29
enero 2009 - DF, México — Presenta
Greenpeace el documento: "El origen y
la diversidad del maíz en el continente
americano"; debe implementar medidas
urgentes e inmediatas para proteger y conservar
las razas y variedades de maíz existentes
en nuestro país y acatar el mandato
al que se comprometió con la firma
del Protocolo de Cartagena
El gobierno federal debe
implementar medidas urgentes e inmediatas
para proteger y conservar las razas y variedades
de maíz existentes en nuestro país
y acatar el mandato al que se comprometió
con la firma del Protocolo de Cartagena (1),
exigieron científicos mexicanos y Greenpeace.
Los especialistas Dr. Fernando
Castillo, del Colegio de Postgraduados y el
Dr. Alejandro Nadal, de El Colegio de México,
junto con la organización ambientalista,
hicieron el llamado a las autoridades federales
en el marco de la presentación del
estudio “El origen y la diversidad del maíz
en el continente americano” (2), realizado
por el Dr. Antonio Serratos, investigador
de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México.
El estudio destaca la importancia
de la conservación in situ y ex situ
de las razas y variedades de maíz que
se localizan en el continente americano dado
que el maíz ha sido y sigue siendo
un factor de sobrevivencia para los campesinos
e indígenas y para la sociedad en general
en varios países. México, como
parte de Mesoamérica, es centro de
origen y diversidad genética del maíz
y está en riesgo debido a la introducción
de variedades de maíz transgénico
patentado por diversas compañías
transnacionales.
“El objetivo fundamental
del documento es llevar a un público
amplio una revisión rigurosa del conocimiento
que se ha generado alrededor de la investigación
científica, social y cultural del origen
y la diversidad del maíz. En México
es de particular importancia que la sociedad
cuente con esta información por la
relevancia del maíz y su bioseguridad.
Asimismo, el conocimiento de la diversidad
del maíz en el continente americano
puede ayudar a recuperar y revalorar al cultivo
ancestral de los pueblos originarios de América",
declaró el doctor Antonio Serratos
autor del documento.
“La estrategia de conservación
que se ha privilegiado en los últimos
sesenta años descansa en la colecta
y resguardo de semillas en los llamados bancos
de germoplasma. Esta estrategia de conservación
ex situ hace hincapié en las características
genéticas y botánicas del maíz,
y sus implicaciones agronómicas. Pero
ignora el papel de las comunidades campesinas
en el proceso de selección, diversificación
y conservación del maíz. Los
gobiernos latinoamericanos no han asignado
recursos adecuados, ni han diseñado
políticas para esta categoría
de productores, que permitan asegurar en el
largo plazo la conservación de la gran
diversidad de germoplasma maicero. Esto tendría
que lograrse con un fuerte respaldo económico
para el sector campesino y los grupos étnicos
que son, en los hechos, los conservadores
de la diversidad genética del maíz”,
comentó el doctor Alejandro Nadal,
investigador del Colegio de México.
“Esta aportación
del Dr. Antonio Serratos y de Greenpeace México
permite identificar prioridades de política
económica, científica y ambiental
para las próximas décadas”,
agregó Nadal.
“La diversidad genética
del maíz ha sido generada por las culturas
americanas en la búsqueda de la mejor
manera de producir sus alimentos y otros satisfactores
materiales y culturales. El trabajo del Dr.
Serratos nos ayuda a acercarnos al conocimiento
de esa diversidad y los procesos que la han
generado. Este tipo de conocimiento es indispensable
para la implementación de estrategias
de estado para aprovechar los potenciales
de la diversidad genética del maíz
para resolver problemas del cultivo, así
como elevar los potenciales de mayor producción
y de mayor calidad para acercarnos a la autosuficiencia
alimentaria con soberanía, con la conservación
de la diversidad y de su dinamismo bajo domesticación”,
explicó el Dr. Fernando Castillo, del
Colegio de Postgraduados.
“La conservación
de nuestra diversidad de maíces nativos
es fundamental para nuestra seguridad y soberanía
alimentaria. Si un país no es siquiera
capaz de producir su propia comida, entonces
es un país dependiente y vulnerable.
No es posible que el gobierno federal prefiera
gastar miles de millones de dólares
en comprar maíz procedente de Estados
Unidos en lugar de implementar políticas
públicas de reactivación del
campo, de la producción campesina.
Con un campo improductivo no es extraño
que los campesinos emigren a Estados Unidos”,
denunció Aleira Lara, coordinadora
de la campaña de agricultura sustentable
y transgénicos de Greenpeace.
“El gobierno mexicano plantea
unidireccionalmente un sistema agrícola
basado en la implementación de cultivos
transgénicos, mayor utilización
de productos químicos, intensificación
del control de las empresas transnacionales
sobre la producción, la distribución
y el consumo de productos agrícolas.
En contraste, existe la posibilidad de una
agricultura ecológica basada en la
sustentabilidad, en la conservación
de especies endémicas, en la biodiversidad.
El gobierno mexicano en lugar de generar políticas
públicas para la conservación
de nuestra gran riqueza genética y
de la biodiversidad que existe en torno a
los cultivos del maíz, ha decidido
favorecer los intereses de las grandes empresas
transnacionales que detentan la patente del
maíz transgénico”, concluyó
Lara.
— Greenpeace México
Notas:
1. Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad
de la Biotecnología. 2000. Montreal.
Reconociendo (…) la crucial importancia que
tienen para la humanidad los centros de origen
y los centros de diversidad genétic.
2.- Serratos, Antonio 2009. El origen y la
diversidad del maíz en el continente
americano. Consultoría realizada para
Greenpeace México.
+ Más
Greenpeace denuncia un boicot
a la Ley de Bosques y lanza una campaña
de llamados a la presidenta desde su Teléfono
Rojo
20 enero 2009 - Mar del
Plata, Argentina — Greenpeace denunció
este martes que existe un boicot a la Ley
de Bosques y presentó su Teléfono
Rojo para que la gente se comunique con la
presidenta de la Nación, Cristina Fernández
de Kirchner, y le reclame la urgente reglamentación
de la norma, sancionada hace más de
un año.
Con un teléfono rojo
gigante y tres cabinas telefónicas
ubicadas entre los lobos marinos de la rambla
de Mar del Plata, Greenpeace lanzó
así una campaña de reclamos
por la urgente reglamentación de la
Ley de Bosques que luego recorrerá
distintos lugares del país.
En Mar del Plata, cientos
de personas hicieron largas filas para llamar
al (011) 4000-5580, el Teléfono Rojo
de Greenpeace, que deriva las llamadas a Presidencia
de la Nación para reclamar por su reglamentación
y por una política firme contra los
desmontes.
“Hace un año, un
millón y medio de argentinos logramos
parar las topadoras con la sanción
de la Ley de Bosques, pero el Poder Ejecutivo
aún no la reglamentó y las provincias
más comprometidas con los desmontes
no quieren aplicarla correctamente. Por eso
convocamos a la ciudadanía a que vuelva
a acompañarnos y llame a la presidenta
desde el Teléfono Rojo de Greenpeace
para parar este boicot a la Ley de Bosques”,
señaló Hernán Giardini,
coordinador de la campaña de Bosques
de Greenpeace.
El borrador de la reglamentación de
la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, luego de un proceso consultivo
del que participaron organizaciones ambientalistas
y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y
fue girado a principios del mes de julio al
Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado
en el Área de Coordinación de
Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
“A pesar de que el borrador de la reglamentación
está listo desde hace seis meses, las
nuevas autoridades de la Secretaría
de Ambiente de la Nación pretenden
rediscutirlo con los gobiernos provinciales
para lavar y flexibilizar la norma. Así,
buscan que la reglamentación les permita
a las provincias más comprometidas
con la deforestación cobrar los fondos
que la ley establece y seguir con la fiebre
de las topadoras”, afirmó Giardini.
La Ley de Bosques fue sancionada
el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña
que logró juntar un millón y
medio de firmas, y establece que las provincias
no pueden emitir nuevos permisos de desmonte
hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial
de sus zonas boscosas bajo diez criterios
ecológicos y categorías de conservación
que apuntan a evitar la fragmentación
y degradación del bosque nativo y a
preservar las tierras utilizadas por las comunidades
campesinas e indígenas.
La norma crea el Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos (cerca de mil millones
de pesos al año) para distribuir entre
las provincias que sancionen por ley provincial
el Ordenamiento Territorial de sus Bosques,
con el objetivo de fortalecer la capacidad
técnica y de control, compensar a los
titulares que realicen tareas de conservación
y manejo sostenible, y para fomentar las actividades
productivas que los pequeños productores
rurales y comunidades indígenas realizan
en zonas boscosas.
