02
julio 2008 - España — En el último
año, se ha continuado con el modelo
basado en la degradación del litoral,
con un balance de 67 casos de corrupción
urbanística; si en 2007 se proyectaron
tres millones de viviendas en la costa, ahora
se le suman 137 nuevas actuaciones en infraestructuras
portuarias Greenpeace ha presentado hoy la
octava edición del informe Destrucción
a Toda Costa en el que se repasa la situación
del litoral. El documento analiza los 100
casos que revisten mayor gravedad en relación
con el número de kilómetros
de costa de cada una de las comunidades y
ciudades autónomas.
Andalucía, la Comunidad
Valenciana, la Región de Murcia, Canarias,
Ceuta y Melilla, comparten este año
el primer puesto de un hipotético podio
como las regiones litorales que más
han maltratado a su costa. El segundo lugar
lo ocupan Cataluña, Islas Baleares
y Galicia que continúan acosando a
su medio natural con el ladrillo y la contaminación.
Euskadi, Cantabria y Asturias les siguen muy
de cerca, imitando en el norte el modelo devastador
del Mediterráneo.
La organización ecologista
ha analizado en cada una de las regiones el
estado de conservación de sus costas:
Andalucía, con 817
kilómetros de litoral, posee 18 puntos
negros. Destacan dos de los lugares más
contaminados de la península ibérica:
el polo químico de Huelva y la bahía
de Algeciras.
Asturias, con 345 kilómetros
de costa y 6 puntos negros, está sufriendo
una presión urbanística sin
precedentes. Tan sólo en la franja
oriental se tiene previsto la construcción
de más de 30.000 viviendas.
En Cantabria se analizan
5 puntos negros en 284 kilómetros de
costa. En esta provincia, aproximadamente
el 50% de los estuarios han sido modificados
por la acción humana.
Con 10 puntos negros, casi la mitad de la
costa de Cataluña (700 kilómetros)
se encuentra ya urbanizada. A esta costa enladrillada
se le suman en 2008 la proyección de
6.000 nuevos amarres deportivos.
Ceuta y Melilla, poseen
respectivamente un punto negro. Ambas presentan
un elevado índice de ocupación
de su territorio, (35,4% en Ceuta y 53,3%
en Melilla).
Para la Comunidad Valenciana,
con 518 kilómetros de costa, los grandes
desarrollos turísticos (especialmente
Marina d'Or Golf y el Manhattan de Cullera),
el aumento de puertos deportivos y el problema
de la contaminación se reflejan en
11 puntos negros.
Euskadi cuenta con 5 puntos
negros repartidos en 246 kilómetros
de costa, destacando los problemas de contaminación.
Las cifras hablan por sí solas: el
33% de las industrias metalúrgicas
más contaminantes se encuentran en
esta región.
Galicia, con 1.498 kilómetros
de costa y 19 puntos negros, plantea triplicar
su oferta de amarres para embarcaciones en
los próximos años y desfigurar
su costa con granjas de acuicultura. La contaminación
de sus rías es uno de los aspectos
más negativos.
Con 1.428 kilómetros de litoral, Baleares
acumula el 12% de la oferta total de amarres
del Mediterráneo. Greenpeace ha seleccionado
7 puntos negros.
Canarias, con 1.583 kilómetros de costa
y 10 puntos negros ha visto florecer en los
últimos años los casos de corrupción,
con 118 personas implicadas en irregularidades
urbanísticas.
En los 274 kilómetros
de costa de la Región de Murcia se
analizan 7 puntos negros en una comunidad
autónoma en la que desde 1987 la construcción
ha aumentado un 200% y se desprotegen espacios
naturales para construir complejos turísticos
como Marina de Cope.
Greenpeace considera que
es el momento de cerrar la puerta a la sinrazón
urbanística vivida en los últimos
años. La importante crisis económica
debería llevar a los gobernantes a
tomar medidas contundentes. Factores como
el descenso de la inversión extranjera,
sobre todo la británica (donde ya no
desgrava comprar una segunda residencia) o
la aparición de nuevos destinos turísticos
en el Mediterráneo, se han traducido
en un acusado declive de ventas de casas en
la playa de hasta un 70% como es el caso de
Alicante.
Las administraciones son,
o deberían ser, conscientes de esta
realidad pero no hacen nada por remediarla,
o cuando lo intentan ya es demasiado tarde.
Durante 2008, se ha seguido sin poner freno
real a las mayores amenazas de nuestro litoral.
El mayor problema de nuestras
costas sigue siendo el urbanismo. Muchos ayuntamientos
han puesto todo su afán en convertir
en suelo urbanizable el mayor porcentaje posible
de su territorio -incluidos espacios naturales
protegidos- para llenar sus arcas sin preocuparse
por construir ciudades habitables.
Los 67 casos de corrupción
urbanística en los tribunales, con
527 implicados, de los que 180 son cargos
públicos, contabilizados durante 2008,
ponen de manifiesto la enorme extensión
y gravedad de la falta de transparencia y
buena gestión llevada a cabo por los
responsables.
La demagogia que rodea a
las infraestructuras involucra a todas las
administraciones. Como ejemplo, los puertos
deportivos, ya que no existe ni una sola región
que piense limitar el número de amarres.
Tan sólo en 2008 se plantean 137 ampliaciones
o nuevos puertos deportivos e industriales.
En algunos puntos de la costa, los elevados
niveles de contaminación alcanzan cotas
alarmantes: los polos químicos de Huelva
y Tarragona o el estado de las rías
gallegas deben ser solucionados sin dilación.
Mientras el desarrollo en
la franja litoral siga parámetros insostenibles,
jamás habrá agua para abastecer
a visitantes y residentes. Se sigue permitiendo
regar campos de golf con agua sin reciclar
y las confederaciones hidrográficas
consienten que se continúe robando
agua.
El cambio climático
está ya afectando a nuestro litoral
con la aparición de numerosas especies
marinas propias de los trópicos. La
subida del nivel del mar provocará
un retroceso de la línea de costa tanto
en el Atlántico (con una subida estimada
en 35 centímetros) como en el Mediterráneo
(donde la elevación se estima entre
20 y 50 centímetros para 2050).
El modelo de desarrollo
económico basado en la construcción
ilimitada a costa de los recursos y patrimonio
natural de todos está, a la vista de
los datos económicos, muy en entredicho.
Greenpeace aboga por la urgente puesta en
marcha de las siguientes medidas:
Finalización de la
expansión ilimitada del urbanismo.
Proteger la primera franja de 500 metros de
la urbanización.
Aplicación de la
Ley de Costas, terminar la delimitación
del dominio público, eliminar las construcciones
ilegales en el litoral y conservar los espacios
costeros.
Puesta en marcha de la Estrategia
para la Sostenibilidad de la Costa en estrecha
colaboración con las comunidades autónomas
y los agentes sociales implicados.
Acabar con los vertidos
industriales y urbanos que están dañando
la calidad de las aguas y los espacios costeros.
Fortalecimiento de los planes para luchar
contra la contaminación por vertidos
y accidentes marítimos.
Creación de reservas
litorales y marinas que permitan conservar
amplios tramos y aseguren la recuperación
de especies, muchas de las cuales tienen un
elevado valor comercial.
La incógnita en este
año es saber cuál va a ser la
política de costas del nuevo Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Greenpeace insta al nuevo Ministerio a que
comience su andadura derribando el hotel construido
ilegalmente en El Algarrobico (Almería),
convertido en símbolo de la degradación
costera de este país.
