Las
carencias en la investigación y la
persecución del delito de incendios
forestales en España persiste, pese
al esfuerzo de las fiscalías de Medio
Ambiente - 12 agosto 2008 - España
— Greenpeace ha presentado hoy el informe
Incendios Forestales, ¿el fin de la
impunidad?, en el que analiza la respuesta
judicial a uno de los mayores problemas ambientales
de nuestro país y reflexiona sobre
el papel que el Código Penal y las
fiscalías de Medio Ambiente pueden
jugar en la disuasión y prevención
de los incendios forestales.
En España se producen
una media de 20.000 incendios y se quema una
superficie de 140.000 hectáreas todos
los años. Debido a este problema y
a su tendencia creciente, Greenpeace señala
en su informe que los incendios forestales
son todavía, y pese a los avances,
un delito impune. Sólo uno de cada
mil responsables de incendios acaba siendo
juzgado. De manera especial, sólo unos
pocos de los responsables de los los grandes
incendios forestales, aquellos que afectan
a más de 500 hectáreas y que
suponen el 40% de la superficie quemada en
la última década, acaban siendo
juzgados.
Greenpeace reconoce que
en los últimos años las fiscalías
de Medio Ambiente han realizado un importante
esfuerzo para aplicar el Código Penal,
cuyo resultado es un incremento notable del
número de sentencias y condenas. Las
fiscalías están trabajando en
la prevención de incendios, hay una
mayor y mejor investigación de las
causas y motivaciones y, por fin, hay profesionales
dedicados a la obtención de buenos
elementos probatorios. El resultado es: más
detenidos, más juicios y más
sentencias condenatorias.
“Hay significativos avances en la persecución
del delito de incendio forestal que invita
a pensar que estamos ante el comienzo del
fin de la impunidad con la que actuaban los
incendiarios. Pero pese a estas buenas noticias,
la relación entre el número
de incendios y condenas es todavía
demasiado pequeño” ha declarado Miguel
Ángel Soto, responsable de la Campaña
de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace ha podido constatar
que se desconoce el número exacto de
sentencias dictadas por delito de incendio
forestal en España desde la entrada
en vigor de la reforma del Código Penal
de 1995, en la que se incluyen varios tipos
penales referidos a incendios forestales.
La primera vez en la que la Fiscalía
General del Estado ha ofrecido datos al respecto
ha sido en su última Memoria de 2007,
en donde se informa que el pasado año
se dictaron 82 sentencias condenatorias y
19 absolutorias por delito de incendio forestal.
Greenpeace España
ha buscado en diversas fuentes las sentencias
dictadas en las Audiencias Provinciales, Tribunales
Superiores de Justicia, Tribunal Supremo y
algunos Juzgados de lo Penal. El resultado
ha sido la identificación de 257 sentencias
por este motivo.
Galicia, donde se producen
más de la mitad de los incendios forestales
que tienen lugar en España todos los
años, encabeza el número de
sentencias por delito de incendio forestal
y el mayor número de sentencias condenatorias.
Le siguen Castilla y León, Andalucía,
Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Navarra, La Rioja, País Vasco y Madrid
son las comunidades autónomas con menor
número de sentencias por este delito.
Del análisis estadístico
de estos datos se puede concluir que
La creación de las
fiscalías de Medio Ambiente en los
últimos años se ha traducido
en una mayor implicación de la Fiscalía
en las tareas preventivas de incendios forestales
así como en la celebración de
juicios por este motivo.
El número de condenas
por este delito crece de manera constante
en los últimos años.
Se ha reducido el tiempo medio transcurrido
entre el incendio forestal y el juicio.
Pese a que la respuesta
de la justicia está siendo acorde con
las demanda social de castigar a los incendiarios,
también se observa que todavía
queda mucho que hacer:
Sólo uno de cada mil responsables de
incendios forestales, el 0,1%, acaba siendo
juzgado en España
Sólo el 5,49% de la superficie quemada
durante los últimos diez años
ha tenido como consecuencia una sentencia
condenatoria.
Sólo se ha juzgado a los responsables
del 3,5% de los grandes incendios forestales
(mayores de 500 hectáreas) producidos
en España en el periodo 1996-2005.
En el 2007 hubo 11 grandes incendios forestales,
pero sólo se pudo detener/imputar a
cuatro personas vinculadas a estos grandes
fuegos.
Pese a que todavía queda mucho por
hacer en la investigación y persecución
de este delito, Greenpeace defiende que la
vía penal no debe ser la única
ni la principal herramienta para prevenir
el problema de los incendios forestales, aunque
resulta fundamental para combatir la sensación
de impunidad.
Greenpeace demanda :
- Seguir apelando a la permanente colaboración
ciudadana para identificar y poder enjuiciar
a los incendiarios.
- Dotar a los fiscales de
medios suficientes, con peritos especializados,
para realizar las investigaciones pertinentes
y evitar que los casos acaben siendo sobreseídos
por falta de pruebas y los culpables quedan
en libertad.
- Reforzar el papel de las
fiscalías de Medio Ambiente en la función
preventiva en coordinación con las
autoridades administrativas.
- Realizar un seguimiento
de los procedimientos abiertos y crear un
registro sobre la respuesta penal, en años
de cárcel impuestos, por incendios
de bosques y montes.
“Aunque el esfuerzo realizado
se haya traducido en un mayor éxito
en la investigación y persecución
del delito de incendio forestal en España,
todavía queda mucho por hacer” ha señalado
Soto. “No debemos acostumbrarnos o considerar
normal que se desconozca el origen del 40%
de los incendios que se producen, o que sólo
se juzgue a uno de cada mil incendiarios.
En especial, el castigo a los responsables
de los grandes incendios forestales debe ser
ejemplarizante para evitar que estos se produzcan”.
+ Más
Greenpeace: "sin contenedores
habrá más contaminación"
Protesta contra la gestión
de los residuos de Macri - 14 agosto 2008
- Buenos Aires, Argentina — La organización
ecologista denunció que el retiro de
los contenedores diferenciados y el nuevo
contrato de recolección de los residuos
en la Ciudad de Buenos Aires van en contra
de la Ley Basura Cero y sólo favorecerán
la generación de más basura
y contaminación.
Con una simbólica
marcha de “contenedores”, la organización
ecologista denunció hoy ante el Palacio
de Gobierno porteño que el retiro de
los contenedores diferenciados y el nuevo
criterio de facturación de las empresas
recolectoras de residuos van en contra de
la Ley 1854 de Basura Cero. Además,
Greenpeace señaló que estas
medidas sólo generarán más
basura en la Ciudad y más contaminación
al incrementarse el enterramiento de basura.
Para Greenpeace, el retiro
de los contenedores de tapa naranja de la
vía pública impulsado por el
Gobierno desalienta la separación domiciliaria
de residuos. Si a esto se suma que el Ejecutivo
planea, a partir de 2009 y por 10 años,
poner en vigencia un nuevo contrato de recolección
de residuos que cambia el criterio de facturación
de las empresas a “pago por tonelada” sólo
se estará fomentando la generación
de más basura.
“El retiro de los contenedores
diferenciados y el nuevo criterio de facturación
por tonelada en la recolección de basura
van de la mano. El negocio de las empresas
será que haya más basura. Ambas
medidas tratan de perpetuar un sistema de
enterramiento masivo al atentar contra el
sistema de reciclado”, señaló
M. Eugenia Testa, Coordinadora de la Unidad
Política de Greenpeace.
Con el objetivo de reclamar
al Gobierno porteño la plena implementación
de la Ley 1854, Greenpeace junto a otras organizaciones
sociales ha lanzado además la campaña
"100 mil compromisos con la de Ley Basura
Cero", por la cual miles de vecinos ya
han firmado en el sitio www.basuracero.org.ar
su compromiso con el cumplimiento de la norma
y muestran al Gobierno de la Ciudad cómo
separan en origen y defienden el correcto
uso de los contenedores diferenciados.
La ONG señaló
también que con las medidas de Macri
la Ciudad incumplirá la Ley vigente
y no alcanzará a reducir el 30 por
ciento de los residuos que se entierran para
2010, lo que representa una reducción
de cerca de 600 mil toneladas de basura al
año. “El problema de la basura de la
Ciudad de Buenos Aires debe ser encarado acorde
a su magnitud. El sistema de gestión
global de los residuos debe diseñarse
bajo las pautas de la Ley vigente”, señaló
Juan Carlos Villalonga, Director Político
de Greenpeace.
Según el nuevo proyecto
que el Ejecutivo porteño envió
el viernes pasado a la Legislatura para el
tratamiento del contrato con las empresas
recolectoras, el período de concesión
del servicio se extenderá de cuatro
a diez años y se cambiará el
criterio de facturación de “área
limpia” a “pago por tonelada”. Al mismo tiempo,
el proyecto enviado divide el sistema de gestión
integral de residuos establecido por la Ley
1854 creando dos circuitos, uno concesionado
a las empresas y otro que aún no se
ha hecho público.
“La separación del
sistema de gestión integral lleva al
fracaso de Basura Cero, ya que establece la
prestación de un servicio formal, el
de las empresas que recolectan la basura y
cobran por eso, y otro a menor escala que
aún no está definido. De esta
forma retiran los contenedores sin establecer
un método superador para la disposición
inicial ni la recolección diferenciada,
intentando desarticular cualquier intento
de gestión integral de residuos”, señaló
Testa.
Actualmente la Ciudad produce
aproximadamente 5 mil toneladas diarias de
basura que son enterradas en rellenos sanitarios
ubicados en la provincia de Buenos Aires,
los cuales están llegando al final
de su vida útil. Vecinos de diversas
localidades bonaerenses han manifestado ya
su rechazo a la apertura de más rellenos
por la contaminación que éstos
generan.
“El objetivo de Basura Cero
es reducir la cantidad de residuos que se
envía a la provincia; lo cierto es
que hoy lo único que tenemos es un
acuerdo entre la Ciudad y la provincia de
Buenos Aires para abrir dos nuevos rellenos
sanitarios sin ningún compromiso por
parte del Gobierno de la Ciudad de reducir
la basura que envía diariamente”, agregó
Villalonga.
La Ley 1.854 de ‘Basura
Cero’, sancionada en noviembre del 2005, fue
adoptada como una solución integral
y ambientalmente responsable para la gestión
de los Residuos Sólidos Urbanos, ya
que establece metas de reducción de
residuos enviados a los rellenos: el 30 por
ciento para 2010 y 50 por ciento para 2012,
tomando como base lo enterrado en 2004.
