19
octubre 2008 - Chihuahua, Chihuahua, México
— Es el primer gobernador que se compromete;
luego de denuncias y con la cosecha de maíz
a punto de levantarse, Greenpeace logra que
Reyez Baeza prometa investigar contaminación
en Chihuahua.
José Reyes Baeza
Terrazas, gobernador de Chihuahua, externó
su preocupación por la contaminación
transgénica del maíz en esa
entidad y, ante organizaciones sociales y
ambientalistas, se comprometió a tomar
las medidas necesarias para revertirla.
En reunión con Integrantes
de las organizaciones El Barzón y Greenpeace,
el gobernador Baeza explicó que ya
le había solicitado a Alberto Cárdenas,
titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa), tomar medidas
inmediatas para contener la contaminación
transgénica del maíz en el estado
y que el titular de la Sagarpa le aseguró
que la zona contaminada estaba perfectamente
“identificada y confinada”.
Al respecto, Greenpeace
advirtió que en el caso de Chihuahua
es importantísimo actuar con rapidez,
pues la cosecha está a punto de levantarse.
“La contaminación
en Chihuahua no es un asunto minúsculo,
pues se trata de una entidad en la que por
lo menos están identificadas 23 razas
y 175 variedades de maíces nativos,
por lo que es fundamental evaluar el alcance
real de la contaminación, tomar medidas
para acotarla y proteger riqueza genética
del estado. El gobernador tiene en sus manos
la oportunidad de convertirse en el primer
funcionario de este nivel que se ocupa realmente
de proteger el centro de origen y diversidad
genética de este importante grano.
Le damos el beneficio de la duda y esperamos
que actúe”, afirmó Patricia
Arendar, directora de Greenpeace México,
en la reunión con el mandatario estatal.
Durante el encuentro con
las organizaciones, el gobernador se comprometió
a:
• implementar verdaderas medidas de bioseguridad
para evitar que la contaminación transgénica
se esparza, entre ellas el transporte confinado
y controlado de la cosecha contaminada;
• pedir al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (Senasica) que amplíe
el monitoreo en el estado (22 mil hectáreas
además de las 70 ya admitidas) para
ver qué tan extendida está la
contaminación genética;
• exigir a la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) y a Sagarpa
-responsables por ley- monitoreos in situ
y certificación en la frontera norte
para asegurar que las semillas de maíz
importadas de Estados Unidos son libres de
transgénicos;
• buscar la forma de inhibir que la contaminación
de las cosechas se repita;
• sancionar a los responsables de la contaminación
transgénica del maíz, por acción
y por omisión.
En este último punto
las organizaciones enfatizaron la importancia
de no caer en la criminalización de
los campesinos, pues los verdaderos responsables
son los importadores de semillas, las autoridades
federales y las corporaciones como Monsanto,
propietaria de las variedades de semillas
de maíz transgénico que está
contaminando los campos de toda la entidad.
Aunado a estas demandas,
las organizaciones le pidieron al gobernador
Baeza que lleve el tema a la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago), a realizarse en
Nuevo León dentro de dos semanas, pues
el maíz es un asunto de seguridad nacional.
Además, le entregaron por escrito 13
medidas de bioseguridad para que sean adoptadas
por el Estado de Chihuahua.
Las organizaciones reconocieron
la disposición del gobernador para
atender sus demandas y expresaron que se mantendrán
vigilantes de las medidas a implementar por
el gobierno estatal.
En la reunión estuvieron
presentes Reyes Ramón Cadena, secretario
de Desarrollo Rural de la entidad; Víctor
Quintana, diputado local por el PRD, Gabino
Gómez de El Barzón y Patricia
Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace
México y Cecilia Navarro, directora
de comunicación de la organización
ambientalista.
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Protestar es un derecho,
reprimir es un delito
20 octubre 2008 - DF, México
— Organizaciones civiles, ambientalistas,
periodistas, intelectuales, artistas, caricaturistas
y ciudadanos de a pie lanzaron este día
un llamado a no utilizar la inseguridad y
el clima de violencia sin precedente que vive
el país para criminalizar la protesta
social.
Organizaciones civiles, ambientalistas, periodistas,
intelectuales, artistas, caricaturistas y
ciudadanos de a pie, lanzaron este día
un llamado a no utilizar la inseguridad y
el clima de violencia sin precedente que vive
el país para criminalizar la protesta
social.
“La criminalización
de la protesta social es la atribución
que se toman los gobiernos para ejercer una
facultad que nadie les otorgó: maltratar
a quienes deben cuidar, persiguir a quienes
deben proteger, ignorar a quienes deben mayor
atención, y servir a quienes deben
controlar. En otras palabras, en nuestro país
opera un “derecho mafioso", donde se
aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente
contra los pobres y contra quienes cuestionan
o se enfrentan al Estado. Esto nos preocupa
porque significa que en México se están
distorsionando conceptos esenciales de la
democracia, tales como la legalidad y el Estado
de Derecho. Es decir, cuando el gobierno utiliza
estos conceptos -legalidad y Estado de derecho-
en el marco de la protesta social, lo hace
para justificar la represión y la violencia
institucionalizada. La criminalización
de los movimientos y protestas sociales en
México muestran cuán lejos estamos
de una auténtica democracia”, afirmó
Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos
para Todas y Todos.
Algunos ejemplos de cómo
se está intentando criminalizar la
protesta social son:
• Iniciativa de ley del senador Mario López
Valdez, del PRI, para modificar el Código
Penal Federal (art. 209) y la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada (art. 2)
en el rubro de apología del delito.
• Llamados del Partido Verde a aprobar la
pena de muerte.
• Algunos contenidos de la reforma constitucional
penal, aprobada el 19 de junio pasado, como
son la figura del arraigo y la definición
del régimen de excepción para
la delincuencia organizada, que pueden ser
utilizados en contra de los movimiento sociales.
• Modificaciones publicadas el pasado 19 de
septiembre, en materia de entrega de recompensas
a quienes colaboren en la localización
o detención de personas contra las
cuales exista mandato de aprehensión.
• Llamados a la unidad, del licenciado Felipe
Calderón, con mensajes de este tipo:
“La Patria exige la unidad nacional... Unidad
que implica dejar ya, a un lado, acciones
o intereses que buscan dividir a los mexicanos.
Unidad que supone apoyar la tarea del Estado
para hacer frente a los criminales... se puede
discrepar pero no deliberadamente dividir
y enconar. Se puede opinar distinto en la
libertad que nos han heredado nuestros próceres,
en el marco de libertad que el propio Estado
garantiza pero no se puede atentar contra
el Estado".
• Llamados a la unidad en el mismo sentido
de algunos sectores más de la población,
entre otros.
“Estamos preocupados porque
al amparo del discurso gubernamental contra
la inseguridad se está cuestionando
a aquellos que, por muy diversas razones,
critican el estado actual de cosas en el país.
Hoy quienes defienden su patrimonio natural,
quienes se oponen a proyectos depredadores
y que excluyen a las comunidades, quienes
buscan defender activamente sus derechos,
quienes luchan contra la pobreza o quienes,
simplemente, no están de acuerdo con
las decisiones que en nombre de todos se toman
en este país, están siendo convertidos
en delincuentes. Al amparo de ambigüedades
legales se pretende equiparar a los activistas
con delincuentes y esto es una muy mala señal
del gobierno. Los problemas que el país
enfrenta necesitan soluciones radicales, de
largo plazo y que atiendan al bien común.
De ninguna manera van a ser resueltos quitando
derechos y acallando a quienes buscamos activamente
una sociedad más justa”, afirmó
Patricia Arendar, directora de Greenpeace
México.
Los representantes de diversas
organizaciones que asistieron a la conferencia
advirtieron que la criminalización
de la protesta social es el primer paso rumbo
a la criminalización de la sociedad
en su conjunto -por hablar, disentir, cuestionar,
protestar- y a la eliminación progresiva
de los derechos fundamentales.
Algunos de los mecanismos
que un Estado represor utiliza para manejar
las disidencias ciudadanas –y que ya están
siendo utilizados en México- son:
• Renuncia al diálogo. Se cierran los
espacios. Se ignoran las demandas. Se posponen
las respuestas. Se dejan crecer los conflictos.
• Represión policial (con policía
pública o privada). Represión
mediante la violencia física contra
movimientos y protestas sociales: uso desproporcionado
de la fuerza, detenciones arbitrarias (la
policía detiene, tortura y libera sin
poner a disposición de la autoridad),
abusos sexuales, uso de gases lacrimógenos,
amenazas, vigilancia, torturas, cateos ilegales,
censura, restricciones para publicar, restricciones
para realizar asambleas, reuniones o marchas,
etc. Todo esto seguido de la impunidad para
los represores.
• Descalificación. Quienes protestan
son descalificados, tachados de mentirosos,
son señalados como delincuentes, desestabilizadores
y acusados de violar derechos de terceros,
por parte de la autoridad, los partidos políticos
y los poderes privados.
• Militarización. Se militariza la
vida civil para que sea el Ejército
quien enfrente a la protesta y el descontento
social.
• Criminalización de la protesta social.
Es llevar a la vía judicial los conflictos
sociales y la renuncia al diálogo y
la política. Se lleva el conflicto
a la arena judicial y se encarcela y somete
a proceso penal a los líderes o participantes
de los movimientos, quienes deben concentrarse
en su defensa. Las formas en que esta criminalización
se manifiesta son: detenciones arbitrarias;
equiparación de luchadores sociales
con delincuentes; agravamiento de las acusaciones;
se legislan nuevos delitos de forma tan ambigua
que puedan ser utilizados contra los movimientos
sociales, falta de debido proceso penal y
sentencias inusitadas.
Las organizaciones invitaron
a la ciudadanía y a otras organizaciones
a adherirse a la campaña “Protestar
es un derecho, reprimir es un delito”, visitando
el link: http://www.greenpeace.org/mexico/GP/protestar_derecho_reprimir_delito.
Entre quienes se han adherido
a este manifiesto están: Carlos Monsiváis,
Daniel Giménez Cacho, Elena Poniatowska,
Javier Sicilia, Julieta Egurrola, Paco Ignacio
Taibo II, entre muchos otros, así como
organizaciones de mujeres, de derechos humanos,
ambientalistas y de consumidores.
Además, informaron
que el próximo domingo 26 de marzo
se reunirán nuevamente en el Zócalo,
la mayor plaza pública del país,
a las 10 horas, para ejercer su derecho a
manifestarse libremente.
Por último, las organizaciones
señalaron que es muy importante no
permitir que la protesta social sea vista
como un delito. El ejercicio de todas las
libertades (expresión, manifestación,
denunciar las malas políticas públicas
y la discrecionalidad, etc.) que tienen que
ver con la protesta social, asegura que las
distintas voces presentes en la sociedad puedan
ser escuchadas, incluyendo aquellas que disienten,
pues sólo así será posible
tomar decisiones políticas justas y
respetuosas de los derechos humanos.
Protestar es un derecho,
reprimir es un delito. ¡No a la criminalización
de la protesta social!
