06
febrero 2009 - España — Parece que
el publicitado nuevo modelo francés
de central nuclear (EPR) está generando
muchos más problemas de los que esperaban
sus promotores: se disparan los costes de
construcción, los plazos se incumplen
y, según ahora se descubre que sus
residuos son mucho más peligrosos.
Mientras Sarkozy se esfuerza por promover
en todo el mundo su nueva tecnología
nuclear, los hechos van poniendo en evidencia
los graves problemas asociados a la misma.
Según un informe
al que ha tenido acceso Greenpeace, los residuos
radiactivos que generará el reactor
finlandés de Olkiluoto serán
siete veces más peligrosos que los
residuos de las plantas nucleares actuales.
La información proviene del Estudio
de Impacto Ambiental de la empresa Posiva
encargada de la gestión de los residuos
radiactivos de la primera planta EPR en construcción.
Los trabajos llevados a cabo por Posiva han
sido financiados por la Unión Europea.
Así, la construcción de este
reactor aumentará de costes, además
del los riesgos para el medio ambiente y la
salud.
El EPR está diseñado
para extraer más energía del
combustible nuclear, pero este método
genera un aumento desproporcionado en la cantidad
de sustancias radiactivas en el combustible
irradiado. Su gestión será,
por tanto, mucho más compleja al requerir
aún de mayores medidas de seguridad.
Estos hechos ponen en evidencia
la diferencia entre la realidad de la energía
nuclear y el tan cacareado renacimiento nuclear,
muy publicitado ultimamente en los medios
de comunicación.
Greenpeace exige una ley
de movilidad sostenible para reducir las emisiones
del transporte
La organización considera
vacía la Estrategia presentada por
el Gobierno por no proponer una ley con medidas
obligatorias - 09 febrero 2009 - Madrid, España
— Greenpeace entregó el pasado sábado
sus comentarios sobre el borrador de Estrategia
Española de Movilidad Sostenible, presentado
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM) a consulta pública
el 16 de enero(1). La organización
lamenta que no contemple una Ley de Movilidad
Sostenible. Esta sería la única
herramienta que pondría en marcha las
medidas recogidas en la Estrategia.
Casi la totalidad de las
medidas propuestas en la Estrategia puede
ser positiva y es deseable que se ponga en
marcha con el objetivo de mejorar la sostenibilidad
de la movilidad en España. Sin embargo,
si no se materializan estas medidas a través
de una Ley de obligado cumplimiento, no habrá
ninguna garantía de que se cumplan
con la urgencia y la seriedad necesarias para
lograr un cambio de paradigma del transporte
a tiempo para salvar el clima.
La Agencia Europea de Medio
Ambiente ha dejado claro (2) que si las emisiones
de CO2 del sector del transporte en la UE-27
hubieran decrecido de igual manera que lo
han hecho las de la sociedad en general, ya
hubiera podido reducir sus emisiones globales
un 14%, en lugar del actual 7,9%.
“En el año de las
negociaciones internacionales para lograr
un acuerdo en Copenhague sobre cómo
reducir aún más las emisiones
de CO2 en todo el planeta, es inadmisible
que el Gobierno no ponga fecha para una Ley
de Movilidad Sostenible, como ha prometido
en su último Programa Electoral y como
está obligado a hacer según
la Ley de Calidad del Aire y Protección
de la Atmósfera” ha declarado Sara
Pizzinato, la responsable de la campaña
de Cambio climático.
La organización reclama
más iniciativas dirigidas a la disminución
de la demanda de movilidad, uno de los factores
fundamentales a la hora de limitar el impacto
del transporte sobre el medio ambiente, la
salud y la seguridad.
Por otro lado, las medidas
fiscales que se plantean tienden sólo
a incentivar a los medios más eficientes.
No introducen el concepto necesario de “quien
contamina paga” ni facilitan el abandono de
los medios más contaminantes y menos
eficientes.
Greenpeace pide, además,
que el actual Plan Estratégico de Infraestructuras
y Transporte (PEIT) no sea la base de desarrollo
de las infraestructuras de la Estrategia Española
de Movilidad Sostenible, ya que su aplicación
implicará un aumento inaceptable de
la contaminación y de las emisiones
de GEI del sector del transporte español.
Esto impediría el cumplimiento de los
compromisos internacionales de España
en materia de cambio climático.
Entre las medidas que se
plantean en la Estrategia se encuentra una
de especial interés para Cataluña:
la propuesta de limitación de velocidad
en las vías de acceso a las grandes
ciudades. Greenpeace identifica la reducción
de la velocidad de los vehículos como
una de las medidas clave para la reducción
de las emisiones de GEI y de contaminantes
pero esta no se debería aplicar sólo
en las vías de acceso a las grandes
ciudades sino a toda la red de carreteras
española, de forma proporcional. De
hecho, la organización ecologista solicita
añadir a las medidas, en áreas
prioritarias de actuación de la Estrategia
Española de Movilidad Sostenible, la
reducción de todos los límites
de velocidad como medida medioambiental, sanitaria
y de seguridad. Además, Greenpeace
pide que se introduzca la obligatoriedad del
limitador de velocidad en los vehículos
para que no puedan superar los límites
máximos establecidos. Esta medida no
sólo permitiría reducir las
emisiones porque se reduce la velocidad, sino
que los vehículos también se
harían más ligeros y más
eficientes al no fabricarse para alcanzar
velocidades que ni son legales en la mayoría
de los países europeos.
Notas:
1.Se pueden consultar los
comentarios remitidos por Greenpeace al MARM
sobre el Borrador de Estrategia de Movilidad
Sostenible en la página web:
http://www.greenpeace.org/espana/reports/comentarios-de-greenpeace-al-b.pdf
2.EEA Report No 1/2008,
Climate for a transport change TERM 2007:
indicators tracking transport and environment
in the European Union
+ Más
Las principales ONG declinan
la invitación del Gobierno para debatir
sobre cómo sobrepescar el atún
rojo
Las organizaciones recuerdan
que el plan de gestión del atún
rojo va en contra de las recomendaciones de
los científicos y que condena a la
pesquería al colapso - 10 febrero 2009
- España — Greenpeace, Ecologistas
en Acción y WWF/Adena han rechazado
participar en la reunión convocada
por la Dirección General de Recursos
Pesqueros para el miércoles 11 de febrero
en la que se debatirá la aplicación
en España de las normas que regularán
la pesca del atún rojo durante 2009.
Estas organizaciones le han hecho saber a
la Dirección General de Pesca, la intención
de no asistir a la citada reunión,
por considerar que el actual plan de gestión
apoyado por el Gobierno no tiene en cuenta
las recomendaciones científicas y condena
a la pesquería al colapso.
La Recomendación
08-05 de la Comisión Internacional
para la Conservación del Atún
Atlántico (CICAA), que regula la pesca
del atún rojo, fue aprobada el pasado
mes de noviembre en Marrakech (Marruecos)
con el apoyo de España. En ella se
establece una cuota de captura en 2009 de
22.500 toneladas, al menos 7.500 toneladas
o un 50% más de la cantidad máxima
que los científicos consideran, en
sus estimaciones más optimistas, que
se podría capturar para evitar el colapso
de la población. Este plan de gestión
no soluciona además el principal problema
de la pesquería, el elevadísimo
número de barcos industriales de cerco,
por lo que es considerado por los ecologistas
como una receta para el desastre.
“Con el número de
cerqueros industriales dedicados a pescar
atún rojo que existe en el Mediterráneo
hoy en día es seguro que se volverán
a capturar miles de toneladas ilegalmente.
Para debatir la aplicación de un plan
desastroso que incumple de forma flagrante
las obligaciones de los gobiernos de conservar
y emplear de forma racional los recursos marinos
no es necesaria nuestra presencia”, ha declarado
Sebastián Losada, portavoz de Greenpeace.
Además, las organizaciones
ambientalistas recordaron al Gobierno que
el artículo 15 de la Recomendación
08-05 de la CICAA anima a las partes a una
reducción voluntaria de sus capturas
en la pesquería de atún rojo.
España cuenta con la mayor cuota mundial
para esta especie, algo más de 4.000
toneladas, y por lo tanto debería dar
ejemplo y reducir sustancialmente, y de forma
voluntaria, sus derechos de captura.
“Este plan sólo beneficia
a la flota industrial de cerco mediterráneo
y condena a la ruina a medio plazo a todo
el sector pesquero artesanal dedicado al atún
rojo, tan numeroso en España. Además
el apoyo de España a este plan ha incumplido
la Proposición no de Ley sobre atún
rojo que fue aprobada por la Comisión
de Medio Ambiente del Congreso el pasado 29
de octubre de 2008, con el apoyo de todos
los grupos parlamentarios, incluido el PSOE”,
ha asegurado Jorge Sáez, Coordinador
de Medio Marino de Ecologistas en Acción.
“Desde WWF no queremos ser
cómplices de la desaparición
del atún rojo y por eso mostramos nuestro
descuerdo con el actual Plan de Gestión.
Sin embargo, no lo damos por perdido y seguiremos
trabajando en la conservación del atún
rojo en aquellos organismos que, de forma
efectiva, puedan resolver el problema como
es el caso del Convenio CITES”, ha añadido
Raúl García, Responsable de
Pesquerías en WWF España.
Finalmente, las organizaciones
ambientalistas recuerdan al Gobierno el compromiso
adquirido en el congreso de la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN) del pasado
mes de octubre de apoyar un auténtico
plan de recuperación para el atún
rojo. Dicho plan debería establecer
un drástico recorte de las cuotas de
pesca y de la capacidad de la flota, así
como proteger las zonas de reproducción
de la especie en el Mediterráneo, especialmente
en aguas de las Baleares, que según
datos del Instituto Español de Oceanografía,
figuran entre las zonas más importantes
del mundo para la cría y reproducción
del atún rojo.
