Expertos
recomiendan sancionar una Ley para que los
productores sean responsables.28 octubre 2008
Buenos Aires, Argentina
— El informe, elaborado para Greenpeace por
la Universidad de Lund (Suecia) fue presentado
por el profesor Thomas Lindhqvist (autor del
trabajo); el senador nacional Daniel Filmus,
presidente de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable del Senado; la Directora
de Normativa Ambiental de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nacion, Mariana Valls y el director Político
de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga.
Greenpeace presentó
este martes un informe sobre la situación
de los Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE) en la Argentina
que será la base de un proyecto de
ley para regular el destino de los desechos
producidos por las nuevas tecnologías
en el país y que incluye, como principio
rector, el concepto de la “responsabilidad
extendida del productor” (REP).
Durante la presentación,
Thomas Lindhqvist, uno de los mayores expertos
mundiales en RAEE y creador del concepto de
“responsabilidad extendida del productor”
consideró que “la Argentina está
a tiempo de hallar una solución, porque
el sistema informal no recolecta estos residuos.
Cuando eso no sucede, crear una normativa
es mucho más complejo. Lo primero que
hay que hacer es sancionar una ley para que
los productores sean los responsables por
los impactos ambientales que pueden generar
los productos que fabrican”.
El concepto de “responsabilidad
extendida del productor” propone que los productores
se hagan responsables por los impactos ambientales
de sus productos a lo largo de toda su vida
útil: producción, uso y disposición
final y se articula, además, con el
concepto de “responsabilidad individual del
productor” (RIP), que determina que cada productor
tiene una responsabilidad financiera individual
cuando paga por la gestión de fin de
ciclo de sus productos.
La ley además se
propone restringir la utilización de
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos
y electrónicos tales como: plomo, mercurio,
cadmio, cromo hexavalente, retardantes de
llama bromados y PVC, lo que permitiría
establecer requerimientos ambientales mínimos
comunes a todas las fábricas.
Por su parte, Filmus sostuvo
que “la producción y el consumo de
los aparatos eléctricos y electrónicos
está aumentando en forma exponencial
en todo el mundo”, por lo que “la generación
de residuos derivados de estos productos aumenta
vertiginosamente, constituyendo cada vez más
una mayor proporción del total de residuos
generados por la sociedad”.
El proyecto de ley que estudia
la Comisión de Medio Ambiente del Senado,
incluye un sistema de gestión centralizado
que además puede adaptarse a las regiones
y cuya financiación estará en
manos de los productores e importadores de
aparatos eléctricos y electrónicos,
con estímulos para el desarrollo de
diseños “ambientalmente amigables”;
participación activa en
la organización de
la gestión de residuos de todos los
sectores involucrados e interesados; control
y regulación por parte del Estado,
y el establecimiento de metas progresivas
que permitan el perfeccionamiento del sistema.
En tanto, Villalonga expresó
que “cada fabricante debe hacerse cargo de
lo que produce. La solución es diseñar
productos limpios con mayor vida útil,
seguros y fáciles de reciclar, que
no expongan a los trabajadores ni al medio
ambiente a químicos peligrosos”.
Villalonga agregó
que, “de mantenerse el actual ritmo de crecimiento
y si no se aplican leyes que regulen su producción
y su desguace, los residuos electrónicos
se transformarán en un gravísimo
problema ambiental y habremos perdido la oportunidad
de resolverlo a tiempo”.
La situación en la
Argentina
Según el informe,
titulado La responsabilidad extendida del
productor en un contexto latinoamericano:
la gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos en
la Argentina (1), el país cuenta con
debilidades y fortalezas en comparación
con otra naciones en vías de desarrollo.
Entre las ventajas, se encuentran:
1) Hay una pequeña
cantidad de productos históricos almacenados.
Es decir, debido a la baja cantidad de productos
que hubo en el pasado, los productos “huérfanos”
o históricos, no son tantos como para
no poder redistribuir los costos del fin de
su vida útil sobre los nuevos sin generar
grandes conflictos.
2) Las compañías
consumen una gran cantidad de productos y
suelen adoptar políticas ambientales,
lo que haría que colaboren con un programa
de recuperación y reciclado.
3) El reciclaje puede ser
una actividad lucrativa ya que se pueden obtener
metales preciosos como oro, plata, platino,
rodio, cobre. Además, el circuito de
recolección y desarmado generaría
puestos de trabajo para mano de obra calificada
y no calificada.
4) Los municipios tendrían menos exigencias
ya que el aumento de los aparatos electrónicos
generará más demanda de recolección
por parte de los municipios que, en breve,
podría sobrepasar la capacidad limitada
de los municipios y los contribuyentes para
encontrarles un destino.
5) La Argentina puede adoptar
políticas que se han aplicado con éxito
en otros países. En este punto, la
legislación relacionada con la prohibición
del uso de productos tóxicos y de la
prohibición de la importación
de productos obsoletos para su desarmado en
el país pueden ser dos ejemplos a seguir.
Como contrapartida, en el
país hay una serie de obstáculos
que deberían enfrentarse para poner
en marcha este plan:
1) Falta de infraestructura
formal de reciclado: en la actualidad, solo
existen algunas empresas que desmontan residuos
electrónicos y sólo una cuenta
con licencia para reciclarlos.
2) Falta de políticas
públicas que promuevan la clasificación
de residuos; los argentinos no están
acostumbrados a separar los residuos. La clasificación
hoy la llevan adelante los cartoneros.
3) El sector informal podría
competir con el sector formal de recolección
y reciclaje, ya que son ellos quienes reciclan
y recuperan los materiales electrónicos.
4) Existe el riesgo de importación
y exportación de residuos de manera
ilegal.
5) Gran parte del mercado
de electrónicos está conformado
por aparatos sin marca, por lo que es muy
difícil determinar al productor que
debería hacerse responsable.
6) Este tipo de programa
podría afectar a las pequeñas
y medianas empresas que no están preparadas
para modificar sus estándares de producción.
+ Más
Greenpeace reclamó
al Gobierno del Chaco que cambie su Ordenamiento
Territorial porque posibilitará el
desmonte de un millón de hectáreas
de bosques
28 octubre 2008 - Buenos
Aires, Argentina — Greenpeace reclamó
este martes al Gobierno del Chaco que reformule
su Propuesta de Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos que posibilitará la
destrucción de aproximadamente un millón
de hectáreas y producirá graves
daños ambientales y sociales.
A través de un documento
presentado al Gobierno de la provincia del
Chaco, Greenpeace advirtió acerca del
impacto que tendrá para los bosques
nativos de esa provincia el Ordenamiento Territorial
propuesto por la Subsecretaría de Recursos
Naturales. “Consideramos que la zonificación
propuesta por la provincia resulta altamente
preocupante por el impacto que puede tener
sobre los bosques nativos y las comunidades
campesinas e indígenas que dependen
de éstos para su subsistencia, por
lo que la misma debe ser reformulada reduciendo
de manera considerable las áreas que
permiten desmontes”. (1)
Greenpeace destacó
que unos 2 millones de hectáreas de
bosque nativo están propuestas para
ser categorizadas como áreas “verdes”,
susceptibles para la habilitación de
nuevos desmontes, acorde a lo previsto por
la Ley de Bosques.
“Si bien en la propuesta
se aclara que las áreas para la Categoría
III (verde) estarán sometidas a los
criterios establecidos por la ley provincial,
por la cual los desmontes deben conservar
porcentajes de áreas intactas de bosque
de acuerdo a la superficie catastral, esto
generará una alta fragmentación
que no permitirá mantener importantes
masas forestales continuas, y además
entraña riesgos en cuanto a una futura
división de los predios y por ende
a que disminuyan las superficies a preservarse.
Si adoptamos un promedio de conservación
del 50%, con esta zonificación alrededor
de 1.000.000 de hectáreas serían
desmontadas”, subrayó la entidad.
“La zonificación
propuesta por el gobierno del Chaco es inadmisible.
Permitir el desmonte de un millón de
hectáreas para ampliar la frontera
agropecuaria producirá un desastre
ambiental y social que afectará seriamente
la biodiversidad, el clima, la regulación
hídrica, y a cientos de comunidades
campesinas e indígenas que dependen
de los bosques para su subsistencia”, señaló
Hernán Giardini, coordinador de la
campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La Propuesta de Ordenamiento
Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia
del Chaco establece 249.859 hectáreas
para la Categoría I (rojo, áreas
protegidas), 2.755.653 hectáreas para
la Categoría II (amarillo, aprovechamiento
sustentable) y 2.039.648 hectáreas
para la Categoría III (verde, permite
su desmonte parcial o total), lo que implica
que más del 40% de los bosques de la
provincia estarán expuestos a potenciales
nuevos desmontes.
“Si bien en la propuesta
de ordenamiento territorial se evaluaron varios
de los criterios que plantea la Ley de Bosques,
a la hora de plasmarlos en el mapa surge que
se priorizó la capacidad productiva
de los suelos para ampliar la producción
agropecuaria. Esta zonificación es
inadmisible y debe ser reformulada, y para
ello es fundamental que se asegure la participación
de los que se verán afectados por los
desmontes”, afirmó Giardini.
La Ley Nacional 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, fue sancionada
el 28 de noviembre de 2007 y establece que
las provincias no pueden emitir nuevos permisos
de desmonte hasta tanto no realicen, en forma
participativa, un Ordenamiento Territorial
de sus zonas boscosas bajo diez criterios
ecológicos y categorías de conservación
que apuntan a evitar la fragmentación
y degradación del bosque nativo y a
preservar las tierras utilizadas por las comunidades
campesinas e indígenas.
Chaco es una de las
provincias con más altos niveles de
deforestación del país. Según
datos de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación,
entre 1998 y 2006 la pérdida de bosques
nativos alcanzó las 245.465 hectáreas.
Notas:
1) Análisis de la Propuesta de Ordenamiento
Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia
del Chaco.
http://www.greenpeace.org/argentina/bosques/analisis-de-la-propuesta-de-or
