Según
datos de Red Eléctrica de España,
las energías renovables han experimentado
un notable avance, en especial la eólica,
que batió varios récords - 09
enero 2009 - España — Greenpeace ha
podido saber que según el “Avance del
informe 2008 sobre el Sistema Eléctrico
Español” de Red Eléctrica de
España (REE) los intercambios internacionales
de electricidad del Sistema Eléctrico
español han registrado un saldo exportador
de 11.221 Gigavatios/hora (GWh), un 95% superior
al del 2007. El incremento se ha debido tanto
a la evolución de las exportaciones,
que han aumentado un 19%, como al descenso
de un 30% del volumen de importaciones.
Los datos del citado informe
demuestran que España sigue siendo
exportadora neta de electricidad, al contrario
de lo que de forma insistente afirma el lobby
nuclear, que asegura que el país tiene
una gran dependencia de importación
eléctrica.
Las energías renovables
han tenido un crecimiento muy significativo,
tanto en la potencia instalada (1) como en
la producción y participación
en la cobertura de la demanda (2), con un
papel muy destacado de la energía eólica
(de la que España es la tercera potencia
mundial) y, por primera vez, la solar fotovoltaica
(que este año ha crecido en España
más que en ningún otro país).
Por el contrario, las centrales nucleares
han sufrido en 2008 una importante pérdida
de disponibilidad (el número de horas
que se mantuvieron conectadas a la red) por
causas no programadas, como por ejemplo las
paradas de las centrales catalanas de Ascó-1,
Ascó-2 y Vandellós-2 por diferentes
averías e incidentes, que han sumado
114 días, cinco veces más que
en 2007.
“Las energías renovables
siguen aumentando en disponibilidad y en su
contribución a la cobertura de la demanda
de forma limpia y sin incidentes, mientras
que las centrales nucleares aumentan en inseguridad
y pierden fiabilidad”,- ha declarado Carlos
Bravo, responsable de la campaña de
Energía de Greenpeace.- “Es hora de
que el Gobierno ponga en marcha el prometido
plan de cierre de las centrales nucleares”,
ha añadido Bravo.
Las renovables han estado
disponibles cuando más se necesitaban.
El 15 de diciembre de 2008 se alcanzó
el valor máximo de demanda de potencia
media horaria con 42.961 MW, siendo suministrada
principalmente por las energías renovables:
18% de eólica, 13% de hidráulica
y un 11% del resto del régimen especial
(otras renovables y cogeneración),
y un 27% por térmicas de gas de ciclo
combinado, 16% carbón, 14% por nuclear
y 1% por fuel/gas.
Máximos históricos
de las renovables
Además, la energía
eólica superó en varias ocasiones
los anteriores máximos históricos
de potencia instantánea, de energía
horaria y de energía diaria. El 18
de abril quedó fijado el último
récord de energía eólica
diaria con 213.169 MWh, una producción
que permitió cubrir el 28,2% de la
demanda eléctrica de ese día.
Como récord, el que se produjo el 24
de noviembre (a las 4:47 horas) cuando el
43% de la demanda fue cubierta por energía
eólica.
Es destacable que en la
madrugada del 2 de noviembre, un momento de
gran producción de electricidad eólica,
REE dio una instrucción de bajar la
producción eólica para mantener
la estabilidad del sistema, debido a la imposibilidad
de integrar toda la energía eólica
por falta de demanda suficiente. Por esta
causa, la generación procedente de
esta fuente se redujo cerca de 2.800 MW, una
energía gratuita que no se pudo aprovechar
a pesar de estar disponible. En opinión
de Greenpeace, este hecho muestra la necesidad
de hacer más flexible el sistema eléctrico
español, que debe liberarse cuanto
antes de los grupos de generación (carbón
y sobre todo nuclear) que no son capaces de
reducir su potencia con rapidez para integrar
las energías renovables cuando éstas
están disponibles.
Para 2009, Greenpeace espera
que el Gobierno cumpla su compromiso de cerrar
la central nuclear de Garoña, de forma
que ésta instalación se dé
de baja definitiva del sistema eléctrico
español como muy tarde en julio de
2009, cuando vence su permiso de explotación.
Además, la organización
ecologista demanda la creación de una
Ley de Energías Renovables que asegure
que al menos el 50% de toda la electricidad
que se consuma en España en 2020 sea
de origen renovable.
Notas
(1) La potencia instalada
de las energías renovables tuvo en
2008 un crecimiento neto de 4.243 Megavatios
(MW), lo que supone un incremento de la capacidad
del sistema del 5% respecto al 2007. Este
aumento proviene principalmente de la incorporación
de 1.739 MW de potencia eólica, 2.145
MW de otras energías incluidas en el
régimen especial (de los cuales 1.416
MW son de energía solar, que ha crecido
un 212% en relación al 2007) y otros
706 MW de ciclo combinado de gas. En cuanto
a las bajas, destaca el cierre de un grupo
de fuel de 350 MW.
(2) En cuanto a la cobertura
de la demanda por parte de las renovables,
lo más positivo del año 2008
ha sido el continuado aumento de la oferta
de generación de la energía
eólica (que ha cubierto el 11% de la
demanda frente a un 10% en 2007), aunque la
mayor participación ha sido la de las
térmicas de ciclo combinado de gas
natural (un 32%, frente a un 25% en 2007),
lo que muestra la vulnerabilidad del sistema
español por su alta dependencia del
gas ante crisis como la que se está
viviendo en Europa: España es el cuarto
importador de gas de la UE (aunque no importe
gas de Rusia), y ha triplicado su consumo
para generación eléctrica en
2000-2005 (sólo superado por Luxemburgo).
+ Más
Greenpeace celebra fallo
de la Corte que frena los desmontes en Salta
05 enero 2009 - Salta, Argentina
— Greenpeace celebró el fallo de la
Corte Suprema que frena los desmontes autorizados
en Salta en forma especulativa antes de la
sanción de la Ley de Bosques, evitando
la moratoria que la norma establece.
La Corte Suprema de Justicia
de la Nación resolvió hacer
lugar a la medida cautelar solicitada por
dieciocho comunidades indígenas de
Salta y ordenó al Gobierno de la provincia
el cese provisional de los desmontes y la
tala de bosques nativos autorizados durante
el último trimestre de 2007 en los
departamentos de Orán, San Martín,
Rivadavia y Santa Victoria.
Con la firma de todos sus
miembros, el Tribunal resolvió convocar
a una audiencia pública para el 18
de febrero, con el objeto de que las partes
expongan de manera oral sobre la situación
denunciada.
Al hacer lugar a la medida
cautelar requerida por las comunidades aborígenes,
la Corte requirió además al
Estado Provincial que elabore, en el plazo
de 30 días, un informe con los nombres
y apellidos o razones sociales, con sus respectivos
domicilios, de todas las personas físicas
y jurídicas que solicitaron y obtuvieron
las referidas autorizaciones.
En su demanda ante la Corte,
las comunidades indígenas destacaron
que entre 2004 y 2007, la Secretaría
de Medio Ambiente de Salta avaló 191
de los 195 pedidos de desmonte, por un total
de 807.509 hectáreas de bosque, y que
estos desmontes están afectando seriamente
su supervivencia.
Salta es una de las provincias
con mayores niveles de deforestación
del país. Según datos de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación entre 2002
y 2006 se desmontaron 414.934 hectáreas,
un 113,45% más que entre 1998 y 2002.
Tras constatar "la
posibilidad de perjuicios inminentes o irreparables",
la Corte ordenó el cese provisorio
"de los desmontes y talas de bosques
nativos en los departamentos de San Martín,
Orán, Rivadavia y Santa Victoria",
autorizados en el último trimestre
de 2007. Esto, sin perjuicio de que, en el
futuro, se pueda determinar que otros desmontes
también afectan a esas comunidades.
“Este fallo es muy importante
porque reconoce que la deforestación
afecta directamente a las comunidades que
viven del bosque, y porque aplica el principio
precautorio al frenar los desmontes aprobados
especulativamente por el gobierno de Romero
antes de la sanción de la Ley de Bosques
sin ningún estudio de impacto ambiental
serio”, señaló Hernán
Giardini, coordinador de la campaña
de Bosques de Greenpeace.
En 2007, mientras Greenpeace
junto a más de treinta organizaciones
de todo el país reclamaban la sanción
de la Ley de Bosques, y recogían el
apoyo de casi un millón y medio de
firmas, el gobierno de Salta quintuplicó
el promedio de autorizaciones de desmontes,
evitando la moratoria que dicta la norma.
La norma, sancionada el
28 de noviembre de 2007, establece que las
provincias no pueden emitir nuevos permisos
de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento
Territorial de sus zonas boscosas bajo diez
criterios ecológicos y categorías
de conservación que apuntan a evitar
la fragmentación y degradación
del bosque nativo y a preservar las tierras
utilizadas por las comunidades campesinas
e indígenas. Pero el borrador de la
reglamentación está estancado
desde julio pasado en la Jefatura de Gabinete.
Entretanto, los legisladores
salteños aprobaron, el 17 de diciembre
último, una ley de ordenamiento territorial,
seriamente cuestionada por las comunidades
indígenas, campesinas y organizaciones
ambientalistas, que obliga a le otorga al
Poder Ejecutivo 60 días para confeccionar
el mapa de los sectores de “alto valor de
conservación que no podrán transformarse”.
La ley aprobada por los
legisladores salteños no tomó
en cuenta la propuesta de zonificación
que realizó el Poder Ejecutivo provincial,
mediante la Unidad Ejecutora del Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos, luego de realizar
durante el año pasado talleres y reuniones
consultivas con actores locales de las diferentes
regiones de la provincia. La misma establece
cerca de 2 millones de hectáreas para
la Categoría I - Rojo (áreas
protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento),
aproximadamente 6.200.000 hectáreas
para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento
sustentable, no permite desmonte), y alrededor
de 1.300.000 hectáreas para la Categoría
III - Verde (permite desmontes).
“Esperamos que el mapa que
presente el gobernador Urtubey contemple las
evaluaciones y las opiniones de las organizaciones
ambientalistas y de las comunidades que habitan
los bosques, ya que continuar con este ritmo
de destrucción de los recursos forestales
producirá un desastre ambiental y social
que afectará seriamente la biodiversidad,
el clima, la regulación hídrica,
a cientos de comunidades campesinas e indígenas
que dependen de los bosques para su subsistencia,
y a los habitantes de la provincia en general”,
afirmó Giardini.
