11 abril 2008 - DF, México
— De acuerdo con el discurso del Ejecutivo,
la iniciativa está enfocada a fortalecer
a Pemex; sin embargo,
seguir apostando a que el crecimiento económico
del país esté basado en la renta
y las ganancias petroleras es una visión
simplista sobre las necesidades y el futuro
de la nación, lamenta Greenpeace
México sigue apostando a las energías
sucias con la iniciativa de reforma energética
presentada por el Ejecutivo al Senado de la
República, lo cual representa un estancamiento
en materia ambiental y una clara muestra de
que al gobierno federal no le importa revertir
los efectos del cambio climático en
nuestro país, criticó Greenpeace.
De acuerdo con el discurso
del Ejecutivo, la iniciativa está enfocada
a fortalecer a Petróleos Mexicanos
(Pemex). Sin embargo, seguir apostando a que
el crecimiento económico del país
esté basado en la renta y las ganancias
petroleras es una visión simplista
sobre las necesidades y el futuro de la nación.
No tener una perspectiva integral de reforma
energética es perder la oportunidad
de enderezar el rumbo del país. Y por
supuesto que tampoco va a fortalecer a Pemex.
“México y los países
firmantes del Protocolo de Kyoto tienen un
compromiso para disminuir las emisiones de
dióxido de carbono rumbo al 2012, y
con la iniciativa presidencial seguiremos
como consumidores de combustibles fósiles
y emisores de gases de efecto invernadero
a nivel mundial. Esto representa un retroceso
en materia de política ambiental, toda
vez que en la reforma energética no
figura la generación de energías
renovables, ni la posibilidad de que las empresas
del estado las administren con esquemas diferentes
a los existentes hasta ahora”, explicó
Jorge Escandón, coordinador de la campaña
de Energía y cambio climático
de Greenpeace México.
El futuro de México
en matera energética no depende de
la exploración y explotación
de aguas profundas para continuar con la generación
de energía. Existen alternativas con
menor costo económico y ambiental,
que deben ser consideradas porque ofrecen
muchas posibilidades de beneficio social.
Dentro del proceso de eficiencia
que se plantea para Pemex es prioritario revisar
la historia de daños ambientales provocados
por la paraestatal y garantizar que no se
van a cometer los mismos errores, como los
que ocasionaron desastres humanos y ambientales
en la plataforma Usumacinta en 2007 y los
derrames de Coatzacoalcos en años anteriores,
por poner un ejemplo.
“En el mensaje presidencial
se plantea que dentro de la riqueza que puede
generar Pemex se tendrá una producción
nacional de fertilizantes mucho mas barata.
Al respecto, es necesario recordar el daño
que se produce a las tierras de cultivo al
abusar de los fertilizantes. Ésta es
una muestra más de que optar por las
energías contaminantes, generadas por
combustibles fósiles, producen riqueza
económica para el país, en el
corto plazo, pero se traducen en daños
ambientales con alto costo para el sector
campesino mexicano y para todo el país
a mediano y largo plazo”, explicó Escandón.
Para Greenpeace, el futuro
del sector energético de México
implica:
• Abrir un debate y consulta nacional sobre
el futuro del sector energético del
país, en el que se promuevan alternativas
de energías renovables y no sólo
Pemex, y que cuente con la participación
de comunidades, especialistas, técnicos
y académicos.
• Buscar alternativas que
no repitan el modelo equivocado de sustentar
el crecimiento económico de México
en la renta petrolera, debido a que es la
petrolización de las finanzas públicas
lo que ha debilitado a Pemex. El hecho de
que el sistema energético mexicano
dependa principalmente de las fuentes fósiles
no renovables (petróleo, carbón
y gas) hace más vulnerable nuestra
economía, pues está sujeta a
la volatilidad de los precios internacionales
y a la disponibilidad de estos recursos.
• Diversificar la matriz
energética del país al 2030,
con un porcentaje de energías renovables
de por lo menos el 30 por ciento y que no
se concentren en grandes hidroeléctricas,
para evitar que las próximas generaciones
sufran las consecuencias de daños ambientales
y del aumento de emisiones de gases de efecto
invernadero. La opción nuclear no es
una medida adecuada por costosa e insegura,
además de que no se deja de importar
combustible y conlleva grandes riesgos en
el manejo de las centrales y en la disposición
de los residuos radioactivos que genera.
• Transformar la industria
de refinación petrolera y petroquímica
dando prioridad al uso de insumos nacionales
y cumpliendo con criterios de menor contaminación
ambiental, por ejemplo para la refinación
de gasolina con bajo azufre. En necesario
que esta transformación visualice políticas
públicas en los niveles de gobierno
federal, estatal y municipal, que fortalezcan
el transporte público en las ciudades
más importantes del país y que
no incentiven el transporte individual.
• Analizar los ejemplos
en otros países, donde la tendencia
es un proceso de reducción del tamaño
de las plantas generadoras de electricidad,
aprovechando nuevas tecnologías y la
necesidad de reducir la vulnerabilidad que
representa la capacidad de generación
de energía en un solo lugar. Estas
plantas pequeñas se encuentran más
cerca de los usuarios finales (incluso en
sus propias instalaciones o casas) y permiten,
en muchos casos, mayor eficiencia a un menor
costo.
• Apostar por la industria
nacional y las empresas sociales en el desarrollo
y producción de tecnología para
generar energía renovable en pequeña
escala, así como manufactura de materiales,
equipos y sistemas que permiten ahorrar energía;
impulsaría la creación y el
fortalecimiento de capacidades locales, desarrollo
de pequeñas y medianas empresas, lo
cual significaría nuevos empleos.
Debido a que el diseño
y la gestión del sector energético
están estrechamente ligados con un
amplio rango de asuntos que preocupan a toda
la sociedad, dado que se trata de un servicio
público y, por lo tanto, de interés
colectivo; al diseñar una reforma energética
en nuestro país se debe asegurar que
las empresas públicas, sean transparentes,
informen de sus operaciones y finanzas a la
sociedad y a su vez, acepten el establecimiento
de órganos mixtos con participación
estatal y ciudadana que supervisen sus actividades.
— Sandra Martinez Platas
