El
diseño de las plantaciones y la falta
de integración de los aspectos de conservación
de hábitat y especies son algunas de
las razones de la suspensión
26 junio 2008 - España — El movimiento
ecologista español ha recibido con
satisfacción la suspensión del
certificado forestal FSC (1) a las plantaciones
de las empresas Norfor y Silvasur, ambas del
Grupo ENCE, dedicado a la fabricación
de pasta y papel a partir de fibra de eucalipto.
La suspensión del certificado ha sido
debida a la falta de cumplimiento de los estándares
españoles del FSC.
La noticia ha sido muy bien acogida por las
organizaciones ecologistas Verdegaia (Galicia),
Coordinadora Ecoloxista de Asturies (Asturias),
ARCA (Cantabria), Ecologistas en Acción,
WWF/Adena y Greenpeace, algunas de las cuales
han utilizado en los últimos años
los mecanismos de reclamación del sistema
FSC para denunciar que la gestión de
ambas empresas tenía todavía
muchos aspectos que mejorar.
Norfor y Silvasur son propietarias
de algo más de 80.000 hectáreas
de plantaciones, principalmente de eucalipto,
en Andalucía, Galicia, Asturias y Cantabria.
Desde octubre de 2004 dichas plantaciones
disponían del certificado FSC. En el
caso de Norfor, la empresa posee 442 hectáreas
(274 cubiertas de eucalipto) dentro de espacios
de valor ambiental incluidos en la Red Natura
en Galicia y Asturias. La suspensión
del certificado FSC a la empresa Norfor está
justificada por el conocimiento deficiente
que tiene de los recursos ambientales (flora,
fauna, suelos, etc.) en el interior de estos
espacios protegidos y la falta de adaptación
de la gestión forestal a estos valores.
Aspectos relacionados con la conservación
de los suelos, la diversidad de las plantaciones
y las relaciones de esta empresa con la sociedad
han recibido también un suspenso por
parte de FSC.
“FSC es el único
sistema de certificación forestal transparente
que garantiza la participación equilibrada
de los representantes de los intereses sociales,
económicos y ambientales, y que ha
demostrando en todo el mundo que es una gran
herramienta para mejorar la gestión
forestal y la conservación de los bosques
del planeta. Por ello, creemos que el Grupo
ENCE deben apostar por corregir urgentemente
las carencias identificadas por los auditores”
ha declarado Félix Romero, del programa
de Bosques de WWF/Adena.
Las mismas plantaciones
de Norfor y Silvasur cuyo certificado FSC
ha sido suspendido mantienen el certificado
forestal PEFC, lo que demuestra que este sistema
tiene unos estándares menos exigentes
en aspectos ambientales, además de
no disponer de los mecanismos de participación
pública lo suficientemente eficaces
para mejorar la gestión forestal a
través de la participación de
todos los grupos de interés. El PEFC,
apoyado por los sectores industriales y algunas
administraciones autonómicas, no cuenta
con el respaldo de ninguna organización
comprometida con la conservación, la
ecología o la ayuda al desarrollo.
“Lo que ha ocurrido con
las plantaciones de eucalipto de Norfor es
impensable en PEFC, ya que este sistema no
busca una mejora real de la gestión
forestal” ha declarado Miguel Ángel
Soto, responsable de la campaña de
Bosques de Greenpeace España.
“FSC ha tardado en reaccionar
ante la concesión irregular del certificado
a Norfor en 2004. Deseamos que esta suspensión
se convierta a corto plazo en cancelación
si Norfor continúa incumpliendo estándares,
y que FSC mejore para evitar en el futuro
más escándalos como el de la
certificación de NORFOR”, ha declarado
Xosé Veiras, de Verdegaia.
El Grupo Ence acumula un
largo historial de conflictos con el medio
ambiente y la sociedad. Recientemente, la
Coordinadora Ecoloxista de Asturies ha denunciado
ante el Principado de Asturias que las obras
de ampliación de la fábrica
de Navia, propiedad de esta empresa, no cuentan
con la obligatoria declaración de impacto
ambiental favorable ni la autorización
ambiental integral concedida.
“Es intolerable que la Administración
no obligue a las grandes empresas a cumplir
la ley. Las obras de ampliación de
la fábrica de papel de Navia deben
ser paralizadas hasta que el Grupo ENCE tenga
todas las autorizaciones que exige la ley”
ha declarado Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora
Ecoloxista de Asturies.
Nota:
El FSC son las siglas del Forest Stewardship
Council (Consejo de Administración
Forestal), una ONG internacional que busca
la conservación y uso responsable de
los bosques del mundo a través de la
diferenciación en el mercado de los
productos de origen forestal (madera, papel,
tableros, corcho, carbón, etc.) que
han sido extraídos de bosques bien
gestionados desde un punto de vista social,
ambiental y económico.
El FSC ha certificado hasta
la fecha más de 100 millones de hectáreas
de bosques y plantaciones en más de
80 países. A pesar de la existencia
de varios sistemas de certificación
en el mercado, el FSC es el único sistema
de certificación de ámbito global
y de amplia aceptación por un amplio
abanico de agentes sociales, económicos
y ambientales. En España, el FSC cuenta
con el apoyo de la práctica totalidad
de las organizaciones de la sociedad civil,
ecologistas, de ayuda al desarrollo, sindicales,
etc. Por estas razones es el certificado elegido
preferentemente por las administraciones públicas
donde se han implantado políticas de
contratación pública verde.
Más información en: http://www.fsc-spain.org/
+ Más
Lanzan segunda fase de campaña
"Sin maíz no hay país"
23 junio 2008 - DF, México
— Rechazar transgénicos y agrocombustibles,
y salvaguardar la agricultura de los acuerdos
internacionales, es la propuesta fundamental
En el marco de la crisis alimentaria global
y en México –que se expresa aquí
con un encarecimiento de los alimentos de
más de 70 por ciento en 18 meses y
una profundización de la dependencia
de importaciones--, más de 500 organizaciones
campesinas, de productores y civiles, así
como intelectuales, artistas, personajes públicos
e individuos en general lanzaron la segunda
etapa de la Campaña Nacional Sin Maíz
no hay País, con un nuevo agregado:
“Alimentos campesinos para México.
¡El hambre no espera!”.
La Campaña reitera
la imperiosa necesidad de reactivar el campo
mexicano, por medio de la revalorización
e impulso a la agricultura campesina, la cual
ha sido despojada de políticas y apoyos
públicos en los 25 años recientes,
a pesar de que los productores de pequeña
y mediana escala poseen 80 por ciento de las
tierras donde se encuentran los recursos estratégicos
(agua, germoplasma y minerales) y de que son
guardianes y responsables de buena parte de
la oferta alimentaria, de la biodiversidad,
los servicios ambientales y de la preservación
de la diversidad étnica y cultural
del país.
También la Campaña
insiste en la exigencia al Ejecutivo de que
renegocie el capítulo agropecuario
del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) así como los Acuerdos
de Agricultura de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) para salvaguardar la soberanía
alimentaria,
No a transgénicos,
no a los agrocombustibles
Igual que ocurrió
en la primera fase de la campaña –que
inició hace un año y que cumplió
su objetivo de poner al maíz “en boca”
de la población--, ahora las organizaciones
e individuos promotores convocan a la sociedad
civil a impedir la siembra en México
de maíz transgénico, para así
resguardar la condición de nuestro
país como centro de origen del maíz,
con 59 razas nativas, y como gran reservorio
de variedades adaptadas al cambio climático.
Pero ahora ese llamado –que
se hace crítico, pues el Reglamento
de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modifidados (LBOGM) generado por el Ejecutivo
prevé la siembra experimental de maíces
transgénicos para fines de este año—se
complementa con la demanda de frenar el uso
del maíz para su transformación
en agrocombustibles.
La utilización de
maíz y de otros alimentos para la producción
de etanol es un crimen en esta crisis, siendo
nuestro país un fuerte productor de
petróleo. Los agrocombustibles son
responsables de por lo menos 30 por ciento
del encarecimiento mundial de los precios
de los granos básicos (de 130 por ciento
en el trigo, 87 en soya, 74 en arroz y 31
por ciento en maíz, entre marzo de
2007 y marzo de 2008, según la FAO)
y además hay evidencias científicas
de que no son sustentables ambientalmente,
pues utilizan grandes volúmenes de
agua y de energía fósil para
su elaboración.
En México, con apoyos
públicos este año tres plantas
de etanol instaladas en Sinaloa estarán
consumiendo casi un millón de toneladas
de maíz. Ello, a pesar de que México
depende hoy de más de 10 millones de
toneladas del cereal (casi 30 por ciento de
las necesidades domésticas).
Freno a monopolios y alimentos
chatarra
La Campaña considera
fundamental la participación de la
sociedad civil en la defensa del maíz,
del impulso a la capacidad productiva campesina
y de la defensa del derecho a la alimentación,
luego de que el Ejecutivo federal ha mostrado
indiferencia y desprecio frente a la crisis
alimentaria y a los efectos económicos,
sociales y nutricionales de la población,
misma que ya hoy suma 20 millones de personas
con desnutrición y anemia, 60 millones
que viven en condiciones de pobreza y más
de 30 millones con problemas de obesidad (ligados
a una oferta extensa de alimentos chatarra
sin regulación e impulsados por publicidad
engañosa).
Asimismo, llama a una lucha
contra los monopolios alimentarios, pues la
grandes corporaciones están dictando
hábitos de consumo perniciosos para
la salud y para el bolsillo de la población
(por ejemplo con refrescos que en términos
reales significan azúcar a 80 pesos
el kilo, y que predisponen a la diabetes).
La Campaña pretende inducir un consumo
responsable de la población y una regulación
para la publicidad de las corporaciones, la
cual miente o exagera acerca de los valores
nutiricionales de sus productos.
La campaña plantea
exigencias puntuales, que involucran el compromiso
de la sociedad, del Congreso y del propio
Ejecutivo. Entre ellas destacan:
A) Acciones para incrementar
la producción y productividad sustentable
con campesinos, con un programa de mediano
plazo para la sustitución de importaciones
agroalimentarias a fin de eliminar el déficit
comercial sectorial en 2012, y con una concertación
del gobierno federal y los estatales con las
organizaciones por rama de producción
para establecer metas de incrementos anuales
de la producción.
Asimismo, una reestructuración
consensuada de los programas e instituciones
del sector rural. Y una agenda legislativa
para el campo que incluya, entre otras, la
aprobación por el Senado de la República
de la minuta de Ley de Planeación para
la Soberanía y la Seguridad Alimentaria
y Nutricional y de la minuta de Ley de Gas
Natural de Proceso. Y la aprobación
por el Congreso de la Unión de un mecanismo
de administración del comercio exterior
de los alimentos básicos y estratégicos,
de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable.
B) Acciones para garantizar
un acceso universal a los alimentos a precios
razonables, tales como la aprobación
por la Cámara de Diputados de la minuta
del Senado por el cual se eleva a rango constitucional
el derecho a la alimentación, y el
establecimiento de una canasta alimentaria
básica con precios controlados de productos
nacionales, con fomento a la compra a asociaciones
de productores mexicanos.
También, el incremento
de cien por ciento al monto de apoyo a las
familias en el Programa Oportunidades y redefinición
de los programas de apoyo a las mujeres rurales
con base en el reconocimiento de su papel
como productoras, conservadoras de recursos
naturales y administradoras de la tierra y
las remesas.
C) Creación de una
Reserva Estratégica Alimentaria, que
sería administrada por la Sagarpa y
un consejo intersecretarial e intersectorial,
constituida por maíz (tres millones
de toneladas), trigo (un millón), frijol
(200 mil toneladas), arroz (200 mil toneladas)
y leche en polvo equivalente a cuatro meses
del consumo nacional.
D) Protección al
maíz, por medio de investigación
pública orientada a valorar la agroecología
y el potencial de las semillas nativas; incentivo
a prácticas sustentables que han demostrado
su alto valor para resolver los problemas
ambientales de la agricultura; protección
de nuestros maíces criollos o nativos
de la contaminación transgénica;
medidas de bioseguridad que respondan a la
realidad del país como centro de origen
y de diversificación genética
del grano; establecimiento de un sistemas
de protección, responsabilidad e indemnización
para los campesinos que han resultado afectados
por la contaminación o flujo genético
a sus cultivos convencionales u orgánicos,
y etiquetado obligatorio en todos los productos
que contengan OGM, como se aplica en muchos
países, acatando el derecho fundamental
a la información para poder elegir.
Los promotores de la Campaña
consideran que todas estas acciones pueden
ser fácilmente financiadas con la creación
de un Fondo Nacional para la Soberanía
y Seguridad Alimentaria y Nutricional, con
los recursos excedentes del petróleo;
asimismo, con los ingresos extraordinarios
por la recaudación del IETU; con un
recorte de 20 por ciento del gasto corriente
de la alta burocracia de los tres Poderes
(incluyendo reducción salarial y prestaciones,
y con la eliminación del seguro de
gastos médicos mayores), y con 25 por
ciento de los decomisos al crimen organizado.
