Una
investigación de cuatro meses destapa
un amplio fraude en el que tripulantes de
la flota ballenera sacaban del barco ilegalmente
piezas de carne de ballena
15 mayo 2008 - Tokio, Japón — Activistas
de Greenpeace han mostrado esta mañana
en Tokio una caja de carne de ballena obtenida
de forma ilícita por un tripulante
del Nisshin Maru, el buque factoría
de la flota japonesa, tras su campaña
de caza de ballenas en aguas del Santuario
Antártico. Justo después, los
activistas la llevaron ante la oficina del
Fiscal General en Tokio como prueba de la
corrupción existente en el programa
de “caza científica” de ballenas apoyada
por el Gobierno japonés.
En una investigación
que se extendió por cuatro meses, Greenpeace
obtuvo pruebas de un amplio fraude en el que
estaban implicados tripulantes del Nisshin
Maru, que se llevan las mejores piezas de
carne de ballena procedente del llamado programa
de “caza científica” de ballenas, sacándolas
del barco camufladas entre su equipaje personal,
para posteriormente comerciar ilegalmente
con ella.
Cuando el Nisshin Maru llegó
a Japón el 15 de abril de 2008 procedente
de aguas antárticas, y gracias a la
información proporcionada por empleados
de Kyodo Senpaku, la compañía
que gestiona la flota ballenera japonesa,
Greenpeace pudo documentar la descarga de
contrabando de carne de ballena desde el barco
a un camión especial. La operación
tuvo lugar a la vista de los oficiales de
Kyodo Senpaku y de la tripulación.
La mercancía fue documentada por activistas
de Greenpeace desde que dejó el barco
hasta su llegada a un almacén en Tokio.
Greenpeace interceptó
una de las cajas enviadas a una dirección
privada, donde puedo verificar su contenido
y comprobar el fraude. La nota de la mercancía
afirmaba que la caja contenía “cartón”
pero en realidad en su interior había
23,5 kg de carne de ballena salada de la mejor
calidad, valorada en 2.000 euros. Un informante
declaró a Greenpeace que decenas de
tripulantes sacaron hasta 20 cajas como éstas
cada uno. Investigaciones posteriores en locales
y restaurantes en diferentes lugares de Japón
confirmaron que se encontraban a la espera
de la llegada de carne de ballena procedente
de la caza de este año, pese al hecho
de que la Agencia Pesquera de Japón
y el Instituto de Investigación de
Cetáceos no liberará la carne
para su venta hasta finales de junio de 2008.
Los informantes a los que
ha tenido acceso Greenpeace afirman que la
tripulación más veterana del
Nisshin Maru y los oficiales de Kyodo Senpaku,
hacen la vista gorda ante este fraude y han
permitido que continúe durante décadas.
Una fuente vinculada a Kyodo Senpaku ha asegurado
a Greenpeace que oficiales del Instituto de
Investigación de Cetáceos (ICR)
que se encontraban a bordo del Nisshin Maru
también conocían el escándalo
y nohicieron nada para evitarlo.
“La información que
hemos recopilado indica que la escala del
escándalo es tan grande, que sería
imposible que la compañía que
gestiona esta flota, Kyodo Senpaku, y el ICR
no supieran nada”, ha afirmado Junichi Sato,
coordinador de la campaña de ballenas
de Greenpeace Japón.
Greenpeace demanda una investigación
en profundidad para evaluar el nivel de corrupción
en el programa de caza de ballenas. Además,
Greenpeace pide al Gobierno japonés
que se ponga fin a las ayudas públicas
a este programa y que la licencia con la que
cuenta la compañía que la lleva
a cabo sea retirada.
El actual programa de caza
científica de ballenas apoyado por
el Gobierno japonés en el Santuario
Ballenero Antártico ha estado rodeado
de controversia desde su comienzo y ha venido
afectando negativamente a la imagen internacional
de Japón. Este escándalo plantea
la cuestión de quién se beneficia
de un programa que no tienen utilidad científica
y no es sostenible tampoco desde el punto
de vista comercial.
“El programa de caza de
ballenas en la Antártida está
financiado con dinero de los contribuyentes
japoneses y éstos tienen derecho a
saber quién se está beneficiando”,
comentó Sato. “Ya es hora de que este
programa de caza de ballenas finalice y todo
ese dinero público sea empleado en
fines más beneficiosos para la conservación
de los mares”
+ Más
Exhibe Greenpeace contrabando
de carne de ballena en Japón
14 mayo 2008 - Tokio, Japón
— Una investigación de cuatro meses
destapa un amplio fraude en el que tripulantes
de la flota ballenera sacaban del barco ilegalmente
piezas de carne de ballena
Greenpeace Japón presentó este
día una caja de carne de ballena obtenida
de forma ilícita por un tripulante
del Nisshin Maru, el buque factoría
de la flota japonesa, tras su campaña
de caza de ballenas en aguas del Santuario
Antártico. Justo después, los
activistas la llevaron ante la oficina del
Fiscal General en Tokio como prueba de la
corrupción existente en el programa
de “caza científica” de ballenas apoyada
por el gobierno japonés.
En una investigación
de cuatro meses, Greenpeace obtuvo pruebas
de un amplio fraude en el que estaban implicados
tripulantes del Nisshin Maru, quienes se llevan
las mejores piezas de carne de ballena procedente
del programa de “caza científica” de
ballenas, sacándolas del barco camufladas
entre su equipaje personal, para posteriormente
comerciar ilegalmente con ella.
Cuando el Nisshin Maru llegó
a Japón el 15 de abril de 2008 procedente
de aguas antárticas, y gracias a la
información proporcionada por empleados
de Kyodo Senpaku, la compañía
que gestiona la flota ballenera japonesa,
Greenpeace pudo documentar la descarga de
contrabando de carne de ballena desde el barco
a un camión especial. La operación
tuvo lugar a la vista de los oficiales de
Kyodo Senpaku y de la tripulación.
La mercancía fue documentada por activistas
de Greenpeace desde que dejó el barco
hasta su llegada a un almacén en Tokio.
Greenpeace interceptó
una de las cajas enviadas a una dirección
privada, donde puedo verificar su contenido
y comprobar el fraude. La nota de la mercancía
afirmaba que la caja contenía “cartón”
pero en realidad en su interior había
23.5 kg de carne de ballena salada de la mejor
calidad, valorada en 2 mil euros. Un informante
declaró a Greenpeace que decenas de
tripulantes sacaron hasta 20 cajas como éstas
cada uno.
Investigaciones posteriores
en locales y restaurantes en diferentes lugares
de Japón confirmaron que se encontraban
a la espera de la llegada de carne de ballena
procedente de la caza de este año,
pese al hecho de que la Agencia Pesquera de
Japón y el Instituto de Investigación
de Cetáceos no libera la carne para
su venta hasta finales de junio de 2008.
Los informantes a los que
ha tenido acceso Greenpeace afirman que la
tripulación más veterana del
Nisshin Maru y los oficiales de Kyodo Senpaku
están enterados de este contrabando
y lo han permitido durante décadas.
Un informante vinculado a Kyodo Senpaku aseguró
a Greenpeace que oficiales del Instituto de
Investigación de Cetáceos (ICR)
que se encontraban a bordo del Nisshin Maru
también lo sabían y no lo impidieron.
“La información que
hemos recopilado indica que la escala del
escándalo es tan grande, que sería
imposible que la compañía que
gestiona esta flota, Kyodo Senpaku, y el ICR
no supieran nada”, ha afirmado Junichi Sato,
coordinador de la campaña de ballenas
de Greenpeace Japón.
Greenpeace demanda una investigación
en profundidad para evaluar el nivel de corrupción
en el programa de caza de ballenas. Además,
Greenpeace pide al Gobierno japonés
que se ponga fin a las ayudas públicas
a este programa y que la licencia con la que
cuenta la compañía que la lleva
a cabo sea retirada.
El programa de caza “científica”
de ballenas apoyado por el gobierno japonés
en el Santuario Ballenero Antártico
ha estado rodeado de controversia desde su
comienzo y ha afectado negativamente la imagen
internacional de Japón. Este escándalo
plantea la cuestión de quién
se beneficia de un programa que no tienen
utilidad científica y no es sostenible
desde el punto de vista comercial.
“El programa de caza de ballenas en la Antártida
está financiado con dinero de los contribuyentes
japoneses y éstos tienen derecho a
saber quién se está beneficiando”,
comentó Sato. “Ya es hora de que este
programa de caza de ballenas finalice y todo
ese dinero público sea empleado en
fines más beneficiosos para la conservación
de los mares”.
+ Más
CONAPACH EXIGE ELIMINACION
DE LA PESCA DE ARRASTRE EN LA MONEDA JUNTO
A GREENPEACE.
13 mayo 2008 - Chile — Con
la entrega de miles de firmas queda demostrado
que la conservación de los recursos
pesqueros no sólo es un tema que preocupa
a los pescadores y organizaciones medioambientales,
sino que también es un tema de interés
de la sociedad civil.
La Confederación
Nacional de pescadores Artesanales de Chile,
junto a dirigentes de la Federación
de pescadores de la Quinta Región Nuevo
Amanecer junto a Greenpeace, hicieron entrega
a la presidenta Michelle Bachelet, en La Moneda,
de más de 80.000 firmas recolectadas
en el país las cuales solicitan a la
mandataria, erradicar la pesca de arrastre,
decisión que exigen ser oficializada
este 14 de mayo.
En este mes del Mar, esta
actividad se enmarca dentro de la campaña
“Si a la Pesca Artesanal, Eliminemos la pesca
de arrastre”, que impulsa CONAPACH, la organización
de pescadores mas importante del país,
para dar cuenta a la presidencia de la necesidad
que el gobierno entregue una señal
por el incumplimiento del compromiso asumido
por la autoridad pesquera, el pasado 11 de
abril.
En reunión con la
presidenta de Conapach, Zoila Bustamante,
y representantes de la Coordinadora de Pescadores
Artesanales de San Antonio, el Subsecretario
de Pesca, Jorge Chocair, acordó una
serie de medidas para enfrentar la crisis
de merluza, entre las cuales se contempló
dar respuesta a la campaña impulsada
por CONAPACH, esto es el cierre de la actividad
industrial con artes de arrastre en las regiones
V y VI, fijando como plazo máximo el
pasado primero de mayo, y a partir de esa
fecha evaluar un posterior cierre en la VII
Región.
Sin embargo la Subsecretaría
de Pesca, no respetó el acuerdo, y
ofreció a cambio un pacto de buena
voluntad del sector industrial pesquero de
no realizar actividades extractivas en la
quinta región por un período
de seis meses.
Entre las propuestas de
CONAPACH para garantizar la conservación
de los recursos pesqueros, destacan por ejemplo
“reducir las cuotas de captura para aquellos
recursos que se encuentran en estado crítico,
como es el caso de la merluza.” indicó
Cosme Caracciolo, Secretario General de CONAPACH.
Y agrega “Los pescadores artesanales criticamos
fuertemente a la autoridad pesquera, por no
dar respuestas concretas que den solución
a la denominada crisis de la merluza, la cual
a nuestro entender es de trascendencia nacional,
pues de no implementarse medidas lógicas
e inteligentes en administración pesquera,
como es la eliminación de la pesca
de arrastre estaríamos frente a una
posible extinción de los recursos y
de nuestra actividad“.
Por otra parte, el asesor
presidencial Domingo Namuncura expresó
textualmente en respuesta a la solicitud de
audiencia para la entrega de estas firmas,
que “De acuerdo a un informe que hemos solicitado
a la Subsecretaría de pesca, se nos
ha señalado que el arrastre como método
de pesca no atenta contra las especies (…)”.
Respecto a estas palabras,
CONAPACH enfatizó que lo que está
en juego es una potente fuente de nutrientes
para la población, lo cual se contradice
con el objetivo de este gobierno por convertirse
en potencia alimentaria a nivel mundial desconociendo
cualquier principio precautorio o de sustentabilidad
que proteja los recursos pesqueros en el largo
plazo.
Por su parte el Coordinador
de Campaña de Greenpeace, Samuel Leiva
explicó que más de 20.00 cyberactivistas
se han sumado a la adhesión a esta
campaña en el marco de una serie de
actividades en defensa de los océanos
y sus ecosistemas, entre las cuales destacada
la marcha a realizarse este sábado
17 de mayo en Valparaíso a las 11 horas.
Asimismo enfatizó que “Las palabras
del asesor presidencial desconocen todo el
trabajo desarrollado hasta la fecha, y de
ser así, sería una clara muestra
de falta de voluntad política para
proteger los recursos naturales, en tanto
patrimonio ambiental de todos los chilenos,
el arrastre es el metodo de pesca mas destructivo
que existe”.
+ Más
Paro de los inspectores
de pesca en España
16 mayo 2008 - Madrid, España
— Los trabajadores señalan que el 90%
de las infracciones se producen durante la
noche o fines de semana. El colectivo reclama
una regulación de su actividad con
condiciones y jornadas más ajustadas
a sus funciones
Desde hoy, el colectivo de inspectores de
pesca en España inicia un paro parcial
indefinido que consiste en el cumplimiento
estricto de su jornada laboral, que es de
siete y media de la mañana a tres y
media de la tarde, de lunes a viernes.
A pesar de que según
los propios trabajadores el 90% de las infracciones
de pesca se producen durante las noches y
en fines de semana, el marco legal que regula
su actividad establece una jornada laboral
con horario 'de oficina', por lo que las inspecciones
fuera de este horario se habían venido
realizando de forma voluntaria y no regulada.
“Nos consta que hay muchos
puntos del país en los que no se realizan
inspecciones fuera del horario laboral desde
mediados de 2007. El Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino debería dejar
de lado las grandes declaraciones institucionales
sobre la importancia de luchar contra la pesca
ilegal y empezar por garantizar una de sus
piedras angulares: una inspección pesquera
eficaz”, apunta Losada.
Los inspectores reclaman
un incremento de los medios humanos y afirman
que carecen de la seguridad jurídica
requerida para el desarrollo de su trabajo
y no les son reconocidas situaciones de riesgo,
como las derivadas de su participación
en actividades nocturnas, embarques en medios
marítimos y aéreos, etc.
“La lucha contra la pesca
ilegal es imposible si no se ponen los medios
para hacer cumplir las normas, no se garantiza
la seguridad laboral y jurídica de
los inspectores y no se crean las condiciones
para su desarrollo profesional”, ha declarado
Sebastián Losada, responsable de la
Campaña de Océanos de Greenpeace.
Ya el pasado 29 de enero
y bajo el lema “Inspectores no regulados,
caladeros esquilmados”, 62 de los 75 inspectores
de la Administración del Estado se
sumaron a una huelga de un día para
protestar por la falta de condiciones para
el desempeño de la función inspectora
en España.
Precisamente, un informe
hecho público el pasado 5 de diciembre
de 2007 por el Tribunal de Cuentas Europeo
sobre los sistemas de inspección, control
y sanciones en materia de pesca (1) de seis
Estados Miembros de la Unión Europea,
entre ellos España (2), ofrecía
un panorama desastroso del control de las
actividades pesqueras en nuestro país.
Entre las acusaciones realizadas por el Tribunal
de Cuentas figuraba que en el año 2005,
con el mismo equipo al frente del Ministerio
que en la actualidad, habría un desfase
escandaloso de un 40% entre las declaraciones
de capturas de España a la Comisión
Europea y los mismos datos según aparecen
en las bases de datos nacionales españolas.
En concreto, España
habría declarado a la Dirección
General de Pesca de la Unión Europea
haber capturado 262.900 t de pescado, mientras
que en las estadísticas nacionales
figuran 431.900 t, una diferencia abrumadora
de 169.000 t. Según el Tribunal de
Cuentas, “las autoridades españolas
han reconocido la omisión en las declaraciones
a la DG Pesca de unas 148.500 toneladas relacionadas
con especies no reguladas a través
de cuotas, pero han sido incapaces de proporcionar
explicaciones para las otras 20.500 toneladas
que faltan”(3).
El informe también
cita que ya en 2003 una evaluación
de las necesidades de inspección llevada
a cabo por el propio ministerio evaluó
el número necesario de inspectores
en 139, casi el doble de los existentes hoy
en día (4).
“Los grandes perjudicados
por la dejadez de la Administración
en este tema son nuestros recursos pesqueros
ya que es evidente que este Gobierno no está
en condiciones de garantizar un cumplimiento
de las normativas de pesca”, añadió
Losada.
+ Más
ANSE y Greenpeace reclaman
de nuevo la protección del medio marino
en la Región de Murcia
13 mayo 2008 - España
— La Asamblea regional debatirá mañana
una moción de Izquierda Unida-Los Verdes
que solicita la creación de una red
de Reservas Marinas en las aguas de la región.
ANSE y Greenpeace presentaron hace dos años
una propuesta de red de Reservas Marinas en
la Región de Murcia que incluía
siete áreas del litoral y del mar abierto.
"El Parlamento Regional
tiene una gran oportunidad para respaldar
la protección del medio marino aprobando
esta moción, y el Gobierno Regional
una ocasión de demostrar que está
realmente por la conservación de los
recursos naturales costeros", ha declarado
Pedro García, portavoz de ANSE. Por
su parte, Pilar Marcos, responsable de la
Campaña de Costas de Greenpeace ha
mostrado su preocupación porque el
Gobierno murciano no haya declarado nuevos
espacios ni esté gestionando, de forma
adecuada, los que ya ha protegido: "hay
que comenzar a trabajar para que esta situación
empiece a cambiar", ha afirmado Marcos.
A pesar de que durante las
I Jornadas Internacionales sobre Reservas
Marinas, celebradas en Murcia en marzo de
1999, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma
anunció la inmediata declaración
de Cabo Cope como la segunda Reserva Marina
del litoral de la Región, a día
de hoy, el Gobierno murciano no ha presentado
ninguna propuesta al respecto. Tampoco se
han iniciado los trámites para la protección
del entorno marino de Isla Grosa, a pesar
del compromiso del Consejero Benito Mercader
con representantes de Greenpeace y de ANSE.
Aunque la Región
de Murcia ha declarado como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) para el delfín mular
el medio marino desde Cabo Palos hasta Águilas
(con cerca de 155.000 hectáreas es
la zona acuática protegida más
grande de España), y la región
cuenta con otras dos áreas costeras
declaradas LIC: el Mar Menor y la Franja Litoral
Sumergida de la Región de Murcia, es
incomprensible que estos parajes carezcan
de medidas específicas o planes de
gestión que regulen y ordenen los usos.
Es decir, la protección solo existe
en documentos.
El litoral de la Región
cuenta con una representatividad única
de ecosistemas marinos del Mediterráneo.
Desde imponentes bosques sumergidos de la
planta Posidonia oceanica frente a La Manga
y Calblanque, varias islas en las que se reproducen
aves marinas como el Paíño europeo
o la pardela cenicienta; además de
espacios en aguas abiertas, tales como los
cañones submarinos situados frente
a Cabo Tiñoso-Mazarrón, con
importantes poblaciones de cetáceos.
El establecimiento de una
red de áreas marinas protegidas supondría
un importante avance en la conservación
del maltratado entorno acuático murciano
que ve, día tras día, mermar
su biodiversidad por el desarrollo urbanístico,
la construcción de grandes infraestructuras
portuarias, la contaminación industrial
o la sobrepesca.
Las áreas marinas
protegidas/reservas marinas son la herramienta
idónea para la conservación
de los recursos costeros, ya que permiten
conservar los ecosistemas subacuáticos
y la fauna y flora que en ellos habitan, al
tiempo que gestionan de forma sostenible las
pesquerías y todas las actividades
humanas, a la vez que salvaguardan el patrimonio
natural de todos los murcianos.
