26
Jun 2008 - El diseño de las plantaciones
y la falta de integración de los aspectos
de conservación de hábitat y
especies son algunas de las razones de la
suspensión
El movimiento ecologista
español ha recibido con satisfacción
la suspensión del certificado forestal
FSC (1) a las plantaciones de las empresas
Norfor y Silvasur, ambas del Grupo ENCE, dedicado
a la fabricación de pasta y papel a
partir de fibra de eucalipto. La suspensión
del certificado ha sido debida a la falta
de cumplimiento de los estándares españoles
del FSC. La noticia ha sido muy bien acogida
por las organizaciones ecologistas Verdegaia
(Galicia), Coordinadora Ecoloxista de Asturies
(Asturias), ARCA (Cantabria), Ecologistas
en Acción, WWF/Adena y Greenpeace,
algunas de las cuales han utilizado en los
últimos años los mecanismos
de reclamación del sistema FSC para
denunciar que la gestión de ambas empresas
tenía todavía muchos aspectos
que mejorar.
Norfor y Silvasur son propietarias
de algo más de 80.000 hectáreas
de plantaciones, principalmente de eucalipto,
en Andalucía, Galicia, Asturias y Cantabria.
Desde octubre de 2004 dichas plantaciones
disponían del certificado FSC. En el
caso de Norfor, la empresa posee 442 hectáreas
(274 cubiertas de eucalipto) dentro de espacios
de valor ambiental incluidos en la Red Natura
en Galicia y Asturias. La suspensión
del certificado FSC a la empresa Norfor está
justificada por el conocimiento deficiente
que tiene de los recursos ambientales (flora,
fauna, suelos, etc.) en el interior de estos
espacios protegidos y la falta de adaptación
de la gestión forestal a estos valores.
Aspectos relacionados con la conservación
de los suelos, la diversidad de las plantaciones
y las relaciones de esta empresa con la sociedad
han recibido también un suspenso por
parte de FSC.
“FSC es el único
sistema de certificación forestal transparente
que garantiza la participación equilibrada
de los representantes de los intereses sociales,
económicos y ambientales, y que ha
demostrando en todo el mundo que es una gran
herramienta para mejorar la gestión
forestal y la conservación de los bosques
del planeta. Por ello, creemos que el Grupo
ENCE deben apostar por corregir urgentemente
las carencias identificadas por los auditores”
ha declarado Félix Romero, del programa
de Bosques de WWF/Adena.
Las mismas plantaciones
de Norfor y Silvasur cuyo certificado FSC
ha sido suspendido mantienen el certificado
forestal PEFC, lo que demuestra que este sistema
tiene unos estándares menos exigentes
en aspectos ambientales, además de
no disponer de los mecanismos de participación
pública lo suficientemente eficaces
para mejorar la gestión forestal a
través de la participación de
todos los grupos de interés. El PEFC,
apoyado por los sectores industriales y algunas
administraciones autonómicas, no cuenta
con el respaldo de ninguna organización
comprometida con la conservación, la
ecología o la ayuda al desarrollo.
“Lo que ha ocurrido con
las plantaciones de eucalipto de Norfor es
impensable en PEFC, ya que este sistema no
busca una mejora real de la gestión
forestal” ha declarado Miguel Ángel
Soto, responsable de la campaña de
Bosques de Greenpeace España.
“FSC ha tardado en reaccionar
ante la concesión irregular del certificado
a Norfor en 2004. Deseamos que esta suspensión
se convierta a corto plazo en cancelación
si Norfor continúa incumpliendo estándares,
y que FSC mejore para evitar en el futuro
más escándalos como el de la
certificación de NORFOR”, ha declarado
Xosé Veiras, de Verdegaia.
El Grupo Ence acumula un
largo historial de conflictos con el medio
ambiente y la sociedad. Recientemente, la
Coordinadora Ecoloxista de Asturies ha denunciado
ante el Principado de Asturias que las obras
de ampliación de la fábrica
de Navia, propiedad de esta empresa, no cuentan
con la obligatoria declaración de impacto
ambiental favorable ni la autorización
ambiental integral concedida.
“Es intolerable que la Administración
no obligue a las grandes empresas a cumplir
la ley. Las obras de ampliación de
la fábrica de papel de Navia deben
ser paralizadas hasta que el Grupo ENCE tenga
todas las autorizaciones que exige la ley”
ha declarado Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora
Ecoloxista de Asturies.
FSC son las siglas del Forest
Stewardship Council (Consejo de Administración
Forestal), una ONG internacional que busca
la conservación y uso responsable de
los bosques del mundo a través de la
diferenciación en el mercado de los
productos de origen forestal (madera, papel,
tableros, corcho, carbón, etc.) que
han sido extraídos de bosques bien
gestionados desde un punto de vista social,
ambiental y económico. El FSC ha certificado
hasta la fecha más de 100 millones
de hectáreas de bosques y plantaciones
en más de 80 países. A pesar
de la existencia de varios sistemas de certificación
en el mercado, el FSC es el único sistema
de certificación de ámbito global
y de amplia aceptación por un amplio
abanico de agentes sociales, económicos
y ambientales. En España, el FSC cuenta
con el apoyo de la práctica totalidad
de las organizaciones de la sociedad civil,
ecologistas, de ayuda al desarrollo, sindicales,
etc. Por estas razones es el certificado elegido
preferentemente por las administraciones públicas
donde se han implantado políticas de
contratación pública verde.
Más información en: http://www.fsc-spain.org/
+ Más
WWF/Adena se presentará
como acusación en el caso de los agentes
ambientales de Doñana
18 Jun 2008 - Recientemente,
la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva
ha denunciado a cuatro Agentes de la Consejería
de Medio Ambiente de la Comarca de Doñana
por cohecho y omisión del deber de
denunciar los delitos ambientales y contra
la ordenación del territorio. WWF/Adena
considera que estos hechos deben ser investigados
en profundidad hasta depurar todas las responsabilidades
y poner así freno al escándalo
de la ordenación del territorio en
la Comarca de Doñana.
Por ello, WWF/Adena se personará
como acusación en el caso para aportar
toda la información recogida en sus
informes y su trabajo de campo.
Las denuncias reiteradas
de WWF/Adena contra los responsables del uso
ilegal del suelo en la Comarca de Doñana
han sido refrendadas por las actuaciones de
la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva
en los dos últimos años. Y más
recientemente, por las medidas puestas en
marcha de forma conjunta con la Policía
Autonómica y la Delegación de
Medio Ambiente de Huelva con el objetivo de
destapar las ilegalidades que se estaban cometiendo.
Por esta razón, WWF/Adena
se personará como acusación
en las actuaciones judiciales contra los cuatro
agentes ambientales denunciados por la Fiscalía
por cohecho y omisión de su deber de
denunciar delitos ambientales y contra la
ordenación del territorio.
Cabe recordar que en marzo
de 2007, en su informe “Fresa y Naturaleza
en Doñana: Corredores Ecológicos”,
la ONG denunció que el cultivo del
fresón se realizaba a costa de casi
1.000 pozos ilegales y ocupaba ilegalmente
2.347 hectáreas de monte público
y 450 hectáreas de Espacios Naturales
Protegidos (Red Natura 2000). Incluso después
de la aprobación del POTAD en 2003,
se deforestaron más de 500 hectáreas
de manera ilegal, en especial, en los términos
municipales de Lucena del Puerto, Moguer,
Bonares y Almonte.
A estas ocupaciones y transformaciones
de uso, además de los pozos ilegales,
se asocian desvíos de cauces de arroyos,
construcciones de caminos para acceder a las
fincas, tendidos eléctricos ilegales,
construcción de viviendas en zonas
rústicas y otras muchas acciones que
violan la ley.
Como consecuencia de las
denuncias y propuestas de actuaciones concretas
de WWF/Adena, junto con las reclamaciones
de los agricultores, en diciembre del pasado
año el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía acordó realizar
el Plan Especial de la zona fresera, para
poner orden en el actual caos del espacio
agrario de Doñana.
WWF/Adena confía
en que este Plan, al margen de la creación
de corredores ecológicos y la reubicación
de parcelas, supondrá la eliminación
de todas las fincas implicadas en el caso
por el que los agentes ambientales están
imputados. De no llevarse a cabo esta actuación,
WWF/Adena entiende que se concede una “amnistía
encubierta”, que alienta nuevas ilegalidades
en la confianza de que los infractores resultarán
no sólo impunes, sino premiados con
la legalización de lo conseguido violando
la ley.
“Lo que está ocurriendo
en Doñana con el suelo y el agua es
muy grave. Esperamos que se llegue hasta el
fondo y se encuentre a todos los culpables
que están detrás de este incumplimiento
generalizado de las leyes”, señala
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de
WWF/Adena, y concluye: “El Plan Especial debe
devolver a los onubenses el Patrimonio Natural
que es de todos y que no puede quedar en manos
privadas de forma ilegal.