02 junio 2008 - Buenos Aires,
Argentina — Greenpeace volvió a advertir
el peligro que representa la producción
a gran escala de biocombustibles orientada
a abastecer el mercado internacional. Al comenzar
la Conferencia Mundial sobre Seguridad Alimentaria
que se desarrollará en Roma del 3 al
5 de junio, Greenpeace reclamó a la
Presidente Cristina Fernández de Kirchner
que adopte criterios de sustentabilidad para
la producción de biocombustibles.
En el marco de la Conferencia
Mundial sobre Seguridad Alimentaria convocada
por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), que cuenta con 194 Estados miembros,
Greenpeace denunció nuevamente los
impactos ambientales y sociales que los actuales
patrones de producción de biocombustibles
tendrán en nuestro país y la
región.
A pesar de las advertencias
de investigaciones científicas y las
denuncias de importantes organismos internacionales
como la FAO, acerca de la amenaza que los
biocombustibles representan para la seguridad
alimentaria y para los ecosistemas naturales,
muchos gobiernos de todo el mundo siguen impulsando
y promoviendo la producción a gran
escala de biocombustibles, tratando de alcanzar
sus metas domésticas.
“La cumbre de la FAO se
desarrolla en un contexto de crisis de la
seguridad alimentaria a nivel mundial. Los
patrones de producción de biocombustibles
hoy son una de las variables que influyen
en esta crisis, poniendo en peligro la subsistencia
de las poblaciones más pobres del mundo
al influir esta producción sobre los
precios de los alimentos y competir por las
tierras cultivables”, señaló
María Eugenia Testa, miembro de la
Unidad Política de Greenpeace. “Por
otro lado, la extensión de cultivos
tales como el maíz, la soja, la colza
o la caña de azúcar, destinados
a la producción de biocombustibles,
influye también en las tierras agrícolas
disponibles, provocando la destrucción,
directa e indirecta, de ecosistemas naturales,
como los bosques nativos”.
Semanas atrás Greenpeace
presentó al gobierno nacional un documento
en el cual se plantea la necesidad de establecer
criterios de sustentabilidad a la hora de
pensar una política nacional para el
uso de la bioenergía, en la que deben
priorizarse sólo las opciones que logren
una reducción efectiva y considerable
de gases de efecto invernadero (GEI) de al
menos un 60 por ciento; que no degraden directa
o indirectamente bosques naturales ni otros
ecosistemas y que no amenacen la seguridad
alimentaria local, en especial la de los países
en vías de desarrollo. Más de
100 mil personas apoyaron este pedido y escribieron
a la Presidente Cristina Fernández
de Kirchner, reclamando la adopción
de estos criterios.
Durante la Cumbre organizada
por la FAO los Jefes de Estado discutirán
cómo abordar el problema de la crisis
alimentaria a nivel mundial frente a la subida
de precios alimentarios, la escasez de agua
y de tierras, el cambio climático,
el aumento de las necesidades energéticas
y la producción de bioenergía
y el crecimiento de la población.
“La producción de
biocombustibles hoy día está
siendo impulsada por los gobiernos de los
países industrializados como una “solución
rápida” para el problema de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) que producen
el cambio climático, pero lo que está
generando son más problemas que soluciones.
El aumento en el precio de los alimentos,
la mayor demanda de tierras y la destrucción
de ecosistemas naturales, son las consecuencias
más inmediatas de la creación
de un mercado internacional, en el cual los
países en vías de desarrollo
se colocan como los proveedores de biodiesel
y etanol para que los países desarrollados
puedan cumplir sus metas de reducción
de emisiones de GEI”, sostuvo Testa.
La reglamentación
europea estipula un corte obligatorio de los
combustibles usados en el transporte con un
5,75 por ciento de biocombustibles para 2010
y del 10 por ciento para 2020. “Europa ha
establecido un corte que excede su capacidad
de producción,” sostuvo Juan Carlos
Villalonga, Director Político de Greenpeace
Argentina, “por eso se procura que los países
de América Latina se conviertan en
proveedores dentro del mercado internacional,
poniendo en peligro su patrimonio natural”.
+ Más
Documento de Greenpeace
acerca de la Declaración de la Conferencia
Mundial sobre Seguridad Alimentaria, Cambio
Climático y Bioenergía de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO)
06 junio 2008 - Buenos Aires,
Argentina — Según Greenpeace, la declaración
emitida por la Conferencia Mundial sobre Seguridad
Alimentaria, Cambio Climático y Bioenergía
no garantiza a la población mundial
que sus gobernantes estén tomando fuertes
medidas para combatir el incremento en los
precios de los alimentos y las amenazas de
las catástrofes ambientales.
La declaración emitida
por la Conferencia Mundial sobre Seguridad
Alimentaria, Cambio Climático y Bioenergía
no garantiza a la población mundial
que sus gobernantes estén tomando fuertes
medidas para combatir el incremento en los
precios de los alimentos y las amenazas de
las catástrofes ambientales. Un cambio
real es necesario en la forma en que la agricultura
es desarrollada y los commodities comercializados.
Pueden producirse más
y mejores alimentos sin destruir el ambiente
rural o los recursos naturales. Los métodos
de producción agrícola a escala
local, social y ambientalmente responsables
son la solución. Es penoso que este
encuentro de tan alto nivel elija ignorar
los resultados recientes de Agricultures Assessment
(o IAASTD). Este reporte, realizado por más
de 400 científicos y aprobado por más
de 60 países, concluye en que existe
la urgente necesidad de dejar atrás
la destructiva industria agrícola,
tan dependiente de las sustancias químicas,
y adoptar métodos modernos y ambientalmente
amigables que protejan la biodiversidad y
beneficien a las comunidades locales. En el
reporte también se afirma que tales
técnicas, como la ingeniería
genética, no son una solución,
ya que generan el alza de los precios de los
alimentos, el aumento de la pobreza, la pérdida
de biodiversidad y el cambio climático.
“Debemos trabajar con la
naturaleza, no contra la naturaleza”. Los
gobiernos deben rechazar los costosos sistemas
dependientes de los combustibles fósiles,
sustancias químicas tóxicas
y la ingeniería genética. La
nueva agricultura, que puede mantener bajos
los precios de los alimentos y aumentar la
productividad, es ecológica y enfocada
en la pequeña escala. La situación
tal cual hoy está no es una opción.
Por otro lado, una reconsideración
radical acerca de la producción de
biocombustibles también es necesaria.
Lo más urgente: las medidas gubernamentales
que generan el desvío de granos y aceites
comestibles para la producción de biocombustibles
deben ser detenidas. Allí donde los
biocombustibles son un problema, las políticas
necesitan ser revisadas para asegurar que
ningún tipo de producción cause
impactos directos ni indirectos sobre la biodiversidad
o ecosistemas naturales, ni haga peligrar
la seguridad alimentaria. En este momento,
ambas amenazas son un hecho.
El avance internacional
hacia la producción sustentable de
biocombustibles está prácticamente
paralizado. En la reciente conferencia de
la Convención sobre Diversidad Biológica
de la ONU, Brasil se opuso a la introducción
de cualquier criterio de producción
que impediría la destrucción
de los bosques tropicales para hacer camino
a las plantaciones de materia prima para biocombustibles.
Los países solo acordaron discutir
a futuro criterios de sustentabilidad para
la producción. Esto permite que los
países de la Unión Europea continúen
consumiendo biocombustibles producidos de
manera no sustentable, y que los países
productores sigan implementando prácticas
agrícolas que destruyen el medio ambiente.
+ Más
Santiago del Estero violó
la Ley de Bosques y autorizó desmontes
11 junio 2008 - Santiago
del Estero, Argentina — Greenpeace denunció
hoy que el gobierno de Santiago del Estero
autorizó un desmonte de 244 hectáreas
a pesar de la moratoria que establece la Ley
de Bosques.
Greenpeace denunció
este miércoles que el gobierno de Santiago
del Estero autorizó el desmonte de
244 hectáreas de bosques en el departamento
de Pellegrini, en abierta violación
de la moratoria establecida a partir de la
sanción de la Ley de Bosques, aprobada
y vigente desde fines de 2007.
Según Greenpeace,
la directora provincial de Recursos Forestales
y Medio Ambiente, Viviana Lavaysse, incumplió
la normativa nacional al autorizar el pasado
4 de febrero el desmonte de 244 hectáreas
con fines ganaderos en la Finca Amasuyo, ubicada
cerca del paraje Agua Amarga, en el departamento
Pellegrini.
La decisión de las
autoridades santiagueñas quebranta
también el artículo 35 de la
Ley provincial 6.841 que prohíbe la
eliminación del bosque por medio de
desmonte total o parcial cuando afecten sitios
de valor cultural, poblaciones y/o territorios
de pueblos originarios o se lesionen derechos
de poseedores conforme la ley de fondoť, ya
que la finca en la que se autorizaron los
desmontes, a pesar de la resistencia de los
campesinos, es utilizada como zona de pastoreo
desde hace varias generaciones.
Según consta en la
resolución 138 de la Dirección
de Recursos Forestales y Medio Ambiente de
Santiago del Estero, la autorización
de este desmonte se realizó luego de
que los propietarios de la finca, Oscar Walter
Morizzio y Luis Javier Montero Alesanco, cancelaran
una multa de $ 2.500 por el desmonte sin autorización
de 438 hectáreas.
"A pesar de que las comunidades campesinas
reclaman por la tierra, el agua y el monte
desde hace años, los desmontes y los
desalojos en Santiago del Estero no se detienenť",
señaló Nelly Veliz, vicepresidenta
del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
"Esta situación
es realmente grave. Mientras Santiago del
Estero no realice un Ordenamiento Territorial
de sus bosques nativos con los criterios y
la zonificación que establece la Ley
nacional, no puede emitir permisos de desmonte,
menos aún si afectan a las comunidades
campesinas que habitan esos terrenos y sin
realizar estudios de impacto ambiental y audiencias
públicas"ť, señaló
Hernán Giardini, coordinador de la
Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La Ley nacional 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, conocida
como Ley de Bosques, establece que las provincias
no pueden emitir nuevos permisos de desmonte
mientras realizan un Ordenamiento Territorial
de sus zonas boscosas, bajo diez criterios
ecológicos y categorías de conservación
que apuntan a evitar la fragmentación
y degradación del bosque nativo y a
preservar los bosques utilizados por comunidades
campesinas e indígenas.
Por otro lado, el año
pasado la legislatura provincial aprobó
la Ley de Conservación y Uso Múltiple
de las Áreas Forestales de la provincia
de Santiago del Estero, que disponía
un Ordenamiento Territorial. Sin embargo,
la zonificación agroecológica
que establece, no se realizó bajo los
criterios de Ley Nacional de Bosques, por
lo cual debe ser adaptada a la nueva normativa
en el transcurso de este año.
Santiago del Estero tiene
el mayor índice del país en
relación con la pérdida de bosques
nativos: 821.293 hectáreas entre 1998
y 2006.
"Dada la Emergencia
Forestal en la que estamos, es de vital importancia
el cumplimiento de la moratoria vigente y
que en los procesos de Ordenamiento Territorial
las áreas en que podría llevarse
a cabo la transformación del suelo
sean nulasť", afirmó Giardini.
Greenpeace pudo constatar
que la moratoria a la autorización
de nuevos desmontes se encuentra en vigencia
en casi todas las provincias con altos niveles
de deforestación.
En Salta, cuya superficie deforestada entre
1998 y 2006 alcanzó las 609.320 hectáreas
y donde el año pasado el gobierno de
Juan Carlos Romero autorizó en forma
especulativa desmontes por más de 400.000
hectáreas, no se están autorizando
nuevos desmontes.
La nueva gestión está revisando
algunos de los últimos permisos, que
presentan varias irregularidades y pueden
afectar a comunidades indígenas y campesinas,
y está realizando el Ordenamiento Territorial
que establece la norma nacional.
En la provincia del Chaco,
donde la superficie deforestada en el mismo
período es de 245.465 hectáreas,
la suspensión a los desmontes rige
desde de mediados de 2006, aunque aún
hay muchos desmontes ilegales por la falta
de controles efectivos. El nuevo gobierno
prometió convocar a todos los sectores
para avanzar en el Ordenamiento Territorial.
La suspensión a la
entrega de permisos de desmontes está
también en vigencia en otras provincias
con importantes niveles de deforestación,
como Córdoba, Misiones, Formosa, Jujuy,
Entre Ríos y Santa Fe.
+ Más
Reforma energética
NO, revolución energética SÍ
05 junio 2008 - Puebla,
México — Greenpeace lanzó el
mensaje: [R]evolución energética
¡ya! para exigir a las autoridades federales
y estatales una mayor proporción de
fuentes renovables en la generación
de electricidad, en el marco de la reforma
energética que se discute en el Congreso
federal
En el Día Mundial del Medio Ambiente,
Greenpeace dio su segundo paso en la Gira
de las Energías, que la semana pasada
arrancó en Laguna Verde. El objetivo
de esta gira es evidenciar que el actual debate
sobre reforma energética es totalmente
limitado y miope, pues se reduce a buscar
cómo generar más petróleo,
principal combustible fósil causante
del cambio climático y a ver quién
resulta beneficiado con eso. Con la Gira de
las Energías, Greenpeace está
mostrando las energías sucias (como
la nuclear) y las energías limpias
(como la geotermia) para mostrar a políticos
y ciudadanos que México tiene la posibilidad
de ampliar las fuentes de las cuales obtiene
su electricidad.
"Lamentablemente, en
este Día Mundial del Medio Ambiente
no tenemos nada que celebrar, lo que sí
tenemos pendiente es la urgente tarea de combatir
el cambio climático a través
de una verdadera revolución energética,
no de una limitada reforma energética.
Puebla puede convertirse en una punta de lanza
para lograrlo, y a eso venimos, a proponerle
que se dé cuenta de este potencial
y lo aproveche", afirmó Patricia
Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace
México.
En Puebla, veinte activistas
de la organización asistieron a la
central geotérmica de Los Humeros,
para demostrar que la generación de
energía a través de fuentes
limpias y renovables, como la geotermia, es
posible cuando los gobiernos tienen voluntad
política para impulsar tecnologías
que no dependan de combustibles fósiles
como el petróleo.
"Actualmente la energía
geotérmica tiene una capacidad instalada
de 959 mw en el país, sin embargo el
potencial de esta energía podría
generar otros 2,400 mw en todo el país,
según datos de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE). En el marco de las
discusiones de la reforma energética
se está perdiendo de vista la necesidad
de tecnologías que no generen gases
de efecto invernadero, así como un
criterio de soberanía energética
relacionado con las fuentes renovables de
energía", afirmó Jorge
Escandón, coordinador de la campaña
de energía y cambio climático
de Greenpeace.
Además de la geotermia, en Puebla operan
otro tipo de centrales como las hidroeléctricas,
que trabajan en malas condiciones, sin mantenimiento
y sin ningún criterio de sustentabilidad.
Por ejemplo, en el caso de la presa de Valsequillo,
desde 1960 se trató de retirar sin
éxito el lirio acuático de la
superficie del embalse, pero no se logró
y por el contrario, se azolvó la presa
y aumentaron los niveles de contaminación.
"Es ilógico
que en vez de aprovechar el potencial que
existe para utilizar la geotermia en Puebla,
que es una energía que no provoca contaminación
ni contribuye al cambio climático,
la entidad cargue con cuatro onerosas hidroeléctricas,
gigantescas, poco eficientes, contaminantes
y que no dejan beneficio a las comunidades.
En este foro lanzamos un llamado al gobierno
estatal para que emprenda su revolución
energética y promueva las energías
limpias", afirmó Arendar.
En la Gira de las energías que realiza
la organización ambientalista por diversos
estados del país, Greenpeace demuestra
que con fuentes renovables como la geotérmica
sí es posible tener alternativas limpias
en México para hacer frente a los efectos
del cambio climático y disminuir las
emisiones de CO2 (principal gas de efecto
invernadero).
Puebla y el cambio climático
Según datos del Centro
Universitario de Prevención de Desastres
(CUPREDER) de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, la entidad es de
las que más ha resentido los efectos
del cambio climático registrando una
disminución de su precipitación
pluvial y una tendencia de aumento de temperatura,
característica de los climas semiáridos.
Asimismo, los derrumbes
ocurridos en julio del 2007 en la Sierra Negra
como consecuencia del debilitamiento de la
infraestructura por fenómenos hidrometereológicos,
muestran la necesidad de que el gobierno poblano
elabore un Plan Estatal de Acción Climática
para enfrentar la vulnerabilidad en que se
encuentran.
En el estado de Puebla,
al menos 850 mil personas viven en zonas de
riesgo en la entidad, es decir que son altamente
vulnerables a los fenómenos vinculados
con el cambio climático. La mayoría
de estar personas están en extrema
pobreza y forman parte de diversas comunidades
indígenas.
Greenpeace hizo un llamado
a las autoridades estatales a invertir en
un Plan Estatal de Acción Climática,
que contemple la actualización del
mapa local de riesgos y la implantación
de proyectos centrados en políticas
preventivas de adaptación al cambio
climático para toda la gente que vive
en condiciones de vulnerablidad, además
de promover el uso y desarrollo de energías
limpias, como el caso de la geotermia.
Una verdadera reforma energética
debe darle un papel preponderante a la producción
de electricidad con energías renovables,
así como al ahorro y eficiencia energética
en todos los sectores: gubernamental, productivo,
doméstico y transporte, entre otros.
En Greenpeace creemos que es posible reducir
en un 50 por ciento la demanda actual de energía
del planeta para el 2050 si aprovechamos al
máximo el potencial de las energías
renovables y la eficiencia energética.
