Greenpeace
pide al Presidente Zapatero que ponga en marcha
de forma urgente el plan de cierre de las
centrales nucleares prometido en el programa
socialista, empezando inmediatamente por Garoña
25 abril 2008 - España — En la víspera
del 22º Aniversario de la tragedia de
Chernóbil, ocurrida el 26 de abril
de 1986, la industria nuclear sigue atascada
entre diversos escándalos debidos a
accidentes, el fiasco económico del
reactor nuclear de Olkiluoto-3, en construcción
en Finlandia, y revelaciones de problemas
de seguridad en el de Flamanville-3, en estado
de construcción incipiente en Francia,
que han hecho naufragar el auto-proclamado
“renacimiento” de la industria nuclear.
El escape al medio ambiente de partículas
de material altamente radiactivo (principalmente
de cobalto-60) por la central nuclear de Ascó-1,
propiedad de Endesa e Iberdrola, ocurrido
en noviembre de 2007 y del que sólo
se ha tenido conocimiento meses después
(a través de Greenpeace, que lo denunció
el 5 de abril, inmediatamente después
de ser alertada por algunos trabajadores),
es una nueva demostración de la política
secretista de la industria nuclear y del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN). También
es una prueba más de la inaceptable
peligrosidad de la energía atómica.
El coste en vidas humanas
del accidente de Chernóbil de 1986,
la mayor catástrofe nuclear hasta ahora
conocida, se cifra ya en más de 200.000,
según estudios publicados en 2006,
entre ellos de la Academia de Ciencias Rusa.
La posibilidad de que se produzca un grave
accidente de consecuencias aún peores
que el de Chernóbil ha aumentado en
los últimos años debido a la
coincidencia de una serie de factores que
afectan negativamente a la seguridad: el envejecimiento
de los reactores, los fallos propios de una
tecnología intrínsecamente peligrosa
y la cada vez menor Cultura de Seguridad de
los operadores de centrales como consecuencia
de la falta de competitividad de la energía
nuclear en un mercado eléctrico liberalizado.
En el parque nuclear español
se unen todos esos factores. El caso de Ascó-1
es un claro ejemplo de la falta de preocupación
por la seguridad, un problema que se repite
desde hace años. Así, la Asociación
Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV),
que gestiona las centrales de Ascó-1,
Ascó-2 y Vandellós-2, ya fue
sancionada en 2006 por un grave suceso ocurrido
en 2004 en esta última central. El
CSN lo calificó como “el más
grave después del accidente de Vandellós-1”
(ocurrido en 1989), ya que afectaba al sistema
de refrigeración del núcleo
del reactor. El CSN reconoció, en 2005,
en una investigación en el Congreso
de los Diputados, que ANAV priorizó
sus intereses económicos a la seguridad
y mantuvo Vandellós-2 funcionando durante
meses en condiciones de “seguridad degradada”.
“La energía nuclear,
además de peligrosa y sucia, ha demostrado
no ser competitiva. Por ello, los propietarios
de centrales nucleares tratan de maximizar
beneficios a costa de reducir los márgenes
de seguridad, lo que aumenta el riesgo de
sufrir un accidente grave”, -ha declarado
Carlos Bravo, responsable de la campaña
Nuclear de Greenpeace.
La media de edad de todas
las centrales españolas es de casi
25 años (su vida útil técnica)
y todas presentan, en mayor o menor medida,
problemas de envejecimiento. En especial,
la central de Santa Mª de Garoña
(Burgos), la más antigua en funcionamiento
(inaugurada en 1971), sufre graves problemas
de agrietamiento por corrosión en diversos
componentes de la vasija del reactor, fundamentales
para la seguridad. Además, su aportación
eléctrica es marginal (menos del 1,3%
del total) y está más que compensada
por la producción procedente de las
renovables.
El Gobierno socialista de
Zapatero debe cumplir su compromiso de cerrar
las centrales nucleares de forma progresiva
y sustituir su aportación energética
por “energías limpias, seguras y menos
costosas”, como aseguró en su programa
electoral de las Elecciones Generales 2008.
“El Gobierno socialista
puede cerrar las nucleares fácilmente
pues la viabilidad técnica y económica
de un sistema de generación eléctrica
basada al 100% en energías renovables
es un hecho ya comprobado científicamente”,
-ha declarado Juan López de Uralde,
Director Ejecutivo de Greenpeace. “Sólo
hace falta tener la voluntad política
para hacerlo. Zapatero tiene que decidirse
ya entre respetar la palabra dada a los ciudadanos
o sucumbir a las presiones del looby nuclear”.
Como demuestra el caso de
Alemania, con técnicas de eficiencia
energética y con renovables se lograrían
reducciones de emisiones de CO2 más
importantes y de forma mucho más rápida
y menos costosa, que apostando por la energía
atómica. La exitosa experiencia de
Alemania se contrapone con el fiasco de crecientes
proporciones de los dos proyectos estrella
de la industria nuclear: el de Olkiluoto-3,
en Finlandia, y el de Flamanville-3 en Francia.
La central de Olkiluoto-3,
el buque insignia del pretendido “renacimiento”
nuclear, hace aguas por todos lados. Su construcción
se inició en 2005 y se afirmó
que se construiría en un tiempo récord
de 4 años: oficialmente se reconoce
que acumula ya 2 años de retraso sobre
el calendario previsto (el tiempo medio de
construcción de los reactores nucleares
terminados entre 1995 y 2000 fue de 116 meses,
es decir cerca de 10 años) y que tiene
un sobrecoste de 1.500 millones de euros sobre
los 2.500 M€ presupuestados.
En Francia, después
de tan sólo tres meses de construcción
de la central nuclear de Flamanville 3, inspectores
de la Agencia gala de Seguridad Nuclear (ASN),
han destapado el encubrimiento de una gran
cantidad de problemas de seguridad en el reactor
EPR (siglas del European Pressurised Reactor),
que promueve la compañía estatal
francesa Areva como su diseño de reactor
más barato, seguro y fiable. Algunos
ejemplos de estos problemas son: deficiencias
en el hormigonado de la base del reactor,
aparición de grietas en la losa base
de hormigón del reactor, las soldaduras
del revestimiento metálico de la contención
han sido realizadas por una empresa no cualificada,
un cuarto de las soldaduras son deficientes,
etc.
+ Más
Las organizaciones ecologistas
alertan del riesgo de catástrofe ambiental
en la minas de las cruces
25 de abril. Décimo
aniversario de la catástrofe anunciada
de Aznalcóllar
24 abril 2008 - España — Convocan a
una ruta informativa por las Minas de las
Cruces y el Guadiamar para denunciar la situación
de abandono y peligro que vive la zona. Amigos
de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF/ADENA,
Ecologistas en Acción, y la asociación
ADECUNA han recordado el accidente de Aznalcóllar,
ocurrido el 25 de abril de 1998, y denunciado
que esta catástrofe podía haberse
evitado.
Además, las organizaciones
ecologistas han alertado del peligro que actualmente
existe en la zona por los vertidos tóxicos
de la Minas de las Cruces.
Bajo el lema “1998 minas
de Aznalcóllar = mina de las cruces
2008. No más vertidos tóxicos”,
los coordinadores de las cinco grandes organizaciones
estatales y de la asociación local
han unido sus voces para denunciar la situación
de degradación del Corredor Verde del
Guadiamar, cinco años después
de su inauguración. Además,
han lamentado la situación actual de
la balsa que reventó, los lodos y residuos
que se almacenan en las cortas de Aznalcóllar
y Los Frailes y han alertado de los peligros
de contaminación del acuífero
Niebla-Posadas, y las filtraciones contaminantes
hacia el arroyo de los Frailes. Asimismo,
han mostrado su oposición al proyecto
minero de Las Cruces, en Gerena, por los riesgos
de contaminación del acuífero
Niebla-Posadas y por el vertido tóxico
de metales pesados al Guadalquivir.
Como soluciones viables,
han propuesto la ampliación y conservación
del Corredor Verde del Guadiamar, la restauración
ambiental del recinto minero de Aznalcóllar
y la prohibición de vertidos tóxicos
de la Mina de las Cruces.
Las agrupaciones ecologistas
han criticado que las administraciones públicas
sólo incidan en estas fechas en las
acciones de recuperación que han acometido
del Guadiamar, y que olviden el el carácter
de catástrofe anunciada, y se obvie
la situación de la instalación
minera, así como del Guadiamar.
En el acto han estado presentes
Jaime Machicado de Amigos de la Tierra; Mario
Rodríguez, de Greenpeace; Alejandro
Sánchez, por parte de la SEO/BirdLife;
Juan Carlos del Olmo, de WWF/ADENA; Theo Oberhuber,
de Ecologistas en Acción; y por parte
de la asociación Adecuna de Aznalcóllar,
Juan Antonio Figueras.
1998. La catástrofe
anunciada
Los ecologistas recordaron que el vertido
tóxico de Aznalcóllar fue una
catástrofe anunciada que pudo evitarse
si hubieran funcionado correctamente los mecanismos
básicos de prevención y control
ambiental de las administraciones competentes.
La catástrofe fue repetidamente anunciada
desde diciembre de 1995 hasta el mismo año
1998. Sin embargo, los responsables políticos
no hicieron nada ante las denuncias de un
antiguo técnico del complejo minero
y de las asociaciones ecologistas.
En la madrugada del 25 de
abril de 1998, la balsa de las minas de Aznalcóllar,
propiedad de la empresa Boliden Apirsa, vertía
5,5 millones de m3 de lodos tóxicos
y unos 1,9 millones de m3 de aguas ácidas,
con graves consecuencias para los ecosistemas
de los ríos Agrio y Guadiamar, y contaminó
las marismas del Parque Nacional de Doñana
y el Estuario del Guadalquivir. El lodo aniquiló
más de 4.600 hectáreas de cultivo
y paralizó la actividad minera con
una regulación de empleo que afectó
a más de 500 trabajadores de la mina.
Desde ese momento, se iniciaron dos proyectos
de restauración ambiental en el Guadiamar
y las marismas de Doñana, el Corredor
Verde y Doñana 2005, con una inversión
pública de más de 300 millones
de euros.
Diez años después, se debe considerar
que los resultados de ambos proyectos han
sido mejores de lo que se esperaba, teniendo
en cuenta la magnitud del desastre ecológico,
social y económico al que se enfrentó
Doñana, pero lamentablemente todos
los costes provocados por la catástrofe
han sido asumidos con dinero público,
mientras que la empresa directamente responsable
de la catástrofe, Boliden, se llevó
los beneficios y las subvenciones y no cumplió
con ninguna de sus responsabilidades ambientales
ni sociales.
2008. ¿Una lección
aprendida?
Las organizaciones firmantes constatan que
las inversiones y la recuperación ambiental
llevada a cabo en estos últimos diez
años están actualmente amenazadas
por diversos peligros, algunos como los vertidos
de la Mina de las Cruces pueden llegar a ser
tan graves como la catástrofe de las
minas de Aznalcóllar.
Son cuatro las amenazas
principales apuntadas sobre la cuenca del
Guadiamar y las marismas de Doñana:
los proyectos urbanísticos que amenazan
la función como corredor ecológico
del río Guadiamar; la cesión
de aguas del embalse del Agrio para actividades
agrícolas e industriales, que convertiría
al Guadiamar en un canal de riego para abastecer
campos de cultivo; la falta de restauración
del área minera de Aznalcóllar
que sigue siendo una fuente de contaminación
por metales pesados, debido a la existencia
de filtraciones; y el proyecto minero de Las
Cruces, que verterá metales pesados
al río Guadalquivir, creando un riesgo
innecesario y evitable, puesto que existe
la posibilidad técnica de depurar y
reutilizar el 100% de esos vertidos dentro
del proceso industrial, implementando un sistema
de VERTIDO CERO.
Por otra parte, la escasa
vigilancia que existe en el Corredor Verde
ha propiciado que se den actividades prohibidas
en este entorno, degradando el medio natural
y los equipamientos de uso público:
tránsitos prohibidos de quads, motos
y todoterrenos, caza y pesca ilegal, hogueras
y barbacoas en puntos no autorizados, actos
vandálicos contra los equipamientos
públicos, etc.
La falta de compromiso a
largo plazo con la recuperación total
del río Guadiamar y su cuenca hidrológica
ha frenado la ampliación del Corredor
Verde hacia el norte, con lo que no se ha
llegado a conectar realmente Sierra Morena
y Doñana a través del mismo.
Finalizar el Corredor Verde implicaría
un trabajo especialmente intenso en la zona
de Aznalcóllar para restaurar la zona
minera y eliminar los impactos ambientales
del Guadiamar al norte de este municipio.
Sábado 26 de abril
de 2008: ruta desde las Cruces a Guadiamar
Para el 26 de abril, las agrupaciones ecologistas
han convocado una ruta desde la Mina de Las
Cruces hasta el Corredor Verde del Guadiamar
para enseñar en terreno cuál
es la situación de la zona. En la entrada
principal de la Mina de las Cruces se realizará
un acto de protesta y la lectura de un manifiesto.
La visita finalizará con una comida
ecológica.
+ Más
La Consejería de Medio Ambiente debe
denegar la Autorización Ambiental Integrada
solicitada por Fertiberia
29 abril 2008 - España
— Greenpeace exige a la Dirección General
de Costas y a la Junta de Andalucía
que pongan fin de inmediato a los vertidos
de Fertiberia en las Marismas de Huelva (en
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional que confirmaba la caducidad de la
concesión que autorizaba a Fertiberia
al uso de las Marismas de Huelva para el vertido
de fosfoyesos), y que se proceda a una restauración
ambiental en profundidad del dominio público
afectado por los mismos, a cargo de esta empresa.
Además, Greenpeace demanda a la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta que deniegue
la Autorización Ambiental Integrada
solicitada por Fertiberia para proseguir con
sus vertidos tóxicos y radiactivos
en las marismas onubenses, por cuanto esta
empresa no reúne las condiciones para
su obtención.
En este contexto, Greenpeace
apoya la concentración que ha organizado
la Asociación Mesa de la Ría,
para hoy martes día 29 de abril, bajo
el lema “No a los fosfoyesos”, en la Plaza
de las Monjas de Huelva, a las 20:30 H.
“La nueva consejera de Medio
Ambiente, Cinta Castillo, debe demostrar su
apuesta por la sostenibilidad y su preocupación
por la salud y el medio ambiente de los onubenses
ordenando el fin de las actividades contaminantes
de Fertiberia y el inicio inmediato de la
restauración ambiental de las Marismas
de Huelva”, ha declarado, Julio Barea, responsable
de la campaña de Contaminación
de Greenpeace.
Para Greenpeace y WWF/Adena,
que también apoya la concentración,
esta restauración debe ser uno de los
motores económicos de futuro para la
capital onubense, en sustitución de
actividades que, como la de Fertiberia, cada
vez generan menos puestos de trabajo y más
problemas ambientales y sociales, así
como de imagen a Huelva.
Las agresiones, absolutamente
intolerables, a la salud y al medio ambiente
que padecen desde hace décadas los
onubenses por culpa de una industria sucia
obligan a Greenpeace a abrir una campaña
para combatir la contaminación en Huelva
y revertir una situación que ha sido
calificada en Europa como de “la mayor catástrofe
ambiental a escala mundial”, sobre todo porque
está poniendo en peligro la salud de
más de 150.000 personas que viven en
uno de los ambientes más contaminados
de Europa.
Entre las actividades de
Greenpeace al respecto se encuentra la denuncia
ante la Unión Europea del desastre
causado por Fertiberia en las Marismas de
Huelva, lo que ha motivado que la Comisión
Europea haya abierto un expediente a España
sobre el asunto.
“¿Merecen los onubenses
vivir junto al vertedero de residuos tóxicos,
peligrosos y radiactivos más grande
de Europa? Como la respuesta no puede ser
más que negativa, entonces ¿por
qué las administraciones responsables
-Ministerio de Medio Ambiente, Junta de Andalucía
y Consejo de Seguridad Nuclear- siguen mirando
hacia otro lado cuando los ecologistas y la
ciudadanía de Huelva exigen una solución
al problema?”, ha declarado Carlos Bravo,
responsable de la campaña sobre Energía
Nuclear de Greenpeace.
Huelva necesita una solución
inmediata. Por eso exigimos a la Junta de
Andalucía, al Gobierno central y al
Consejo de Seguridad Nuclear, que asuman su
responsabilidad y actúen ya sin más
dilación si no quieren seguir siendo
cómplices de esta catástrofe
sanitaria y ambiental.
