17
diciembre 2008 - DF, México — Científicos,
investigadores, productores, ambientalistas
y organizaciones de derechos humanos llaman
a Felipe Calderón a priorizar los intereses
nacionales públicos y defender al maíz
como patrimonio nacional frente a la presión
y los intereses de las empresas
Sergio Cobo de Fomento Cultural
y Educativo hizo saber a los reporteros que
con una serie de documentos publicados en
la página de la Cofemer entre el jueves
11 y viernes 12 de diciembre se está
dando por concluido el procedimiento de elaboración
del Régimen de Protección Especial
del Maíz (RPEM), iniciado en abril
de este año. La conclusión es
una propuesta de reforma al reglamento de
la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM). El objetivo es minimizar
a ocho artículos del Reglamento el
RPEM, uno de los pocos instrumentos legales
de bioseguridad que tiene nuestro maíz
por Ley.
Señaló que
el procedimiento es ilegal pues se intenta
reformar el Reglamento sin pasar por un proceso
de consulta, como lo determina el Artículo
69-J de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
y como se observa sucede habitualmente como
lo muestra la página de Cofemer respecto
a las reformas reglamentarias. Se presenta
como si se estuviera concluyendo un procedimiento
iniciado en abril, cuando en realidad se inicia
un proceso de Reforma al Reglamento. Esto
pretende evitar un nuevo proceso de consulta
lo cual es ilegal.
Además, es importante
dar a conocer que el Reglamento publicado
en marzo pasado, en plena semana santa, y
que ahora se pretende reformar, está
sujeto a demandas de amparo y en un proceso
de Controversia Constitucional, aun pendiente
de resolver por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
Esta reforma pasa por alto
los comentarios y propuestas enviadas en el
proceso de consulta, el mismo documento presenta
un resumen de las consultas para más
adelante no tomarlo en cuenta. Llama la atención
que el único comentario puntual citado
sea de “la asociación civil AGROBIO
México que agrupa a las grandes empresas
que tienen interés en el desarrollo
y comercialización de productos agro
biotecnológicos”, aún cuando
es un comentario emitido en la consulta del
Reglamento.
Entre los más de
7 mil comentarios, existen importantes contribuciones
de científicos de reconocido nivel
como la Dra. Álvarez-Buylla integrante
del Laboratorio de Genética Molecular,
Desarrollo y Evolución de Plantas del
Instituto de Ecología de la UNAM y
miembro de la Coordinación de la Unión
de Científicos Comprometidos con la
Sociedad quien señaló que la
investigación que acaba de dar a conocer
a la prensa -esta en proceso de prensa en
la revista “Molecular Ecology”, fue reseñada
por la revista de alto nivel científico,
Nature, el 13 de Noviembre del 2008; y aparece
referenciada en la primera plana de la versión
digital del prestigiado periódico francés
LeMonde del mismo 11 de diciembre de 2008-
ha demostrado que las medidas de bioseguridad
deben ser más y no menos restrictivas
para evitar el flujo génico de maíces
transgénicos a los maíces mexicanos.
La Doctora señaló
que su investigación y la de otros
colegas, así como el reporte del Gobierno
sobre de contaminación en Chihuahua,
demuestra que aún con restricciones,
hay presencia de transgenes diversos que carecen
de autorización en acervos de maíz
nativo (“criollo”). Si en la actual situación
existente de falta de control se liberará
maíz transgénico en fase experimental,
se perdería la oportunidad de saber
que transgenes están ahora de manera
ilegal sembrados, de que tipo son, si hubiera
algunos de ellos del maíz bio-reactor,
que se ensaya a campo abierto en Estados Unidos;
en suma no habría ningún control
sobre los mismos. Esto crearía una
situación de desorden en la que los
transgenes perderían su identidad.
Por su parte el Dr. Alejandro
Espinosa investigador del INIFAP y miembro
del Consejo Consultivo Científico de
la Cibiogem expuso que tampoco se consideraron
los comentarios de 50 destacados investigadores
del Colegio de Postgraduados u otros notables
investigadores de la Universidad Autónoma
Chapingo, del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP),
así como miembros de la Sociedad Mexicana
de Fitogenética (SOMEFI). En estas
instituciones se concentra un gran número
de los investigadores que en México
trabajan con maíz. Tampoco se atendieron
las mismas recomendaciones del Consejo Consultivo
Científico de la Cibiogem, además
de violentarse la Ley (LBOGM) al no haberse
consultado en forma obligada, como lo señala
el Artículo 20 de a propia Ley.
El Gobierno federal debería
asumir su responsabilidad primordial de velar
por el interés público estableciendo
una política en materia de bioseguridad,
que fuera proactiva y dilucidara qué
tipo de transgenes están entrando a
nuestro país y cuáles son las
fuentes de entrada (Ej., datos de científicos
americanos sugieren que las semillas híbridas
que se venden en México podrían
estar contaminadas con transgenes y lo mismo
el grano que se importa para distintos usos),
a la vez que se cancelaran estas con medidas
eficientes de bioseguridad.
Reiteramos que existen una
serie de tareas pendientes que deben cumplirse
antes de avanzar en el otorgamiento de permisos
para la siembra de maíz transgénico.
Si como país no avanzamos paso a paso
cumpliendo con la Ley, la ilegalidad seguirá
avanzando. Algunos de los pendientes son:
México no cuenta
con una política de bioseguridad como
lo define la misma Ley. Esta debería
incluir políticas y medidas claras
de biomonitoreo de la fuente de entrada de
los transgenes y de qué transgenes
están entrando en los maíces
híbridos de Estados Unidos y en el
grano que importamos de aquel país.
Mientras tanto, se debería cancelar
la entrada de nuevos transgenes vía
semilla o grano viable de maíz de aquel
país.
Tampoco se ha avanzado en
la definición de los centros de origen
y diversidad y como es evidente, esta reforma
pretende que se otorguen los permisos sin
esta definición (Quinto transitorio).
Para Adelita San Vicente
de Semillas de Vida los contenidos de esta
reforma son una verdadera simulación
pues se están presentando los mismos
contenidos que estaban en el Anteproyecto
que se puso a consulta en abril pasado. Únicamente
está cambiando el tipo de instrumento
jurídico. Nuevamente el objetivo es
“resolver las solicitudes de permisos de liberación
experimental al ambiente de maíz genéticamente
modificado” no proteger la calidad de México
como centro de origen y de diversidad del
maíz.
De los ocho artículos
que incluye, ninguno habla de las “bases…
para el establecimiento de cultivos de los
cuales México sea centro de origen,
en especial del maíz, que mantendrá
un régimen de protección especial.”
Como específicamente lo determina la
Ley en su artículo 2 fracción
XI.
Es un adendum al reglamento
para allanar el camino de las grandes empresas
que les urge comercializar sus materiales
en nuestro país. Por ejemplo, en el
Artículo 66 propuesto en la reforma
al Reglamento por Agrobio se habla de proporcionar
“La información que les requieran las
autoridades para determinar la procedencia
de etapas de liberación subsecuentes.”
Con lo cual es claro que no solo se quiere
experimentar sino que les urge entrar a una
etapa de comercialización.
Esta reforma fue pensada
en función de los intereses de las
empresas, como lo demuestra el Artículo
69, en este se dice que se deberá informar
a la Comisión Federal de Competencia
cuando se considere que el desarrollo tecnológico
propuesto por los particulares sea contrario
al artículo 2 de la Ley Federal de
Competencia Económica1; es decir que
permita prácticas monopólicas.
Quienes escribieron este artículo saben
bien que esto es lo que sucederá en
cuanto se allane el camino legal para la siembra
de transgénicos, las prácticas
monopólicas son la forma de operar
de las empresas que controlan el abasto de
semillas en el mundo.
Otros artículos que
se están proponiendo añadir
hacen señalamiento que están
desarrollados en la misma Ley de Bioseguridad.
Este es el caso del Artículo 72 que
establece medidas para eliminar, controlar
o mitigar la presencia no permitida de material
genéticamente modificado en razas,
variedades y parientes silvestres de maíz;
en contraposición con la Ley de Bioseguridad
que en los Artículos 13 Frac. II, III,
VII y IX y Art. 117 establece algunas medidas
de bioseguridad, inspección y vigilancia
para estos casos.
Frente a la contaminación
o la presencia de transgenes que el mismo
gobierno ha reconocido en Chihuahua y algunos
investigadores han detectado en Oaxaca y el
Distrito Federal se debe aplicar la propia
Ley de Bioseguridad, así como el Protocolo
de Cartagena que, tiene un rango legal aún
mayor y que establece medidas para el movimiento
transfronterizo de OGM´s.
En lugar de aplicar la Ley,
se esta buscando diseñar y emitir instrumentos
legales hechos a modo para evitarla . Han
pasado tres meses desde que se admitió
esta situación de ilegalidad y las
autoridades responsables no han dado un solo
informe sobre la situación ni han tomado
las medidas y acciones que por Ley deberían
estar implantando.
Es muy grave que se quieran
enmendar las leyes con procedimiento legaloides
que las desmeritan o contradicen su espíritu,
y que buscan legalizar lo ilegal. Estos procedimientos
descomponen más el ya enrarecido clima
político de nuestro país.
Finalmente Iván Polanco
de la Asociación de Empresas Comercializadoras
de Productos del Campo señalo que en
todos los debates públicos se han vertido
innumerables razones por las cuales se demuestra
que esta es una decisión central para
México, en la que están de por
medio nuestro principal alimento y la sobrevivencia
de millones de pequeños campesinos.
Estamos a punto de ser sede
de una importante reunión internacional
del Protocolo de Cartagena sobre responsabilidad,
no podemos mostrarle al mundo esta situación
de ilegalidad regida por el mandato y la prisa
de las grandes empresas.
Un tema tan delicado y ante
el cual se han vertido tantas opiniones autorizadas
no se puede solucionar por un Decreto oscuro
emitido días antes de las fiestas navideñas
y sobre las rodillas. Desde 2006 hicimos llegar
a la Presidencia de la República el
Manifiesto sobre el Régimen de Protección
Especial del Maíz firmado por mas de
200 académicos y organizaciones, nunca
recibimos una respuesta. Desde entonces, se
han hecho más reuniones de científicos,
discusiones al seno de los Consejos Consultivos
Científico y Mixto de la CIBIOGEM,
se han publicado artículos científicos
que demuestran la imposibilidad de coexistencia
de los maíces transgénicos y
no transgénicos. Porque las instancias
de Gobierno solo están escuchando los
argumentos de los grupos y empresas a regular,
así como de algunos científicos
con claros conflictos de intereses .
Llamamos al Ejecutivo a
realizar un debate amplio y con los mejores
especialistas en bioseguridad, biología
de maíz y biotecnología del
mundo; con los destinatarios directos de esta
tecnología: productores y campesinos;
con las organizaciones de la sociedad: ambientalistas,
de derechos humanos y de consumidores. Sin
debate público no se puede publicar
un albazo que pretende pasar por alto la legalidad.
Invitamos al Ejecutivo a que formulemos de
manera conjunta una postura de consenso con
todos los actores de la sociedad, asimismo
solicitamos se eviten las prácticas
de publicar en periodos previos a los vacacionales
documentos de gran relevancia para el país,
que pueden tener efectos no reversibles.
Hoy esta en manos del Presidente
Calderón aceptar este proceso ilegal
por la presión de las grandes empresas
o bien escucharnos a miles de mexicanos y
ciudadanos del mundo que le exigimos la protección
de nuestro principal alimento nuestro maíz.
¡Es su oportunidad
de actuar como un verdadero estadista priorizando
los intereses nacionales públicos y
la defensa del maíz como patrimonio
nacional frente a la presión y los
intereses de las empresas.
De lo contrario , pasará
a la Historia como el Presidente que promovió
la contaminación de los maíces
mexicanos y la probable pérdida del
maíz como planta alimenticia!
¡Consulta nacional
para saber si los mexicanos queremos maíz
transgénico en nuestra mesa y en nuestro
campo!