El
Ministerio de Industria y el CSN aún
no han puesto en marcha el Comité Asesor
para la participación pública
sobre seguridad nuclear - 26 noviembre 2008
- MADRID, España — Cuando se cumple
un año del primer escape de la central
nuclear de Ascó-1 (Tarragona), Greenpeace
considera que la presidenta qel Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) deberá explicar,
en su comparecencia en el Congreso de los
Diputados esta tarde, por qué aún
no han desvelado aspectos fundamentales del
escape radiactivo de la central. Además,
la organización ecologista reclama
una explicación por el retraso en la
aplicación de la nueva ley 33/2007
de reforma del CSN, y qué pasos se
han dado para aplicar los cambios que ésta
introdujo en pro de una mayor transparencia
e independencia del CSN.
El accidente en la central
Ascó-1 se mantuvo oculto a la opinión
pública hasta que Greenpeace lo desveló
el pasado 5 de abril, tras recibir la información
por parte de los trabajadores. La cantidad
total de radiactividad emitida en este accidente,
entre otras cuestiones, aún no ha sido
dada a conocer por el CSN y es información
que Carmen Martínez Ten debería
hacer pública, según la organización
ecologista.
Hasta ahora el CSN se ha
limitado exclusivamente a dar datos parciales
de la radiactividad acumulada por el millar
aproximado de partículas radiactivas
encontradas y recogidas en el entorno de la
central de Ascó-1, lo que es tan sólo
una pequeña fracción del total
de partículas que se liberaron al medio
ambiente.
“El CSN aún no ha
dicho toda la verdad sobre el escape radiactivo
de Ascó-1. Su actuación en el
plano de la protección radiológica,
así como su propuesta de expediente
sancionador a la central nuclear, se han basado
en información parcial e incompleta”,
ha declarado Carlos Bravo, responsable de
la campaña Nuclear de Greenpeace. “Conocer
la cantidad total de radiactividad liberada
es fundamental para comprender el impacto
radiológico del escape, así
como para su correcta calificación
jurídica”.
Este escape ha supuesto
un riesgo radiológico significativo
para la población y el medio ambiente,
como se desprende de los datos de los que
ya dispone el propio CSN. El análisis
realizado por Greenpeace, a partir de esos
datos, demuestra que más del 86% de
las casi mil partículas radiactivas
recogidas hasta principios de junio de 2008
producían una radiactividad suficiente
como para superar los límites legales
aplicables a miembros del público en
caso de contaminación interna. Y más
del 27% del total de partículas producirían
dosis superiores a 20 mSv, límite legal
de los trabajadores en un año.
Martínez Ten debe
explicar además por qué el CSN
no actuó inmediatamente cuando la Red
de Vigilancia Radiactiva Ambiental (REVIRA),
que el CSN gestiona en Cataluña conjuntamente
con la Generalitat, detectó de forma
clara el escape radiactivo de Ascó-1
(que en realidad se prolongó desde
finales de noviembre a principios de enero
de 2008, con varios episodios de liberación
de partículas radiactivas en ese periodo).
Las sondas de detección de la REVIRA
del CSN y la Generalitat detectaron con total
claridad la fuga, incluso en sondas separadas
decenas de kilómetros entre sí.
La Generalitat de Cataluña
debe también informar sobre este escape
puesto que también se dio cuenta del
accidente, e incluso encargó un informe
técnico a la Universidad Politécnica
de Cataluña para evaluar su alcance,
el cual no se ha hecho público.
“La Generalitat guarda celosamente
los datos que posee sobre el escape de Ascó-1,
y no ha dudado en negárselos a Greenpeace,
en flagrante violación de la ley 27/2006
de libre acceso a la información ambiental”,
ha afirmado Anna Rosa Martínez, delegada
de Greenpeace en Cataluña.
El escape radiactivo de
Ascó-1 dejó en evidencia la
operación irresponsable y delictiva
de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós
(ANAV), la falta de transparencia del CSN
y su nula independencia con respecto a la
industria nuclear, y la deplorable actitud
del Ministerio de Industria que ha tratado
de pasar desapercibido ante la opinión
pública, utilizando como escudo protector
un CSN bajo presidencia socialista.
El Ministro de Industria,
Miguel Sebastián, y de la Presidenta
del CSN aún no han puesto en marcha
el Comité Asesor para la información
y la participación pública sobre
seguridad nuclear que recoge la Ley 33/2007,
de 7 de noviembre, de reforma del Consejo
de Seguridad Nuclear.
Eso supone una clara violación
de la Ley 33/2007 que, en su Disposición
final primera, establece que el Gobierno,
en un plazo máximo de nueve meses a
contar desde la fecha de entrada en vigor
de esta Ley (el 8 de noviembre de 2007), aprobaría
la modificación del Estatuto del Consejo
de Seguridad Nuclear. Es decir, el 8 de agosto
de 2008. Transcurridos más de 4 meses
desde esa fecha tope, no hay indicios de que
el Estatuto del CSN vaya a aprobarse, y por
lo tanto, de que vaya a ponerse en marcha
dicho Comité Asesor.
La Ley 33/2007, en su artículo
15 establece la creación de este Comité
Asesor, cuya misión será emitir
recomendaciones al CSN para mejorar la transparencia,
el acceso a la información y la participación
pública en las materias que son de
su competencia. Entre los miembros del Comité
Asesor debe haber un representante a propuesta
de cada una de las dos organizaciones ecologistas
de mayor implantación en el Estado.
+ Más
La justicia suspende la
normativa de la Junta de Andalucía
que legalizaba el hotel de El Algarrobito
Tras la solicitud de Greenpeace,
el Tribunal Superior de Justica de Andalucía
ha decretado la suspensión cautelar
del nuevo PORN, porque supondría un
“efecto devastador” en la zona - 26 noviembre
2008 - Madrid, España — La Sala de
lo Contencioso Administrativo ha notificado
su decisión de suspender cautelarmente
el nuevo Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar. La medida fue solicitada
por Greenpeace después de que la organización
ecologista denunciara este nuevo intento del
Gobierno andaluz para legalizar el hotel de
el Algarrobico.
En la nueva normativa del
Parque (aprobada por la Junta de Andalucía
en febrero de 2008), la Consejería
de Medio Ambiente cambió la calificación
del paraje de El Algarrobico, donde se asienta
el hotel ilegal de 22 plantas construido por
Azata, para que pasara de ser una zona de
“especial protección no urbanizable”
a un “área degradada” en la que se
permite como uso posible “las nuevas edificaciones
y la rehabilitación de las existentes
para el desarrollo de actividades ligadas
al turismo” y que legalizaba de hecho la construcción
del hotel.
En el auto del TSJA se pone
de manifiesto que esta modificación
supondría un “efecto devastador” sobre
la playa de El Algarrobico por lo que acuerda
la suspensión cautelar del mismo y
ordena a la Consejería de Medio Ambiente
andaluza que conserve el grado de protección
del paraje que tenía antes de la aprobación
del plan, que sólo permitía
compaginar los aprovechamientos tradicionales
existentes y ningún tipo de construcción.
"Una vez más,
la justicia ha reprobado el escandaloso comportamiento
de la Administración andaluza con respecto
al peor ejemplo presente en las costas españolas.
Nos preguntamos a qué espera la Junta
para comenzar la demolición de este
hotel ilegal, ya que no puede seguir despreciando
la legislación y engañando a
la ciudadanía”, ha declarado Pilar
Marcos, responsable de la campaña de
Costas de Greenpeace.
Este cambio del grado de
protección del paraje de El Algarrobico
es el segundo intento de la Junta de Andalucía
para urbanizar el área, ya que lleva
años presentando en los tribunales
unos planos modificados después de
la publicación oficial del primer PORN
en 1994 que muestran el paraje como urbanizable.
Las sucesivas sentencias,
especialmente la última dictada por
el Juzgado número 2 de lo Contencioso
Administrativo de Almería donde se
declara ilegal la licencia de obras del hotel,
dejan claro que dichos planos no son legales
e incluso sugieren que se investigue a la
Junta de Andalucía por la “abulia y
desidia” en la defensa del interés
general, entre otras cosas, por la “burda
manipulación de la planimetría
del PORN”.
Greenpeace denuncia que
la Comisión Europea ha dado un cheque
en blanco al sector automovilístico
para que siga contaminando
La organización ecologista pide al
Gobierno que se oponga a la propuesta de la
Comisión Europea y ponga condiciones
medioambientales estrictas al apoyo con dinero
público al sector del automóvil26
noviembre 2008
España — Greenpeace
quiere expresar su rechazo frente a una financiación
con dinero público al sector automovilístico
de cinco mil millones de euros en 2009 a pesar
de que el sector se siga oponiendo a la legislación
sobre emisiones de CO2 de los turismos, así
como se recoge en la propuesta de la Comisión
Europea, presentada hoy al Ejecutivo comunitario
en el marco del plan de reactivación
de la economía.
El paquete de rescate incluye
además cuatro mil millones de euros
en créditos blandos respaldados por
los contribuyentes a través del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) dentro de los
30 mil millones que la Unión Europea
pondrá sobre la mesa para reactivar
la economía europea.
Greenpeace pide al presidente
José Luis Rodríguez Zapatero,
que mañana también anunciará
medidas para el rescate del sector del automóvil
como adelanto del Plan Integral de Automoción
que hará público en enero, que
no asigne ninguna financiación a la
industria sin obligarla antes a responder
a criterios estrictos medioambientales para
el acceso a toda ayuda pública.
“La ayuda al sector automovilístico
cuyo modelo ha claramente fracasado tiene
que ser condicionada a un cambio en las inversiones
de la industria hacia un modelo mucho más
eficiente” -ha declarado Sara Pizzinato, responsable
de la campaña de transporte de Greenpeace.
“El alarmismo del sector automovilístico
ante la crisis no se puede traducir en un
cheque en blanco para que la industria alimente
aún más el cambio climático”.
Entre 1996 y 2005, el 31%
de todas las financiaciones a la industria
del BEI se concedió al sector automovilístico.
Greenpeace lo considera un error ya que no
se ha convertido en ninguna mejora en la eficiencia
de los vehículos disponibles en el
mercado europeo .
“La industria automovilística
europea ahora pide préstamos para desarrollar
modelos eficientes cuando ha pasado los últimos
18 años atacando cada propuesta de
la Unión Europea para obligarles a
poner a disposición de los consumidores
modelos mucho más eficientes y menos
contaminantes” -ha denunciado Pizzinato.
En estos mismos momentos
el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo
están negociando una propuesta de compromiso
sobre la legislación para limitar las
emisiones de CO2 de los turismos y, gracias
a la presión del lobby de la industria
automovilística, ya no queda que la
sombra de la propuesta original y ambiciosa
que la Comisión Europea lanzó
en diciembre de 2007. Según las últimas
noticias sobre el posible acuerdo indican
que la industria automovilística habría
conseguido simplemente retrasar a 2015 el
acuerdo voluntario de reducción de
las emisiones que contrajeron en 1998/9, dando
al sector siete años más para
su compromiso.
Greenpeace, ante el peligro
de sentar un precedente peligroso, ante el
fracaso de los anteriores préstamos
de la UE para catalizar un verdadero cambio
en la industria automovilística y los
escasos avances en la eficiencia energética
de los coches a causa de la resistencia de
la industria, reitera su petición a
los países europeos, y en especial
a España, para que acuerden una legislación
ambiciosa que obligue al sector a reducir
las emisiones medias de los nuevos turismos
a 120 g/km de CO2 para 2012 y a 80 g/km de
CO2 para 2020 el próximo 4 de diciembre
en Consejo de Ministros de Medio Ambiente
al que subeditar cualquier ayuda al sector.
