobiliario urbano en la ciudad
de Madrid” cómo madera ilegal podría
acabar formando parte del mobiliario urbano
de Madrid. En este documento se expone como,
desde 2003 hasta hoy, el Gobierno municipal
ha manifestado en cuatro ocasiones sus intenciones
de adoptar una política de contratación
que evite que en sus obras y suministros se
use madera procedente de talas ilegales o
la destrucción forestal. Pero la realidad
es que las dos principales empresas suministradoras
de mobiliario urbano no pueden garantizar
que la madera proceda de una gestión
forestal responsable. Greenpeace ha visitado
en numerosas ocasiones a las empresas Conalsa
(Leganés) y Moycosa (Colmenar Viejo)
- principales proveedoras de mobiliario urbano
al Ayuntamiento de Madrid y otros grandes
municipios del área metropolitana-
y ha podido observar y fotografiar madera
procedente de empresas vinculadas a la tala
ilegal a gran escala en Camerún. También
se ha constado que Costa de Marfil, país
dividido por un conflicto armado donde hay
problemas de tala ilegal (2), es uno de los
orígenes de la madera que utilizan
ambas empresas.
En las próximas semanas,
la Comisión Europea debe tomar una
decisión importante en materia de lucha
contra la deforestación y la tala ilegal.
Dentro del Plan de Acción FLEGT de
lucha contra la tala ilegal (3), la Comisión
deberá presentar una propuesta legislativa
que prohíba la presencia en el mercado
europeo de madera y productos derivados procedente
de las talas ilegales.
“Es urgente que la Unión
Europea legisle para que todos los productos
de origen forestal presentes en el mercado
europeo provengan de fuentes legales y de
un buena gestión forestal (3). Mientras
esto no ocurra, el Gobierno municipal madrileño
debe realizar todos los esfuerzos posibles
para garantizar que sólo utiliza madera
y productos de madera procedentes de fuentes
certificadas”, ha añadido Soto.
La deforestación
y la degradación forestal provoca una
quinta parte de las emisiones de gases de
efecto invernadero, una cantidad mayor que
las producidas por el sector mundial de transporte.
Aunque los bosques tropicales cubren sólo
el 7% de la superficie terrestre, almacenan
enormes cantidades de carbono, y este hecho
les convierte en un colchón contra
el cambio climático.
Greenpeace
Notas:
(1) Se denomina madera ilegal a aquella que
ha sido talada, transportada, vendida o comprada
incumpliendo las leyes nacionales. Comúnmente,
el fenómeno de la madera ilegal no
constituye la violación de una sola
prohibición o regulación forestal,
sino que se presenta como una secuencia de
actos ilegales contra las diversas disposiciones
legales. El Banco Mundial estima que cada
año se pierden en los países
afectados entre 10 y 15 mil millones de dólares
debido a la explotación ilegal, con
la consecuente pérdida de fondos para
servicios sociales y esfuerzos por reducir
la pobreza.
(2) Conalsa y Moycosa, se
proveen de madera de iroko y samba en Costa
de Marfil, país afectado por un conflicto
bélico latente. Desde septiembre de
2002, el país está dividido
en dos y existe un acuerdo de alto el fuego
tutelado por fuerzas militares francesas que
mantienen una zona de seguridad entre ambas
facciones. La ONG internacional Global Witness
(especializada en la relación entre
derechos humanos y recursos naturales) ha
denunciado que los beneficios económicos
obtenidos de la producción de cacao
y algodón están siendo utilizados
para financiar el conflicto. Además,
el sector importador de madera español
ha observado que ha estado llegando al mercado
nacional madera de iroko de una calidad excepcional
calidad que sólo puede proceder de
la zona norte del país controlada por
los rebeldes. La tala ilegal está siendo
denunciada por organismos internacionales.
(Más información en el informe
Sentados sobre la destrucción).
(3) Plan de Acción
para la aplicación de las leyes forestales,
gobernanza y comercio (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade). Más información
en: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
