El
CSN ha vuelto a incrementar en otras 900 el
número de personas a examinar, sin
dar explicaciones de por qué, y sigue
sin dar información sobre la cantidad
real de radiactividad que se liberó
en el accidente y sobre su causa
02 mayo 2008 - España
— El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está
actuando con una gran improvisación
y una enorme falta de transparencia en el
asunto del escape radiactivo de la central
nuclear de Ascó-1. Greenpeace pedirá
a la Fiscalía de Tarragona, que ya
ha iniciado diligencias penales al respecto
de este suceso, que incluya en su investigación
la actuación del CSN en este accidente.
Una de las pruebas más
claras de esa improvisación es la desconcertante
actuación del CSN para estudiar el
potencial impacto radiológico a las
personas de la radiactividad liberada. Desde
que Greenpeace informara a la opinión
pública el pasado 5 de abril de la
existencia de dicho escape radiactivo, el
CSN ha pasado de, en primer lugar “descartar
riesgo radiológico en Tarragona” (comunicado
de prensa del CSN del 7 de abril), a decir
que se realizarían mediciones radiológicas
a 800 personas (comunicado de prensa del 14
de abril), para luego subir la cifra a unas
1.500 (rueda de prensa del CSN del 22 de abril)
y ahora, nuevamente, incrementar esa cifra
en otras 912 hasta un total de 2.412 personas
(comunicado de prensa del CSN de 30 de abril).
Greenpeace exige al CSN
que explique claramente por qué motivo
está aumentando continuamente el número
de personas sometidas a exámenes radiológicos
y que aclare públicamente cuál
es su plan de actuación al respecto.
El CSN debería explicar
además a la ciudadanía la importancia
más bien relativa de estas mediciones
ya que, según se ha estudiado científicamente,
la permanencia en el cuerpo humano del cobalto
60, por término medio y sin hacer uso
de medidas suplementarias para su eliminación,
no supera las dos o tres semanas a lo sumo
(véase, por ejemplo, el informe técnico
TM 2002-042, publicado por el Departamento
de Investigación y Desarrollo para
la Defensa de Canadá, sobre la eliminación
de radionucleidos del cuerpo humano). Algo
de gran importancia en el caso del accidente
de Ascó, ya que los ciudadanos deberían
haber sido informados de que las medidas de
contaminación interna que se están
llevando a cabo últimamente, a petición
del CSN, entre las personas potencialmente
afectadas por el accidente.
Aún siendo de utilidad
para verificar que no existen en la actualidad
personas contaminadas internamente, no servirán
de mucho para descartar por completo que no
hayan podido resultar contaminadas con anterioridad,
en los cuatro meses transcurridos desde la
emisión de la radiación, porque
de haber sido por Cobalto-60 a estas alturas
no existirían restos importantes de
radiactividad en su cuerpo (aunque ésta
ya hubiera podido producir efectos negativos
para su salud, que podrían tardar un
tiempo en aparecer)
El Cobalto-60 es uno de
los isótopos más peligrosos
por sus efectos biológicos, como lo
atestigua el hecho de que su Límite
de Incorporación Anual (LIA) es de
los más bajos en la reglamentación.
El Co-60 emite radiación beta, seguida
de dos picos de radiación gamma, con
una energía total muy elevada (de 2.82
Megaelectron-voltios, Mev).
La falta de transparencia
del CSN en este asunto es muy preocupante.
No sólo por el hecho de que el escape
de radiactividad se produjo en noviembre de
2007 y el CSN (y tampoco la central nuclear
de Ascó), que lo sabía con cierta
anterioridad, no informó de ello a
la opinión pública hasta que
Greenpeace lo hizo el pasado 5 de abril. También
porque, a pesar de que ha pasado casi un mes
desde que trascendiera la existencia del escape,
y de haber emitido varias notas de prensa
desde entonces, el CSN aún no ha proporcionado
ninguna explicación convincente de
por qué y cómo se produjo el
accidente en Ascó-1, y tampoco ha comunicado
cuanta radiactividad se liberó en el
escape.
“En lugar de dar a conocer
la cantidad total de radiactividad que salió
al medio ambiente, el CSN se ha limitado a
dar, en cuenta gotas, información sobre
el número de partículas radiactivas
encontradas, y últimamente ni siquiera
eso”, ha declarado Carlos Bravo, responsable
de la campaña nuclear de Greenpeace.
El conocimiento preciso
de la cantidad de radiactividad emitida al
medio ambiente y del inventario de los elementos
radiactivos liberados en el escape del 29
de noviembre de 2007, es esencial para valorar
el riesgo radiológico al que se ha
sometido al público, a los trabajadores
y al medio ambiente. Además, es básica
a los efectos de la cualificación de
las infracciones que haya podido cometer la
central nuclear en virtud de lo dispuesto
en los artículos 87.3 y 4 de la Ley
25/1964, sobre la energía nuclear,
en la redacción que se da a este artículo
en el artículo 12 de la Ley 33/2007.
Greenpeace espera que aporte
luz sobre este accidente la visita de inspección
de un equipo de técnicos de la Comisión
Europea para investigar lo sucedido (visita
realizada a principios de esta semana, tras
la solicitud efectuada por Greenpeace el pasado
22 de abril, apelando a los artículos
35 a 37 del Tratado Euratom.
Greenpeace espera que el
informe que realice la Comisión Europea
tras su visita sea exhaustivo y aclare, con
prontitud, todos los aspectos del accidente
que hasta el momento el CSN sigue sin desvelar.
Así, por ejemplo,
es de esperar que la Comisión Europea
informe de la cantidad total de partículas
radiactivas detectadas dentro y fuera del
emplazamiento de la central nuclear; que valore
la validez de los métodos de detección
de las partículas y de la posterior
caracterización de las mismas; que
proporcione una lista de cada una de esas
partículas, así como de su caracterización
radiológica y su nivel de radiación;
que aclare si se ha respetado estrictamente
los límites de radio protección
establecidos en la legislación para
el público y trabajadores; que informe
de la causa raíz real del accidente
y sobre la adecuada actuación de los
operarios de la central nuclear; que concrete
si se han cumplido en su totalidad los procedimientos;
que valore si el adecuado el diseño
de su sistema de ventilación; que aclare
si hubo buena coordinación entre los
inspectores residentes del CSN en la central
y el propio Consejo, etc..
Y muy en especial, Greenpeace
espera que la Comisión Europea se pronuncie
sobre la validez de los exámenes radiológicos
llevadas a cabo por el CSN, varios meses más
tarde de cuando se produjo el escape de radiación
al medio ambiente, pretendiendo buscar partículas
radiactivas de Cobalto-60 cuando éstas
tienen un tiempo de vida media de residencia
en el cuerpo humano (vida media biológica)
de unos 9 días.
+ Más
El CSN no está siguiendo
criterios científicos para analizar
el impacto radiológico del escape de
Ascó
Greenpeace sospecha que el Consejo de Seguridad
Nuclear está ocultando información
relevante sobre el escape radiactivo
06 mayo 2008 - España
— El CSN debe aportar un inventario detallado
con los valores de radiactividad de cada una
de las partículas detectadas y aclarar
el protocolo que se sigue para los exámenes
radiológicos al público. Hoy
en rueda de prensa, el radiobiólogo
y toxicólogo Eduard Rodríguez
Farré (1) ha realizado un análisis
de la actuación del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) en la valoración del
impacto radiológico sobre la población
de la fuga radiactiva de partículas
de Cobalto 60 (Co-60) producida en la central
nuclear de Ascó el pasado 29 de noviembre.
El profesor Rodríguez
Farré ha hecho hincapié en tres
aspectos: la indefinición del término
“partículas radiactivas”, constantemente
utilizado por el CSN, el nivel de detección
de los instrumentos de control de dosis de
radiación en las personas potencialmente
afectadas y el tiempo de residencia del Co-60
en el cuerpo humano.
En primer lugar, el profesor
Rodriguez Farré ha aclarado que es
importante conocer el tamaño de las
partículas de Co-60 liberadas en el
escape, tanto por el nivel de radiactividad
que emiten (importante también de cara
a la irradiación externa) como por
sus efectos en caso de penetrar en el organismo
(irradiación interna).
Ello es debido a que, como
recoge la literatura científica, las
partículas de menos de algunas micras
(milésimás de milimétro)
de diámetro pueden pasar al torrente
circulatorio a través del pulmón,
e incorporarse a otros órganos, especialmente
en el hígado, donde se acumula y tiene
un tiempo de residencia biológica de
entre una y tres semanas (un promedio de 15
días). Partículas mayores quedarían
retenidas en el tracto respiratorio y en el
pulmón, que es muy sensible a la radiación.
Por ello, es imprescindible que el CSN publique
un inventario detallado de las partículas
radiactivas (tamaño, composición
isotópica, nivel de radiactividad y
lugar de su hallazgo).
En segundo lugar, el profesor
Rodríguez Farré ha indicado
que el CSN no ha hecho pública información
precisa sobre la metodología aplicada
en las mediciones radiológicas a las
que ha sometido o se propone someter a la
población expuesta al escape. Para
que se conozca la validez del procedimiento
empleado por el CSN, éste debe aclarar
los criterios que aplica: el tipo de detector
utilizado, el grado de sensibilidad que aplica
(que es muy superior para los trabajadores
de instalaciones nucleares que para el público
en general), el tipo de radiación medida,
el tiempo de medición, la reiteración
de las pruebas...). Es necesario saber si
a los no trabajadores (por ejemplo, a los
escolares que visitaron la central tras el
escape, a los proveedores y a los vecinos
de los pueblos del entorno) se les ha aplicado
los mismos criterios que a los trabajadores,
que legalmente pueden recibir entre 20 y 100
veces más dosis de radiación
que el público.
En tercer lugar, Rodríguez
Farré ha recordado que, dado que el
tiempo de residencia biológica de la
mayor parte del Co- 60 en el cuerpo humano
es de 1 a 3 semanas, un resultado negativo
en las pruebas de detección de radiactividad
realizadas recientemente no permite descartar
que las personas examinadas hubieran quedado
irradiadas anteriormente y su cuerpo hubiera
eliminado ya las partículas radiactivas
que hubiesen podido incorporar. Este es un
riesgo que, lamentablemente, no cabe descartar,
ya que el escape radiactivo de Ascó
se produjo el 29 de noviembre, 4 meses antes
de que Greenpeace alertara sobre él
a la opinión pública y el CSN
se viera obligado a iniciar las pruebas. En
el caso de que una persona hubiera incorporado
meses atrás una partícula de
Co-60 y ya la hubiera expulsado, no significa
que mientras la alojó en su cuerpo
éste no quedara irradiado – con el
riesgo de que la persona afectada sufra enfermedades
en el largo plazo. Además, el Co-60,
una vez reliberado, sigue siendo radiactivo
durante más de cincuenta años,
y por lo tanto sigue constituyendo un peligro
para la salud y el medio ambiente.
A la luz de la opinión
científica del Profesor Rodríguez
Farré, y transcurrido ya más
de un mes desde que el escape trascendiera
a la opinión pública, Greenpeace
ha reiterado que persisten muchas dudas sobre
la causa real del suceso, su detección
por los propietarios de la central, cómo
se enteró el CSN y sobre la actuación
de este organismo regulador en el análisis
del impacto radiológico del suceso.
De hecho, algunos aspectos son inverosímiles:
¿cómo podría un operario
verter 50 litros de agua de un bidón
a prueba de radiactividad, por tanto muy pesado,
por sí solo en la piscina del combustible?
Igualmente, Greenpeace considera
que el CSN no está dando toda la información
disponible sobre la radiactividad liberada
ni sobre las partículas que, según
trabajadores de Ascó han informado
a la organización ecologista, siguen
encontrándose. Debido a esta falta
de información, Greenpeace ha dirigido
al CSN una nueva ampliación de solicitud
de información que ya requirió
al organismo regulador acerca del incidente
(2).
Greenpeace realizó
una primera solicitud de información
el 14 de abril, que amplió el 21 de
abril, y a la que todavía no ha recibido
respuesta. Además, la entidad ecologista
espera el informe oficial de los expertos
de la Comisión Europea que visitaron
Ascó tras su denuncia de los hechos,
basada en los artículos 35, 36 y 37
del Tratado de Euratom. “Ha pasado un mes
desde que se produjo el escape y el CSN sigue
maneniendo a los ciudadanos a oscuras sobre
lo ocurrido realmente y sus implicaciones”
– ha declarado Carlos Bravo, responsable de
la campaña Nuclear de Greenpeace, que
ha reclamado que la Presidenta del Consejo
de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez
Ten, comparezca urgentemente ante el Congreso
de los Diputados para esclarecer totalmente
lo ocurrido.
(1)Eduard Rodríguez
Farré es radiobiólogo y toxicólogo,
profesor de investigación del Instituto
de Investigaciones Biomédicas de Barcelona,
miembro de la Red de Salud Ambiental del Instituto
de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad,
y vocal del Comité Consultivo Sobre
la Realización de Estudios Epidemiológicos
en el Entorno de Centrales Nucleares que está
realizando conjuntamente este Instituto y
el Consejo de Seguridad Nuclear.
(2) La ampliación
de solicitud de información requerida
por Greenpeace al CSN se encuentra en disponible
en www.greenpeace.es
