Piratas
informáticos, contratados por empresas
madereras, han manipulado el sistema de control
de exportaciones de madera - 16 diciembre
2008 - Brasil — La piratería informática
no se asocia normalmente con la tala de la
Amazonia, sin embargo, las compañías
madereras que intentan saquear la selva amazónica
han usado 'crackers' para irrumpir dentro
del sofisticado sistema de monitoreo del Gobierno
brasileño con el objetivo de amañar
los registros.
De cara a controlar la madera
que sale del estado amazónico de Pará,
el Ministerio de Medio Ambiente brasileño
introdujo hace dos años un sistema
de monitoreo online. Las compañías,
que talan el bosque para obtención
de madera o para la producción de carbón
vegetal, sólo tienen permitido cierta
cantidad de madera cada año y esto
está controlado a través de
permisos de transporte expedidos por el sistema
informático del Gobierno del estado.
Para poder exportar madera
desde Pará, cada barco requiere uno
de esos permisos de transporte, y el volumen
de madera se descuenta de la cantidad total
permitida a través del plan de gestión
de la compañía maderera. Cuando
la cantidad llega a cero, no se expiden más
permisos de transporte, de manera que no se
obtienen más beneficios de la tala.
Informes del Fiscal Federal
brasileño, Daniel Avelino, detallan
cómo 107 compañías madereras
y del negocio de carbón contrataron
crackers para falsificar los registros e incrementar
la cuota de madera para ciertas áreas
de bosque.
El resultado es que se ha
comercializado ilegalmente casi 1,7 millones
de metros cúbicos de madera amazónica,
lo suficiente como para llenar 780 piscinas
olímpicas. La cantidad de dinero implicada
es enorme, y el Fiscal va a demandar a las
compañías responsables por 2
mil millones de reales (la moneda brasileña),
es decir 609.937.475 euros.
Muchas de estas empresas
tienen un historial de prácticas ilegales.
“Casi la mitad de las compañías
implicadas tienen otros asuntos legales pendientes
por delitos ambientales o por el uso de trabajo
esclavo, entre otras cosas”, aseguró
Daniel Avelino.
La investigación
a los piratas informáticos comenzó
en abril de 2007. Unos meses más tarde,
la policía arrestó a los 30
líderes de la banda. Uno de ellos (el
intermediario entre los crackers y las madereras)
permanece todavía en prisión.
En total 202 se enfrentan a las acusaciones.
“Greenpeace ya había
advertido repetidamente de que el método
de control del transporte de madera estaba
sujeto a fraude. Y esto es sólo la
punta del iceberg, porque es el mismo sistema
informático que se usa en otros dos
estados brasileños”, explicó
André Muggiati, responsable de la campaña
de Amazonia en la oficina de Greenpeace en
Manaus (Brasil).
“Pirateando los permisos
del sistema, las compañías han
hecho que los cargamentos de madera parecieran
legales y conformes con los planes de gestión
forestal. Pero en la realidad, se está
comercializando con madera ilegal, lo que
agrava el problema de la deforestación.
A su vez, la falta de control en las áreas
que están talando les está haciendo
pensar que pueden hacerlo”, concluyó
Muggiati
Como si este escándalo
no fuera suficiente, el Congreso Nacional
Brasileño prepara una votación
para cambiar el Código Forestal del
país, que incrementará masivamente
la cantidad de madera talada legal. Por el
momento, los propietarios de terrenos en la
Amazonia pueden talar árboles en el
20% de su propiedad, pero las modificaciones
que se quieren adoptar es incrementar el porcentaje
al 50%. No se sabe qué consecuencias
medioambientales y sociales puede tener esta
decisión, pero los ratios de deforestación
se incrementarán de nuevo.
Este escándalo de
madereras y hackers demuestra el fracaso del
Gobierno brasileño en la protección
de la Amazonia frente a compañías
madereras que incumplen la ley. Para asegurar
un futuro a largo plazo de los bosques, es
necesario adoptar un plan de Zero Deforestación,
que establezca objetivos ambiciosos para mantener
la deforestación bajo control. Si no,
la tala ilegal y el fraude corporativo seguirán
siendo un problema masivo.
+ Más
Las ONG ecologistas se oponen
al proyecto de refinería en Extremadura
El plan también recoge
la creación de un oleoducto de 300
km que atravesaría zonas protegidas
como Doñana - 17 diciembre 2008 - España
— Representantes de cinco organizaciones de
defensa del medio ambiente, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF/Adena, han declarado hoy
en rueda de prensa que el proyecto de refinería
del grupo Gallardo en la localidad pacense
de los Santos de Maimena es un disparate medioambiental
y han pedido a las administraciones implicadas
que lo descarten por el impacto que tendría
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.
Destacan también
el riesgo de un oleoducto de 300 kilómetros
que atraviesa las comarcas de Doñana
y Sierra Morena. El proyecto cuenta, hasta
el momento, con el apoyo de la Junta de Extremadura
y el visto bueno del Ministerio de Industria,
pero se encuentra en el trámite de
evaluación de impacto ambiental en
el Ministerio de Medio Ambiente. Las organizaciones
ecologistas exigen que el Ministerio rechace
el proyecto mediante la correspondiente Declaración
de Impacto Ambiental negativa y en caso contrario
anuncian acciones legales por el incumplimiento
de los compromisos internacionales de España
en materia de conservación del medio
ambiente, por otra parte, denuncia, entre
muchas otras cosas, la falta de un estudio
serio de alternativas.
Mañana mismo el Consejo
de Participación del Parque Nacional
de Doñana discutirá el proyecto
de oleoducto que cruzaría el entorno
de este espacio protegido, uno de los más
emblemáticos de nuestro país,
para poder suministrar el crudo a la refinería.
Además de acciones legales, llevarán
a cabo movilizaciones ciudadanas.
Las organizaciones ecologistas
han destacado que la refinería tendría
nefastas consecuencias también para
la salud de las personas, principalmente por
la emisión de partículas en
suspensión y reclaman que las inversiones
se destinen al fomento de energías
limpias y renovables bien planificadas, que
también generan empleo y riqueza.
Además, destacan
la incongruencia de los gobiernos central
y extremeño al afirmarse continuamente
en supuestos compromisos de lucha contra el
cambio climático mientras en realidad
están promoviendo proyectos tan contaminantes
como esta refinería.
Los grupos ecologistas recuerdan
que España incumple continuamente el
Protocolo de Kioto y exigen un cambio radical
de política energética y de
transporte. “España debe aprovechar
la crisis para emprender de forma decidida
el camino hacia una economía baja en
carbono y más independiente del petróleo”,
han declarado los y las representantes ecologistas
quienes critican, en especial, el posicionamiento
del presidente del Gobierno, al que informan
que “si quiere fomentar el empleo y la industria
en una región de la riqueza natural
y agropecuaria de Extremadura hay alternativas
mucho más sostenibles que una refinería
de petróleo”.
Dada su localización a 150 kilómetros
de la costa, el proyecto necesita de la construcción
de una serie de oleoductos y poliductos desde
Huelva a los Santos de Maimona, en el centro
de la provincia de Badajoz. Serían
más de 300 kilómetros de infraestructuras,
junto a la propia refinería y zonas
de riego de vertido afectarán a 14
espacios naturales protegidos por la Unión
Europea y que introduce un riesgo de contaminación
inasumible para al menos 65 cauces, y muy
en especial para el Parque Nacional de Doñana
al atravesar entre otros el río Guadiamar.
Las organizaciones ecologistas
representadas en el Patronato de este espacio
protegido han solicitado por ello una resolución
de este órgano en contra de este oleoducto.
Además la toma de agua necesaria para
la refinería se haría en un
embalse que está declarado Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Por todo ello, y por la
oposición que ha surgido en la propia
comarca y en toda Extremadura contra este
proyecto, ejemplificada por la Plataforma
Cívica Refinería No, las organizaciones
ecologistas le piden al Gobierno y al Parlamento
extremeño la retirada del mismo.
