28 agosto 2008 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace reclamó
al Poder Ejecutivo la urgente reglamentación
de la Ley de Bosques,
que lleva cinco meses de demora, y denunció
que la falta del decreto reglamentario pone
en peligro su plena aplicación.
La Ley nacional 26.331,
de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, fue sancionada
por el Congreso Nacional el 28 de noviembre
de 2007, promulgada por el Poder Ejecutivo
nacional el 19 de diciembre del mismo año
y publicada siete días más tarde
en el Boletín Oficial.
Si bien el artículo 42 de la norma
establece que el Poder Ejecutivo tiene un
plazo de noventa días para reglamentarla,
han transcurrido cinco meses desde su promulgación
y la misma aún no cuenta con decreto
reglamentario.
“Es realmente preocupante
que una ley tan importante como ésta,
que regula la expansión de la frontera
agrícola sobre nuestros últimos
bosques nativos aún no cuente con su
reglamentación. Esperamos que la misma
sea firmada por el Ejecutivo de manera urgente”,
señaló Hernán Giardini,
coordinador de la Campaña de Bosques
de Greenpeace Argentina.
El proyecto de reglamentación
ha sido realizado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación , con el aporte de las provincias
a través del Consejo Federal de Medio
Ambiente y del Centro de Investigación
y Extensión Forestal Andino Patagónico,
y de varias organizaciones ambientalistas,
como Greenpeace, la Fundación Centro
de Derechos Humanos y Ambiente, la Fundación
Vida Silvestre Argentina y la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales, y fue girado
al Poder Ejecutivo para su aprobación
a principios del mes de julio. En la actualidad,
la reglamentación se encuentra en proceso
de revisión por el Área de Coordinación
de Presupuesto Nacional del Ministerio de
Economía.
Mediante una carta dirigida al Jefe de Gabinete
de Ministros, Sergio Massa, Greenpeace, junto
a la Fundación Vida Silvestre Argentina
y la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales, manifestó al Poder Ejecutivo
que la falta de reglamentación de la
Ley de Bosques “representa una enorme preocupación
en las provincias” ya que se “espera que sea
una herramienta clave para realizar los procesos
de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
que cada jurisdicción deberá
realizar antes de fin de año”.
La Ley de Bosques prohíbe que se autoricen
nuevos desmontes hasta que las provincias
produzcan, antes del 28 de noviembre de 2008,
un Ordenamiento Territorial participativo
que establezca los diferentes tipos de usos
a los que podrán estar sometidos los
bosques nativos en cada jurisdicción.
La evaluación de los mismos deberá
realizarse mediante diez criterios ecológicos
y categorías de conservación
que apuntan a evitar la fragmentación
y degradación del bosque nativo y a
preservar los bosques utilizados por comunidades
campesinas e indígenas.
Es por ello que, según señala
la carta, “su reglamentación es esperada
con gran expectativa en los gobiernos provinciales,
el sector productivo forestal y agropecuario,
así como por organismos técnicos
y ambientales, ya que el proceso de Ordenamiento
Territorial que realizará cada Provincia
significará un cambio trascendental
en la gestión del recurso forestal
nativo en todo el país”.
Las provincias que más han avanzado
en la realización del Ordenamiento
Territorial de sus bosques nativos son Jujuy,
Santiago del Estero, Salta, Córdoba,
y las de la Patagonia, mientras que otras
provincias no lo hicieron utilizando como
excusa la falta de reglamentación de
la norma.
“Si bien la moratoria a los desmontes que
la ley establece está en vigencia,
la demora en la reglamentación pone
en peligro la aplicación plena de la
Ley. No podemos permitir que por cuestiones
burocráticas se ponga en riesgo la
aplicación de la Ley de Bosques que
tantos argentinos apoyamos y que evitará
que sigamos perdiendo nuestros últimos
bosques nativos”, afirmó Giardini.
+ Más
La audiencia pública
demostrará que el plan de Macri va
en contra de la Ley de Basura Cero
28 agosto 2008 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace cree que es
imprescindible evaluar si la futura gestión
de residuos sólidos urbanos respetará
los objetivos de la Ley de Basura Cero.
Greenpeace y la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresaron
este jueves que la audiencia pública
convocada para discutir el futuro contrato
de recolección de residuos permitirá
demostrar que la propuesta que impulsa el
Gobierno de Macri contradice abiertamente
la Ley 1854 de Basura Cero, vigente en la
Ciudad.
"La audiencia pública
es una instancia que necesariamente debía
darse para un tratamiento serio del nuevo
pliego enviado a la Legislatura. Para Greenpeace
es inaceptable que el proyecto del ejecutivo
atente contra los objetivos de reducción
de residuos establecidos en la Ley 1854 de
Basura Cero y que divida la gestión
de los residuos en dos circuitos que compiten
entre sí, uno formal y otro informal,
ya que esto conducirá inevitablemente
a la muerte de la Ley", señaló
Juan Carlos Villalonga, Director Político
de Greenpeace, al término de la conferencia
de prensa brindada hoy en la Legislatura para
anunciar el llamado a audiencia pública.
Sumá tu compromiso
con Basura Cero from Greenpeace Argentina
on Vimeo.
"Se torna imprescindible que el contrato
que más porcentaje se lleva del presupuesto
porteño sea tratado de manera transparente
y participativa, teniendo en cuenta además
que la Legislatura deberá aprobar con
dos tercios de votos el pliego, conforme lo
establece el artículo 82 inciso 5 de
la Constitución porteña. En
lo sustantivo, es necesario que el pliego
sea debatido seriamente ya que el proyecto
enviado por el Ejecutivo entra en abierta
contradicción con la legislación
vigente en la Ciudad", señaló
M. Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de
FARN.
El pedido a la Legislatura
para garantizar la transparencia y la participación
ciudadana en los nuevos contratos para la
recolección de residuos fue realizado
por primera vez en conferencia de prensa el
1º de julio de este año por la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), Greenpeace, GAIA, Fundación
Vida Silvestre (FVSA), Fundación Metropolitana,
CIPPEC, ADC, la Fundación Ecologista
Verde, Cooperativa El Ceibo y Cooperativa
el Álamo.
Además de las organizaciones,
los legisladores Eduardo Epszteyn de Diálogo
por Buenos Aires y Gabriela Cerruti del Frente
para la Victoria, también exigieron
la semana pasada el llamado a audiencia pública
para el tratamiento del pliego.
El cronograma presentado
hoy por la Legislatura porteña dispone
una reunión abierta con organizaciones
no gubernamentales y especialistas para el
10 de septiembre, el 17 del mismo mes acudirán
organizaciones sociales y cooperativas y finalizará
la rueda de exposiciones el 24 cuando concurra
el ministro Juan Pablo Piccardo y el presidente
del Ente regulador de la Ciudad, Carlos Campolongo.
Una vez terminada esa primera etapa se convocará
a audiencia pública el 1º de octubre.
"Teniendo en cuenta
la magnitud y complejidad de la gestión
de la basura en la Ciudad, resulta imprescindible
evaluar de manera participativa si la futura
gestión de residuos sólidos
urbanos está acorde con la normativa
ambiental vigente, la Ley Basura Cero, que
establece metas concretas de minimización
de los residuos que son enviados a rellenos
sanitarios, a través de la reducción
en la generación, el reuso y el reciclado
de los desechos", dijeron las organizaciones
sociales. La Ley también prevé
en sus artículos 18, 19, 20 y 21 la
recolección diferenciada de residuos
sólidos generados en la Ciudad de Buenos
Aires.
El contrato con las empresas
que realizará el Servicio Público
de Higiene Urbana es el más importante
que tiene la administración de la Ciudad
de Buenos Aires. La Ciudad genera 5 mil toneladas
de residuos diarias que son enterradas en
rellenos sanitarios del conurbano bonaerense,
que están al fin de su vida útil
y producen graves problemas de contaminación
y salud en las poblaciones aledañas.
