25
septiembre 2008 - Buenos Aires, Argentina
— Greenpeace denunció que el Gobierno
de la Ciudad continúa con su plan de
contaminación que atenta contra la
salud de los vecinos de la Ciudad y del Conurbano
Bonaerense. La organización ecologista
declaró que la propuesta del Gobierno
de la Ciudad en materia de gestión
de residuos no cumple con las metas de reducción
establecidas en la Ley 1854 y contradice su
texto.
El Ministro de Ambiente
y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo,
defendió hoy en la Legislatura el proyecto
oficial, durante la última reunión
del debate público abierto sobre el
contrato del Servicio de Higiene Urbana. En
su exposición, presentó el mismo
plan que había esbozado en la presentación
del pliego y agregó un circuito de
recolección de residuos reciclables
en el perímetro de la Ciudad que estará
a cargo de las cooperativas de cartoneros.
No obstante, insistió en un contrato
por 10 años bajo el criterio de facturación
por tonelada recolectada.
“Pretende confundir diciendo
que propone el criterio de facturación
mixto cuando el de área limpia solo
se aplicaría a la limpieza de la ciudad;
para la recolección de residuos domiciliarios
se mantiene el criterio de facturación
por tonelada”, declaró Juan Carlos
Villalonga, Director Político de Greenpeace.
De este modo, el circuito a cargo de las empresas
bajo el criterio de facturación establecido
terminará eliminando cualquier sistema
de recuperación y reciclado. Además,
el pliego sigue sin establecer como se recuperarán
los residuos orgánicos ni como se cumplirán
los objetivos de la Ley para el 2010.
La organización ambientalista
señaló que este plan perpetúa
un sistema de entierro masivo de basura en
rellenos del Conurbano Bonaerense. "El
proyecto oficial sigue promoviendo la generación
de basura y atenta abiertamente contra cualquier
intento de disminución de los residuos
que se envían a entierro", explicó
María Eugenia Testa, coordinadora de
la Unidad Política de Greenpeace.
La Ciudad de Buenos Aires
produce actualmente 5 mil toneladas de basura
diaria, que se entierran en rellenos sanitarios
y contaminan el suelo, el agua y el aire y
afectan seriamente la salud de quienes viven
en sus alrededores. Los estudios realizados
(1) sobre muestras de lixiviados (líquidos
que se filtran de la basura y contaminan las
napas subterráneas) demostraron la
presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc
y PCB en cantidades que superan los límites
permitidos para vertidos en cursos de agua.
Estos elementos pueden provocar daños
renales, malformaciones congénitas,
enfermedades en la piel, cáncer, alteraciones
hormonales y abortos prematuros, entre otras
dolencias.
"Es muy llamativo que
pese a las críticas demoledoras del
proyecto por parte de los vecinos y organizaciones
sociales de la Ciudad y de la provincia de
Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad siga
insistiendo en un plan contaminante que sólo
tiene como meta la perpetuación de
un sistema de enterramiento de basura en rellenos
y contribuye únicamente al negocio
de las empresas", señaló
Testa, y agregó: "Piccardo presenta
dos planes paralelos que se contradicen entre
sí y que sólo llevan a la muerte
de la Ley Basura Cero. Por un lado crea un
circuito en el que las empresas cobrarán
por tonelada recolectada y enviada a rellenos
durante 10 años, sin ninguna meta ni
criterio de reducción; y por el otro
crea por fuera del pliego un circuito de recuperación
y reciclado que será arrasado en poco
tiempo por el propio interés de las
empresas en recolectar más para ganar
más".
En relación con el
criterio de facturación por tonelada
recolectada propuesto por el gobierno porteño,
Greenpeace señaló que fomentará
la generación de residuos que tendrán
como destino final los rellenos sanitarios.
La organización propone, en cambio,
un sistema de facturación que promueva
la disminución del enterramiento, establecido
por un criterio mixto basado en "área
limpia" y un incentivo variable que surgirá
de las toneladas de secos y orgánicos
que hayan sido recuperadas.
"El criterio de facturación
por tonelada es inconcebible en una política
de gestión de residuos que apunte a
disminuir la generación y el entierro
de basura. Es imposible que los dos sistemas
que plantea Piccardo puedan funcionar de manera
paralela y sin conflicto con este sistema
de facturación; es evidente que se
busca hacer fracasar el Plan Basura Cero y
que cualquier intento de recuperación
y reciclado quede en el olvido”, concluyó
Testa.
Greenpeace, por último,
exigió que los nuevos contratos con
las empresas contemplen el Sistema de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos
de forma completa, tal como lo expresa la
Ley; que incluyan la doble contenerización
total de la Ciudad para promover la separación
de la basura en origen distinguiendo entre
residuos secos y residuos húmedos;
la ampliación de la diferenciación,
a partir de 2009, de los residuos orgánicos,
la puesta en marcha de una campaña
de educación pública y sostenida
para enseñar a los vecinos a separar
y recuperar en origen y la puesta en funcionamiento
de seis centros de selección para finales
de este año.
La presencia del Ministro
Juan Pablo Piccardo en la Legislatura dio
por culminada la ronda de reuniones abiertas
dentro de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos que junto a las de Ecología
y Presupuesto y Hacienda tratarán el
pliego. El próximo miércoles,
1º de octubre, se realizará la
Audiencia Pública como instancia previa
al tratamiento del proyecto por parte de la
Legislatura.
Notas:
(1) Análisis de Muestras
de Lixiviados del Relleno Sanitario de la
CEAMSE en Villa Domínico - Centro de
Investigaciones para el Medio Ambiente (CIMA)
de la Universidad de La Plata, Agosto 2004.
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El nuevo gobierno de Salta
convalidó los desmontes autorizados
por Romero.
26 septiembre 2008 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace denunció
que el gobierno de Salta convalidó
las autorizaciones de desmontes realizadas
por la gestión de Juan Carlos Romero
en forma especulativa antes de la sanción
de la Ley de Bosques.
La Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la provincia de Salta autorizó durante
2007, en plena discusión parlamentaria
por la Ley de Bosques, el desmonte de más
de 400.000 hectáreas de bosques nativos,
cinco veces más que lo autorizado en
2006, cifra que supera ampliamente el promedio
de deforestación anual de todo el país.
A pesar de esto, el nuevo gobierno decidió
no dar marcha atrás con las autorizaciones.
Entre las autorizaciones
que mantienen su vigencia por decisión
del actual gobierno provincial, se encuentran
dieciocho casos que habían sido impugnados
por la Fundación ASOCIANA, que había
denunciado la ilegitimidad de “los actos administrativos
de autorización de desmontes y aprovechamientos
forestales por haber sido dictados sin garantizar
la participación adecuada de las comunidades
indígenas afectadas”, ya que los mismos
tenían serias deficiencias en los Estudios
de Impacto Ambiental y las audiencias públicas
deberían haber sido traducidas al idioma
de las comunidades indígenas que actualmente
están afectadas por los desmontes.
A este reclamo adhirieron
las comunidades indígenas de El Traslado,
San Benito, Tonono y Kilómetro 14 y
12, y la Asociación de Comunidades
Indígenas Lhaka Honhat y el área
en conflicto comprende un total de 121.370
hectáreas que están repartidas
en 18 fincas ubicadas en los departamentos
San Martín y Rivadavia, en territorio
de uso ancestral de los habitantes originarios.
“Es una vergüenza que
se hayan convalidado estos desmontes, que
fueron solicitados de manera especulativa
para evitar la moratoria que establece la
Ley de Bosques, y que afectan seriamente a
las comunidades indígenas que los utilizan.
Las topadoras están avanzando sobre
las comunidades amparadas en la supuesta legalidad
de estos permisos”, señaló Hernán
Giardini, coordinador de la campaña
de Bosques de Greenpeace Argentina.
La Ley nacional 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, fue sancionada
el 28 de noviembre de 2007. La norma establece
que las provincias no pueden emitir nuevos
permisos de desmonte hasta tanto no realicen
un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas
bajo diez criterios ecológicos y categorías
de conservación que apuntan a evitar
la fragmentación y degradación
del bosque nativo y a preservar las tierras
utilizadas por las comunidades campesinas
e indígenas.
“Es preocupante que mientras
la provincia avanza en la realización
del ordenamiento territorial de sus bosques
nativos las topadoras sigan destruyendo lo
poco que queda. Estamos en una verdadera emergencia
forestal y no podemos perder ni una hectárea
más”, afirmó Giardini.
