15
mayo 2008 - Madrid, España — El Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) no descarta ahora
que exista riesgo radiológico derivado
del escape radiactivo de la central nuclear
de Ascó-1, tal y como se puede leer
en su respuesta a Greenpeace de ayer miércoles
14 de mayo. Greenpeace considera muy significativo
este cambio de actitud del CSN, ya que desde
el primer momento (tras hacer Greenpeace público
la existencia del escape el pasado 5 de abril),
el Consejo ha estado afirmando reiteradamente,
de forma acientífica y totalmente falta
de rigor, ue “descartaba riesgo radiológico
en Tarragona”.
El CSN reconoce ahora que
la comparación de la radiactividad
de la fuente emitida en este escape (distribuida
en cientos de partículas) con los límites
de dosis reglamentarios por exposición
(ingestión e inhalación) para
trabajadores y para miembros de público
es un labor analítica muy compleja,
que requiere “utilizar modelos de exposición
altamente sofisticados y la correcta parametrización
y el estudio exhaustivo de múltiples
variables radiológicas, físico-químicas
y biológicas” y que actualmente “está
analizando los escenarios potenciales de exposición
[a la radiación], teniendo en cuenta
el riesgo asociado a cada uno de ellos, como
su posibilidad de ocurrencia”.
Precisamente Greenpeace
ha venido exigiendo al CSN que estudie de
forma científica el potencial impacto
radiológico sobre la población
que haya podido tener el escape radiactivo
provocado por la central nuclear de Ascó
el 29 de noviembre de 2007 y ocultado por
ésta durante meses, a pesar de las
dificultades que al respecto entraña
el que hayan pasado ya 5 meses desde que ocurriera
el suceso.
En primer lugar el CSN debe
proporcionar el dato de la radiactividad total
que se ha liberado en el accidente, así
como aportar un inventario detallado con los
valores de radiactividad de cada una de las
partículas detectadas hasta el momento
y aclarar el protocolo que se sigue para los
exámenes radiológicos al público.
En ese sentido, Greenpeace recuerda que el
CSN todavía no ha hecho pública
la información precisa sobre la metodología
aplicada en las mediciones radiológicas
a las que ha sometido o se propone someter
a la población expuesta al escape.
Para que se conozca la validez
del procedimiento empleado por el CSN, éste
debe aclarar los criterios que aplica: el
tipo de detector utilizado, el grado de sensibilidad
o nivel de detección que aplica (que
es muy superior para los trabajadores de instalaciones
nucleares que para el público en general),
el tipo de radiación medida, el tiempo
de medición, la reiteración
de las pruebas...). Es necesario saber si
a los no trabajadores (por ejemplo, a los
escolares que visitaron la central tras el
escape, a los proveedores y a los vecinos
de los pueblos del entorno) se les ha aplicado
los mismos criterios que a los trabajadores,
que legalmente pueden recibir entre 20 y 100
veces más dosis de radiación
que el público.
A fecha de hoy, el CSN reconoce
ya una cifra 1000 veces más alta de
radiactividad (176,78 MBq) que la inicialmente
reconocida y publicada (235.000 Bq), cifra
que utilizó al principio para afirmar
tajantemente que no existía riesgo
radiológico derivado del escape. Esa
cantidad de radiactividad se refiere sólo
a los varios cientos de partículas
hasta ahora encontrados (dentro y fuera del
emplazamiento de la central nuclear), pero
está lejos de ser la cifra total de
la fuente de radiactividad que se liberó.
La respuesta del CSN a la
primera de las tres peticiones de información
enviadas por Greenpeace a este Organismo sobre
el escape radiactivo de Ascó deja en
evidencia la irresponsable actuación
de la central nuclear de Ascó en este
suceso. Ascó ocultó al propio
CSN la existencia de un problema de contaminación
radiactiva del sistema de ventilación
de la central; alteró y manipuló
ex profeso el funcionamiento de los monitores
de radiación del sistema de ventilación
de emergencia; actuó de forma negligente
provocando que se produjera el escape de radiactividad
al medio ambiente, el cual ocultó deliberadamente
al CSN y al público, impidiendo así
que pudieran tomarse, inicialmente, medidas
para impedir el escape de radiactividad y,
posteriormente, para tomar medidas que pudieran
haber minimizado el posible impacto radiológico
del mismo.
El CSN reconoce que “la
actuación del titular [la central nuclear
de Ascó], al proceder de manera injustificada
al aumento del punto de tarado de estos monitores
[de radiación], hizo posible el cambio
de ventilación de emergencia a normal,
inhabilitando las correspondientes señales
de alarma”, posibilitando de esta manera que
los elementos radiactivos salieran al exterior
sin pasar por los sistemas de filtrado de
la ventilación de emergencia.
“Con la información
ahora aportada por el CSN, queda demostrado
con absoluta claridad que la central nuclear
de Ascó ha expuesto a la población
y al medio ambiente a un riesgo radiológico
innecesario e indebido”, ha declarado Carlos
Bravo, portavoz de Greenpeace en temas de
energía nuclear.
Para Greenpeace, la actuación
de los responsables de la central nuclear
de Ascó puede calificarse de delictiva.
Greenpeace aportará esta nueva documentación
oficial del CSN a la Fiscalía de Tarragona,
que ya ha iniciado diligencias penales al
respecto de este escape, y seguirá
trabajando para lograr que se depuren responsabilidades
en este accidente y evitar que éste
quede impune.
A pesar de aportar datos
demoledores sobre la responsabilidad de la
central nuclear de Ascó en la ocurrencia
del escape, la respuesta del CSN a Greenpeace
es incompleta e insatisfactoria, y deja muchas
de las preguntas que se hacen sin contestar.
Además de los temas que el CSN reconoce
seguir investigando, siguen quedando muchas
incógnitas al respecto de este suceso,
y Greenpeace pide al Consejo la máxima
transparencia y rigor en su actuación.
Además, el CSN no
hace la más mínima autocrítica
de su lenta reacción al respecto (en
particular de la poca perspicacia y pro actividad
de la inspección residente del CSN
en la central), ni de su milimétrico
alineamiento inicial a las tesis de la central.
+ Más
Greenpeace y la CMC Barcelona
exigen al Gobierno la prohibición total
de las bombas de racimo
Se ha presentado en Madrid
un manifiesto contra las bombas de racimo,
que ha recibido el apoyo de 150 personajes
de la cultura, el arte, la ciencia y el tercer
sector
14 mayo 2008 - Madrid, España — Greenpeace
y la Coalición contra las Bombas de
Racimo (CMC Barcelona) exigen al Gobierno
la prohibición total de las bombas
de racimo. El Ejecutivo español tiene
la ocasión de demostrar su compromiso
con la paz mediante la prohibición
total de este tipo de armamento en el ámbito
nacional, y con su apoyo a un Tratado integral
en el internacional. Así demostraría
que pone los derechos de las víctimas
por encima de los intereses empresariales.
Las bombas de racimo consisten
en una bomba “contenedor” que al abrirse en
el aire dispensa entre decenas y cientos de
submuniciones. Son armas de saturación
de área, que tienen un efecto indiscriminado
pues no distinguen entre los blancos civiles
y militares. Esto las hace especialmente peligrosas
cuando se usan en los conflictos armados actuales,
que se libran en prácticamente todos
los casos en zonas habitadas y, en ocasiones,
en zonas urbanas. El 98% de sus víctimas
son civiles, especialmente niños, que
resultan atraídos por sus colores brillantes
y sus formas similares a las de un juguete.
Además del efecto
que tienen durante los bombardeos, una parte
de las submuniciones no explotan y quedan
esparcidas por amplios territorios, actuando
como minas antipersonales y matando y mutilando
a personas muchos años después
de que un conflicto haya terminado. Las industrias
del sector, y aquéllos que defienden
su utilidad, aseguran que los avances técnicos
pueden lograr unas tasas de error (es decir,
de submuniciones que no explotan) menores
al 1%, mejorando así la seguridad para
los civiles.
Sin embargo, esto nunca se ha demostrado en
la práctica y en todos los casos las
tasas de error han sido mayores. Incluso aunque
se lograran esas tasas en laboratorio, hay
que recordar que las condiciones reales durante
un bombardeo son muy diferentes, e influyen
la situación meteorológica,
el tipo de terreno, los errores humanos, etc.
Un solo fallo ya sería inaceptable.
El 19 de mayo arranca en
Dublín la Conferencia Diplomática
sobre bombas de racimo, que durará
hasta el día 30 y de la que debe salir
el texto de un Tratado Internacional que prohíba
este tipo de armas. Unos 70 gobiernos ya han
confirmado su asistencia, entre ellos el español.
Sin embargo, una parte de los estados participantes
está tratando de edulcorar el contenido
del Tratado, de forma que ciertos tipos de
bombas que supuestamente presentan avances
técnicos queden excluidas del mismo.
“España ha venido
jugando en este proceso un papel ambiguo.
Por un lado, dice poner las consideraciones
humanitarias en primer lugar. Pero por otro,
no es partidario de prohibir ciertos tipos
de armas con supuestos avances técnicos
y que coinciden con las que fabrican algunas
empresas españolas. Esto no es aceptable”,
ha asegurado Jordi Calvo, de Justicia i Pau.
Además, la disposición
adicional V a la Ley de Comercio Exterior
de Material de Defensa y de Doble Uso, aprobada
por el Parlamento el pasado mes de diciembre,
hace referencia a la necesidad de prohibir
todas las bombas de racimo, sin exclusiones.
Esta debe ser la posición de un gobierno
que dice apostar por la paz y los derechos
humanos, ya que así demostraría
que da más prioridad las consideraciones
humanitarias y los derechos de las víctimas
que a los intereses de las empresas.
Hoy se presenta en Madrid
el manifiesto “Stop bombas de racimo”, promovido
por Greenpeace y la CMC Barcelona. Más
de 150 personalidades de la sociedad civil
han apoyado nuestras reivindicaciones y reclamado
al Gobierno la prohibición de todas
las bombas de racimo. Entre ellos se encuentran
escritores como Javier Moro, Maruja Torres,
Manuel Rivas o Rosa Regás; personajes
del mundo de la música como Alejandro
Sanz, Nacho Cano, Paul Collins o Sara Baras;
actores y actrices como Imanol Arias, Jordi
Rebellón, Carmelo Gómez, Lucía
Jiménez, Marta Belenguer o Daniel Guzmán;
periodistas y fotógrafos como Gervasio
Sánchez, Iñaki Gabilondo, Felipe
Sahagún, Javier Bauluz, Juan Antonio
Sacaluga, etc. Y el premio Nobel de la Paz,
Adolfo Pérez Esquivel. Además,
lo apoyan profesores y catedráticos
de distintas universidades, centros de estudios
sobre paz y conflictos de España y
otros países, y organizaciones de desarrollo,
derechos humanos, comercio justo, medio ambiente...
La campaña contra
las bombas de racimo está recibiendo
también apoyos institucionales importantes.
Ayer, 13 de mayo, el Parlament de Catalunya
aprobó por unanimidad una propuesta
de resolución en la que insta al Gobierno
español a tener un papel activo en
la Conferencia de Dublín, y a que tome
medidas nacionales con respecto a este tema.
La aprobación unánime es un
importante apoyo e impulso para la campaña.
Además, casi 6.000
personas han firmado ya el manifiesto a través
de la web. Estas firmas serán entregadas
a los ministerios de Asuntos Exteriores y
de Defensa, principales involucrados en el
proceso de Oslo.
“Éste es un clamor
que el Gobierno no puede desoír. El
Gobierno español debe escuchar la voz
de la sociedad civil y las instituciones y
adoptar una postura clara dirigida a la prohibición
de todos los tipos de bombas de racimo. No
es aceptable que los intereses empresariales
primen por encima de los derechos de las víctimas”,
ha declarado Juan López de Uralde,
director de Greenpeace.
Para firmar https://colabora2.greenpeace.es/informate/index_desarme.php
Para difundir la campaña
y descargar el manifiesto
http://colabora2.greenpeace.es/formulario_desarme_ok.php
+ Más
Greenpeace exige a Gibraltar
que cesen las visitas de submarinos nucleares
La organización ecologista
reclama la intervención del ministro
Moratinos
13 mayo 2008 - Algeciras, España —
Ante la llegada esta mañana de un nuevo
submarino nuclear a Gibraltar –en este caso
el HMS Superb de la armada británica–
la organización ecologista Greenpeace
manifiesta su rechazo y su protesta. Se trata
del segundo submarino nuclear que en menos
de una semana hace escala en el puerto gibraltareño.
Greenpeace exige al Gobierno
de Gibraltar que ponga fin de manera definitiva
a estas visitas y reclama al Ministro de Asuntos
Exteriores español que actúe
de forma inmediata y contundente para detener
estas visitas que se reproducen con frecuencia.
“La presencia de submarinos
nucleares en la bahía de Algeciras
supone un riesgo grave para la el medio ambiente
y la salud de las personas. No es de recibo
la de Gibraltar, ni la pasividad del Ministerio
español de Exteriores y por tanto,
exigimos que actúen ya contra estas
bombas nucleares flotantes”, ha declarado
Juan López de Uralde, director de Greenpeace.
Los submarinos de propulsión
nuclear portan uno o dos reactores nucleares
de los que obtienen la energía. Existe
un riesgo evidente de escape o de accidente,
que podría tener consecuencias para
la comarca del Campo de Gibraltar. Además
estos submarinos pueden portar bombas atómicas.
